A diferencia de lo que ocurre en la salud o la educación, la cobertura pública de las necesidades en el ámbito de la dependencia está sujeta a un régimen de copago que algunas entidades sociales consideran confiscatorio. De esta forma, las Administraciones gestoras de las prestaciones (CCAA, Diputaciones y Corporaciones locales) se ahorran un importe del presupuesto equivalente a los ingresos en concepto de copago. En 2014, el importe estimado de los copagos fue del 26,8% del coste de las prestaciones. Dicho de otra forma, una cuarta parte del coste de las prestaciones que se ofrecen en el marco de la Ley de Dependencia es financiada por las propias personas usuarias o sus familias, lo cual supone para éstos una presión fiscal suplementaria a sus impuestos (repago). LEER MAS
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