La primera conclusión del estudio es que tenemos un sistema de protección social débil. La nota media es un suspenso, un 4,7, sobre una calificación máxima de diez, con tendencia negativa. Y hay dos comunidades autónomas con resultados desastrosos: Valencia con un 0,8 y Canarias con un 1,8. En el furgón de cola se sitúan también Madrid y Murcia.
Segunda conclusión: las enormes diferencias en inversión y cobertura que están provocando inequidad y desigualdad en el acceso. Hay comunidades que gastan 773 euros por habitante al año en servicios sociales mientras que otras apenas llegan a los 120 euros anuales.
Y tercera conclusión: el gasto en servicios sociales no es determinante en el déficit presupuestario ni las comunidades más endeudadas tienen mejores prestaciones. Las autonomías con mayor desarrollo en la materia como Castilla y León o el País Vasco no son las que tienen un mayor déficit. Con un nivel medio figuran también La Rioja y Navarra. Por el contrario, las que presentan un desarrollo irrelevante, los casos de la Comunidad Valenciana y Canarias, exhiben un mayor déficit en sus cuentas públicas.
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