REUNION CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y CON EL DIPUTADO JOAN TARDA

Valencia, 16 de septiembre de 2009

LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EL AMPARO

Los representantes de la plataforma se reúnen el 16 de septiembre en Madrid con el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, para expresarle el desamparo en la que se encuentra la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, en comparación con el resto del Estado Español respecto a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia.
Las Plataformas ante la indefensión de los dependientes y familiares con la Administración de la Generalitat Valenciana, y agotadas la vía de negociación con la Sindicatura de Agravios, Consejería de Bienestar Social, Delegado del Gobierno y partidos políticos. Presentan al Defensor del pueblo un dossier de todo el movimiento ciudadano en la CV. y las quejas y denuncias que han realizado desde que se constituyeron.
QUEJAS PRESENTADAS
1. La puerta de entrada al sistema deben ser las instancias de la administración pública con experiencia en la gestión de los recursos que se reconocen en el catálogo (art.15 de la ley), los servicios sociales municipales de base. Instamos, por tanto, a eliminar las estructuras paralelas que no pueden desempeñar directamente funciones propias de la administración pública, como el caso de la mercantil AVAPSA s.a. a la que actualmente se le tiene encomendadas las funciones de valoración y propuesta del PIA. Por tanto, se considera indispensable el refuerzo de las ratios profesionales de los servicios sociales municipales mediante la correspondiente oferta pública de empleo, para desarrollar todo el procedimiento de reconocimiento, valoración, y prescripción de recursos, manteniendo la lógica coordinación con la administración autonómica.
2. Aplicación de mecanismos de información ágiles, útiles y veraces, para divulgar la Ley 39/2006 entre la ciudadanía valenciana. Considerando que la administración local debe tener especial protagonismo en la participación sobre estos mecanismos de información y divulgación. En este sentido es intolerable que la información sobre los expedientes administrativos de los/as ciudadanos/as se ejerza a través de un teléfono de información (900) que no depende directamente de una Administración Pública y que no corresponde a la necesidad de información de los ciudadanos y profesionales.
3. Cumplimiento de plazos legales establecidos para el proceso de reconocimiento del derecho y de las consiguientes prestaciones económicas, o en su caso, de servicios. El plazo admisible debería considerarse como el de 9 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se otorga resolución del Plan Individual de Atención (PIA).
4. Eliminación del silencio administrativo negativo. No tiene sentido cuando se presenta solicitud de valoración. La Ley de Presupuesto para 2008, en su Disposición Adicional Undécima establece: Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
a. En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo.
b. A los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, no se aplicará el régimen de silencio administrativo previsto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
5. Garantizar al ciudadano/a la elección mediante la verdadera puesta en marcha del catálogo. Con este fin resulta imprescindible la inversión pública; refuerzo de ratios profesionales en los servicios; ampliación de plazas en centros de día y residencias; el desarrollo de la norma autonómica sobre acreditación de centros y su aplicación.
6. Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, o en su caso, prestado desde servicios de la red pública (públicos o privados concertados y debidamente acreditados) pero en ningún caso mediante la Prestación Vinculada al Servicio que supone el nivel de privatización más salvaje y la indefensión total del/la ciudadano/a.
7. Garantizar el carácter de excepcionalidad de las prestaciones económicas frente a los servicios, tal y como expresaba el texto legal en su artículo 14. El Gobierno Valencia está haciendo de la Prestación al Cuidador en el Entorno Familiar y de la Prestación Vinculada al Servicio, los productos estrellas de la Ley, favoreciendo poco la generación de empleo de calidad.
8. Eliminar el régimen estricto de incompatibilidades regulado en norma valenciana (orden 5 de diciembre del 2007) que está provocando el retroceso, incluso, en derechos sociales que muchas familias y personas ya tenían adquiridos. Resulta inconcebible que se homologuen servicios de promoción de la autonomía (centros ocupacionales) con servicios de atención a situaciones de dependencia (centro de día), y que los/as ciudadanos/as se vean obligados a optar con la consiguiente perdida de derechos.
9. Solicitamos la retroactividad, tal y como expresa la propia norma valenciana a través del Decreto 171/2007 en su artículo 10: “4. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones o servicios se entenderá producido a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación; no obstante, si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo ningún servicio de los previstos en el catálogo en el momento de la solicitud, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
10. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la CV.
11. Exigir la creación del Comité Consultivo con la participación de los agentes sociales y colectivos ciudadanos/as como la Plataforma en Defensa de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a situaciones de Dependencia.
Ante la falta de respuesta y de implicación solicitan el amparo del Defensor del Pueblo y la amonestación al gobierno de la GV. Para que reconsidere su actitud ante los dependientes y familiares y ponga en marcha los recursos humanos y económicos necesarios, de carácter público para la correcta aplicación de la Ley.

