Nota de Prensa Sobre nuevo informe del Observatorio de la Dependencia Julio 2016 (Directoras Gerentes)

Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.

Sin embargo, en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000

Sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales. Leer informe completo

EFECTOS PERVERSOS DEL COPAGO EN LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA

A diferencia de lo que ocurre en la salud o la educación, la cobertura pública de las necesidades en el ámbito de la dependencia está sujeta a un régimen de copago que algunas entidades sociales consideran confiscatorio. De esta forma, las Administraciones gestoras de las prestaciones (CCAA, Diputaciones y Corporaciones locales) se ahorran un importe del presupuesto equivalente a los ingresos en concepto de copago. En 2014, el importe estimado de los copagos fue del 26,8% del coste de las prestaciones. Dicho de otra forma, una cuarta parte del coste de las prestaciones que se ofrecen en el marco de la Ley de Dependencia es financiada por las propias personas usuarias o sus familias, lo cual supone para éstos una presión fiscal suplementaria a sus impuestos (repago). LEER MAS

Los discapacitados centran los ataques de odio con 215 delitos estimados en un año

El informe del Movimiento contra la Intolerancia revela que hubo 123 delitos motivados por la diferencia en 2015 y sitúa el cálculo real en un total de 615

Los negros, los gitanos, los extranjeros, los homosexuales, los judíos, las mujeres, los indigentes. El

foco de los delitos de odio ha ido cambiando en la sociedad. Ahora, un nuevo perfil emerge convirtiendo en todavía más cruel esta lacra social: son las personas con discapacidad, que el año pasado se convirtieron en el colectivo que sufrió más delitos de odio en la Comunitat Valenciana. El fenómeno ya tiene su propia palabra: disfobia. Según atestiguan los datos del Ministerio de Interior recopilados por el Movimiento contra la Intolerancia en el último Informe Raxen, que se presentó ayer, la Comunitat Valenciana registró el año pasado 123 casos de delito de odio que afectaron a 116 víctimas. Los ataques más numerosos, un total de 43, se dirigieron contra personas con discapacidad. LEER MAS

Más de 3.000 familias pueden empezar a cobrar por cuidar a sus dependientes

Bienestar Social recupera una ayuda bloqueada durante dos años por el Gobierno central y destina 30 millones a pagar tanto la prestación como la retroactividad - Los ayuntamientos están llamando uno a uno a los demandantes a quienes se negó el servicio.

Pidieron la ayuda para que un familiar o una persona cercana a su entorno (cuidador no profesional) se encargara de ellos. Sin embargo, la conselleria les concedió la única posibilidad que existía hace unos años en la Comunitat Valenciana: una prestación para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), es decir, la asistencia durante unas horas por parte de una empresa privada. Algunos optaron por acogerse al SAD que les ofrecía la Generalitat Valenciana, pero otros la rechazaron y se quedaron sin nada, ya que no podían contratar estos servicios hasta que no llegara la ayuda de la Administración.  LEER MAS

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas realiza en junio pagos por valor de 142,2 millones de euros

La vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha invertido a lo largo del mes de junio más de 142,2 millones de euros en el pago de diferentes servicios y prestaciones, de los que más de 22 millones son ayudas directas a las personas.

Entre estos pagos, destacan el fin de la deuda que se tenía con las familias acogedoras de la Comunitat Valenciana, la sustanciación de la nómina de la dependencia o el pago a un total de 484 centros de diversa tipología, según un comunicado de la Generalitat.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que estos pagos suponen un "reconocimiento explícito de unos derechos que el antiguo Gobierno había relegado a meras subvenciones graciables", y que en algunos casos acumulaban "retrasos crónicos". VER MAS