A lo largo de estos meses el Gobierno de Francisco Camps nos ha amenizado y soliviantado con otras iniciativas que han desfigurado hasta quedar hecho unos zorros el perfil de demócrata liberal que gustaba lucir. El boicot a la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía no fue precisamente una decisión lúcida, tanto más debido al circo que le montó el consejero del ramo al imponer su docencia en inglés, por no hablar de las delirantes e ilegales cláusulas de conciencia que pudieron alegar los padres piísimos, como si el estudio de esas elementales nociones para la convivencia democrática comportasen la eutanasia espiritual del alumnado. Ninguna medalla ha podido colgarse tampoco por la aplicación morosa y desganada de la Ley de Dependencia, lo que resulta singularmente indignante por afectar a un estamento tan desvalido.
domingo, 27 de diciembre de 2009
viernes, 25 de diciembre de 2009
Ande, ande, ande, Llei de Dependència ...
Pep Pacheco Marco
En aquests dies de Nadal es compleixen tres anys de l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. El que se suposava, d'una banda, donar un impuls progressiu i progressista al Sistema Públic de Serveis Socials, quant al desenvolupament de la justícia social i la promoció de drets per a col·lectius humans en situació de gran vulnerabilitat i d'altra banda, reforçar el caràcter públic d'un sistema de protecció social que -a l'àmbit valencià- estava en la UVI i amb poques perspectives de millora; doncs bé, totes aquestes expectatives inicials han quedat en una gran frustració que està concretant-se en la indignació generalitzada de les persones en situació de dependència, les seves famílies, així com dels professionals dels serveis socials i sanitaris...
lunes, 21 de diciembre de 2009
Quinta protesta en una semana por la Dependencia
Mientras ríos de gente discurrían por la calle Colón en busca de sus regalos navideños, ellos lo hacían con otro anhelo: cobrar las ayudas de la ley de Dependencia. En sus manos no había bolsas sino muletas, las ruedas que impulsan sus sillas y pancartas. Así transcurrió ayer la quinta protesta que tiene lugar en Valencia esta semana para pedir una mejor aplicación de la norma, cuando se cumplen tres años de su entrada en vigor. Ataviados con camisas naranjas y carteles, los asistentes corearon un villancico adaptado a su denuncia. «Ande, ande, ande, ley de Dependencia, ande, ande, ande esto es una vergüenza»...
"Estamos peor que hace tres años"
Cientos de personas exigen las ayudas previstas en la ley de la dependenciaUna ola naranja recorrió ayer las calles de Valencia y Castellón, por la mañana, y de Alicante, a media tarde, para exigir al Consell de Francisco Camps que "reactive" la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y que haga efectivas las ayudas públicas para los que no pueden valerse por sí mismos.
viernes, 18 de diciembre de 2009
El recorte de las ayudas deja los centros ocupacionales de 4.600 alumnos al borde del cierre
Los talleres para discapacitados reclaman al Consell el 20% de la subvención para 2009 - Hay trabajadores que no cobran desde noviembre
viernes, 11 de diciembre de 2009
¡Hace ya tres años!
Su implantación es parte necesaria del Estado de Bienestar. La atención a las situaciones de dependencia, a las que todas las personas estamos expuestos, es un derecho ciudadano que debe ser convenientemente provisto por el Estado con las prestaciones y servicios adecuados, no con ayudas graciables fundamentadas en consolidar la hipoteca social de mantener a las mujeres en el hogar asumiendo más trabajo no remunerado. El Derecho a una vida digna no prescribe con la edad ni con las situaciones de dependencia, su atención adecuada es un deber público.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
viernes, 4 de diciembre de 2009
Las familias de enfermos mentales culpan al Consell del cierre de residencias
Denuncian que la falta de pago de la Generalitat "dejaría en la calle a 700 personas con enfermedad mental"
"Se nos dice por parte de la Conselleria -de Bienestar Social- que no hay presupuesto para los 7 meses restantes y en algunos casos hasta para 12 meses -añade la nota-. Esto significa que si la Conselleria no lo paga, lo deberán hacer las personas con enfermedad mental".Según el comunicado, "la inmensa mayoría de estas 400 personas no tiene recursos para asumir la deuda que ha contraído con las empresas prestadoras de servicios, unos 9.500 euros por persona. En el 99% de los casos cobran una Pensión No Contributiva (325 euros mensuales), muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat y la práctica totalidad internados por orden judicial"...
jueves, 3 de diciembre de 2009
Protesta en Valencia por el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia
Trabajadores de Bienestar Social y familiares protestan en Valencia por el enchufismo en la empresa que gestiona la ley y el retraso en su aplicación.
Un gran enchufe y varias pancartas han presidido la protesta celebrada esta mañana por funcionarios de Bienestar Social y la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia frente a la sede de la consejería situada en la calle de Colón de Valencia.
Bienestar Social y el Cermi promueven un observatorio sobre temas de autonomía personal, discapacidad y dependencia
La conselleria de Bienestar Social y el Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunidad Valenciana (CERMI) han acordado la creación de un Observatorio sobre temas de autonomía personal, discapacidad y dependencia.
lunes, 30 de noviembre de 2009
viernes, 27 de noviembre de 2009
La ley de dependencia centra los presupuestos de Sanidad para 2010
La subsecretaria de Sanidad y Política Social, Consuelo Sánchez Naranjo; el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos; y el secretario general de Política Social, Francisco Moza, han comparecido en la Comisión de Presupuestos del Senado, donde han mostrado el interés de este departamento por impulsar la ley de dependencia en 2010, a la que se destinarán 1.581 millones de euros, un 36 por ciento más que el año anterior.
Observatorio Dependencia critica decreto Conselleria por ser contrario a ley
Valencia, 26 nov (EFE).- El Observatorio Valenciano de la Dependencia ha manifestado hoy su preocupación tras conocer el nuevo borrador de decreto sobre procedimiento que prepara la Conselleria de Bienestar Social y que, según denuncian, va en contra de la propia ley de Autonomía Personal.
En un comunicado, avisan de que han detectado que con este decreto se aprovecha para "eliminar la intervención social, creando un engendro de procedimiento en el que se receta recurso social sin negociación ni conocimiento de la familia".
Según han explicado desde el Observatorio, con este borrador de decreto "desaparece el trámite de audiencia, se especula con el binomio solicitud-prestación, y se mantiene la tendencia a alimentar la estructura de empleo de la mercantil AVAPSA, en lugar de promover el empleo público".
"Esa tendencia se extiende peligrosamente a otros ámbitos de los Servicios Sociales, algo que supone otro duro golpe para este sistema", han criticado las mismas fuentes.
Además, advierten de que el decreto no ha sido fruto de un proceso democrático de negociación y diálogo social, ya que, según ellos, no han sido consultados los agentes sociales y tampoco se han tenido en cuenta las alegaciones de otros colectivos que han tenido acceso al mismo, como las asociaciones de familiares y plataformas de afectados.
El Observatorio también ha denunciado el "hermetismo" del Gobierno valenciano y su "despreocupación por un mejor desarrollo y una mejora de la ley".
Según ha manifestado, el sistema valenciano de atención a la dependencia "adolece de cultura democrática y pretende utilizar el nuevo procedimiento para quitarse de encima aquello que le molesta, que en definitiva, es lo que da garantías a las personas en situación de dependencia y sus familias".
Para el Observatorio, con este nuevo decreto de procedimiento, que la Conselleria pretende poner en funcionamiento a principio de año, "se sigue vulnerando el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una atención digna y con garantías suficientes". EFE
lunes, 23 de noviembre de 2009
El Gobierno negocia agilizar los trámites de la dependencia
La evaluación se haría en un plazo máximo de tres meses
El Gobierno y las comunidades autónomas ultiman un acuerdo para establecer un plazo máximo en el primer trámite de la Ley de Dependencia: la evaluación. Es decir, desde el momento en que una persona hace llegar la solicitud a la Administración hasta que un profesional le visita para establecer su dependencia. El plazo que está sobre la mesa, según informó ayer la cadena SER, es de tres meses. Está previsto que el acuerdo se trate en el próximo consejo interterritorial de la dependencia, que se celebrará a finales de diciembre o principios de enero.
domingo, 22 de noviembre de 2009
Una sentencia obliga a la Xunta a pagar la prestación que debía a una dependiente desde julio del 2008
Una sentencia dictada el 20 de octubre por el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña ha condenado al área de Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de la Xunta, un departamento que ya no existe al ser eliminado por el nuevo Gobierno autonómico y haber pasado a ser competencia de la Consellería de Traballo, a abonar a una vecina de ese mismo municipio todo lo que le debía desde julio del 2008. Esta fue calificada por los técnicos autonómicos con el grado tres, nivel uno, de dependencia, uno de los que requieren mayor atención.
Aunque ayer por la mañana le ingresaron ya unos 10.000 euros correspondientes a los atrasos acumulados desde la citada fecha hasta al mismo mes de este año, todavía tiene pendiente de cobro el resto de las mensualidades. La cuantía que pedían en el recurso era inferior a 13.000 euros. Nunca antes de ayer había recibido ningún tipo de ingreso.
«Aún falta que ingresen tres meses y luego que continúen, pero al llamar a la Xunta para que paguen comentan que carecen de presupuesto para hacerlo. Eso es algo que no puedes comprender», explicó el hijo de la afectada, José Luis Cortez.
Hace un año, la delegación provincial de Benestar de A Coruña había dictado una resolución en la que reconocía que Isabel González Fidalgo se hallaba en estado de dependencia. Por ello, tenía derecho a una ayuda, pero, como explica la familia, «únicamente a través del proceso judicial abierto [lograron] que la Administración cuantificara el importe a pagar».
Basta con ver la sentencia para comprobar como en el fallo explica que «la Administración ha de proceder a abonar los atrasos a la recurrente e iniciar los ingresos de las mensualidades».
La resolución del juzgado contencioso es firme y una de las primeras que hay en Galicia en que la Xunta es condenada a pagar la ayuda reconocida y los atrasos generados.
Aunque ayer por la mañana le ingresaron ya unos 10.000 euros correspondientes a los atrasos acumulados desde la citada fecha hasta al mismo mes de este año, todavía tiene pendiente de cobro el resto de las mensualidades. La cuantía que pedían en el recurso era inferior a 13.000 euros. Nunca antes de ayer había recibido ningún tipo de ingreso.
«Aún falta que ingresen tres meses y luego que continúen, pero al llamar a la Xunta para que paguen comentan que carecen de presupuesto para hacerlo. Eso es algo que no puedes comprender», explicó el hijo de la afectada, José Luis Cortez.
Hace un año, la delegación provincial de Benestar de A Coruña había dictado una resolución en la que reconocía que Isabel González Fidalgo se hallaba en estado de dependencia. Por ello, tenía derecho a una ayuda, pero, como explica la familia, «únicamente a través del proceso judicial abierto [lograron] que la Administración cuantificara el importe a pagar».
Basta con ver la sentencia para comprobar como en el fallo explica que «la Administración ha de proceder a abonar los atrasos a la recurrente e iniciar los ingresos de las mensualidades».
La resolución del juzgado contencioso es firme y una de las primeras que hay en Galicia en que la Xunta es condenada a pagar la ayuda reconocida y los atrasos generados.
viernes, 20 de noviembre de 2009
Premio a la mala gestión
Avapsa, blanco de críticas por la Dependencia, elegida para gestionar la ayuda a los más pobres de la Renta Garantizada
La Consejería de Bienestar Social creó en 2006 la mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa) para hacerse cargo de la ley de la Dependencia. Desde que la norma echara a andar, hace casi tres años, no parece que Avapsa se haya distinguido por su eficacia, de acuerdo con distintos informes que sitúan a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley. Pese a ello, Bienestar Social ha decidido que esta misma empresa pública sea la encargada de gestionar otra de las leyes que se le han atascado a la consejería, la de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que otorga ayudas a personas en riesgo de exclusión social...
Encomienda de gestión
- Objeto de la encomienda: Prestar un servicio social de carácter esencial por parte de la sociedad mercantil de la Generalitat, Avapsa, Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, consistente en trabajos y actuaciones de carácter administrativo que resulten necesarios para la gestión de los expedientes de solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
- Plazo: Comenzará el 15 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre de 2010.
- Precios: El importe de la encomienda de servicios asciende a 1,14 millones de eu
- Objeto de la encomienda: Prestar un servicio social de carácter esencial por parte de la sociedad mercantil de la Generalitat, Avapsa, Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, consistente en trabajos y actuaciones de carácter administrativo que resulten necesarios para la gestión de los expedientes de solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
- Plazo: Comenzará el 15 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre de 2010.
