El Defensor del Pueblo afirma que las comunidades autónomas de Madrid y la Comunitat Valenciana son las que más quejas acumulan por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.
En la Memoria 2010, que recoge Europa Press, la institución dirigida por María Luis Cava de Llano vuelve a poner de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. "Las quejas se focalizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones, cuestión sobre la que se observan diferencias considerables", señala el informe.Insiste en que, como en años anteriores, del retraso "considerable" con el que se tramitan las solicitudes de valoración del grado de dependencia y posterior Programa Individual de Atención (PIA), en la conveniencia de reconocer las prestaciones económicas con efectos al menos desde la fecha de solicitud.Asimismo, alerta de que ante la negativa de las administraciones autonómicas a dicho reconocimiento, los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento "largo y costoso", para que les sean reconocidos dichos derechos.
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