Compromiso adquirido del Defensor del Pueblo con la Plataforma:

Recopilar información para realizar un estudio sobre el grado de aplicación de la ley en la CV. porque encuentra que no hay igualdad ante esta ley en los diferentes territorios del estado español, así como estudiar todas las quejas que se presenten ante el DP

Reunión en Congreso de Diputados con Joan Tardá

Las Plataformas también se reunieron en el Congreso de los Diputados, con uno de los redactores de la ley de Autonomía Personal, el Diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, Le Expusieron la situación vivida por los dependientes y familiares en la CV. Y le entregaron un dossier informativo realizado por la plataforma

El Diputado Tardá les comunica que en breve recibirá un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el grado de aplicación de las diferentes comunidades autónomas. Y reconoce que la CV. Está a la cola en la aplicación de la ley comprometiéndose a instar al gobierno de España que pese a la crisis mantenga los dineros adscritos a la dependencia en los presupuestos del estado de 2010, que en estos momentos se están negociando. Contribuir a denunciar esta situación e instar al gobierno español a hacerlo partiendo del informe realizado. Pedir la comparecencia de la ministra a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y ser altavoz de la problemática de la dependencia en la CV. También se comprometió que hablaría con el grupo parlamentario del PSOE para crear una subcomisión de seguimiento de la implantación y aplicación de la ley.

El PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes

El grupo socialista alertó ayer de que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento y en la Generalitat 7.135 solicitudes de vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y ayudas de la ley de dependencia. El concejal Julio Such señaló que sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, y lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los vecinos se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar. «Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes»,

LA PRIMERA DEMANDA POR LA LEY DE DEPENDENCIA SE JUZGARÁ EN OCTUBRE

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007

ÁFRICA PRADO: El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.
El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.
"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.
A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.

Tres consejeros para una ley atascada

La consejera Angélica Such es la tercera responsable de Bienestar Social encargada de aplicar la Ley de la Dependencia, una norma que no funciona -como apuntan diversos estudios- y que se ha convertido en un problema para el Consell.

Such acaba de aterrizar en un departamento que figura a la cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo de la ley. En la última tabla, a fecha 1 de septiembre, sólo Madrid estaba por debajo en número de solicitudes presentadas (el 0,87% de la población en la Comunidad Valenciana frente al 0,69 de Madrid y el 3,67% de Andalucía, en el otro extremo).

Such sabe a qué se enfrenta, señalan desde su departamento: "La consejera considera una prioridad el desarrollo de la ley, es consciente de que es una demanda social de primer nivel". De hecho, las mismas fuentes indican que ya se ha reunido con responsables del sector en su primera semana como responsable de Bienestar Social. Palmira Castellano, de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, no lo tiene tan claro: "Yo creo que no va a cambiar nada, porque la falta de actividad responde más a la actitud de un partido político que a la de los consejeros".

Veinte meses esperando

Desde el día 17 de julio de 2009 no puedo cerrar los ojos de asombro al leer un artículo en este diario cuyo titular era: «El bloqueo a la Ley de Dependencia reduce en 60 millones la financiación del Consell». Paso a relatar mi caso particular. Mi padre está evaluado y declarado «gran dependiente» desde noviembre de 2007, repito, noviembre de 2007 y punto final, es decir desde esta fecha no hemos tenido noticias del Consell, ni buenas ni malas, todo lo que se nos ha proporcionado han sido informaciones, cuando las hay, turbias, escasas y contradictorias, nos hemos dejado la piel en averiguaciones, intentos nulos de recabar algún dato que nos haga ver el final de este oscuro túnel... Entonces ¿me puede aclarar alguien qué ha querido decir el señor Gerardo Camps cuando dice que: «Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra Comunidad», porque claro, si lo aplicamos al caso particular mi padre ya está siendo «menos» que los enfermos dependientes de cualquier otra Comunidad y, fíjese qué cosas, precisamente por culpa de su mala gestión. Señor conseller: ¿no es injusto que mi padre lleve la friolera de 20 meses esperando recibir una ayuda que le corresponde por ley sólo porque ustedes no han gestionado bien los recursos?, ¿no es insolidario que una persona como mi padre tenga que emplear el 80% de su pensión en un centro de día que no subvenciona la Generalitat y que lleve 20 meses esperando una «ayuda» para poder costearlo? ¿Y no es desigual, señor Camps, el trato que recibe mi padre en relación a un enfermo dependiente de la Comunidad catalana? Señor Camps: ¿es que mi padre es menos que los demás? Por favor agilicen la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana ya. Porque a lo mejor para el próximo reparto de financiación mi padre ya no será una cifra más que les sirva para pedir dinero para «vete tú a saber qué». Piénselo como solución práctica, como les gusta a ustedes... Ojalá se pudieran transmitir con palabras los sentimientos de rabia e impotencia. Nuria Pérez Antón

