Todo estaba atado y bien atado. La Comunidad de Madrid ya sabía -sus propios servicios jurídicos lo auguraban- que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida el lunes, le impediría ampararse en el silencio administrativo de seis meses para no reconocer el derecho de un dependiente a ser valorado.
Y por eso, el 5 de noviembre, antes de conocerse el fallo, ya habían preparado un proyecto de ley, la de Medidas Liberalizadoras -se aprobará en diciembre-, que consagra esa coartada para demorarse en la atención a estas personas. Nada cambia, pues, para los más de 8.000 discapacitados que llevaban más de seis meses de espera y que pensaban que con la sentencia del TSJM habían conseguido de manera automática la condición de dependientes con derecho a alguna prestación...
No os preocupéis no pasa nada, luego se confiesan dos misas de penitencia, y se les acabó el remordimiento...
ResponderEliminarEsto es irresponsable e inmoral.
Ánimo compañeros/as
Los servicios jurídicos al servicio de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia deben de ser potentes. Buenos gabinetes y bufetes, que pagamos todos los ciudadanos, para que las respectivas consellerías quebranten, valiéndose de artimañas legales (gracias a esos importantes bufetes y despachos) la ley. Perdón ¡TODO LEGAL! en definitiva eso es lo que importa.
ResponderEliminarY las personas, ciudadanos de esta comunidad, y también la de Madrid, teniendo que ir AL TURNO DE OFICIO, o buscándose la vida como pueden.
Poderoso caballero es Don Dinero. La ley al servicio del más fuerte, el derecho subjetivo, para el que pueda pagárselo. El principio de igualdad ante la ley puede esperar, que el negocio y los amiguitos del alma son lo primero.