- Precios: El importe de la encomienda de servicios asciende a 1,14 millones de eu
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Socorro
Si las cosas fuesen medianamente bien, que no es el caso, importaría un pimiento que el presidente de la Generalitat, en pleno uso de sus facultades,...
Marcha Naranja en Valencia por la defensa de la Ley de Autonomia Personal y Dependencia
Video de Susana Hidalgo de la Manifestació de les Plataformes en defensa de la llei de Dependència el 16.05.09 a València contada per un Pau un xiquet amb paràlisi cerebral. Feu córrer la veu de la denúncia davant la injusticia que comet el Govern Valencià que ens afecta a tots, perquè com diu Pau "avui sóc jo demà pots ser tú"
viernes, 13 de noviembre de 2009
La Comunidad de Madrid sortea con una ley un fallo judicial y mantiene el caos sobre dependencia
Todo estaba atado y bien atado. La Comunidad de Madrid ya sabía -sus propios servicios jurídicos lo auguraban- que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), conocida el lunes, le impediría ampararse en el silencio administrativo de seis meses para no reconocer el derecho de un dependiente a ser valorado.
Y por eso, el 5 de noviembre, antes de conocerse el fallo, ya habían preparado un proyecto de ley, la de Medidas Liberalizadoras -se aprobará en diciembre-, que consagra esa coartada para demorarse en la atención a estas personas. Nada cambia, pues, para los más de 8.000 discapacitados que llevaban más de seis meses de espera y que pensaban que con la sentencia del TSJM habían conseguido de manera automática la condición de dependientes con derecho a alguna prestación...
jueves, 12 de noviembre de 2009
Cuatro de cada diez beneficiarios de la Ley de Dependencia de la Comunitat están en lista espera
El 39,72 por ciento de las personas a las que se les ha reconocido como beneficiarias del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana se encuentran en lista de espera para que les asignen los servicios a los que tienen derecho.
Así lo asegura un informe del sindicato CCOO, que indica que el grado de implantación del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana es, tras el de Madrid, el más bajo de España, ya que los dictámenes solo alcanzan el 0,76 por ciento sobre el total de población
Así lo asegura un informe del sindicato CCOO, que indica que el grado de implantación del Sistema de Dependencia en la Comunitat Valenciana es, tras el de Madrid, el más bajo de España, ya que los dictámenes solo alcanzan el 0,76 por ciento sobre el total de población
miércoles, 11 de noviembre de 2009
La conselleria rebaja la clasificación de los beneficiarios del bono para ahorrarse 100.000 euros
P. G. B. VALENCIA ?Los usuarios supraasistidos que requieren cuidados y atenciones especiales ya no lo son para la Conselleria de Bienestar Social que repentinamente ha decidido catalogarlos como asistidos o semiasistidos (una o dos categorías menos) para ahorrarse un buen puñado de euros, que pueden ascender a unos cien mil, al indicar en una resolución que esta nueva clasificación, que es el baremo que se utiliza para abonar el bono residencia, tendrán carácter retroactivo desde enero de 2009...
Las protestas enmiendan la Ley de Dependencia
Las administraciones empiezan a escuchar las reivindicaciones de las asociaciones de enfermos, cada vez más numerosas. Las principales quejas se centran en el retraso en la concesión de prestaciones.
Una persona con esquizofrenia puede vestirse y comer sola. Otra cosa es que, sin nadie que le supervise, sea capaz de salir con bufanda a la calle en pleno agosto o de comer hasta reventar. Esta realidad no se ve reflejada en el baremo de la dependencia, el cuestionario que determina hasta qué punto una persona necesita ayuda en su día a día. Por eso, las asociaciones de personas con enfermedad mental sentían que la Ley de Dependencia les ninguneaba...
martes, 10 de noviembre de 2009
La Justicia condena la Ley de Dependencia en Madrid
La Justicia madrileña dio ayer un espaldarazo a los miles de personas que se quejan del retraso de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la región. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estableció que cuando la Comunidad de Madrid tarde más de seis meses en determinar el grado y nivel de dependencia de quien pide las ayudas, se considerará, automáticamente, que se ha reconocido su derecho a recibirlas
El Alto Tribunal anuló así el artículo 5 de la Orden que regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la región, y que establece que el silencio administrativo se debe entender como negativo. La Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, que recurrió la Orden autonómica, aplaudió la sentencia...
lunes, 9 de noviembre de 2009
La atención a los dependientes no podrá denegarse por silencio administrativo, según una sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el sistema de la Comunidad de Madrid, según el cual si a los seis meses no se recibía contestación suponía la negativa de la Administración a prestar el servicio
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente la demanda interpuesta por la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón contra la Orden 2386/2008 mediante la cual se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia, informaron hoy fuentes del colectivo. Este hecho conlleva, según explicaron desde la Plataforma, la anulación del proceso de regulación establecido por la Comunidad de Madrid, según el cual el silencio administrativo transcurridos seis meses desde la solicitud conllevaba la denegación automática de la condición de dependiente.
La sentencia del TSJM anula por tanto el artículo 5 de la citada Orden, lo que supone que "a partir de ahora todos los solicitantes que seis meses después de haber presentado su solicitud no hayan obtenido respuesta pueden entender que se les ha reconocido como dependientes y tienen, por tanto, derecho a las prestaciones y servicios que la ley establece", indicaron fuentes de la Plataforma.
El colectivo considera que esta sentencia tendrá "un efecto positivo como elemento dinamizador" de la tramitación de las solicitudes de dependecia, ya que estimaron que desde este momento "la Comunidad de Madrid deberá ser mas diligente en la tramitación", ya que de lo contrario "muchos madrileños habrán ganado su derecho a recibir las ayudas de la Ley de Dependencia sin poseer los requisitos para ello".
La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón está formada por la Asociación de Minusválidos de Alcorcón, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Subdotados de Alcorcón, la Asociación de Laringetomizados y la Organización Empresarial de Alcorcón
El colectivo considera que esta sentencia tendrá "un efecto positivo como elemento dinamizador" de la tramitación de las solicitudes de dependecia, ya que estimaron que desde este momento "la Comunidad de Madrid deberá ser mas diligente en la tramitación", ya que de lo contrario "muchos madrileños habrán ganado su derecho a recibir las ayudas de la Ley de Dependencia sin poseer los requisitos para ello".
La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón está formada por la Asociación de Minusválidos de Alcorcón, la Asociación de Padres y Amigos de Niños Subdotados de Alcorcón, la Asociación de Laringetomizados y la Organización Empresarial de Alcorcón
El Gobierno y la Generalitat dedican casi el mismo dinero a los dependientes
El esfuerzo financiero del Estado asciende a 105 millones y el del Consell a 98,8 - El coste por persona en la Comunitat Valenciana supone 11.729 euros anuales
En el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central aportará 105,7 millones de euros en 2009 (el 41%), según los niveles mínimos acordados con cada autonomía. Los usuarios cofinanciarán en 2009 (a través de sus pensiones o las cotizaciones a la seguridad social de los asistentes) el 19,8% (50,4 millones). Por lo tanto, si el coste total de los servicios y prestaciones que se dará a los dependientes asciende a 255 millones sólo en la Comunitat Valenciana, una simple resta desvela que la Generalitat aporta 98,8 millones de euros, el 38,8% del esfuerzo financiero, lo que la sitúa en la media del cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Aunque la diferencia entre lo que aporta cada administración en el caso de la Comunitat Valenciana se acrecienta si se añaden a los 105,7 millones que aporta el Gobierno otros 36 millones del fondo estatal. Con este este cálculo la aportación del Estado a los dependientes valencianos en 2009 sumaría 141,8 millones (el 55,6%) y la aportación de la Generalitat se reduciría hasta los 62,7 millones (el 24,6%).
Bienestar Social implantará en 2010 una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció hoy que el próximo año se implantará una tarjeta acreditativa para personas con discapacidad, que beneficiará a las más 300.000 personas residentes en los municipios de la Comunitat Valenciana que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento...
viernes, 6 de noviembre de 2009
Tres autonomías reciben más dinero para dependencia del que reparten
Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido el coste por persona dependiente en 9.256 euros anuales. De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega más de 6.100 por persona atendida...
miércoles, 4 de noviembre de 2009
La familia de un discapacitado intelectual asume un sobreesfuerzo económico que llega a los 31.600 euros
Feaps denuncia que la Comunitat Valenciana está a la cola en ayudas a las personas con discapacidad
Carlos es el padre de María, una joven de 27 años con parálisis cerebral. Es una gran dependiente que no se vale por si misma. Carlos es una de las decenas de miles de personas que en la Comunitat Valenciana no reciben las ayudas necesarias para poder atender a sus hijos discapacitados. "El reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia estatal contempla lo que llaman incompatibilidades, es decir que si recibes un tipo de ayuda no puedes optar a otra...
martes, 3 de noviembre de 2009
El Colegio de Abogados forma a los letrados en la Ley de la Dependencia
¡ Por fin! Desde la plataforma nos congratulamos con la noticia.
El Colegio de Abogados de Valencia ( ICAV ) inaugura hoy un curso para abogados para «ofrecer la mejor formación especializada a los abogados que puedan orientar jurídicamente a cualquier beneficiario de la Ley de Dependencia», como indicó la vicedecana y responsable del Área de Formación, María José Santa Cruz.
El Colegio de Abogados de Valencia ( ICAV ) inaugura hoy un curso para abogados para «ofrecer la mejor formación especializada a los abogados que puedan orientar jurídicamente a cualquier beneficiario de la Ley de Dependencia», como indicó la vicedecana y responsable del Área de Formación, María José Santa Cruz.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Bienestar Social incorporará en su web un test de autoevaluación de dependencia
VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció hoy que a partir del próximo mes de noviembre se incorporará a la web de la Conselleria un test de autoevaluación de dependencia, que permitirá obtener información "sencilla y orientativa" de cuál puede ser el grado y nivel de dependencia del usuario. Según Such, "aunque no tiene efecto legal, se trata de un instrumento fiable, sencillo y fácil de manejar"...
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció hoy que a partir del próximo mes de noviembre se incorporará a la web de la Conselleria un test de autoevaluación de dependencia, que permitirá obtener información "sencilla y orientativa" de cuál puede ser el grado y nivel de dependencia del usuario. Según Such, "aunque no tiene efecto legal, se trata de un instrumento fiable, sencillo y fácil de manejar"...
" Que la persona dependiente pueda autoevaluarse está bien como información, pero, una vez conocido el grado y nivel ¿seguiremos como hasta ahora esperando que la persona responsable de turno, haga ágil y cumpla los plazos que marca la ley?. Porque señora Angélica Such, estamos artos y artas de recursos y noticias que no nos solucionan los problemas, ni hacen que los que estamos a la espera de la resolución del expedirnte y de la aprobación del PIA, suframos la dejadez o desidia de la conselleria de Bienestar Social" . La Plataforma
sábado, 31 de octubre de 2009
El Observatorio Valenciano de la Dependencia denuncia "absurdas incompatibilidades" en las prestaciones del sistema
El Observatorio Valenciano de la Dependencia denunció hoy las "absurdas incompatibilidades" que existen entre las prestaciones del sistema valenciano ya que, los decretos aprobados por la Conselleria de Bienestar Social "impiden complementar diversos servicios como el centro de día, la atención residencial o las prestaciones económicas".
Según informaron fuentes del organismo en un comunicado, esta situación provoca que una persona en situación de dependencia "se quede en casa, perdiendo su derecho a ir a un centro o, por el contrario, que vaya a un centro sin tener a alguien que le cuide y atienda el resto del tiempo"...
Según informaron fuentes del organismo en un comunicado, esta situación provoca que una persona en situación de dependencia "se quede en casa, perdiendo su derecho a ir a un centro o, por el contrario, que vaya a un centro sin tener a alguien que le cuide y atienda el resto del tiempo"...
jueves, 29 de octubre de 2009
De interés: El informe liberal de la Comisión de Dependencia del Congreso
Para leer el articulo completo pinchar en el titulo
Una de las leyes más importantes que aprobaron las Cortes españolas fue la que se llama comúnmente Ley de Dependencia. Esta Ley universalizó el derecho de acceso a los servicios de atención a las personas con discapacidades y dependencias. Gracias a esta ley, hoy hay en España cerca de medio millón de personas que están recibiendo tales ayudas, (con un millón de personas que han sido ya valoradas para saber el tipo de ayudas que necesitan, y 754.000 a las que se les ha reconocido tal derecho). No hay duda que se está estableciendo un nuevo componente del estado del bienestar español que irá extendiéndose rápidamente mejorando la calidad de vida de amplios sectores de nuestra población, enriqueciendo al todavía muy escasamente desarrollado estado del bienestar español (ver mi artículo “El subdesarrollo social de España. Público. 22.10.09)
El día 21 de este mes, octubre, se dio a conocer el informe de una Comisión establecida hace un año por el Congreso, que tenía como objetivo analizar cómo se ha estado desarrollando esta ley, con propuestas para su mejoramiento.
miércoles, 28 de octubre de 2009
La plataforma de dependientes lee la cartilla a la consejera
Aún quedan centenares dependientes que iniciaron la tramitación de sus ayudas el año 2007 y siguen esperando que se resuelva su solicitud. Y personas que aguardan hasta seis meses desde que se les reconoce el derecho a cobrar una prestación hasta que comienzan a percibir el dinero.