Cartas al director > Protección a los que lo necesitan

Ayer, día 3 de julio, ha salido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la ley de Francisco Camps sobre la protección a la maternidad.
En su preámbulo hace referencia al artículo 39 de la Constitución española que establece que los «poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley independientemente de su filiación y de su madre, sea cuál sea su estado civil».
También se cita el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros se centrará primordialmente a la «defensa integral de la familia, la protección específica y tutela social del menor, la asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión o discriminación social».
Esta ley, que en definitiva viene a contestar la ley de Gobierno central sobre el aborto, que yo no voy a entrar a valorar porque este tema es muy serio e importante y habría que tratarlo en profundidad, lo que quiero es hacerle al señor Camps, con todos mis respetos, una reflexión: ¿Qué defensa, protección social, económica y jurídica, defensa integral de la familia ejerce don Francisco Camps con los niños, jóvenes y adultos, grandes dependientes y sus familias que están ahí, aquí y ahora y que no han sido valorados tan siquiera para disfrutar de los derechos de la Ley de Dependencia, que en esta Comunidad usted y su gobierno están incumpliendo, han boicoteado desde un principio -con fines partidistas-? En definitiva, es una desvergüenza en toda su extensión? ¿Qué hacemos los grandes dependientes y sus familias?, ¿nos arreglamos como podamos?
Mire, señor Camps, no ejerza una doble moral, no tenga dos varas de medir, nuestros grandes dependientes y sus familias le exigimos prontitud en la resolución de nuestras solicitudes presentadas en el 2007, familias en muchos casos como dice el artículo 10.3 del Estatuto sufren marginación, ansiedad y depresión. Mercedes Pastor Bardisa

Miembro de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca

Viernes 03 de julio de 2009

´Me quitan la pensión y la ayuda de mi hija no llega´

La joven de Burjassot tiene un grado de minusvalía del 89% y lleva 8 años postrada en una cama.

JESSICA F. PEÑA BURJASSOT
A Francisca Ruiz no le da ninguna vergüenza decir que está viviendo "dignamente, pero como una miserable" ya que su situación económica y familiar es "muy dramática". Lo que sí le daría vergüenza "es que la gente viera que no tengo a mi familia atendida, porque para mí ellos son lo primero".
Esta mujer lleva al cuidado de su hija Alicia desde que ésta sufrió un accidente y quedó postrada en una cama en su casa de Burjassot. Desde entonces sólo se separa de ella las horas que la chica acude a un centro de día desde hace un año. Pero las desgracias no han parado de llegar a esta familia desde hace más de una década.
Y es que a Francisca le diagnosticaron un cáncer de mama hace diez años y tuvo que someterse a un duro tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía de la cual le ha quedado una gran cicatriz. Además, tiene artrosis en las manos, lumbago y un grado de minusvalía del 58%. Por ello, hasta el año pasado le pagaban cerca de 300 euros, que dejó de percibir porque cambiaron los baremos que rigen este tipo de ayudas no contributivas. Ahora no cobra nada.
Así que su familia sobrevive con los menos de 500 euros que el Estado paga por la discapacidad de Alicia. Pero las ayudas que Francisca solicitó para la Ley de Dependencia hace dos años no han llegado. Ni siquiera le han confirmado que se la vayan a dar a pesar de que su hija tiene un grado de discapacidad de 89%. "No se puede levantar, lleva paquete, le tenemos que dar de comer, de beber, la bañamos entre dos o tres porque es muy grande y no podemos con ella", recalcó esta vecina de Burjassot.
"Es una gran injusticia. Me quitan la pensión y la ayuda para mi hija no llega. No tenemos prácticamente ni para comer", manifestó.

