Madrid 'burla' la Ley de Dependencia y ahora también pretende privatizar su aplicación

Es lo que denuncian los sindicatos a propósito del último invento del Gobierno de Esperanza Aguirre: la tarjeta-monedero. Está por ver si esta Comunidad, una de las que más incumplen la ley, aplica el acuerdo al que ha llegado el Consejo Territorial de Dependencia.> Las sombras que acechan a la Ley de Dependencia

Coincidiendo con esta reunión, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales ha hecho público un estudio en el que se revela que más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho. Es decir, estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que a juicio de los expertos es "excesiva, abusiva y sin explicación posible" y que va desde los 12 hasta los 18 meses.

Seis meses para dictaminar las ayudas a dependientes

Las Comunidades Autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las CCAA en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones.

Desde la Comunidad Valenciana, nuestros responsables políticos están haciendo caja, con los dineros de las ayudas que la ley les otorga a los dependientes, ya que los dependientes siguen recibiendo las mismas prestaciones, pero en vez de sufragarlos vía presupuestos de la Generalitat a través de los Servicios Sociales, (tiene las competencia exclusivas) ahora lo paga con los dineros que el gobierno de España les financia a través de la ley de La dependencia.

Moraleja: La ley le da unos derechos y dineros que el gobierno de la Generalitat utiliza para cubrir el deficit que le produce los grandes eventos.

¿Es el sector público excesivo?

Este artículo cuestiona la postura reflejada en el informe “El Coste de la Administración Pública en España” publicado por la EAE Business School que sostiene que el empleo público en España es excesivo, siendo una de las causas de la ralentización del crecimiento económico y de su escasa eficiencia. El artículo muestro los errores y manipulaciones de tal informe señalando que, en realidad, el sector público está poco desarrollado en España siendo el empleo público uno de los más bajos de la Unión Europea de los 15.

Camps invirtió en dos días en la F1 más que en un año en Castelló´

María José Salvador, denunció ayer la "marginación" que sufre esta provincia por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien "gasta más dinero en el circuito de Fórmula 1 en un fin de semana que en Castelló en un año".Así lo indicó la responsable socialista a través de un comunicado, en el que ha contrastado los 90 millones de las obras de acondicionamiento del circuito de Fórmula 1 con los 104 millones anunciados para Castelló entre todas las consellerias para el 2010.

Desde la Plataforma instamos a Camps a que dedique también 90 millones a los dependientes y sus familiares, porque harían que la vida diaria fuera un poco mejor y mas fácil a muchos ciudadanos y ciudadanas valencianos. Y se gasta 90 millones en un fin de semana, solo para unos pocos. ¿ Cómo pueden dormir tranquilos aunque vayan a que les bendigan todos los días?. Seguro que recibirán el castigo divino.

Los cinco retos de la Ley de Dependencia

1. RETRASO EN HACER LLEGAR LA AYUDA
Las ayudas tardan en llegar hasta 15 meses. Las autonomías han agilizado la evaluación de los dependientes, pero el siguiente paso, la determinación del tipo de prestación que se da, sigue estancado. Un 36% de las personas con derecho a ayuda aún la espera

2. LA PRESTACIÓN NO ES RETROACTIVA
La lenta implantación de la Ley provoca que en muchos casos el dependiente muera antes de recibir la prestación. La ley dice que es retroactiva y toma como referencia la solicitud, pero algunas autonomías han aprobado normas que restringen este derecho.

3. IMPLANTACIÓN DESIGUAL
La aplicación de la norma es desigual: en Balears sólo un 40% de los dependientes con derecho a ayuda la recibe; en Navarra, un 82%. Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, Canarias es la que peor la aplica y Andalucía la que mejor.

4. EXCESO DE AYUDA A FAMILIARES
La Ley establece que las ayudas económicas para los familiares son excepcionales, aunque los afectados suelen preferir estas prestaciones. Un 57% de las ayudas son de este tipo. Para las autonomías es más barato dar dinero que crear infraestructuras.

5. FALTA DE COORDINACIÓN
Para que la ley funcione correctamente, deben estar bien coordinados los servicios sociales locales y las autonomías. En la mayoría de territorios esto no ocurre. Ello retrasa la resolución de expedientes y merma la calidad de los servicios.