Estos fueron algunos de los reproches que las distintas plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana trasladaron ayer a la consejera de Bienestar Social, Angélica Such. La responsable de la política social del Consell se comprometió a estudiar y responder a estas dos cuestiones, así como sobre los retrasos en la regulación del asistente personal.
RETRASO EN LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
Estamos recibiendo diversas llamadas donde se nos comunica que muchas de las personas que firmaron el P.I.A. en abril o mayo del presente año aún no han recibido la prestacion económica concedida. Parece ser que la información que se dá desde la Consellería no aclara cuando se va a comenzar a cobrar. Han pasado seis meses y todavía no se ha recibido nada, en esta situación estaís muchos de vosotros no sólo los que habéis solicitado la ayuda en el entorno familiar sino también la ayuda de servicio domiciliario. No la que otorgan los ayuntamientos sino la que debería llegar a través de la Ley de Dependencia donde te dan una lista de empresas para que eligas.
Os animamos desde aquí a que nos lo comuniquéis y así poder saber realmente a cuantas personas afecta esta situación.
Para poder comenzar a tomar medidas por vía judicial sería importante saber cuántas irregularidades se están cometiendo. Os agradeceríamos que nos las hicierais llegar al correo de la plataforma que todos conocéis o al mio personal palmiracastellano@live.com .
Estamos decididos a no dar un paso atrás en relación a los derechos que nos otorga la ley. Queremos que las distintas normativas que desarrollan los gobiernos de las comunidades autónomas NO sirvan para reducir nuestros derechos sino para ampliarlos. ¿Por qué en unas comunidades sí y en otras no?
Hay tantas preguntas sin respuesta... pero nosotros si que queremos darles una respuesta ante esta situación que vulnera los derechos de uno de los grupos más necesitados de atención. No vamos a dar un paso atrás ni para tomar impulso, los avances sociales siempre llegan lentamente pero cuando llegan no podemos consentir que nadie los retenga.
Mucho animo a todos,
Palmira Castellano (AVaDeC)
martes, 27 de octubre de 2009
REUNIÓN MANTENIDA EN LA CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
REUNIÓN MANTENIDA EN LA CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL CON LA CONSELLERA SRA. DÑA. ANGÉLICA SUCH EN EL DÍA DE HOY, 27 DE OCTUBRE DE 2009, A LAS 13:00 HORAS
Las “Plataformas de la Comunidad Valenciana en Defensa de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, se han reunido a las 13:00 horas del día de la fecha, en la Conselleria de Bienestar Social con su titular, la consellera Sra. Dña. Angélica Such.
Las plataformas han expuesto las deficiencias, según ellas, en la aplicación de esta ley en nuestra comunidad.
Las plataformas han expuesto las deficiencias, según ellas, en la aplicación de esta ley en nuestra comunidad.
1º.- Ante la demanda de que las solicitudes presentadas en 2007 queden resueltas antes de dos meses (final de 2009), la consellera no se compromete a su resolución pero sí a estudiar el porqué del retraso y hasta dónde van a poder llegar, y en el plazo de 15 dias comunicarlo a las Plataformas.
2º.- Se le solicita que una vez recibida la resolución del PIA, con la prestación correspondiente, se haga efectiva en el plazo máximo de un mes. Sobre este punto dice que lo estudiará y dará una respuesta.
3º.- Se le ha pedido una regulación y desarrollo de la figura del asistente personal, urgente para grandes dependientes. No se compromete a su resolución pero también dará una respuesta en 15 dias.
4º.- Respecto a la petición de la retirada del decreto del régimen de incompatibilidades, la consellera no tiene voluntad de retirarlo , aludiendo que lo que hay que hacer es llegar donde no hay ningún recurso y no pensar en un segundo antes de resolver los anteriores situaciones. Según ella hay que priorizar objetivos y recursos. Sí se compromete a que existen clausulas de flexibilización que atiendan a situaciones concretas.
5º.- Le pedimos la retroactividad con arreglo a Ley incluyendo a las personas fallecidas. Ella considera respecto a este tema que debe haber un criterio homogéneo a nivel nacional y que hay que esperar a la decisión del Consejo Interterritorial.
6º.- Se solicita la descentralización y las resoluciones de los expedientes en las delegaciones territoriales provinciales de Bienestar Social. La consellera comenta que no hay suficientes recursos para llevarlo a cabo.
7º.- Respecto a la Salud Mental , aunque la plataforma considera debía de estar dentro del sistema general de salud con todos sus efectos sanitarios, considera que mientras que esté adscrito a Bienestar Social se dispondrá de recursos para atender a este colectivo. La consellera plantea que está planificada su ampliación y se compromete a facilitar todas las cifras y datos de los recursos en próximas reuniones. A pesar de ello le manifestamos la absoluta carencia de plazas en especial públicas.
Por último se juzga críticamente el borrador del proyecto del Bono para Enfermedades Mentales (BONEM). La consellera nos remite a reuniones posteriores para su modificación, si cabe.
Se termina la reunión expresando por parte de las Plataformas la opinión de que es una vergüenza que para que se aplique la Ley de Dependencia tengamos que recurrir a los tribunales de justicia.
AVADEC muestra su “indignación” por el retraso y anima a recurrir a los Tribunales
"Se incumple la ley de plazos del procedimiento administrativo, no se está haciendo caso de la retroactividad, y no tenemos compatibilidad de recursos", ha denunciado Castellano, quien ha afirmado que los dependientes valencianos no quieren sentirse "ciudadanos de segunda".Asimismo, ha criticado que desde el Consell "se está creando un servicio doble, que en vez de beneficiar al usuario y a la persona que lo necesita, está haciendo que se despilfarren los recursos y que el dinero que hay no llegue a las personas necesitadas"...
jueves, 22 de octubre de 2009
La salud no decidirá la ayuda al dependiente. Un nuevo informe detallará qué tipo de apoyos precisan los ancianos
Gobierno y comunidades están negociando la inclusión de un nuevo informe en el que se determinarán las necesidades de apoyo de las personas dependientes, más allá del certificado médico que cada usuario aporta para optar a las ayudas previstas. Se baraja que sea un equipo multidisciplinar el que decida si el beneficiario precisa una plaza de residencia o una asistencia a domicilio, por ejemplo. Terapeutas, trabajadores sociales y personal sanitario podrían formar parte de esos equipos que redactarán el "informe de salud descriptivo".
martes, 20 de octubre de 2009
Sólo el 0,43% de los dependientes recibe una prestación
Mayans ha hecho referencia al informe del Ministerio de Sanidad de Política Social elaborado por el Imserso que, con fecha de 1 de octubre, revela que en la Comunitat el porcentaje de personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población es de un 0,43 por ciento, lo que supone 21.747 personas
"Da igual que quien esté al frente de Bienestar Social se llame Juan Cotino o Angélica Such, porque quien "debe marcar la directriz del Consell es Francisco Camps",...
lunes, 19 de octubre de 2009
Bienestar Social logra suspender el primer juicio por la Ley de Dependencia
La juez levanta la vista al plantear el abogado de la Generalitat que la demanda se traslade al TSJ
Información > Alicante JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ:
Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.
La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.
Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.
Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.
Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.
Información > Alicante JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ:
Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.
La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.
Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.
Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.
Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.
jueves, 15 de octubre de 2009
VISTA ORAL DEL CASO JAVIER MÉNDEZ Y SU HIJA AYEISA
Desde la Plataforma de Valencia apoyamos y nos solidarizamos con Javier y Ayeisa, en la vista oral que se celebrará el viernes 16 de octubre a las 9'30 horas en la sala nº 1 de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, C/. Pardo Jimeno. Se invita a todos los que puedan, acudan a apoyar a la familia.
PORQUE ES UN DERECHO DE LAS PERSONAS y no tengamos que recurrrir a la justicia, porque la administación incumple con la ley.
martes, 13 de octubre de 2009
´Mi padre murió sin recibir las ayudas y mi madre lleva dos años esperándolas´
Un hombre denuncia el retraso en las ayudas de la Dependencia a sus padres de Torrent tras años de trámites.
Julián Escribano Santiago lleva más de dos años de trámites y quejas ante diferentes instancias de la Administración para lograr que las ayudas de la Ley de Dependencia que le corresponden a su familia les lleguen...
Julián Escribano Santiago lleva más de dos años de trámites y quejas ante diferentes instancias de la Administración para lograr que las ayudas de la Ley de Dependencia que le corresponden a su familia les lleguen...
La mitad de los dependientes con derecho a ayuda aún no la reciben
Los trámites para solicitar la prestación se prolongan hasta dos años en la Comunitat aunque el Consell promete acortar a la mitad los plazos
«El 2 de enero de 2007 solicité la ayuda. Me valoraron y ahora en junio me declararon el nivel. Estoy en silla de ruedas y tengo un 78% de discapacidad. Hasta la fecha no he cobrado ni una peseta». La odisea de Javier Aparici, de Puerto de Sagunto, podría tener muchas caras. Personas dependientes que esperan ayuda. La mitad de los 57.000 valencianos que cuenta con el visto bueno aún no las han recibido.
Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es»,...
Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es»,...
Trinidad Jiménez convocará en febrero a las autonomías para buscar mayor coordinación en salud y protección social
La ministra Trinidad Jiménez señaló que antes de que finalice el año se va a iniciar una "amplia reflexión" para definir y completar iniciativas en el ámbito sociosanitario que permitan dar respuesta a las necesidades de las personas dependientes y con patologías crónicas, desde una "perspectiva integradora", en la que las políticas sanitarias y las políticas sociales estén presentes y coordinadas.
lunes, 12 de octubre de 2009
La mayor parte de las familias con dependientes reciben ayudas económicas, por encima de residencias y centros de día
Las prestaciones económicas para el cuidado de personas dependientes en el entorno familiar suponen uno de cada dos casos en la Comunidad Valenciana y superan ya a los ingresos en residencias. Esta herramienta, que la Ley de Dependencia preveía otorgar excepcionalmente, está siendo la más utilizada en la Comunidad -también en el resto del país- frente a otro tipo de servicios recogidos en la norma, como la ayuda a domicilio o la atención en centros de día.
Presenta nueve quejas ante el Síndic para cobrar la paga de Dependencia de su madre muerta
La hija de una anciana que murió con 96 años exige el abono retroactivo de laprestación al haberla cuidado durante 12 años
Desde que inició los trámites para solicitar la prestación que, desde primeros de 2007, la ley reconocía a su madre hasta la actualidad Isabel ha acudido hasta nueve veces al Síndic de Greuges a pedirle su amparo."La ayuda la solicité enseguida, en mayo de 2007 pero, viendo que no me hacían caso, a los nueve meses me fui al Síndic y entonces vinieron a evaluarla", explica Isabel, quien a partir de entonces decidió acudir al Defensor del Pueblo valenciano cada vez que vivía una injusticia en propia piel.
"Nueve veces he ido en total, la última cuando murió mi madre, en febrero de este año", agrega. La ayuda como cuidadora familiar se la aprobaron en noviembre de 2008. Y tuvo que reclamar que le pagaran tres meses y medio, porque inicialmente solo le querían abonar uno y medio.Ahora Isabel quiere ir más allá y exige el pago retroactivo de la prestación desde la fecha de la solicitud. "A mi no me lo quieren reconocer pero a las residencias sí se lo están dando, ¿por qué?, ¿es que nos quieren castigar por haber cuidado de nuestros seres queridos? ", refiere esta vecina de Benimàmet, que asegura que ha ido a varios centros y en todos se abonan los atrasos. Y tiene claro que no va a claudicar.
miércoles, 7 de octubre de 2009
El Gobierno entrega 36 millones para dependencia
El Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) ha destinado a la Comunitat Valenciana 36 millones de euros para emprender actuaciones relacionadas con la atención a la Dependencia. Esta cantidad se divide en dos áreas, ya que 23,5 millones se destinarán a inversiones en programas de dependencia y para mejorar de la oferta de la red de servicios existente en centros de día, alojamientos residenciales, centros de prevención de la autonomía y para ampliar las plazas en centros de dependencia. levante-emv valencia
El Síndic y la dependencia
Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades. Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus impuestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo. De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor. Gustavo Zaragoza
martes, 6 de octubre de 2009
La Sindicatura de Greuges recibe unas 4.000 quejas en 2008, la mayoría sobre la Ley Dependencia
El Síndic ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.