Solidaridad de vecinos y ayuntamiento
Los vecinos conocen bien la situación de Francisca y su familia. Y son muchos los que se vuelcan con ella. El hecho de tener en acogimiento a los dos nietos también le reporta unas ayudas mensuales que, la mayoría de veces, no llegan ni a los 100 euros por cada uno. Y si no tiene leche para que desayunen, su vecina Carmen Collado le da dos vasos. Lo mismo que hace Francisca cuando alguien la necesita. Algunas tiendas del barrio donde vive, las 613 viviendas de Burjassot, fían a esta mujer para poder alimentar a su familia. Y es que el dinero que corresponde a su hija Alicia por su dependencia iría a parar al centro de día de Ivadis donde acude a diario y continuará pagando de su bolsillo otros 120 euros. El consistorio paga a la eléctrica.
j. f. p. burjassot

La ´doctrina Gürtel´ de opacidad se extiende por el Consell "Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos"

LEVANTE 29/06/09
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos", se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).

UNA ADMINISTRACIÓN NADA PÚBLICA ( Relato de un familiar)

En estas páginas se describe la andadura, llena de obstáculos, de una familia que ha solicitado el derecho a ser atendido de uno de sus miembros en situación de dependencia valorada como Grado 3, Nivel 2, es decir, un “gran dependendiente”, según la norma.
El proceso del reconocimiento del derecho sabemos que es largo, tortuoso en cuanto a la documentación solicitada, la desinformación, la ida y venida de profesionales, la sensación de que no acabará nunca, puesto que resulta una quimera que se dé el cumplimiento de plazos que marca el texto legal... Este proceso se acompaña del dolor de la familia; del difícil desembolso económico para hacer frente a una plaza residencial privada para una persona suprasistida (porque la pública ya nos hicieron saber que era imposible); de la degeneración y el empeoramiento de la salud de la persona en situación de dependencia; del progresivo deterioro en las relaciones familiares que una situación de estas características mantenida durante muchas años conlleva; de una vigilancia y seguimiento absoluto al centro residencial que debe atender las necesidades de tu ser querido; de un cansancio psicológico que se mezcla con tristeza al darte cuenta que la calidad de vida, su salud, el dolor que padece, está expuesto a múltiples riesgos y no precisamente fisiológicos. Y en este calvario, en esta carrera interminable de obstáculos, aparece una ley que nos hace sabedores de un nuevo derecho: el derecho a ser atendido por encontrarse en una situación de dependencia y el derecho a que la familia no se sienta como el único posible colchón.
Pero nuestra administración debe considerar que hay que ser “merecedores” de tal “premio” que no “derecho”, que además del calvario propio de la situación vivida se deben añadir nuevos obstáculos que muestren nuestra capacidad ciudadana de “aguante”, sometiendo nuestra conciencia a un “lavado” en el que quede claro que no hay derechos sino aquellas ayudas que se te concederán si superas las pruebas, y sobre todo, si haces voto de silencio y asumes que “lo que te den, bueno es”, “ que más vale tarde que nunca”, “¿qué le vamos hacer? como familia debemos cuidarlo, aunque nos cueste la ruina, la salud mental, la salud familiar” y que “hay gente que esta peor...”
En definitiva, como parte de este entrenamiento de dos años de espera, de un maltrato continuado, del silencio de la administración cuando no de la mala información que ésta ofrece, hemos tenido que soportar una llamada por teléfono, una forma un tanto irregular de relacionarse con el ciudadano, sin nada por escrito, en la que por fin!, se nos hace merecedores de una plaza residencial!
Lo sorprendente de la llamada, lo significativo si pensamos en la relación administración-ciudadano/a, es la misión del profesional (no sabemos si funcionario o contratado por la mercantil AVAPSA) que nos ofrecía – a modo del comercial más burdo- plazas en residencias del Grupo Savia, sin alternativa. Bueno sí, la alternativa de paralización del procedimiento si se solicitaba una prestación vinculada al servicio o si se solicitaba la permanencia de la persona en la residencia en la que estaba, en la que tras años de esfuerzo ya se la conocía, se conocía su enfermedad y los requerimientos específicos de cuidado, se encontraba próxima al domicilio de los familiares, etc. En definitiva, en lugar de velar por el interés del ciudadano, incluso por la supervivencia del mismo al peligrar su vida si se producen cambios, y más aún, ejercer el derecho a la plaza residencial mediante la prestación vinculada al servicio o plaza concertada en el propio centro, opciones que permite la Ley 39/2006 y que incluso se habían prescrito por el profesional del Servicio Municipal de la Dependencia, se insiste en que la única opción es la plaza en las residencias en pueblos alejados del área metropolitana que pertenecen, casualmente, al Grupo Savia.Esta administración-nada pública- prefiere velar por los intereses de la familia, de una familia, la de Cotino, por los intereses del Grupo Savia, y los “servidores” de la administración recomiendan en un estilo de mal comercial “coja lo que le ofrezco que hay lista de espera, y de aquí a que se le de lo que quieren...”; vamos esto suena al estribillo de cualquier mercadillo “venga nenas, que me lo quitan de las manos” ¿Dónde queda en este triste escenario el derecho del ciudadano? ¿dónde quedan las políticas de apoyo a la familia que debieran expresarse en estas circunstancias?, ¿dónde queda la responsabilidad pública de responder a sus necesidades? ¿dónde queda el criterio de los profesionales que atienden a los mismos? ¿dónde queda incluso la ideología conservadora que procesan pero que impide, en la práctica, la “libre competencia”?

