El V Foro Estatal del Observatorio Nacional de Servicios Sociales alerta sobre los recortes en la Ley de Dependecia
Cuando los servicios sociales parecen más un lujo que una necesidad, es el
momento de pararse a reflexionar. Por eso ayer se celebró en el Palacio de
Congresos el V Foro Estatal del Observatorio Nacional de Servicios Sociales,
bajo el título de El derecho a la felicidad común: garantía y defensa del
Estado de Bienestar.
Organizado por el Consejo Andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social y el Consejo General del Trabajo Social, reunió
a profesionales de esta disciplina para discutir acerca del presente de la
profesión, de las carencias cada vez más patentes del Sistema Público de
Servicios Sociales y sobre las soluciones para seguir garantizando al usuario
una atención adecuada.
Jaime Esteban García Villar, representante de la
Coordinadora Estatal de las Plataformas LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) alertó sobre la
supresión de 283 millones de euros que el Gobierno aprobó del pasado 30 de marzo
para financiar la Ley de Dependencia, cantidad que probablemente se duplicará
porque según García Villar, las comunidades autónomas estaban obligadas a
aportar una partida igual a la del Estado, pero si se suman a este recorte la
cantidad total sería de 566 millones de euros.
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