La Sindicatura de Greuges recibió cerca de 4.000 quejas en 2008, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia, según ha afirmado el titular de la institución, José Cholbi.
El Síndic, quien ocupa el cargo desde marzo, presentó el pasado viernes a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, el informe correspondiente al año pasado, realizado bajo el mandato de su antecesora, Emilia Caballero, quien ocupó el cargo en funciones durante casi tres años.
Ha lamentado que el mayor número de quejas estén relacionadas con la Ley de Dependencia y ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.
El Síndic, quien ocupa el cargo desde marzo, presentó el pasado viernes a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, el informe correspondiente al año pasado, realizado bajo el mandato de su antecesora, Emilia Caballero, quien ocupó el cargo en funciones durante casi tres años.
Ha lamentado que el mayor número de quejas estén relacionadas con la Ley de Dependencia y ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.
lunes, 21 de septiembre de 2009
REUNION CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y CON EL DIPUTADO JOAN TARDA
Valencia, 16 de septiembre de 2009
LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EL AMPARO
Los representantes de la plataforma se reúnen el 16 de septiembre en Madrid con el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, para expresarle el desamparo en la que se encuentra la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, en comparación con el resto del Estado Español respecto a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia.
Las Plataformas ante la indefensión de los dependientes y familiares con la Administración de la Generalitat Valenciana, y agotadas la vía de negociación con la Sindicatura de Agravios, Consejería de Bienestar Social, Delegado del Gobierno y partidos políticos. Presentan al Defensor del pueblo un dossier de todo el movimiento ciudadano en la CV. y las quejas y denuncias que han realizado desde que se constituyeron.
QUEJAS PRESENTADAS
1. La puerta de entrada al sistema deben ser las instancias de la administración pública con experiencia en la gestión de los recursos que se reconocen en el catálogo (art.15 de la ley), los servicios sociales municipales de base. Instamos, por tanto, a eliminar las estructuras paralelas que no pueden desempeñar directamente funciones propias de la administración pública, como el caso de la mercantil AVAPSA s.a. a la que actualmente se le tiene encomendadas las funciones de valoración y propuesta del PIA. Por tanto, se considera indispensable el refuerzo de las ratios profesionales de los servicios sociales municipales mediante la correspondiente oferta pública de empleo, para desarrollar todo el procedimiento de reconocimiento, valoración, y prescripción de recursos, manteniendo la lógica coordinación con la administración autonómica.
2. Aplicación de mecanismos de información ágiles, útiles y veraces, para divulgar la Ley 39/2006 entre la ciudadanía valenciana. Considerando que la administración local debe tener especial protagonismo en la participación sobre estos mecanismos de información y divulgación. En este sentido es intolerable que la información sobre los expedientes administrativos de los/as ciudadanos/as se ejerza a través de un teléfono de información (900) que no depende directamente de una Administración Pública y que no corresponde a la necesidad de información de los ciudadanos y profesionales.
3. Cumplimiento de plazos legales establecidos para el proceso de reconocimiento del derecho y de las consiguientes prestaciones económicas, o en su caso, de servicios. El plazo admisible debería considerarse como el de 9 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se otorga resolución del Plan Individual de Atención (PIA).
4. Eliminación del silencio administrativo negativo. No tiene sentido cuando se presenta solicitud de valoración. La Ley de Presupuesto para 2008, en su Disposición Adicional Undécima establece: Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
a. En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo.
b. A los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, no se aplicará el régimen de silencio administrativo previsto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
5. Garantizar al ciudadano/a la elección mediante la verdadera puesta en marcha del catálogo. Con este fin resulta imprescindible la inversión pública; refuerzo de ratios profesionales en los servicios; ampliación de plazas en centros de día y residencias; el desarrollo de la norma autonómica sobre acreditación de centros y su aplicación.
6. Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, o en su caso, prestado desde servicios de la red pública (públicos o privados concertados y debidamente acreditados) pero en ningún caso mediante la Prestación Vinculada al Servicio que supone el nivel de privatización más salvaje y la indefensión total del/la ciudadano/a.
7. Garantizar el carácter de excepcionalidad de las prestaciones económicas frente a los servicios, tal y como expresaba el texto legal en su artículo 14. El Gobierno Valencia está haciendo de la Prestación al Cuidador en el Entorno Familiar y de la Prestación Vinculada al Servicio, los productos estrellas de la Ley, favoreciendo poco la generación de empleo de calidad.
8. Eliminar el régimen estricto de incompatibilidades regulado en norma valenciana (orden 5 de diciembre del 2007) que está provocando el retroceso, incluso, en derechos sociales que muchas familias y personas ya tenían adquiridos. Resulta inconcebible que se homologuen servicios de promoción de la autonomía (centros ocupacionales) con servicios de atención a situaciones de dependencia (centro de día), y que los/as ciudadanos/as se vean obligados a optar con la consiguiente perdida de derechos.
9. Solicitamos la retroactividad, tal y como expresa la propia norma valenciana a través del Decreto 171/2007 en su artículo 10: “4. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones o servicios se entenderá producido a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación; no obstante, si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo ningún servicio de los previstos en el catálogo en el momento de la solicitud, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
10. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la CV.
11. Exigir la creación del Comité Consultivo con la participación de los agentes sociales y colectivos ciudadanos/as como la Plataforma en Defensa de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a situaciones de Dependencia.
Ante la falta de respuesta y de implicación solicitan el amparo del Defensor del Pueblo y la amonestación al gobierno de la GV. Para que reconsidere su actitud ante los dependientes y familiares y ponga en marcha los recursos humanos y económicos necesarios, de carácter público para la correcta aplicación de la Ley.
Compromiso adquirido del Defensor del Pueblo con la Plataforma:
Recopilar información para realizar un estudio sobre el grado de aplicación de la ley en la CV. porque encuentra que no hay igualdad ante esta ley en los diferentes territorios del estado español, así como estudiar todas las quejas que se presenten ante el DP
Reunión en Congreso de Diputados con Joan Tardá
Las Plataformas también se reunieron en el Congreso de los Diputados, con uno de los redactores de la ley de Autonomía Personal, el Diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, Le Expusieron la situación vivida por los dependientes y familiares en la CV. Y le entregaron un dossier informativo realizado por la plataforma
El Diputado Tardá les comunica que en breve recibirá un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el grado de aplicación de las diferentes comunidades autónomas. Y reconoce que la CV. Está a la cola en la aplicación de la ley comprometiéndose a instar al gobierno de España que pese a la crisis mantenga los dineros adscritos a la dependencia en los presupuestos del estado de 2010, que en estos momentos se están negociando. Contribuir a denunciar esta situación e instar al gobierno español a hacerlo partiendo del informe realizado. Pedir la comparecencia de la ministra a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y ser altavoz de la problemática de la dependencia en la CV. También se comprometió que hablaría con el grupo parlamentario del PSOE para crear una subcomisión de seguimiento de la implantación y aplicación de la ley.
LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EL AMPARO
Los representantes de la plataforma se reúnen el 16 de septiembre en Madrid con el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, para expresarle el desamparo en la que se encuentra la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, en comparación con el resto del Estado Español respecto a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia.
Las Plataformas ante la indefensión de los dependientes y familiares con la Administración de la Generalitat Valenciana, y agotadas la vía de negociación con la Sindicatura de Agravios, Consejería de Bienestar Social, Delegado del Gobierno y partidos políticos. Presentan al Defensor del pueblo un dossier de todo el movimiento ciudadano en la CV. y las quejas y denuncias que han realizado desde que se constituyeron.
QUEJAS PRESENTADAS
1. La puerta de entrada al sistema deben ser las instancias de la administración pública con experiencia en la gestión de los recursos que se reconocen en el catálogo (art.15 de la ley), los servicios sociales municipales de base. Instamos, por tanto, a eliminar las estructuras paralelas que no pueden desempeñar directamente funciones propias de la administración pública, como el caso de la mercantil AVAPSA s.a. a la que actualmente se le tiene encomendadas las funciones de valoración y propuesta del PIA. Por tanto, se considera indispensable el refuerzo de las ratios profesionales de los servicios sociales municipales mediante la correspondiente oferta pública de empleo, para desarrollar todo el procedimiento de reconocimiento, valoración, y prescripción de recursos, manteniendo la lógica coordinación con la administración autonómica.
2. Aplicación de mecanismos de información ágiles, útiles y veraces, para divulgar la Ley 39/2006 entre la ciudadanía valenciana. Considerando que la administración local debe tener especial protagonismo en la participación sobre estos mecanismos de información y divulgación. En este sentido es intolerable que la información sobre los expedientes administrativos de los/as ciudadanos/as se ejerza a través de un teléfono de información (900) que no depende directamente de una Administración Pública y que no corresponde a la necesidad de información de los ciudadanos y profesionales.
3. Cumplimiento de plazos legales establecidos para el proceso de reconocimiento del derecho y de las consiguientes prestaciones económicas, o en su caso, de servicios. El plazo admisible debería considerarse como el de 9 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se otorga resolución del Plan Individual de Atención (PIA).
4. Eliminación del silencio administrativo negativo. No tiene sentido cuando se presenta solicitud de valoración. La Ley de Presupuesto para 2008, en su Disposición Adicional Undécima establece: Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
a. En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo.
b. A los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, no se aplicará el régimen de silencio administrativo previsto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
5. Garantizar al ciudadano/a la elección mediante la verdadera puesta en marcha del catálogo. Con este fin resulta imprescindible la inversión pública; refuerzo de ratios profesionales en los servicios; ampliación de plazas en centros de día y residencias; el desarrollo de la norma autonómica sobre acreditación de centros y su aplicación.
6. Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, o en su caso, prestado desde servicios de la red pública (públicos o privados concertados y debidamente acreditados) pero en ningún caso mediante la Prestación Vinculada al Servicio que supone el nivel de privatización más salvaje y la indefensión total del/la ciudadano/a.
7. Garantizar el carácter de excepcionalidad de las prestaciones económicas frente a los servicios, tal y como expresaba el texto legal en su artículo 14. El Gobierno Valencia está haciendo de la Prestación al Cuidador en el Entorno Familiar y de la Prestación Vinculada al Servicio, los productos estrellas de la Ley, favoreciendo poco la generación de empleo de calidad.
8. Eliminar el régimen estricto de incompatibilidades regulado en norma valenciana (orden 5 de diciembre del 2007) que está provocando el retroceso, incluso, en derechos sociales que muchas familias y personas ya tenían adquiridos. Resulta inconcebible que se homologuen servicios de promoción de la autonomía (centros ocupacionales) con servicios de atención a situaciones de dependencia (centro de día), y que los/as ciudadanos/as se vean obligados a optar con la consiguiente perdida de derechos.
9. Solicitamos la retroactividad, tal y como expresa la propia norma valenciana a través del Decreto 171/2007 en su artículo 10: “4. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones o servicios se entenderá producido a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación; no obstante, si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo ningún servicio de los previstos en el catálogo en el momento de la solicitud, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
10. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la CV.
11. Exigir la creación del Comité Consultivo con la participación de los agentes sociales y colectivos ciudadanos/as como la Plataforma en Defensa de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a situaciones de Dependencia.
Ante la falta de respuesta y de implicación solicitan el amparo del Defensor del Pueblo y la amonestación al gobierno de la GV. Para que reconsidere su actitud ante los dependientes y familiares y ponga en marcha los recursos humanos y económicos necesarios, de carácter público para la correcta aplicación de la Ley.
Compromiso adquirido del Defensor del Pueblo con la Plataforma:
Recopilar información para realizar un estudio sobre el grado de aplicación de la ley en la CV. porque encuentra que no hay igualdad ante esta ley en los diferentes territorios del estado español, así como estudiar todas las quejas que se presenten ante el DP
Reunión en Congreso de Diputados con Joan Tardá
Las Plataformas también se reunieron en el Congreso de los Diputados, con uno de los redactores de la ley de Autonomía Personal, el Diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, Le Expusieron la situación vivida por los dependientes y familiares en la CV. Y le entregaron un dossier informativo realizado por la plataforma
El Diputado Tardá les comunica que en breve recibirá un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el grado de aplicación de las diferentes comunidades autónomas. Y reconoce que la CV. Está a la cola en la aplicación de la ley comprometiéndose a instar al gobierno de España que pese a la crisis mantenga los dineros adscritos a la dependencia en los presupuestos del estado de 2010, que en estos momentos se están negociando. Contribuir a denunciar esta situación e instar al gobierno español a hacerlo partiendo del informe realizado. Pedir la comparecencia de la ministra a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y ser altavoz de la problemática de la dependencia en la CV. También se comprometió que hablaría con el grupo parlamentario del PSOE para crear una subcomisión de seguimiento de la implantación y aplicación de la ley.
jueves, 17 de septiembre de 2009
El PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes
El grupo socialista alertó ayer de que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento y en la Generalitat 7.135 solicitudes de vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y ayudas de la ley de dependencia. El concejal Julio Such señaló que sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, y lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los vecinos se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar. «Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes»,
lunes, 7 de septiembre de 2009
LA PRIMERA DEMANDA POR LA LEY DE DEPENDENCIA SE JUZGARÁ EN OCTUBRE
El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007
ÁFRICA PRADO: El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.