Familiar de persona dependiente. Una entre tantas que están sufriendo la NO aplicación de la LEY por el delito de vivir en la Comunidad Valenciana. Esta C. V. que tanto queremos

RECOMENDACIONES DESDE LA PLATAFORMA

la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia, se ha reunido por 2ª vez con el Decano del Ilustre Colegio de Abogados, para solicitarle que se abra un tuno de oficio que atienda y asesore a los afectados por la Ley de la Autonomía Personal y Dependencia. Ante la lentitud que se percibe A LA PUESTA EN MARCHA de este servicio, desde la plataforma y (como nos sugirió el Decano del Ilustre Colegio de Abogados) por la complejidad y burocracia de los trámites en la Comunidad Valenciana RECOMENDAMOS:

- Se solicite asesoría y atención jurídica gratuita en:
Paseo de la Ciudadela, 2, bajo. 46003 Valencia
Horario de atención mañanas de 10 a 13 h.
Teléfono: 96 394 06 35
FAX: 96 394 06 36
E-Mail: turno@icav.es

Ilustre Colegio de Abogados

También se puede solicitar en Valencia capital asesoria gratuita en los centros Municipales de Servicios Sociales de la zona donde se resida.

La salud mental ´no es un negocio´

La Plataforma en defensa de salud mental pública de Valencia se ha concentrado esta mañana en la Plaza de la Virgen para reclamar mejoras y más apoyo por parte de los políticos.

Fuentes de la organización han denunciado que la ciudad de Valencia cuenta con 10.000 enfermos mentales graves y que 50.000 personas sufren esquizofrenia en la Comunitat Valenciana, de las cuales entre el 35 y e 50 por ciento no están en tratamiento.

La Comunidad Valenciana concentra junto a Madrid el 50% de las reclamaciones sobre dependencia

La Comunitat Valenciana y Madrid acumula más del 50% de las quejas al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes.
Así se desprende del informe de 2008 que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer en el Parlamento, y que señala que aún hay «un considerable número de ciudadanos que, teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho».

El coro de la ministra Trinidad

Es un clamor la inequidad en la aplicación de la ley por comunidades autónomas. Es también una durísima realidad que miles de personas dependientes no vean satisfechas sus expectativas y además sean objeto de escarnios administrativos, retrasos injustificables o inexistencia de servicios adecuados, lo que nos lleva al abuso de las prestaciones económicas: la paguita de la dependencia que la ley recogía como excepcional.

Treball social, crisi i model social valencià

Una de les primeres mesures que va prendre el Partit Popular en accedir al govern de la Generalitat l'any 1995 va ser tramitar una nova llei de Serveis Socials que -a pesar que va tenir una forta, extensa i imaginativa oposició per part d’un fum de col·lectius socials i sindicals i de la majoria de professionals del treball social- es va aprovar per una ajustada majoria. La nova llei de Serveis Socials va definir un model social en el qual el canvi fonamental, al marge de la retòrica del conseller d'aquella etapa, Sanmartín, va ser la negativa a configurar el Sistema de Serveis Socials, com un Sistema Públic.

“De aquellos polvos, estos lodos”. D'una banda, en els últims dotze anys el PP ha impulsat una "producció legislativa" desmesurada que no ha tingut un correlat de finançament adequat, ni un desenvolupament reglamentari coherent i, a mès i mès, tot aquest artefacte legislatiu està impregnat d'una càrrega moral excessiva que atén fonamentalment a defensar una intervenció social en línia amb els preceptes catòlics més conservadors. Un botó de mostra el constitueix la proposta d'una nova llei de "protecció de la maternitat" que es desdiu amb el tracte dispensat a moltes dones –amb xiquets- que es veuen obligades a acudir a centres d'acollida davant la falta de recursos propis.

