Madrid, Canarias y Valencia sacan, una vez más, un muy deficiente en la implantación de la norma
Este nuevo dictamen que publicó ayer el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, reunidos en Alcorcón, pone de manifiesto, además, el enorme desequilibrio entre las prestaciones económicas y los servicios que se conceden a los ciudadanos que solicitan una ayuda de dependencia. El 66% son prestaciones económicas, a pesar de que la ley las considera una opción sólo para casos excepcionales.
"Si no se produce una inversión en esta tendencia y se priman, sobre todo, los servicios de proximidad, centros de día y ayudas a domicilio se estará condenando a la ley a ser un sistema de subsidios que no garantizará la atención de calidad ni posibilitará la autonomía personal. Y olvídense de crear el empleo previsto", advirtió el presidente de la Asociación de Gerentes, José Manuel Ramírez.
Es de agradecer a la Asociación de Directoras y Gerentes los acertados dictámenes, que califican a las distintas comunidades autónomas, independientemente del color político... pese a que el gobierno de Camps y la Consellera Such intenten, una y otra vez, convencernos de lo contrario, aquí se siguen haciendo las cosas básicamente mal, muy mal... pero ¿les importa?
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