El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.
"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.
A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.
ÁFRICA PRADO: El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.
El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.
"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.
A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.
Tres consejeros para una ley atascada
La consejera Angélica Such es la tercera responsable de Bienestar Social encargada de aplicar la Ley de la Dependencia, una norma que no funciona -como apuntan diversos estudios- y que se ha convertido en un problema para el Consell.
Such acaba de aterrizar en un departamento que figura a la cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo de la ley. En la última tabla, a fecha 1 de septiembre, sólo Madrid estaba por debajo en número de solicitudes presentadas (el 0,87% de la población en la Comunidad Valenciana frente al 0,69 de Madrid y el 3,67% de Andalucía, en el otro extremo).
Such sabe a qué se enfrenta, señalan desde su departamento: "La consejera considera una prioridad el desarrollo de la ley, es consciente de que es una demanda social de primer nivel". De hecho, las mismas fuentes indican que ya se ha reunido con responsables del sector en su primera semana como responsable de Bienestar Social. Palmira Castellano, de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, no lo tiene tan claro: "Yo creo que no va a cambiar nada, porque la falta de actividad responde más a la actitud de un partido político que a la de los consejeros".
miércoles, 29 de julio de 2009
Veinte meses esperando
Desde el día 17 de julio de 2009 no puedo cerrar los ojos de asombro al leer un artículo en este diario cuyo titular era: «El bloqueo a la Ley de Dependencia reduce en 60 millones la financiación del Consell». Paso a relatar mi caso particular. Mi padre está evaluado y declarado «gran dependiente» desde noviembre de 2007, repito, noviembre de 2007 y punto final, es decir desde esta fecha no hemos tenido noticias del Consell, ni buenas ni malas, todo lo que se nos ha proporcionado han sido informaciones, cuando las hay, turbias, escasas y contradictorias, nos hemos dejado la piel en averiguaciones, intentos nulos de recabar algún dato que nos haga ver el final de este oscuro túnel... Entonces ¿me puede aclarar alguien qué ha querido decir el señor Gerardo Camps cuando dice que: «Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra Comunidad», porque claro, si lo aplicamos al caso particular mi padre ya está siendo «menos» que los enfermos dependientes de cualquier otra Comunidad y, fíjese qué cosas, precisamente por culpa de su mala gestión. Señor conseller: ¿no es injusto que mi padre lleve la friolera de 20 meses esperando recibir una ayuda que le corresponde por ley sólo porque ustedes no han gestionado bien los recursos?, ¿no es insolidario que una persona como mi padre tenga que emplear el 80% de su pensión en un centro de día que no subvenciona la Generalitat y que lleve 20 meses esperando una «ayuda» para poder costearlo? ¿Y no es desigual, señor Camps, el trato que recibe mi padre en relación a un enfermo dependiente de la Comunidad catalana? Señor Camps: ¿es que mi padre es menos que los demás? Por favor agilicen la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana ya. Porque a lo mejor para el próximo reparto de financiación mi padre ya no será una cifra más que les sirva para pedir dinero para «vete tú a saber qué». Piénselo como solución práctica, como les gusta a ustedes... Ojalá se pudieran transmitir con palabras los sentimientos de rabia e impotencia. Nuria Pérez Antón
jueves, 9 de julio de 2009
Cartas al director > Protección a los que lo necesitan
Ayer, día 3 de julio, ha salido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la ley de Francisco Camps sobre la protección a la maternidad.
En su preámbulo hace referencia al artículo 39 de la Constitución española que establece que los «poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley independientemente de su filiación y de su madre, sea cuál sea su estado civil».
También se cita el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros se centrará primordialmente a la «defensa integral de la familia, la protección específica y tutela social del menor, la asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión o discriminación social».
Esta ley, que en definitiva viene a contestar la ley de Gobierno central sobre el aborto, que yo no voy a entrar a valorar porque este tema es muy serio e importante y habría que tratarlo en profundidad, lo que quiero es hacerle al señor Camps, con todos mis respetos, una reflexión: ¿Qué defensa, protección social, económica y jurídica, defensa integral de la familia ejerce don Francisco Camps con los niños, jóvenes y adultos, grandes dependientes y sus familias que están ahí, aquí y ahora y que no han sido valorados tan siquiera para disfrutar de los derechos de la Ley de Dependencia, que en esta Comunidad usted y su gobierno están incumpliendo, han boicoteado desde un principio -con fines partidistas-? En definitiva, es una desvergüenza en toda su extensión? ¿Qué hacemos los grandes dependientes y sus familias?, ¿nos arreglamos como podamos?
Mire, señor Camps, no ejerza una doble moral, no tenga dos varas de medir, nuestros grandes dependientes y sus familias le exigimos prontitud en la resolución de nuestras solicitudes presentadas en el 2007, familias en muchos casos como dice el artículo 10.3 del Estatuto sufren marginación, ansiedad y depresión. Mercedes Pastor Bardisa
Miembro de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca
Viernes 03 de julio de 2009
En su preámbulo hace referencia al artículo 39 de la Constitución española que establece que los «poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley independientemente de su filiación y de su madre, sea cuál sea su estado civil».
También se cita el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros se centrará primordialmente a la «defensa integral de la familia, la protección específica y tutela social del menor, la asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión o discriminación social».
Esta ley, que en definitiva viene a contestar la ley de Gobierno central sobre el aborto, que yo no voy a entrar a valorar porque este tema es muy serio e importante y habría que tratarlo en profundidad, lo que quiero es hacerle al señor Camps, con todos mis respetos, una reflexión: ¿Qué defensa, protección social, económica y jurídica, defensa integral de la familia ejerce don Francisco Camps con los niños, jóvenes y adultos, grandes dependientes y sus familias que están ahí, aquí y ahora y que no han sido valorados tan siquiera para disfrutar de los derechos de la Ley de Dependencia, que en esta Comunidad usted y su gobierno están incumpliendo, han boicoteado desde un principio -con fines partidistas-? En definitiva, es una desvergüenza en toda su extensión? ¿Qué hacemos los grandes dependientes y sus familias?, ¿nos arreglamos como podamos?
Mire, señor Camps, no ejerza una doble moral, no tenga dos varas de medir, nuestros grandes dependientes y sus familias le exigimos prontitud en la resolución de nuestras solicitudes presentadas en el 2007, familias en muchos casos como dice el artículo 10.3 del Estatuto sufren marginación, ansiedad y depresión. Mercedes Pastor Bardisa
Miembro de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca
Viernes 03 de julio de 2009
miércoles, 1 de julio de 2009
´Me quitan la pensión y la ayuda de mi hija no llega´
La joven de Burjassot tiene un grado de minusvalía del 89% y lleva 8 años postrada en una cama.
JESSICA F. PEÑA BURJASSOT
A Francisca Ruiz no le da ninguna vergüenza decir que está viviendo "dignamente, pero como una miserable" ya que su situación económica y familiar es "muy dramática". Lo que sí le daría vergüenza "es que la gente viera que no tengo a mi familia atendida, porque para mí ellos son lo primero".
Esta mujer lleva al cuidado de su hija Alicia desde que ésta sufrió un accidente y quedó postrada en una cama en su casa de Burjassot. Desde entonces sólo se separa de ella las horas que la chica acude a un centro de día desde hace un año. Pero las desgracias no han parado de llegar a esta familia desde hace más de una década.
Y es que a Francisca le diagnosticaron un cáncer de mama hace diez años y tuvo que someterse a un duro tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía de la cual le ha quedado una gran cicatriz. Además, tiene artrosis en las manos, lumbago y un grado de minusvalía del 58%. Por ello, hasta el año pasado le pagaban cerca de 300 euros, que dejó de percibir porque cambiaron los baremos que rigen este tipo de ayudas no contributivas. Ahora no cobra nada.
Así que su familia sobrevive con los menos de 500 euros que el Estado paga por la discapacidad de Alicia. Pero las ayudas que Francisca solicitó para la Ley de Dependencia hace dos años no han llegado. Ni siquiera le han confirmado que se la vayan a dar a pesar de que su hija tiene un grado de discapacidad de 89%. "No se puede levantar, lleva paquete, le tenemos que dar de comer, de beber, la bañamos entre dos o tres porque es muy grande y no podemos con ella", recalcó esta vecina de Burjassot.
"Es una gran injusticia. Me quitan la pensión y la ayuda para mi hija no llega. No tenemos prácticamente ni para comer", manifestó.
Solidaridad de vecinos y ayuntamiento
Los vecinos conocen bien la situación de Francisca y su familia. Y son muchos los que se vuelcan con ella. El hecho de tener en acogimiento a los dos nietos también le reporta unas ayudas mensuales que, la mayoría de veces, no llegan ni a los 100 euros por cada uno. Y si no tiene leche para que desayunen, su vecina Carmen Collado le da dos vasos. Lo mismo que hace Francisca cuando alguien la necesita. Algunas tiendas del barrio donde vive, las 613 viviendas de Burjassot, fían a esta mujer para poder alimentar a su familia. Y es que el dinero que corresponde a su hija Alicia por su dependencia iría a parar al centro de día de Ivadis donde acude a diario y continuará pagando de su bolsillo otros 120 euros. El consistorio paga a la eléctrica.
j. f. p. burjassot
JESSICA F. PEÑA BURJASSOT
A Francisca Ruiz no le da ninguna vergüenza decir que está viviendo "dignamente, pero como una miserable" ya que su situación económica y familiar es "muy dramática". Lo que sí le daría vergüenza "es que la gente viera que no tengo a mi familia atendida, porque para mí ellos son lo primero".
Esta mujer lleva al cuidado de su hija Alicia desde que ésta sufrió un accidente y quedó postrada en una cama en su casa de Burjassot. Desde entonces sólo se separa de ella las horas que la chica acude a un centro de día desde hace un año. Pero las desgracias no han parado de llegar a esta familia desde hace más de una década.
Y es que a Francisca le diagnosticaron un cáncer de mama hace diez años y tuvo que someterse a un duro tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía de la cual le ha quedado una gran cicatriz. Además, tiene artrosis en las manos, lumbago y un grado de minusvalía del 58%. Por ello, hasta el año pasado le pagaban cerca de 300 euros, que dejó de percibir porque cambiaron los baremos que rigen este tipo de ayudas no contributivas. Ahora no cobra nada.
Así que su familia sobrevive con los menos de 500 euros que el Estado paga por la discapacidad de Alicia. Pero las ayudas que Francisca solicitó para la Ley de Dependencia hace dos años no han llegado. Ni siquiera le han confirmado que se la vayan a dar a pesar de que su hija tiene un grado de discapacidad de 89%. "No se puede levantar, lleva paquete, le tenemos que dar de comer, de beber, la bañamos entre dos o tres porque es muy grande y no podemos con ella", recalcó esta vecina de Burjassot.
"Es una gran injusticia. Me quitan la pensión y la ayuda para mi hija no llega. No tenemos prácticamente ni para comer", manifestó.
Solidaridad de vecinos y ayuntamiento
Los vecinos conocen bien la situación de Francisca y su familia. Y son muchos los que se vuelcan con ella. El hecho de tener en acogimiento a los dos nietos también le reporta unas ayudas mensuales que, la mayoría de veces, no llegan ni a los 100 euros por cada uno. Y si no tiene leche para que desayunen, su vecina Carmen Collado le da dos vasos. Lo mismo que hace Francisca cuando alguien la necesita. Algunas tiendas del barrio donde vive, las 613 viviendas de Burjassot, fían a esta mujer para poder alimentar a su familia. Y es que el dinero que corresponde a su hija Alicia por su dependencia iría a parar al centro de día de Ivadis donde acude a diario y continuará pagando de su bolsillo otros 120 euros. El consistorio paga a la eléctrica.
j. f. p. burjassot
La ´doctrina Gürtel´ de opacidad se extiende por el Consell "Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos"
LEVANTE 29/06/09
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos", se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos", se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).
martes, 30 de junio de 2009
UNA ADMINISTRACIÓN NADA PÚBLICA ( Relato de un familiar)
En estas páginas se describe la andadura, llena de obstáculos, de una familia que ha solicitado el derecho a ser atendido de uno de sus miembros en situación de dependencia valorada como Grado 3, Nivel 2, es decir, un “gran dependendiente”, según la norma.