D´altra banda, ha obert al lucre privat l'atenció dels sectors més vulnerables de la societat valenciana i fent abandó de la responsabilitat pública, han creat l'Agència Valenciana de Prestacions Socials (AVAPSA), autoritzant amb això a una entitat de gestió privada la resolució d'expedients de demanda de drets subjectius.

S'han reformat lleis relatives a menors amb la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008 de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana i alhora s'han privatitzat Centres d'Ingrés (reeducació). La llei de Protecció de la família apareix amb un marcat accent d'exclusió de formes de convivència diferents a les establides per la moral catòlica o la llei de Mediació Familiar que després de molt soroll ha quedat en paper mullat. Els Centres dona-24hores són oficines que diuen derivar a dones amb problemàtiques socials dures als recursos adequats. A cap observador mínimament informat no se li escapa que més que derivar, el que fan és enviar a la deriva a dones que finalment es perden en els recursos del no-res.

Per fer, han fet fins a una llei de Valors d'Integració Social.

S'ha donat via lliure a les residències d'ancians de caràcter privat -de les quals un bon nombre són propietat de la família del Conseller de Benestar Social Juan Cotino- i s'ha suprimit el ja de per si molt qüestionat Bo-Residència, i programes com el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) ha anat perdent el seu caràcter universalista i ha reduït les hores d'atenció domiciliària a la seua més mínima expressió, en benefici de programes gracibles com el menjar a casa.


La gestió de les Pensions No Contributives i la seua escandalosa, lenta i burocràtica tramitació, amb esperes fins a de onze mesos, diu molt poc de l'eficiència del model social valencià.

La precarietat d'organismes públics d'atenció a les persones amb discapacitat, com el IVADIS, l'abandó de qualsevol projecció futura dels Centres Ocupacionals, la inhibició en els aspectes d'integració social dels malalts mentals,....configuren una situació de fet, en relació a aspectes fonamentals d'una política social progressista i solidària, que fa inviable una intervenció pública de qualitat, universal i solidària amb els sectors més vulnerables de la nostra comunitat.

S'han modificat els criteris que feien referència a la integració social dels destinataris de les Prestacions Econòmiques reglades (PER), passant a ser mers subsidis assistencials i que amb la nova llei de Renda Garantida de Ciutadania del 2007 -encara no s'ha fet efectiva cap prestació d'aquest dret a data d'hui- ha acabat de consolidar una idea i unes pràctiques contràries a l'Estat social de Dret i a la pròpia lletra de les lleis, i per últim constatar la deterioració sostinguda, per manca de finançament autonòmic, del Pla Concertat (amb l'Administració Central) de Prestacions Bàsiques que manté, encara hui i de forma molt precària, els Serveis Socials Municipals d'Atenció Primària.

Abundant en aquesta estratègia d'abandó de les responsabilitats públiques, en relació als drets subjectius de ciutadania que afecten als més febles, afegir la nefasta gestió autonòmica de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència promoguda pel govern central i avalada pel parlament espanyol.

Açò és: Els drets socials estan subjectes a partides pressupostàries que es respecten en molts contades ocasions i amb unes pràctiques de transferències discrecionals i continuades cap d'altres àmbits.

S'acaba el pressupost i s'acaben els drets.

La filosofia que inspira el model social valencià és la que “la millor política social és créixer i créixer econòmicament i crear llocs de treball”... amb els grans esdeveniments turístics. Amb això, queden bé davant la parròquia i alhora neguen la responsabilitat pública a atendre dignament a qui el mercat de treball expulsa o no accepta, ja siga per edat, discapacitat, falta d'habilitats, malaltia o problemàtiques d'exclusió sobrevingudes.

La plena ocupació ni ha existit ni existira. L'atur és consubstancial al sistema capitalista globalitzat. Davant això, els sistemes de protecció moderns han de protegir a les persones sense capacitat -per la causa que siga- d'accedir al treball assalariat. Així mateix, a les persones que tenint eixa capacitat de treballar perden la seua ocupació, se'ls ha de garantir l'accés a una protecció social, amb itineraris formatius orientats a la inserció sociolaboral, que els permeta viure dignament i amb això, augmentar possibilitats reals de reciclatge professional.

