La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia advierte de que la escasez de plazas en los centros y la falta de personal deja a usuarios en sus domicilios y sin recibir asistencia
En el mes de marzo, el Gobierno decidió que los servicios sociales pasaban a ser «servicios esenciales»
y que las comunidades autónomas y los municipios podían contratar personal de forma más flexible para reforzar sus servicios sociales y garantizar así la atención a los más vulnerables durante la pandemia.
Sin embargo, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana asegura que apenas un centenar de ayuntamientos valencianos (de los 542 que tiene la autonomía) han ampliado sus plantillas de servicios sociales gracias a esa contratación «extra» que el Gobierno permite desde hace más de siete meses.
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