El proceso del reconocimiento del derecho sabemos que es largo, tortuoso en cuanto a la documentación solicitada, la desinformación, la ida y venida de profesionales, la sensación de que no acabará nunca, puesto que resulta una quimera que se dé el cumplimiento de plazos que marca el texto legal... Este proceso se acompaña del dolor de la familia; del difícil desembolso económico para hacer frente a una plaza residencial privada para una persona suprasistida (porque la pública ya nos hicieron saber que era imposible); de la degeneración y el empeoramiento de la salud de la persona en situación de dependencia; del progresivo deterioro en las relaciones familiares que una situación de estas características mantenida durante muchas años conlleva; de una vigilancia y seguimiento absoluto al centro residencial que debe atender las necesidades de tu ser querido; de un cansancio psicológico que se mezcla con tristeza al darte cuenta que la calidad de vida, su salud, el dolor que padece, está expuesto a múltiples riesgos y no precisamente fisiológicos. Y en este calvario, en esta carrera interminable de obstáculos, aparece una ley que nos hace sabedores de un nuevo derecho: el derecho a ser atendido por encontrarse en una situación de dependencia y el derecho a que la familia no se sienta como el único posible colchón.
Pero nuestra administración debe considerar que hay que ser “merecedores” de tal “premio” que no “derecho”, que además del calvario propio de la situación vivida se deben añadir nuevos obstáculos que muestren nuestra capacidad ciudadana de “aguante”, sometiendo nuestra conciencia a un “lavado” en el que quede claro que no hay derechos sino aquellas ayudas que se te concederán si superas las pruebas, y sobre todo, si haces voto de silencio y asumes que “lo que te den, bueno es”, “ que más vale tarde que nunca”, “¿qué le vamos hacer? como familia debemos cuidarlo, aunque nos cueste la ruina, la salud mental, la salud familiar” y que “hay gente que esta peor...”
En definitiva, como parte de este entrenamiento de dos años de espera, de un maltrato continuado, del silencio de la administración cuando no de la mala información que ésta ofrece, hemos tenido que soportar una llamada por teléfono, una forma un tanto irregular de relacionarse con el ciudadano, sin nada por escrito, en la que por fin!, se nos hace merecedores de una plaza residencial!
Lo sorprendente de la llamada, lo significativo si pensamos en la relación administración-ciudadano/a, es la misión del profesional (no sabemos si funcionario o contratado por la mercantil AVAPSA) que nos ofrecía – a modo del comercial más burdo- plazas en residencias del Grupo Savia, sin alternativa. Bueno sí, la alternativa de paralización del procedimiento si se solicitaba una prestación vinculada al servicio o si se solicitaba la permanencia de la persona en la residencia en la que estaba, en la que tras años de esfuerzo ya se la conocía, se conocía su enfermedad y los requerimientos específicos de cuidado, se encontraba próxima al domicilio de los familiares, etc. En definitiva, en lugar de velar por el interés del ciudadano, incluso por la supervivencia del mismo al peligrar su vida si se producen cambios, y más aún, ejercer el derecho a la plaza residencial mediante la prestación vinculada al servicio o plaza concertada en el propio centro, opciones que permite la Ley 39/2006 y que incluso se habían prescrito por el profesional del Servicio Municipal de la Dependencia, se insiste en que la única opción es la plaza en las residencias en pueblos alejados del área metropolitana que pertenecen, casualmente, al Grupo Savia.Esta administración-nada pública- prefiere velar por los intereses de la familia, de una familia, la de Cotino, por los intereses del Grupo Savia, y los “servidores” de la administración recomiendan en un estilo de mal comercial “coja lo que le ofrezco que hay lista de espera, y de aquí a que se le de lo que quieren...”; vamos esto suena al estribillo de cualquier mercadillo “venga nenas, que me lo quitan de las manos” ¿Dónde queda en este triste escenario el derecho del ciudadano? ¿dónde quedan las políticas de apoyo a la familia que debieran expresarse en estas circunstancias?, ¿dónde queda la responsabilidad pública de responder a sus necesidades? ¿dónde queda el criterio de los profesionales que atienden a los mismos? ¿dónde queda incluso la ideología conservadora que procesan pero que impide, en la práctica, la “libre competencia”?
El proceso del reconocimiento del derecho sabemos que es largo, tortuoso en cuanto a la documentación solicitada, la desinformación, la ida y venida de profesionales, la sensación de que no acabará nunca, puesto que resulta una quimera que se dé el cumplimiento de plazos que marca el texto legal... Este proceso se acompaña del dolor de la familia; del difícil desembolso económico para hacer frente a una plaza residencial privada para una persona suprasistida (porque la pública ya nos hicieron saber que era imposible); de la degeneración y el empeoramiento de la salud de la persona en situación de dependencia; del progresivo deterioro en las relaciones familiares que una situación de estas características mantenida durante muchas años conlleva; de una vigilancia y seguimiento absoluto al centro residencial que debe atender las necesidades de tu ser querido; de un cansancio psicológico que se mezcla con tristeza al darte cuenta que la calidad de vida, su salud, el dolor que padece, está expuesto a múltiples riesgos y no precisamente fisiológicos. Y en este calvario, en esta carrera interminable de obstáculos, aparece una ley que nos hace sabedores de un nuevo derecho: el derecho a ser atendido por encontrarse en una situación de dependencia y el derecho a que la familia no se sienta como el único posible colchón.
Pero nuestra administración debe considerar que hay que ser “merecedores” de tal “premio” que no “derecho”, que además del calvario propio de la situación vivida se deben añadir nuevos obstáculos que muestren nuestra capacidad ciudadana de “aguante”, sometiendo nuestra conciencia a un “lavado” en el que quede claro que no hay derechos sino aquellas ayudas que se te concederán si superas las pruebas, y sobre todo, si haces voto de silencio y asumes que “lo que te den, bueno es”, “ que más vale tarde que nunca”, “¿qué le vamos hacer? como familia debemos cuidarlo, aunque nos cueste la ruina, la salud mental, la salud familiar” y que “hay gente que esta peor...”
En definitiva, como parte de este entrenamiento de dos años de espera, de un maltrato continuado, del silencio de la administración cuando no de la mala información que ésta ofrece, hemos tenido que soportar una llamada por teléfono, una forma un tanto irregular de relacionarse con el ciudadano, sin nada por escrito, en la que por fin!, se nos hace merecedores de una plaza residencial!
Lo sorprendente de la llamada, lo significativo si pensamos en la relación administración-ciudadano/a, es la misión del profesional (no sabemos si funcionario o contratado por la mercantil AVAPSA) que nos ofrecía – a modo del comercial más burdo- plazas en residencias del Grupo Savia, sin alternativa. Bueno sí, la alternativa de paralización del procedimiento si se solicitaba una prestación vinculada al servicio o si se solicitaba la permanencia de la persona en la residencia en la que estaba, en la que tras años de esfuerzo ya se la conocía, se conocía su enfermedad y los requerimientos específicos de cuidado, se encontraba próxima al domicilio de los familiares, etc. En definitiva, en lugar de velar por el interés del ciudadano, incluso por la supervivencia del mismo al peligrar su vida si se producen cambios, y más aún, ejercer el derecho a la plaza residencial mediante la prestación vinculada al servicio o plaza concertada en el propio centro, opciones que permite la Ley 39/2006 y que incluso se habían prescrito por el profesional del Servicio Municipal de la Dependencia, se insiste en que la única opción es la plaza en las residencias en pueblos alejados del área metropolitana que pertenecen, casualmente, al Grupo Savia.Esta administración-nada pública- prefiere velar por los intereses de la familia, de una familia, la de Cotino, por los intereses del Grupo Savia, y los “servidores” de la administración recomiendan en un estilo de mal comercial “coja lo que le ofrezco que hay lista de espera, y de aquí a que se le de lo que quieren...”; vamos esto suena al estribillo de cualquier mercadillo “venga nenas, que me lo quitan de las manos” ¿Dónde queda en este triste escenario el derecho del ciudadano? ¿dónde quedan las políticas de apoyo a la familia que debieran expresarse en estas circunstancias?, ¿dónde queda la responsabilidad pública de responder a sus necesidades? ¿dónde queda el criterio de los profesionales que atienden a los mismos? ¿dónde queda incluso la ideología conservadora que procesan pero que impide, en la práctica, la “libre competencia”?
Familiar de persona dependiente. Una entre tantas que están sufriendo la NO aplicación de la LEY por el delito de vivir en la Comunidad Valenciana. Esta C. V. que tanto queremos
miércoles, 24 de junio de 2009
RECOMENDACIONES DESDE LA PLATAFORMA
la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia, se ha reunido por 2ª vez con el Decano del Ilustre Colegio de Abogados, para solicitarle que se abra un tuno de oficio que atienda y asesore a los afectados por la Ley de la Autonomía Personal y Dependencia. Ante la lentitud que se percibe A LA PUESTA EN MARCHA de este servicio, desde la plataforma y (como nos sugirió el Decano del Ilustre Colegio de Abogados) por la complejidad y burocracia de los trámites en la Comunidad Valenciana RECOMENDAMOS:
- Se solicite asesoría y atención jurídica gratuita en:
Paseo de la Ciudadela, 2, bajo. 46003 Valencia
Horario de atención mañanas de 10 a 13 h.
Teléfono: 96 394 06 35
FAX: 96 394 06 36
E-Mail: turno@icav.es
Paseo de la Ciudadela, 2, bajo. 46003 Valencia
Horario de atención mañanas de 10 a 13 h.
Teléfono: 96 394 06 35
FAX: 96 394 06 36
E-Mail: turno@icav.es
También se puede solicitar en Valencia capital asesoria gratuita en los centros Municipales de Servicios Sociales de la zona donde se resida.
domingo, 21 de junio de 2009
La salud mental ´no es un negocio´
La Plataforma en defensa de salud mental pública de Valencia se ha concentrado esta mañana en la Plaza de la Virgen para reclamar mejoras y más apoyo por parte de los políticos.
Fuentes de la organización han denunciado que la ciudad de Valencia cuenta con 10.000 enfermos mentales graves y que 50.000 personas sufren esquizofrenia en la Comunitat Valenciana, de las cuales entre el 35 y e 50 por ciento no están en tratamiento.
miércoles, 17 de junio de 2009
La Comunidad Valenciana concentra junto a Madrid el 50% de las reclamaciones sobre dependencia
La Comunitat Valenciana y Madrid acumula más del 50% de las quejas al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes.
Así se desprende del informe de 2008 que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer en el Parlamento, y que señala que aún hay «un considerable número de ciudadanos que, teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho».
Así se desprende del informe de 2008 que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer en el Parlamento, y que señala que aún hay «un considerable número de ciudadanos que, teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho».
lunes, 15 de junio de 2009
El coro de la ministra Trinidad
Es un clamor la inequidad en la aplicación de la ley por comunidades autónomas. Es también una durísima realidad que miles de personas dependientes no vean satisfechas sus expectativas y además sean objeto de escarnios administrativos, retrasos injustificables o inexistencia de servicios adecuados, lo que nos lleva al abuso de las prestaciones económicas: la paguita de la dependencia que la ley recogía como excepcional.
viernes, 12 de junio de 2009
Treball social, crisi i model social valencià
Una de les primeres mesures que va prendre el Partit Popular en accedir al govern de la Generalitat l'any 1995 va ser tramitar una nova llei de Serveis Socials que -a pesar que va tenir una forta, extensa i imaginativa oposició per part d’un fum de col·lectius socials i sindicals i de la majoria de professionals del treball social- es va aprovar per una ajustada majoria. La nova llei de Serveis Socials va definir un model social en el qual el canvi fonamental, al marge de la retòrica del conseller d'aquella etapa, Sanmartín, va ser la negativa a configurar el Sistema de Serveis Socials, com un Sistema Públic.
“De aquellos polvos, estos lodos”. D'una banda, en els últims dotze anys el PP ha impulsat una "producció legislativa" desmesurada que no ha tingut un correlat de finançament adequat, ni un desenvolupament reglamentari coherent i, a mès i mès, tot aquest artefacte legislatiu està impregnat d'una càrrega moral excessiva que atén fonamentalment a defensar una intervenció social en línia amb els preceptes catòlics més conservadors. Un botó de mostra el constitueix la proposta d'una nova llei de "protecció de la maternitat" que es desdiu amb el tracte dispensat a moltes dones –amb xiquets- que es veuen obligades a acudir a centres d'acollida davant la falta de recursos propis.