La responsabilitat pública en un Estat Democràtic i Social de Dret no pot delegar, com fa la Generalitat Valenciana, en un univers d'ONGs, algunes fortament subvencionades fins al punt que a gran quantitat d'elles se'ls haja caigut la N (de no governamental).

La idea de model social valencià, que proposa el PP, més que un model és un totum revolutum sense coherència democràtica ni tècnica amb un model progressista, sense partides pressupostàries adequades, ni perspectiva de futur. No és socialment útil i això s'evidencia amb les mesures extraordinàries que s'han hagut de prendre per part del Govern Valencià davant la situació de crisi i atur actual. No s'han reforçat els Serveis Socials Municipals i no obstant això s'han ampliat considerablement les ajudes d'emergència al marge de programes de formació i inserció per a l'ocupació o com en el cas de l'Ajuntament de València, l'alcaldessa Rita Barberà ha destinat un milió de € al marge dels Serveis Socials, perquè organitzacions caritatives o parròquies distribuïsquen borses de menjar entre qui ho demane. I per descomptat per a molts tampoc és un model valenciá i si no que li pregunten als centenars de valencians dependents que, al contrari que en la majoria de comunitats autònomes, on ja s'estan percebent aquestes prestacions, duen més de dos anys esperant la resposta de Conselleria a les demandes de les prestacions socials a les quals tenen dret.

Aquest model és un híbrid entre el negoci privat, la més estricta subsidiarietat de l'administració autonòmica i el no reconeixement dels drets subjectius i constitucionals de ciutadania. És un model que -des de la perspectiva del Treball Social- cal posar en qüestió de dalt a baix i sobretot de baix a dalt.

Al barroquisme legislatiu, la precarietat d'instruments tècnics, econòmics i socials i el desgavell polític que es troba actualment el Consell de la Generalitat, d'una banda, i per un altre, l'amplitud que va adquirint el territori de la precarietat i l'exclusió social es fa necessari -al meu judici- una reflexió profunda des dels àmbits sindicals, des de l'acció de les organitzacions socials i des del Treball Social per a reformular els projectes d'intervenció actuals.

L'Estat Democràtic i Social de Dret que defineix la Constitució del 78 hauria de garantir un conjunt de mesures de protecció social pròpies d'un Estat de Benestar Social avançat. No és així. En la pràctica, un dels pilars del Benestar Social es troba en el terreny dels Serveis Socials i la nova llei de Dependència respon, en origen, a millorar les prestacions públiques a les persones amb problemes per a valdre-se per si mateixes i incorporar-se al que constituïx una vida el més normalitzada possible. Però a més, altra dimensió d'aquesta llei se suposa que reforçaria notablement el Sistema Públic de Serveis Socials. Tampoc això es complix a la Comunitat Valenciana. El PP està utilitzant els diners públics transferit per L'Administració Central, no per a reforçar el sistema públic de prestacions socials, si no per a seguir derivant cap al mercat qualsevol possibilitat de negoci que oferix l'atenció a persones dependents. En comptes de generar ocupació estable i de qualitat han configurat una estructura de professionals del treball social paral·lela als serveis socials municipals o d'atenció primària.

Possiblement aquestes notes sobre el denominat model social valencià a algú li puguen semblar excessivament crítiques. El són. Quan la retòrica del poder autonòmic parla de "el millor model social d'Espanya", "som un referent en política social", "tenim el nivell de protecció social dels més alts de la Unió Europea" a més d'un ens fa sentir molta vergonya aliena quan, en el nostre treball i enfront de demandes socials justes, no pots més que traslladar la teva impotència davant la falta de recursos adequats per a resoldre problemes que afecten a persones i famílies senceres.

També des de els professionals de la intervenció social hem de mirar-nos el que fem o el que hauríem de fer. El Treball Social a de continuar sent una eina de diagnòstic, intervenció i avaluació de la realitat social i del tipus de intervenció social més adequada a la velles i noves demandes.

Els canvis socials, econòmics, polítics i demogràfics han produït, entre altres cosses, nous canvis de valors. Davant d´aixó, les elits polítiques no fan més que retrocedir en l'àmbit de la protecció social pública i tanmateix impulsen un tipus de assistencialisme social quasi graciable, de contraprestacions, de co-pagament, més de tipus residencial que de manteniment a l'entorn familiar, més pal·liatius que de prevenció, de total abandó del treball social comunitari, etc.

Alguna cosa hauríem de dir des del Treball Social, no?. Ens cal obrir un debat ample i sense concessions a moltes situacions on ens hem acomodat i/o estem decebuts. Des de l'àmbit universitari fins a les administracins públiques, des de les Entitats d'Iniciativa Social sense ànim de lucre fins al cooperativisme i al tercer sector.

