martes, 26 de noviembre de 2013
El sector de la discapacidad se rebela ante los impagos del Consell
Diez trabajadores recorren 200 kilómetros a pie hasta Valencia para denunciar sus problemas
lunes, 25 de noviembre de 2013
El Gobierno también quiere criminalizar a los enfermos mentales graves
El anteproyecto de ley para la reforma del Código Penal que este viernes aprobará el Consejo de Ministros posibilitará que personas con enfermedades mentales puedan ir a la cárcel no en función de los delitos cometidos sino por su condición de "peligrosidad". En España hay más de un millón de personas con trastornos mentales graves que no reciben una adecuada atención socio-sanitaria.
Sufrir una enfermedad mental no significa ser un delincuente peligroso. Así lo afirmaJosé María Sánchez Monge, presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). “El tratamiento que se da en el nuevo Código Penal a las personas que sufren un trastorno mental grave es inapropiado por que no tiene ningún rigor científico y no se acomoda a las necesidades que tienen estas personas, no tiene nada que ver con ellos”, asegura en conversación con nuevatribuna.es.
martes, 19 de noviembre de 2013
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Cotino prohíbe la entrada al Pleno de Les Corts a Elvira Murcia
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha denegado la invitación que el grupo parlamentario Compromís había solicitado porque Elvira Murcia asistiera, desde la tribuna de invitados, el Pleno de Les Corts de mañana miércoles.
El Consell baja el grado de discapacidad a la mitad de las revisiones de este año
La Comunitat cierra 300 plazas de dependientes y 140 centros están en riesgo
El bloqueo de miles de expedientes de afectados y la deuda de la Generalitat dejan en números rojos al sector y la pérdida de 150 puestos de trabajo
La deuda de la Generalitat ha subido a 106 millones de euros tras «incumplir» de nuevo el pago
correspondiente al mes octubre, según denunció la patronal. Y la directora general, María José Mira, aseguró que hay 140 centros que están en claro riesgo de desaparición. Se trata de unos recursos exclusivamente privados y sus usuarios son principalmente beneficiarios del sistema bono o de las prestaciones vinculadas al servicio de la dependencia, que no reciben ningún otro tipo de financiación pública por parte de la Administración.
martes, 12 de noviembre de 2013
NOTA DE PRENSA: REUNIÓN CON LA CONSELLERA DE BIENESTAR PARA RECLAMAR LA DEUDA CON LOS DEPENDIENTES VALENCIANOS Y EXIGIR EL CUMPLIMENTO DE LA LEY.
Las Plataformas del País Valencià en defensa de la Ley
39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia nos reunimos ayer lunes 11 de noviembre con la
consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para exigir el cumplimiento de la deuda pendiente
con los dependientes valencianos correspondiente a este año 2013 y que se
refiere al pago de la retroactividad y los dos meses de retraso en el pago de
las prestaciones. A la reunión también estaba convocado el conseller de
Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien finalmente no acudió por encontrarse en
Madrid, aunque sí lo hizo el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó.
Según fuimos informados, el Gobierno valenciano contaba con
los 900 millones del FLA que se recibirá el próximo 16 de noviembre para saldar
el pago de la retroactividad de este año 2013 y que asciende a 22 millones de
euros, algo que ya no será posible, puesto que de acuerdo a lo establecido en
el RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, dichas ayudas no pasarán por la tesorería del gobierno valenciano,
sino que se destinarán directamente desde las arcas del gobierno central a los
proveedores que hayan acreditado su deuda con el gobierno valenciano. Puesto
que los dependientes no somos proveedores, estamos excluidos de dicha
relación. Ante tales circunstancias, y
posiblemente por la presión de las Plataformas exigiendo el pago de la
retroactividad, que según lo prometido tanto por la consellera Sánchez Zaplana
como por el mismo President Fabra había de haberse realizado el pasado mes de
abril, el conseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, se desplazó ayer a Madrid
para solicitar del gobierno de Rajoy una línea de crédito que le permita pagar
a los dependientes valencianos. Los resultados de dicha gestión no los
conoceremos hasta el día 12 de diciembre cuando retomaremos las negociaciones.
Las Plataformas de la Dependencia del País Valencià no
podemos más que mostrar nuestra más profunda indignación y frustración. Hasta
el mes de febrero, el coste total de las prestaciones por cuidados en el
entorno familiar era de 11´5 millones de euros. Tras la entrada en vigor del
copago en dependencia el pasado mes de febrero esta cantidad se redujo a 7
millones de euros. Con lo cual sólo a expensas de la dependencia, el gobierno
valenciano ha estado ahorrándose 4,5 millones de euros todos los meses, lo que
nos lleva a un total de 45 millones de euros en lo que va de año ¿dónde está
todo ese dinero? ¿por qué ahora no hay 22 millones de euros para pagar la
retroactividad? Eso sin contar con el ahorro que supondría dejar de pagar
infraestructuras inútiles como el aeropuerto de Castelló, cuyo gasto asciende a
17 millones de euros anuales, o los 3,6 millones de euros que se pagan a un empresario
“amigo” por la gestión de la torre de control”,
para invertirlos en la vida, la salud y el bienestar de las personas.