D´altra banda, ha obert al lucre privat l'atenció dels sectors més vulnerables de la societat valenciana i fent abandó de la responsabilitat pública, han creat l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA), autoritzant amb això a una entitat de gestió privada la resolució d'expedients de demanda de drets subjectius.
S'han reformat lleis relatives a menors amb la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008 de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana i alhora s'han privatitzat Centres d'Ingrés (reeducació). La llei de Protecció de la família apareix amb un marcat accent d'exclusió de formes de convivència diferents a les establides per la moral catòlica o la llei de Mediació Familiar que després de molt soroll ha quedat en paper mullat. Els Centres dona-24hores són oficines que diuen derivar a dones amb problemàtiques socials dures als recursos adequats. A cap observador mínimament informat no se li escapa que més que derivar, el que fan és enviar a la deriva a dones que finalment es perden en els recursos del no-res.
Per fer, han fet fins a una llei de Valors d'Integració Social.
S'ha donat via lliure a les residències d'ancians de caràcter privat -de les quals un bon nombre són propietat de la família del Conseller de Benestar Social Juan Cotino- i s'ha suprimit el ja de per si molt qüestionat Bo-Residència, i programes com el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) ha anat perdent el seu caràcter universalista i ha reduït les hores d'atenció domiciliària a la seua més mínima expressió, en benefici de programes gracibles com el menjar a casa.
La gestió de les Pensions No Contributives i la seua escandalosa, lenta i burocràtica tramitació, amb esperes fins a de onze mesos, diu molt poc de l'eficiència del model social valencià.
La precarietat d'organismes públics d'atenció a les persones amb discapacitat, com el IVADIS, l'abandó de qualsevol projecció futura dels Centres Ocupacionals, la inhibició en els aspectes d'integració social dels malalts mentals,....configuren una situació de fet, en relació a aspectes fonamentals d'una política social progressista i solidària, que fa inviable una intervenció pública de qualitat, universal i solidària amb els sectors més vulnerables de la nostra comunitat.
S'han modificat els criteris que feien referència a la integració social dels destinataris de les Prestacions Econòmiques reglades (PER), passant a ser mers subsidis assistencials i que amb la nova llei de Renda Garantida de Ciutadania del 2007 -encara no s'ha fet efectiva cap prestació d'aquest dret a data d'hui- ha acabat de consolidar una idea i unes pràctiques contràries a l'Estat social de Dret i a la pròpia lletra de les lleis, i per últim constatar la deterioració sostinguda, per manca de finançament autonòmic, del Pla Concertat (amb l'Administració Central) de Prestacions Bàsiques que manté, encara hui i de forma molt precària, els Serveis Socials Municipals d'Atenció Primària.
Abundant en aquesta estratègia d'abandó de les responsabilitats públiques, en relació als drets subjectius de ciutadania que afecten als més febles, afegir la nefasta gestió autonòmica de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència promoguda pel govern central i avalada pel parlament espanyol.
Açò és: Els drets socials estan subjectes a partides pressupostàries que es respecten en molts contades ocasions i amb unes pràctiques de transferències discrecionals i continuades cap d'altres àmbits.
S'acaba el pressupost i s'acaben els drets.
La filosofia que inspira el model social valencià és la que “la millor política social és créixer i créixer econòmicament i crear llocs de treball”... amb els grans esdeveniments turístics. Amb això, queden bé davant la parròquia i alhora neguen la responsabilitat pública a atendre dignament a qui el mercat de treball expulsa o no accepta, ja siga per edat, discapacitat, falta d'habilitats, malaltia o problemàtiques d'exclusió sobrevingudes.
La plena ocupació ni ha existit ni existira. L'atur és consubstancial al sistema capitalista globalitzat. Davant això, els sistemes de protecció moderns han de protegir a les persones sense capacitat -per la causa que siga- d'accedir al treball assalariat. Així mateix, a les persones que tenint eixa capacitat de treballar perden la seua ocupació, se'ls ha de garantir l'accés a una protecció social, amb itineraris formatius orientats a la inserció sociolaboral, que els permeta viure dignament i amb això, augmentar possibilitats reals de reciclatge professional.
La responsabilitat pública en un Estat Democràtic i Social de Dret no pot delegar, com fa la Generalitat Valenciana, en un univers d'ONGs, algunes fortament subvencionades fins al punt que a gran quantitat d'elles se'ls haja caigut la N (de no governamental).
La idea de model social valencià, que proposa el PP, més que un model és un totum revolutum sense coherència democràtica ni tècnica amb un model progressista, sense partides pressupostàries adequades, ni perspectiva de futur. No és socialment útil i això s'evidencia amb les mesures extraordinàries que s'han hagut de prendre per part del Govern Valencià davant la situació de crisi i atur actual. No s'han reforçat els Serveis Socials Municipals i no obstant això s'han ampliat considerablement les ajudes d'emergència al marge de programes de formació i inserció per a l'ocupació o com en el cas de l'Ajuntament de València, l'alcaldessa Rita Barberà ha destinat un milió de € al marge dels Serveis Socials, perquè organitzacions caritatives o parròquies distribuïsquen borses de menjar entre qui ho demane. I per descomptat per a molts tampoc és un model valenciá i si no que li pregunten als centenars de valencians dependents que, al contrari que en la majoria de comunitats autònomes, on ja s'estan percebent aquestes prestacions, duen més de dos anys esperant la resposta de Conselleria a les demandes de les prestacions socials a les quals tenen dret.
Aquest model és un híbrid entre el negoci privat, la més estricta subsidiarietat de l'administració autonòmica i el no reconeixement dels drets subjectius i constitucionals de ciutadania. És un model que -des de la perspectiva del Treball Social- cal posar en qüestió de dalt a baix i sobretot de baix a dalt.
Al barroquisme legislatiu, la precarietat d'instruments tècnics, econòmics i socials i el desgavell polític que es troba actualment el Consell de la Generalitat, d'una banda, i per un altre, l'amplitud que va adquirint el territori de la precarietat i l'exclusió social es fa necessari -al meu judici- una reflexió profunda des dels àmbits sindicals, des de l'acció de les organitzacions socials i des del Treball Social per a reformular els projectes d'intervenció actuals.
L'Estat Democràtic i Social de Dret que defineix la Constitució del 78 hauria de garantir un conjunt de mesures de protecció social pròpies d'un Estat de Benestar Social avançat. No és així. En la pràctica, un dels pilars del Benestar Social es troba en el terreny dels Serveis Socials i la nova llei de Dependència respon, en origen, a millorar les prestacions públiques a les persones amb problemes per a valdre-se per si mateixes i incorporar-se al que constituïx una vida el més normalitzada possible. Però a més, altra dimensió d'aquesta llei se suposa que reforçaria notablement el Sistema Públic de Serveis Socials. Tampoc això es complix a la Comunitat Valenciana. El PP està utilitzant els diners públics transferit per L'Administració Central, no per a reforçar el sistema públic de prestacions socials, si no per a seguir derivant cap al mercat qualsevol possibilitat de negoci que oferix l'atenció a persones dependents. En comptes de generar ocupació estable i de qualitat han configurat una estructura de professionals del treball social paral·lela als serveis socials municipals o d'atenció primària.
Possiblement aquestes notes sobre el denominat model social valencià a algú li puguen semblar excessivament crítiques. El són. Quan la retòrica del poder autonòmic parla de "el millor model social d'Espanya", "som un referent en política social", "tenim el nivell de protecció social dels més alts de la Unió Europea" a més d'un ens fa sentir molta vergonya aliena quan, en el nostre treball i enfront de demandes socials justes, no pots més que traslladar la teva impotència davant la falta de recursos adequats per a resoldre problemes que afecten a persones i famílies senceres.
També des de els professionals de la intervenció social hem de mirar-nos el que fem o el que hauríem de fer. El Treball Social a de continuar sent una eina de diagnòstic, intervenció i avaluació de la realitat social i del tipus de intervenció social més adequada a la velles i noves demandes.
Els canvis socials, econòmics, polítics i demogràfics han produït, entre altres cosses, nous canvis de valors. Davant d´aixó, les elits polítiques no fan més que retrocedir en l'àmbit de la protecció social pública i tanmateix impulsen un tipus de assistencialisme social quasi graciable, de contraprestacions, de co-pagament, més de tipus residencial que de manteniment a l'entorn familiar, més pal·liatius que de prevenció, de total abandó del treball social comunitari, etc.
Alguna cosa hauríem de dir des del Treball Social, no?. Ens cal obrir un debat ample i sense concessions a moltes situacions on ens hem acomodat i/o estem decebuts. Des de l'àmbit universitari fins a les administracins públiques, des de les Entitats d'Iniciativa Social sense ànim de lucre fins al cooperativisme i al tercer sector.
Però aquesta qüestió la deixem per a altres lliuraments més específics sobre què fer des de les i els professionals que treballem amb persones, grups i comunitats, en les actuals circumstàncies.
València, juny 2009
Pep Pacheco Marco
“De aquellos polvos, estos lodos”. D'una banda, en els últims dotze anys el PP ha impulsat una "producció legislativa" desmesurada que no ha tingut un correlat de finançament adequat, ni un desenvolupament reglamentari coherent i, a mès i mès, tot aquest artefacte legislatiu està impregnat d'una càrrega moral excessiva que atén fonamentalment a defensar una intervenció social en línia amb els preceptes catòlics més conservadors. Un botó de mostra el constitueix la proposta d'una nova llei de "protecció de la maternitat" que es desdiu amb el tracte dispensat a moltes dones –amb xiquets- que es veuen obligades a acudir a centres d'acollida davant la falta de recursos propis.
D´altra banda, ha obert al lucre privat l'atenció dels sectors més vulnerables de la societat valenciana i fent abandó de la responsabilitat pública, han creat l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA), autoritzant amb això a una entitat de gestió privada la resolució d'expedients de demanda de drets subjectius.
S'han reformat lleis relatives a menors amb la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008 de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana i alhora s'han privatitzat Centres d'Ingrés (reeducació). La llei de Protecció de la família apareix amb un marcat accent d'exclusió de formes de convivència diferents a les establides per la moral catòlica o la llei de Mediació Familiar que després de molt soroll ha quedat en paper mullat. Els Centres dona-24hores són oficines que diuen derivar a dones amb problemàtiques socials dures als recursos adequats. A cap observador mínimament informat no se li escapa que més que derivar, el que fan és enviar a la deriva a dones que finalment es perden en els recursos del no-res.
Per fer, han fet fins a una llei de Valors d'Integració Social.
S'ha donat via lliure a les residències d'ancians de caràcter privat -de les quals un bon nombre són propietat de la família del Conseller de Benestar Social Juan Cotino- i s'ha suprimit el ja de per si molt qüestionat Bo-Residència, i programes com el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) ha anat perdent el seu caràcter universalista i ha reduït les hores d'atenció domiciliària a la seua més mínima expressió, en benefici de programes gracibles com el menjar a casa.
La gestió de les Pensions No Contributives i la seua escandalosa, lenta i burocràtica tramitació, amb esperes fins a de onze mesos, diu molt poc de l'eficiència del model social valencià.
La precarietat d'organismes públics d'atenció a les persones amb discapacitat, com el IVADIS, l'abandó de qualsevol projecció futura dels Centres Ocupacionals, la inhibició en els aspectes d'integració social dels malalts mentals,....configuren una situació de fet, en relació a aspectes fonamentals d'una política social progressista i solidària, que fa inviable una intervenció pública de qualitat, universal i solidària amb els sectors més vulnerables de la nostra comunitat.
S'han modificat els criteris que feien referència a la integració social dels destinataris de les Prestacions Econòmiques reglades (PER), passant a ser mers subsidis assistencials i que amb la nova llei de Renda Garantida de Ciutadania del 2007 -encara no s'ha fet efectiva cap prestació d'aquest dret a data d'hui- ha acabat de consolidar una idea i unes pràctiques contràries a l'Estat social de Dret i a la pròpia lletra de les lleis, i per últim constatar la deterioració sostinguda, per manca de finançament autonòmic, del Pla Concertat (amb l'Administració Central) de Prestacions Bàsiques que manté, encara hui i de forma molt precària, els Serveis Socials Municipals d'Atenció Primària.
Abundant en aquesta estratègia d'abandó de les responsabilitats públiques, en relació als drets subjectius de ciutadania que afecten als més febles, afegir la nefasta gestió autonòmica de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència promoguda pel govern central i avalada pel parlament espanyol.
Açò és: Els drets socials estan subjectes a partides pressupostàries que es respecten en molts contades ocasions i amb unes pràctiques de transferències discrecionals i continuades cap d'altres àmbits.
S'acaba el pressupost i s'acaben els drets.
