Dependencia: todo lo que pone el Gobierno se recupera vía impuestos

Gravámenes y cotizaciones equivalen a lo aportado por la Administración central, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

El modelo de financiación de la Ley de Dependencia, que se basa en el número de atendidos y no en el coste del servicio, está dando el resultado que se esperaba: adelgaza sin parar la aportación del Gobierno mientras crece la de las comunidades autónomas. Si además se tienen en cuenta los retornos fiscales de esta ley vía impuestos y cotizaciones (IRPF, IVA, cuota de la Seguridad Social, etcétera) lo que sale del Gobierno es similar a lo que entra a las arcas del Estado, entendido Estado como el total de las Administraciones, porque lo que se recauda por IRPF es compartido, por ejemplo. Serían 1.937 millones en 2011 los que habría gastado la Administración central frente a 1.862 millones recaudados, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto es así porque la dependencia tiene una importante parte privada, cuyo negocio revierte a las arcas estatales por los empleos que genera, ya sean trabajadores de las residencias o incluso aquellos que las familias contratan para los cuidados.