LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014 Y EL ABANDONO DE LA GENERALITAT CONDENAN A LA DEPENDENCIA EN EL PAÍS VALENCIÀ

Las Plataformas del País Valencià en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fuimos invitadas hace dos semanas por el grupo parlamentario del PSPV en Les Corts para presentarles nuestras propuestas y reivindicaciones y poder así trasladarlas al Debate de Política General que tuvo lugar la semana pasada. De igual manera, estas propuestas fueron recogidas también por la coalición EUPV a través de su campaña #AFabraLiDiria.  Algunas de estas reivindicaciones son la retirada del RDL 20/2012 de 13 de julio, que supuso la primera reforma brutal de la Ley y que recogía medidas tales como un recorte del 15% en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar o la eliminación de las cotizaciones a las cuidadoras, o la retirada de la orden 21/2012, de 25 de octubre, por la que la Generalitat Valenciana establecía el copago en dependencia hasta el 90% en el peor de los casos. También, naturalmente, la exigencia de restituir la gratuidad de la prestación farmacéutica a discapacitados y dependientes, la puesta al día en el pago de las prestaciones y la retroactividad o la resolución de los 15.000 expedientes que están sin resolver, así como el pago inmediato de los expedientes del TSJCV que tienen fallo a favor de los dependientes y que se encuentran sin pagar por parte del Gobierno valenciano. A todos estos copagos habría que añadir  el pago por el transporte sanitario, por la teleasistencia o por los medicamentos de dispensación ambulatoria hospitalaria. La subida del IVA, del IRPF y la bajada de las pensiones y los salarios colocan al colectivo de la dependencia y la discapacidad en una situación insostenible e invivible.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas obtuvo el apoyo del Partido Popular valenciano, que se considera “orgulloso” de su gestión.  Difícilmente puede defender el Estado del Bienestar quien no cree en él. Y el Partido Popular no ha creído jamás.  Pero la realidad es contundente: el País Valencià obtuvo la última posición en la escala de valoración del Observatorio Estatal de la Dependencia por comunidad autónoma: un 0,4 sobre 10. El gasto público también es el cuarto por la cola de todas las CCAA (69,10 € por habitante y año) frente a los 167,58 € de La Rioja, los 162,07 de Cantabria o los 153,41 de Andalucía.

Ayer se presentaron los Presupuestos Generales del Estado para 2014. La partida presupuestaria para la dependencia ha sufrido un brutal y salvaje recorte del 46,8 %. El año que viene el Estado destinará 1.809 millones al gasto en servicios sociales, mientras que lo presupuestado para 2013 se elevó a 2.844 millones.  El Ministerio de Sanidad  atribuye a la desaparición de los más de 1.034 millones de euros que se tuvieron que consignar el año pasado para pagar a la Seguridad Social la cotización de las cuidadoras familiares de personas dependientes. Desde la Reforma del PP, un total de 16.121 cuidadoras familiares en el País Valencià han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Ya solo quedan 1.360  cotizantes. El Gobierno, pues, se reafirma en su modelo ideológico: dinamitar el cuarto pilar del Estado del Bienestar y hacer que el cuidado de las personas mayores y dependientes recaiga sobre las mujeres, debiendo  asumir las funciones que corresponderían a los servicios sociales que también han arrasado, sin reconocimiento alguno y sin protección social. 

El panorama no puede ser más sombrío  y desalentador. Agotado el balón de oxígeno que supuso el Fondo de Liquidez Autonómica y con una financiación estatal ostensiblemente insuficiente y que el President Fabra es incapaz de reclamar en Madrid, auguramos unos tiempos muy difíciles no ya para poder mantener el actual sistema, sino para incorporar a las cerca de 22.647 personas dependientes en nuestra comunidad que estando ya valoradas no tienen acceso a las prestaciones reconocidas.

Mientras que desde todas las instituciones del  Estado se continúe pensando que la Ley de la Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, que además genera puestos de trabajo, estaremos condenando al colectivo de la discapacidad y la dependencia a la exclusión social, al sufrimiento y a la desesperación. 

DIGNIDAD, RESPETO Y JUSTICIA SOCIAL

Valencia, a 1 de Octubre de 2013