Però aquesta qüestió la deixem per a altres lliuraments més específics sobre què fer des de les i els professionals que treballem amb persones, grups i comunitats, en les actuals circumstàncies.


València, juny 2009

Pep Pacheco Marco

Treballador Social

Sr. Camps, Sr. Cotino, Sr. Joaquín Martínez, desde la voz que somos de toda la ciudadania valenciana le ROGAMOS Y EXIGIMOS RESPETO.

No tiene desperdicio el escrito y la sarta de mentiras que son capaces de decir. Si no fuera por las consultas desesperadas que nos llegan desde los afectados al correo de la Plataforma... Les recordamos que la Comunidad Valenciana es la penúltuma en solicitudes ( 0´78 respecto a la población) y otros datos a fecha 1 de mayo 2009.

Prevención dependencia y promoc. aut. personal 1; Teleasistencia 0; Ayuda a domicilio 0; Centro de Dia/Noche 580; Atención residencial 10.451; Prest. econ. Vínculada al Servicio 617; Prest. cuidados familiares 7.152; presta. Econ. asistencia personal 0, Pendientes de identificar PIA 14.935

LEER EL DOCUMENTO Y SACAR CONCLUSIONES

Joaquín Martínez ha asistido en Madrid a la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

En la Comunitat Valenciana el derecho a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia se reconoce desde el momento de la solicitud

· Es necesario acreditar los gastos derivados del ingreso en un centro residencial o de un cuidador
· En otras comunidades sin embargo, la retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución PIA (Programa Individual de Atención)
· Esta retroactividad se aplicará en el caso del fallecimiento de la persona dependiente
· Joaquín Martínez destaca como objetivo del Consell que la atención llegue a todas las personas dependientes que lo necesiten
· En un futuro próximo se ampliará el número de servicios o prestaciones compatibles

Madrid (02-06-09).- El Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha destacado hoy que en la Comunitat Valenciana “el derecho a percibir una prestación económica prevista en la Ley de Dependencia comienza desde que la solicitud para el reconocimiento de la dependencia entra en el registro del órgano competente para su tramitación o desde la fecha en que se está recibiendo el servicio si es posterior, siempre y cuando se acrediten los gastos derivados del ingreso de la persona dependiente en un centro residencial o los gastos derivados de un cuidador dado de alta en la seguridad social”.

“Sin embargo, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura, La Rioja o País Vasco, esa retroactividad se contabiliza a partir del momento de recibir la resolución que determina qué tipo de ayuda corresponde a quien la solicita (Programa Individual de Atención)”, ha explicado Joaquín Martínez.

El Secretario Autonómico que ha asistido esta mañana en Madrid a la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha explicado que en los casos en que la persona dependiente haya fallecido antes de recibir la ayuda que le corresponde, “sus familiares podrán cobrarla con carácter retroactivo siempre y cuando acrediten los gastos mencionados anteriormente”.

En los casos en que la persona beneficiaria no estuviera recibiendo en el momento de la solicitud ningún servicio de los previstos en la Ley, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.

Régimen de incompatibilidades

Martínez ha recordado que en la Comunitat Valenciana “desde hace años estamos atendiendo a los grandes dependientes gracias a la gran oferta de recursos que se han venido creando tanto en recursos residenciales como en recursos de atención domiciliaria. Con la llegada y aplicación de la Ley de Dependencia lo que queremos lograr es que esa atención llegue a todo el mundo que la necesite”.

“Por este motivo, -ha añadido el Secretario Autonómico- cumplimos la ley en cuanto a incompatibilidades entre recursos y prestaciones que reciben las personas dependientes. En el momento en que todas las personas dependientes que lo necesiten reciban la atención que precisan, y en los casos excepcionales en que lo estimen oportuno los trabajadores sociales, algunas personas dependientes podrán recibir más de un servicio o prestación, puesto que en un futuro próximo y siempre que el Estado mejore la financiación, se irá ampliando el número de servicios o prestaciones compatibles. Hoy el objetivo prioritario de la Generalitat es que ningún dependiente se quede sin ayuda”.
La Comunitat Valenciana actualmente está siguiendo la normativa estatal en materia de incompatibilidades, que establece que no es posible recibir diferentes servicios o prestaciones salvo si uno de los dos que se reciben son la Teleasistencia o un programa de respiro del cuidador que habitualmente atiende a la persona dependiente