Sábado, 16 de enero de 2016
Las Plataformas en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia de la Comunidad
Valenciana nos hemos reunido el pasado sábado en la ciudad de Valencia, para
valorar las nuevas medidas adoptadas por el gobierno valenciano en materia de
Dependencia y Diversidad Funcional, así como preparar las mesas de trabajo
sectoriales que la Consellería ha diseñado y que en breve comenzaran a
reunirse.
En primer lugar, hemos analizado las medidas que con más urgencia y
celeridad ha puesto en marcha la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, como son el pago de las ayudas económicas pendientes, acabando así
con los meses de retraso en el cobro de las prestaciones económicas que el
anterior gobierno venia acumulando en los últimos años. Esta medida, unida al
pago de la deuda pendiente a aquellos que, a pesar de tener su derecho
reconocido, todavía no estaban cobrando las ayudas y al compromiso del
ejecutivo valenciano de abonar la nómina, de forma regular, del 1 al 5 de cada
mes, nos lleva a pensar en un cambio de tendencia en la nefasta gestión que los
anteriores gobiernos valencianos del Partido Popular han hecho de la Ley de
Dependencia y a convencernos, una vez más, que aquello que hemos venido
reivindicando las Plataformas de forma continuada, no era ni una utopía ni un
disparate, simplemente se trataba de establecer prioridades y legislar por y
para las personas.
Respecto a la derogación del copago farmacéutico y ortoprotésico, entendemos que el
modelo escogido por la Consellería de Sanidad Universal, como es el establecimiento de
subvenciones, no es el ideal; pero, al menos, supone que las personas con diversidad
funcional que presentan una discapacidad reconocida del 65% o más, en el caso de
mayores de edad, y del 33% o más, en el caso de menores, puedan obtener tanto las
medicinas como los tratamientos ortoprotésicos a coste cero, a partir del 1 de enero de
2016. Cabe recordar que el anterior ejecutivo valenciano suprimió el artículo 16 del Estatuto de
Personas con Discapacidad, que les reconocía este derecho, dejando a miles de ciudadanos
valencianos en la estacada, habiendo de escoger entre pagar los tratamientos farmacológicos
prescritos por el médico o comer, e incluso no obtenerlos por falta de recursos económicos
para poderlos pagar. Las Plataformas entendemos que el actual sistema articulado a través
de subvenciones no restituye totalmente el derecho de las personas con diversidad
funcional y que mientras no se reponga el artículo 16 antes mencionado, no podemos hablar
de la recuperación del derecho arrebatado, pero somos conscientes de las dificultades
legislativas del gobierno autonómico, dadas las amenazas del gobierno central, por entender
éste último que se trata de una invasión de competencias, que podrían conducir a otro recurso
ante el Tribunal Constitucional, como ya ocurrió con el recurso a la ley de la sanidad universal.
Por otro lado, las medidas adoptadas, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016, como son
la eliminación de la tasa (copago) en centros de atención diurna (centros de atención
temprana, centros de rehabilitación e inserción social, centros ocupacionales, centros de día de
mayores y de diversidad funcional) y la mejora en la aportación en centros de atención
residencial (ya que no se computará como ingreso de la persona con diversidad funcional la
prestación por hijo a cargo del Sistema Nacional de la Seguridad Social), así como la
recuperación de las pagas extraordinarias íntegras y el incremento en la cantidad
reservada al usuario para gastos personales, son un logro social más para las Plataformas
que, siempre, denunciamos el copago confiscatorio inmoral e ilegal instaurado por el Partido
Popular. Además, no sólo se incrementa el dinero que se queda en el bolsillo de los
dependientes de centros residenciales, sino también el de las personas con diversidad
funcional y/o dependencia de viviendas tuteladas. Éstas, son ayudas que nos animan a
seguir en nuestra lucha de tantos años, ya que son coincidentes con nuestro trabajo en pro de
la autonomía personal de las personas dependientes y están en concordancia con el espíritu
de la Ley, ya que la asistencia a los centros, servicios y programas no es un capricho de los
usuarios o sus familiares, sino que mejora y ayuda la vida de todos ellos. Por otro lado, inician
un camino que sienta las bases de un modelo asistencial y no residencial, en el que las
residencias sean el último recurso, todo lo contrario al “modelo Cotino” impulsado y potenciado
por el anterior ejecutivo valenciano con el único fin de llenar residencias y financiar negocios
privados con dinero público.
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