La prohibición de que las entidades locales sigan prestando servicios sociales supondrá un recorte de 172 millones de euros, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
La Reforma Local que aplicará el Gobierno Central a partir del 1
de enero "supondrá un recorte absoluto y la desaparición de los Servicios
Sociales de proximidad que las entidades locales prestan a los
ciudadanos". Ésta es la denuncia que lanzan desde la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El
presidente de la entidad, José Manuel Ramírez, alerta de que "los 172
millones que aportan las entidades locales a Servicios Sociales están
amenazados con la aplicación de la reforma". Actualmente el 35 por ciento
del presupuesto en esta área depende de la Comunidad Autónoma y el 65 por
ciento, de los municipios. La Comunidad debería aumentar en cerca de 80
millones de euros el presupuesto en Servicios Sociales que, actualmente se sitúa
en 96 millones, para hacer frente a esta reforma aprobada por el Gobierno
Central y que cuenta con la oposición de todo el arco parlamentario.
Los
servicios más amenazados por la reforma son los de atención a la dependencia y
los de promoción social. Servicios que con la nueva norma tendrán la
consideración de impropios para las entidades locales.
Desde
las Comunidades Autónomas reclaman al Ejecutivo Central que amplíe el plazo de
aplicación de la Reforma Local para poder adaptar sus presupuestos y, de esta
forma, asumir con normalidad los servicios que prestan los ayuntamientos.
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