El sistema de atención a las personas dependientes, configurado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos necesitados de una ayuda, se ha revelado un mapa desigual al arbitrio de la voluntad política y lastrado por una situación económica difícil. Las diferencias entre unas comunidades y otras son enormes, tanto en el gasto como en los ciudadanos atendidos o en las prestaciones que se conceden. Pero son precisamente esas diferencias las que dibujan la voluntad de algunas de ellas por seguir avanzando en el desarrollo de la ley mientras que en otras regiones se percibe con claridad el ritmo mortecino de su implantación.
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