Según criterios de la OCDE, más de una quinta parte de la población española
vive por debajo del umbral de la pobreza relativa (y subiendo),
y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social –según la estrategia Europa
2020– pasó de un 23,3% en 2006 a casi un 27% en 2011 (Castilla y León estaría un
punto por debajo de la media nacional). Cuando esa pobreza material se prolonga
en el tiempo, es el inevitable preludio de algo mucho más grave: la
exclusión social. Una exclusión que perfila una sociedad en la
que una parte –la excluida– no puede incorporarse a la vida activa y
normalizada, no puede elegir y se ve condenada a vivir en entornos carentes de
cohesión, llenos de tensión, violencia y anomía.
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