La filosofia que inspira el model social valencià és la que “la millor política social és créixer i créixer econòmicament i crear llocs de treball”... amb els grans esdeveniments turístics. Amb això, queden bé davant la parròquia i alhora neguen la responsabilitat pública a atendre dignament a qui el mercat de treball expulsa o no accepta, ja siga per edat, discapacitat, falta d'habilitats, malaltia o problemàtiques d'exclusió sobrevingudes.
La plena ocupació ni ha existit ni existira. L'atur és consubstancial al sistema capitalista globalitzat. Davant això, els sistemes de protecció moderns han de protegir a les persones sense capacitat -per la causa que siga- d'accedir al treball assalariat. Així mateix, a les persones que tenint eixa capacitat de treballar perden la seua ocupació, se'ls ha de garantir l'accés a una protecció social, amb itineraris formatius orientats a la inserció sociolaboral, que els permeta viure dignament i amb això, augmentar possibilitats reals de reciclatge professional.
La responsabilitat pública en un Estat Democràtic i Social de Dret no pot delegar, com fa la Generalitat Valenciana, en un univers d'ONGs, algunes fortament subvencionades fins al punt que a gran quantitat d'elles se'ls haja caigut la N (de no governamental).
La idea de model social valencià, que proposa el PP, més que un model és un totum revolutum sense coherència democràtica ni tècnica amb un model progressista, sense partides pressupostàries adequades, ni perspectiva de futur. No és socialment útil i això s'evidencia amb les mesures extraordinàries que s'han hagut de prendre per part del Govern Valencià davant la situació de crisi i atur actual. No s'han reforçat els Serveis Socials Municipals i no obstant això s'han ampliat considerablement les ajudes d'emergència al marge de programes de formació i inserció per a l'ocupació o com en el cas de l'Ajuntament de València, l'alcaldessa Rita Barberà ha destinat un milió de € al marge dels Serveis Socials, perquè organitzacions caritatives o parròquies distribuïsquen borses de menjar entre qui ho demane. I per descomptat per a molts tampoc és un model valenciá i si no que li pregunten als centenars de valencians dependents que, al contrari que en la majoria de comunitats autònomes, on ja s'estan percebent aquestes prestacions, duen més de dos anys esperant la resposta de Conselleria a les demandes de les prestacions socials a les quals tenen dret.
Aquest model és un híbrid entre el negoci privat, la més estricta subsidiarietat de l'administració autonòmica i el no reconeixement dels drets subjectius i constitucionals de ciutadania. És un model que -des de la perspectiva del Treball Social- cal posar en qüestió de dalt a baix i sobretot de baix a dalt.
Al barroquisme legislatiu, la precarietat d'instruments tècnics, econòmics i socials i el desgavell polític que es troba actualment el Consell de la Generalitat, d'una banda, i per un altre, l'amplitud que va adquirint el territori de la precarietat i l'exclusió social es fa necessari -al meu judici- una reflexió profunda des dels àmbits sindicals, des de l'acció de les organitzacions socials i des del Treball Social per a reformular els projectes d'intervenció actuals.
L'Estat Democràtic i Social de Dret que defineix la Constitució del 78 hauria de garantir un conjunt de mesures de protecció social pròpies d'un Estat de Benestar Social avançat. No és així. En la pràctica, un dels pilars del Benestar Social es troba en el terreny dels Serveis Socials i la nova llei de Dependència respon, en origen, a millorar les prestacions públiques a les persones amb problemes per a valdre-se per si mateixes i incorporar-se al que constituïx una vida el més normalitzada possible. Però a més, altra dimensió d'aquesta llei se suposa que reforçaria notablement el Sistema Públic de Serveis Socials. Tampoc això es complix a la Comunitat Valenciana. El PP està utilitzant els diners públics transferit per L'Administració Central, no per a reforçar el sistema públic de prestacions socials, si no per a seguir derivant cap al mercat qualsevol possibilitat de negoci que oferix l'atenció a persones dependents. En comptes de generar ocupació estable i de qualitat han configurat una estructura de professionals del treball social paral·lela als serveis socials municipals o d'atenció primària.
Possiblement aquestes notes sobre el denominat model social valencià a algú li puguen semblar excessivament crítiques. El són. Quan la retòrica del poder autonòmic parla de "el millor model social d'Espanya", "som un referent en política social", "tenim el nivell de protecció social dels més alts de la Unió Europea" a més d'un ens fa sentir molta vergonya aliena quan, en el nostre treball i enfront de demandes socials justes, no pots més que traslladar la teva impotència davant la falta de recursos adequats per a resoldre problemes que afecten a persones i famílies senceres.
També des de els professionals de la intervenció social hem de mirar-nos el que fem o el que hauríem de fer. El Treball Social a de continuar sent una eina de diagnòstic, intervenció i avaluació de la realitat social i del tipus de intervenció social més adequada a la velles i noves demandes.
Els canvis socials, econòmics, polítics i demogràfics han produït, entre altres cosses, nous canvis de valors. Davant d´aixó, les elits polítiques no fan més que retrocedir en l'àmbit de la protecció social pública i tanmateix impulsen un tipus de assistencialisme social quasi graciable, de contraprestacions, de co-pagament, més de tipus residencial que de manteniment a l'entorn familiar, més pal·liatius que de prevenció, de total abandó del treball social comunitari, etc.
Alguna cosa hauríem de dir des del Treball Social, no?. Ens cal obrir un debat ample i sense concessions a moltes situacions on ens hem acomodat i/o estem decebuts. Des de l'àmbit universitari fins a les administracins públiques, des de les Entitats d'Iniciativa Social sense ànim de lucre fins al cooperativisme i al tercer sector.
Però aquesta qüestió la deixem per a altres lliuraments més específics sobre què fer des de les i els professionals que treballem amb persones, grups i comunitats, en les actuals circumstàncies.
València, juny 2009
Pep Pacheco Marco
Treballador Social
jueves, 4 de junio de 2009
Sr. Camps, Sr. Cotino, Sr. Joaquín Martínez, desde la voz que somos de toda la ciudadania valenciana le ROGAMOS Y EXIGIMOS RESPETO.
No tiene desperdicio el escrito y la sarta de mentiras que son capaces de decir. Si no fuera por las consultas desesperadas que nos llegan desde los afectados al correo de la Plataforma... Les recordamos que la Comunidad Valenciana es la penúltuma en solicitudes ( 0´78 respecto a la población) y otros datos a fecha 1 de mayo 2009.
Prevención dependencia y promoc. aut. personal 1; Teleasistencia 0; Ayuda a domicilio 0; Centro de Dia/Noche 580; Atención residencial 10.451; Prest. econ. Vínculada al Servicio 617; Prest. cuidados familiares 7.152; presta. Econ. asistencia personal 0, Pendientes de identificar PIA 14.935
LEER EL DOCUMENTO Y SACAR CONCLUSIONES
Joaquín Martínez ha asistido en Madrid a la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
En la Comunitat Valenciana el derecho a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia se reconoce desde el momento de la solicitud
· Es necesario acreditar los gastos derivados del ingreso en un centro residencial o de un cuidador
· En otras comunidades sin embargo, la retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución PIA (Programa Individual de Atención)
· Esta retroactividad se aplicará en el caso del fallecimiento de la persona dependiente
· Joaquín Martínez destaca como objetivo del Consell que la atención llegue a todas las personas dependientes que lo necesiten
· En un futuro próximo se ampliará el número de servicios o prestaciones compatibles
Madrid (02-06-09).- El Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha destacado hoy que en la Comunitat Valenciana “el derecho a percibir una prestación económica prevista en la Ley de Dependencia comienza desde que la solicitud para el reconocimiento de la dependencia entra en el registro del órgano competente para su tramitación o desde la fecha en que se está recibiendo el servicio si es posterior, siempre y cuando se acrediten los gastos derivados del ingreso de la persona dependiente en un centro residencial o los gastos derivados de un cuidador dado de alta en la seguridad social”.
“Sin embargo, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, La Rioja o País Vasco, esa retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución que determina qué tipo de ayuda corresponde a quien la solicita (Programa Individual de Atención)”, ha explicado Joaquín Martínez.
El Secretario Autonómico que ha asistido esta mañana en Madrid a la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha explicado que en los casos en que la persona dependiente haya fallecido antes de recibir la ayuda que le corresponde, “sus familiares podrán cobrarla con carácter retroactivo siempre y cuando acrediten los gastos mencionados anteriormente”.
En los casos en que la persona beneficiaria no estuviera recibiendo en el momento de la solicitud ningún servicio de los previstos en la Ley, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
Régimen de incompatibilidades
Martínez ha recordado que en la Comunitat Valenciana “desde hace años estamos atendiendo a los grandes dependientes gracias a la gran oferta de recursos que se han venido creando tanto en recursos residenciales como en recursos de atención domiciliaria. Con la llegada y aplicación de la Ley de Dependencia lo que queremos lograr es que esa atención llegue a todo el mundo que la necesite”.
“Por este motivo, -ha añadido el Secretario Autonómico- cumplimos la ley en cuanto a incompatibilidades entre recursos y prestaciones que reciben las personas dependientes. En el momento en que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban la atención que precisan, y en los casos excepcionales en que lo estimen oportuno los trabajadores sociales, algunas personas dependientes podrán recibir más de un servicio o prestación, puesto que en un futuro próximo y siempre que el Estado mejore la financiación, se irá ampliando el número de servicios o prestaciones compatibles. Hoy el objetivo prioritario de la Generalitat es que ningún dependiente se quede sin ayuda”.
La Comunitat Valenciana actualmente está siguiendo la normativa estatal en materia de incompatibilidades, que establece que no es posible recibir diferentes servicios o prestaciones salvo si uno de los dos que se reciben son la Teleasistencia o un programa de respiro del cuidador que habitualmente atiende a la persona dependiente
En la Comunitat Valenciana el derecho a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia se reconoce desde el momento de la solicitud
· Es necesario acreditar los gastos derivados del ingreso en un centro residencial o de un cuidador
· En otras comunidades sin embargo, la retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución PIA (Programa Individual de Atención)
· Esta retroactividad se aplicará en el caso del fallecimiento de la persona dependiente
· Joaquín Martínez destaca como objetivo del Consell que la atención llegue a todas las personas dependientes que lo necesiten
· En un futuro próximo se ampliará el número de servicios o prestaciones compatibles
Madrid (02-06-09).- El Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha destacado hoy que en la Comunitat Valenciana “el derecho a percibir una prestación económica prevista en la Ley de Dependencia comienza desde que la solicitud para el reconocimiento de la dependencia entra en el registro del órgano competente para su tramitación o desde la fecha en que se está recibiendo el servicio si es posterior, siempre y cuando se acrediten los gastos derivados del ingreso de la persona dependiente en un centro residencial o los gastos derivados de un cuidador dado de alta en la seguridad social”.
“Sin embargo, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, La Rioja o País Vasco, esa retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución que determina qué tipo de ayuda corresponde a quien la solicita (Programa Individual de Atención)”, ha explicado Joaquín Martínez.
El Secretario Autonómico que ha asistido esta mañana en Madrid a la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha explicado que en los casos en que la persona dependiente haya fallecido antes de recibir la ayuda que le corresponde, “sus familiares podrán cobrarla con carácter retroactivo siempre y cuando acrediten los gastos mencionados anteriormente”.
En los casos en que la persona beneficiaria no estuviera recibiendo en el momento de la solicitud ningún servicio de los previstos en la Ley, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
Régimen de incompatibilidades
Martínez ha recordado que en la Comunitat Valenciana “desde hace años estamos atendiendo a los grandes dependientes gracias a la gran oferta de recursos que se han venido creando tanto en recursos residenciales como en recursos de atención domiciliaria. Con la llegada y aplicación de la Ley de Dependencia lo que queremos lograr es que esa atención llegue a todo el mundo que la necesite”.
“Por este motivo, -ha añadido el Secretario Autonómico- cumplimos la ley en cuanto a incompatibilidades entre recursos y prestaciones que reciben las personas dependientes. En el momento en que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban la atención que precisan, y en los casos excepcionales en que lo estimen oportuno los trabajadores sociales, algunas personas dependientes podrán recibir más de un servicio o prestación, puesto que en un futuro próximo y siempre que el Estado mejore la financiación, se irá ampliando el número de servicios o prestaciones compatibles. Hoy el objetivo prioritario de la Generalitat es que ningún dependiente se quede sin ayuda”.
La Comunitat Valenciana actualmente está siguiendo la normativa estatal en materia de incompatibilidades, que establece que no es posible recibir diferentes servicios o prestaciones salvo si uno de los dos que se reciben son la Teleasistencia o un programa de respiro del cuidador que habitualmente atiende a la persona dependiente
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