Demolición controlada de la Ley de Dependencia

Madrid, 11 de octubre de 2012

Si estos son los datos para 2013, se confirma que existe una demolición controlada de la Ley de Dependencia en forma de reducción del número de beneficiarios y de la calidad en intensidad de las atenciones; con un predominio de la abaratada prestación de cuidadores familiares y con graves consecuencias directas por la mayor destrucción de empleo gracias al desmantelamiento la red de centros y servicios.

Analizado el borrador de anteproyecto de presupuestos para el 2013, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere manifestar lo siguiente:

1º.- Se confirma un recorte de 200 millones de euros en las transferencias a las CC.AA en el nivel mínimo de protección pasando de 1.287.179,32 en 2012 a 1.087.179,32 en 2013. Esto corrobora el análisis que esta asociación realizó sobre el impacto económico de la reforma de la Ley (RD-ley 20/2012 de 13 de julio). En términos generales, la aportación de la Administración General del Estado a las atenciones de dependencia en 2013 representará un 18% del total, siendo el resto de esfuerzo para las CCAA (68%) y para las personas atendidas (14%).

2.º Se incluye una partida de 1.034 Millones € de transferencia a la Seguridad Social de las cuotas de familiares cuidadoras/es. Esta cotización ha sido suprimida para 2013, por lo que se trata de tapar un enorme agujero de deuda derivado de la pésima gestión de este asunto por parte de los actuales y de los anteriores gestores. La incorporación de esta importante cifra al presupuesto de la dependencia genera el espejismo de un aumento del gasto en dependencia que es irreal y del que no disfrutarán las personas dependientes.

3.º Según nuestras estimaciones, solo para atender en 2013 a las personas incorporadas al sistema actualmente en el sistema (con las actuales e injustas condiciones de financiación para las CCAA) se necesitaría sumar unos 300 millones a la cifra presupuestada. Además, el Ministerio estima en su memoria que en 2013 el número de dependientes atendidos crecería hasta los 850.000. De ser así, se necesitarían otros 200 millones más, de lo que deducimos, bien una mala técnica presupuestaria; bien el triste preludio de nuevos recortes.

4º. La política del actual Gobierno respecto a la atención a la dependencia ha sido recortar para destruir. La imposibilidad financiera para las CCAA de poner servicios a disposición de las personas dependientes abocará a las mismas a optar por las ya ridículas ayudas económicas para cuidados en el hogar, forzará a muchas personas cuidadoras (mujeres) a la exclusión laboral, desmantelará las redes de servicios públicos y una buena parte del tejido empresarial del sector y destruirá decenas miles de empleos: los de ahora y los del futuro.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro, Presidente Asociación DYGSS