El Consell reconoce 12.000 expedientes de la dependencia sin resolver

Los afectados piden que el presupuesto de la empresa pública que gestiona las ayudas se destine a resolver las solicitudes atrasadas desde 2009

Los últimos ajustes del Consell en Sanidad y Educación han causado que las primeras alarmas ya se hayan encendido entre los agentes sociales de la C. Valenciana. Vienen tiempos duros y la poda de entidades dependientes de capital público planeada por la Generalitat alcanza a un total de 46 sociedades. Muchos son los ciudadanos afectados que no saben cómo ni dónde canalizarán sus peticiones en el futuro. Más aún son los que desconocen si recibirán las ayudas aprobadas.Sin embargo, algunas sociedades se salvan de la quema. Tal es el caso de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), cuya continuidad fue ayer asegurada por fuentes de la conselleria de Bienestar Social a Levante-EMV. Desde la Generalitat definieron como "rentable" a la firma que se encarga de gestionar las resoluciones de la ley de Dependencia y confirmaron que en junio del año pasado se llevó un ajuste de personal que "garantiza el futuro". En 2010 contaba con 181 empleados, que acarrearon un gasto de 6,1 millones de euros a las maltrechas arcas de la Generalitat y su encomienda de gestión cuesta cerca de dos millones.