Las prestaciones económicas que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia contempla como excepción para quienes solicitan ayudas públicas se han impuesto a la prestación de servicios como la atención residencial, lo que provoca que el sistema "desaproveche" su potencial generador de empleo y "no esté garantizada" la calidad de la atención que reciben las personas dependientes.
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