Plataforma Defensa Dependencia: los recortes del PP ponen en riesgo la ley

300.000 PERSONAS EN EL 'LIMBO DE LA DEPENDENCIA'

COMUNICADO DE PRENSA 19 DE ABRIL DE 2012

LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD), formadas por personas en situación de dependencia, sus familias y cuidadores; así como por asociaciones, colectivos, profesionales, sindicatos y ciudadanía en general, integradas en la “COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA (LAPAD)” queremos manifestar lo siguiente:

Con la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD) nace un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población que así lo requiera, con garantía pública, estableciéndose la cooperación de todas las administraciones implicadas en el sistema.

El informe elaborado por el anterior Gobierno para la evaluación de la Ley 39/2006, presentado en noviembre de 2011:,

1º.-El crecimiento del número de personas beneficiarias con prestaciones ha ido creciendo desde la aplicación de la Ley.

2º.- La Ley ha impulsado la INVERSIÓN en atención a la dependencia.

3º.- Los EMPLEOS vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000, y se han creado 165.000 empleos nuevos como resultado resultado de la nueva inversión económica.

4º.- Se han incorporado al sistema de la seguridad social 149.565 personas como cuidadores familiares.

5º.- Un 80’7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, media de notable (3’4 sobre 5).

Además, el mismo informe plantea una serie de medidas dirigidas a avanzar

1.- Sistema de financiación garantista y sostenible.

2.- Cartera de servicios común de obligado cumplimiento.

3.- Consejo Territorial con efectos vinculantes.

4.- Mejorar la transparencia e información a la ciudadanía.

5.- Estrategias de coordinación socio-sanitaria.

Todas estas medidas, definen lo que durante estos años hemos venido denunciando sobre la incorrecta aplicación y desarrollo de la Ley desde su implantación.

Además de las deficiencias de estos años las actuaciones y decisiones del Sr. Rajoy, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y del gobierno del PP, han devenido en una situación de mayor desconcierto, desinformación, angustia, intranquilidad y enfado en las personas en situación de dependencia, familiares, cuidadoras/es, profesionales del tercer sector y ciudadanía en general, que ven cómo puede desaparecer un sistema de protección fundamental para asegurar el cuidado de estas personas.

La voluntad expresada en la reunión del Consejo Interterritorial del SAAD, el jueves 12 de abril, bajo la presidencia de Ana Mato, con la creación de cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, no se corresponde con las siguientes medidas tomadas por el gobierno:

1.- El Real Decreto-Ley 20-2011, de 30 de diciembre, anunciando la “MORATORIA de un año en la entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel 2 (enero de 2013) y Nivel 1 (enero de 2014)”,

2.- RECORTES con la eliminación de las partidas de FINANCIACIÓN DEL NIVEL ACORDADO: En el Consejo de Ministros de 30 de marzo, el gobierno decidió, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimir la aportación que la Administración General del Estado (AGE) hacía a la financiación de la Ley de la Dependencia por el concepto de Nivel Acordado para toda España por un valor de 283 millones de euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las aportaciones de la AGE.

Esta medida va a traducirse en un empeoramiento de la gestión y una disminución o casi desaparición de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las CCAA:

- Retrasando la resolución de todos los expedientes pendientes

- Continuarán más de 300.000 españolas y españoles en las listas de espera del “Limbo de Dependencia”.

- Afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90 % de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la conciliación de la vida familiar y laboral.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.

Denunciamos que el empeoramiento y la reducción de las inversiones, ponen en riesgo el derecho subjetivo que suponen las prestaciones a las personas en situación de dependencia y, por tanto, la total desprotección de miles de ciudadanas y ciudadanos necesitadas/os de una atención especializada.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación.

Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas.

Organicaciones sociales y sindicales amenazan con movilizaciones