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El nuevo sistema de valoraciones
implantado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas hace dos años ha permitido incrementar en un 72,5 por ciento el
número de valoraciones de dependencia realizadas durante este año respecto al
mismo periodo de tiempo de 2017, con una media de 86 valoraciones diarias, lo
que eleva a 15.699 las realizadas en lo que va de año.
El proceso de la Conselleria para "municipalizar"
la dependencia y crear una red para que los ayuntamientos asuman la valoración
y tramitación de los expedientes ha permitido este incremento en el número de
valoraciones, gracias a que los puntos de atención de servicios sociales de las
entidades locales han pasado de 145 en 2016 a los 239 que existen actualmente
en toda la Comunitat, y a las seis ediciones de cursos de valoración que se han
impartido y en los que se ha formado a un total de 537 profesionales, ha
indicado la Generalitat en un comunicado. LEER MAS
El Gobierno volverá a cotizar a la Seguridad Social en nombre de quienes cuidan de un familiar dependiente. Es parte de la política de la nueva ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, llegada hace poco más de un
mes a la cartera, de revertir medidas del PP y, en sus palabras, "recuperar los derechos arrebatados" en la sanidad pública durante los últimos años. En este caso, pagar las cotizaciones de cuidadoras (el 90% son mujeres) le da la vuelta a los recortes en Dependencia de hace seis años.
Aquellos recortes, los del año 2012, marcaron un antes y un después para la Ley de Dependencia, implantada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.Cuando, en julio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un decreto ley acabando con la obligación del Estado de pagar las cuotas de la Seguridad Social, el número de este tipo de cuidadores cotizando se desplomó. En diciembre de 2011 eran más de 170.000. En noviembre de 2016 quedaban menos de 10.000. LEER MAS
La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia recuerda al Gobierno que esta medida"urgente y prioritaria" tendría un coste de un coste total anual de “poco más de 3,5 millones”.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que pondrá fin una de las medidas más polémicas del Gabinete de Mariano Rajoy en relación a las ayudas a la dependencia, ya que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se comprometió esta semana a que el Estado volverá a cotizar a la Seguridad Social en nombre de quien cuida a un familiar dependiente, 180.000 cuidadores no profesionales en su mayoría mujeres. La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) aplaude la medida, ya que era una de sus principales reclamaciones revertir este recorte del PP, pero no se conforma y pide además otra medida que mejoraría mucho la calidad de vida de las familias con hijos dependientes: la eliminación del copago farmacéutico a los niños. LEER MAS
El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda
El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".
Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.
El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.
LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO
UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años
Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano
Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.
