El demoledor análisis del Síndic de Greuges, José Cholbi, sobre la gestión del Consell en 2010 de las ayudas de la Ley de la Dependencia llevó ayer al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, a anunciar que remitirá una carta al Defensor del Pueblo valenciano para pedirle una reunión en Alicante —sede de la institución— con el fin de aclararle que a lo largo de 2011 los motivos que sustentaban las quejas «ya están resueltos», según explicó el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez. Éste enfatizó que en marzo la conselleria cambió la normativa para asumir la retroactividad en el reconocimiento de las ayudas a los dependientes desde el momento de la solicitud, incluidos los casos de personas fallecidas. Una medida que tendrá un coste de 80 millones que asumirán a lo lardo de los próximos cuatro años.
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