Aun así, y pese a no saber todavía ni siquiera de dónde
saldrá el dinero y a falta de mes y medio para finalizar el año, los representantes
del gobierno valenciano continúan asegurando que cumplirán con su compromiso.
Obviamente, y a estas alturas, ni que decir cabe, que su palabra apenas nos
merece ninguna credibilidad, y que pone de manifiesto su incapacidad de cumplir
con lo prometido.
En otro orden de cosas, las Plataforma queremos mostrar
nuestra satisfacción al conseguir que la conselleria de Benestar rectifique y
comience a partir del 1 de enero a calcular la capacidad económica del
dependiente para aplicarle el copago en función de su renta, y no en función de
la renta de la unidad familiar, como venía haciéndose desde febrero. Con esta
medida, se recalcularán de nuevo los copagos. En el caso de los menores, al
carecer de rentas, quedarán pues, exentos del mismo. Sólo no se tendrá en
cuenta la capacidad económica del beneficiario, cuando este sea el cabeza de
familia y no se cuenten con más ingresos.
La consellera Sánchez Zaplana quiso apuntarse como un tanto
personal el haber conseguido blindar en los presupuestos
de la Generalitat Valenciana las partidas para la dependencia, cosa que agradecemos,
a la vez que pedimos transparencia en su gestión así como acceso al
conocimiento de las transferencias del Estado para el Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia del País Valencià. También negó haber dado
instrucciones políticas para las frecuentes
revisiones a la baja en la valoración de los dependientes y se
comprometió a colaborar en otras cuestiones técnicas que ayuden a mejorar el
proceso de valoración.
Las Plataformas seguimos defendiendo es inmoral e inhumano
someter la vida y el bienestar de las personas con discapacidad y dependencia a
ajustes presupuestarios. Que no se trata de gastar menos, sino de gastar
mejor. Después de 20 años de despilfarro
y con la Generalitat Valenciana en quiebra, el gobierno valenciano sigue sin
querer entender que la prioridad somos las personas. O esa es la sensación que
nos transmitieron.
Respeto, Dignidad y Justicia Social.
Valencia,
a 12 de Noviembre de 2013.
lunes, 11 de noviembre de 2013
Duros impagos para el colectivo más frágil
Los empleados de la educación especial concertada no cobran a causa de la deuda del Consell
Una especial acampada tenía lugar el pasado viernes en la plaza del Ayuntamiento de Paterna. Las
tiendas correspondían a centros que atienden a personas con discapacidad y a los que la Generalitat millones de euros. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, por ejemplo, le debe la Consejería de Educación 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, que atiende 30 alumnos desde segundo de Infantil a los 16 años no tiene concierto y depende de un convenio con Educación que acaba de renovar tras protestar con el alumnado a la puerta de la consejería; la deuda es de 760.000 euros. A Torrepins, también de Torrent, le debe el Consell 300.000 euros.
viernes, 8 de noviembre de 2013
COTINO CENSURÓ INFORMACIONES SOBRE LA DEPENDENCIA EN CANAL 9
Las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia queremos manifestar nuestra más profunda indignación ante las revelaciones del editor de informativos de Canal 9, Frederic Ferri, en las que afirma que el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, en la época, conseller de Benestar Social ordenó censurar y silenciar en los informativos de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) la voz de los dependientes y de sus familiares, llegando a vetar con un "eso no sale en Canal 9" informaciones que hacían referencia a la muerte de un dependiente que había estado pidiendo la ayuda.
Consideramos estas declaraciones de extrema gravedad por lo que exigimos una inmediata aclaración por parte del Consell así como también la DIMISIÓN de Juan Cotino. Queremos también recordar que según informaciones aparecidas en el diario El País en 2010, antes de abandonar la Conselleria de Benestar Social, el ahora presidente de Les Corts, utilizó la Ley de la Dependencia para beneficiar a la empresa Centros Residenciales Savia, ligada a su familia y cuyos dos principales accionistas estarían implicadas en la trama Gürtel. El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social. La mayoría absoluta del PP ha impedido que Cotino jamás diera información de sus supuestos negocios a costa de los dependientes valencianos en sede parlamentaria.
Nos parece obsceno y execrable que semejantes personajes sigan viviendo a cuenta de los impuestos de todas las valencianas y valencianos, mientras a los dependientes se les recortan sus prestaciones hasta un 90%, cuando dependientes y discapacitados tienen que pagar por su medicación, o cuando encima de la mesa de la consellera de Bienestar Social hay 11.000 expendientes retenidos a la espera de que sus solicitantes vayan muriendo para no tener que incorporarlos al sistema. Han pretendido taparnos la voz como en las peores de las dictaduras pero no lo han conseguido. La podredumbre del gobierno valenciano ha llegado a unos extremos realmente insoportables e insostenibles. Y mientras el President Fabra siga encubriendo a personajes miserables como Juan Cotino, se estará convirtiendo también en cómplice.