24 de marzo 2009
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34.000 certificados de discapacidad por tramitar colapsan Bienestar Social
JAIME PRATS - Valencia - 24/03/2009
El colapso en la tramitación de los certificados de discapacidad ha alcanzado un grado tal de atasco que una solicitud que se presente hoy tardará dos años en resolverse. El sindicato UGT denunció ayer que hay 34.000 peticiones amontonadas en las dependencias del Centro de Valoración y Orientación a Discapacitados de Valencia esperando una respuesta. Es tal el retraso en la gestión de estas peticiones que a pesar de que la normativa autonómica fija un plazo de seis meses para resolver estas solicitudes, según las estimaciones del sindicato, la Administración tarda cuatro veces más, hasta alcanzar los dos años. "La gestión del reconocimiento de la minusvalía ha empeorado mucho" con el consejero de Bienestar Social Juan Cotino, indicaron desde el sindicato, ya que en Valencia "el tiempo de espera se ha duplicado en tres años". En marzo de 2006 era de un año y este año es de dos, "y la lista de espera ha pasado de 16.000 personas en 2006 a más de 34.000 en 2009".
Una de las consecuencias de esta situación es que personas con discapacidad han dejado de percibir la pensión no contributiva por invalidez ya que tenían certificados temporales.
El centro de valoración es el encargado de valorar la discapacidad de las personas. En función del grado que se reconozca, se puede acceder a medidas de protección como prestaciones económicas -la no contributiva por invalidez reconoce una pensión de 336 euros al mes- o el acceso al subsidio de renta activa de inserción que concede el Inem. También sirve para obtener la condición de familia numerosa (desde dos hijos si uno padece discapacidad), exención del impuesto de matriculación, deducciones del IRPF, reconocimiento para ingresar en centros ocupacionales, de día, residencias o acceder a empleo protegido.
El problema para UGT está en la limitada plantilla del centro, que no da abasto con sus 44 trabajadores. Los retrasos en la unidad de valoración de Valencia son un problema endémico. Ex consejeros como Rafael Blasco o Carmen Mas anunciaron en su día refuerzos de plantilla o planes de choque que no se aplicaron o no han servido para agilizar los certificados de discapacidad en la provincia de Valencia.
Este diario trató ayer de recabar, sin éxito, la opinión de la Consejería de Bienestar Social.
¡Qué contrastes! Ayer pudimos ver el doble rasero que se aplica para atender las necesidades de las personas. Lo publicaba el Levante EMV "La diputación gasta 55.707 euros de la partida de Bienestar Social en 36 crucero por el Caribe"
ResponderEliminaren la edición de ayer martes 31 de marzo. La excusa repetida hasta la saciedad por la consellería de Bienestar Social es que el Gobierno Central no aporta el dinero que debe. ¡Pero si el que tiene aquí para Bienestar Social se lo gastan en cruceros por el Caribe!!!
Se me podrá argumentar que uno es el gobierno autonómico y otro el provincial. Aún con más razón, si cabe, pues bien sabemos que no está llegando la aplicación de la Ley a los municipios pequeños y que muchos de ellos carecen del servicio de atención a la dependencia. Unas personas no pueden ejercer el derecho que les corresponde por Ley, mientras otras pueden disponer de un lujo al alcance de unos pocos...