La mitad de los dependientes con derecho a ayuda aún no la reciben

Los trámites para solicitar la prestación se prolongan hasta dos años en la Comunitat aunque el Consell promete acortar a la mitad los plazos

«El 2 de enero de 2007 solicité la ayuda. Me valoraron y ahora en junio me declararon el nivel. Estoy en silla de ruedas y tengo un 78% de discapacidad. Hasta la fecha no he cobrado ni una peseta». La odisea de Javier Aparici, de Puerto de Sagunto, podría tener muchas caras. Personas dependientes que esperan ayuda. La mitad de los 57.000 valencianos que cuenta con el visto bueno aún no las han recibido.
Desde que entrara en vigor la ley, en enero de 2007, hay muchas familias esperando una llamada. Otras la recibieron demasiado tarde. «Lo pedimos en 2007, sí. Ni siquiera dinero, sólo ayuda especializada para mi mujer. Tardaron un año en valorarla. Una semana después de fallecer, me llamaron. Ni siquiera quise saber para qué», explica Diego Fernández de Valencia. Su caso, por desgracia, no es el único. «Hay que pasarlo día tras día para saber lo que es»,...

Trinidad Jiménez convocará en febrero a las autonomías para buscar mayor coordinación en salud y protección social

La ministra Trinidad Jiménez señaló que antes de que finalice el año se va a iniciar una "amplia reflexión" para definir y completar iniciativas en el ámbito sociosanitario que permitan dar respuesta a las necesidades de las personas dependientes y con patologías crónicas, desde una "perspectiva integradora", en la que las políticas sanitarias y las políticas sociales estén presentes y coordinadas.

La mayor parte de las familias con dependientes reciben ayudas económicas, por encima de residencias y centros de día

Las prestaciones económicas para el cuidado de personas dependientes en el entorno familiar suponen uno de cada dos casos en la Comunidad Valenciana y superan ya a los ingresos en residencias. Esta herramienta, que la Ley de Dependencia preveía otorgar excepcionalmente, está siendo la más utilizada en la Comunidad -también en el resto del país- frente a otro tipo de servicios recogidos en la norma, como la ayuda a domicilio o la atención en centros de día.

Presenta nueve quejas ante el Síndic para cobrar la paga de Dependencia de su madre muerta

La hija de una anciana que murió con 96 años exige el abono retroactivo de laprestación al haberla cuidado durante 12 años

Desde que inició los trámites para solicitar la prestación que, desde primeros de 2007, la ley reconocía a su madre hasta la actualidad Isabel ha acudido hasta nueve veces al Síndic de Greuges a pedirle su amparo."La ayuda la solicité enseguida, en mayo de 2007 pero, viendo que no me hacían caso, a los nueve meses me fui al Síndic y entonces vinieron a evaluarla", explica Isabel, quien a partir de entonces decidió acudir al Defensor del Pueblo valenciano cada vez que vivía una injusticia en propia piel.

"Nueve veces he ido en total, la última cuando murió mi madre, en febrero de este año", agrega. La ayuda como cuidadora familiar se la aprobaron en noviembre de 2008. Y tuvo que reclamar que le pagaran tres meses y medio, porque inicialmente solo le querían abonar uno y medio.Ahora Isabel quiere ir más allá y exige el pago retroactivo de la prestación desde la fecha de la solicitud. "A mi no me lo quieren reconocer pero a las residencias sí se lo están dando, ¿por qué?, ¿es que nos quieren castigar por haber cuidado de nuestros seres queridos? ", refiere esta vecina de Benimàmet, que asegura que ha ido a varios centros y en todos se abonan los atrasos. Y tiene claro que no va a claudicar.

El Gobierno entrega 36 millones para dependencia

El Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) ha destinado a la Comunitat Valenciana 36 millones de euros para emprender actuaciones relacionadas con la atención a la Dependencia. Esta cantidad se divide en dos áreas, ya que 23,5 millones se destinarán a inversiones en programas de dependencia y para mejorar de la oferta de la red de servicios existente en centros de día, alojamientos residenciales, centros de prevención de la autonomía y para ampliar las plazas en centros de dependencia. levante-emv valencia

El Síndic y la dependencia

Una vez más, y van..., el informe del Síndic de Greuges es demoledor con la Administración valenciana y su gestión de la Ley de la Dependencia, nada menos que el 47% de las quejas presentadas tiene que ver con la gestión ­ineficaz de una ley que supuestamente debería ser prioritaria para cualquier Gobierno que realmente fuera sensible a lo que pasa en las vidas cotidianas de sus ciudadanos. Sensible ante personas mayores que necesitan cuidados y que carecen de recursos para ello, familias, en plena crisis económica, que se están endeudando para pagar los gastos de una residencia, un centro de día o una cuidadora en el domicilio de personas dependientes que con la pensión que cobran les resulta absolutamente insuficiente para atender a sus necesidades. Resulta extraña la forma en que, de manera reiterada, el Gobierno de la Comunitat acepta estos tirones de oreja del Síndic, sin sonrojo. El informe es una llamada de atención que no va acompañada de sanción, únicamente muestra la evidencia de incompetencia y falta de sensibilidad ante los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Sí, hay mucha costumbre entre la clase dirigente de utilizar «lo que preocupa a los ciudadanos» para despejar a córner cuando les hacen preguntas incómodas o molestas, pero difícilmente podrán justificar estos evasores de la responsabilidad que la dependencia y sus consecuencias no preocupan a cada uno de los más de 150.000 valencianos que la están sufriendo, a sus familiares, y a todas aquellas personas que nos parece que se debería poner toda la maquinaria de la Administración al servicio de aquellos que más lo necesitan y además lo pagan con sus im­puestos, no es un regalo, una dádiva, estamos hablando de prestaciones de derecho que se están incumpliendo. De momento, están anunciando esta falta de interés instituciones como el Síndic, pero seguramente no van a tardar en aparecer sentencias judiciales que, en este caso sí con sanción, condenen una mala praxis de los responsables del desastre por no atender debidamente aquello que realmente preocupa a los ciudadanos, y en este caso, la frase no es un latiguillo evasor. Gustavo Zaragoza

La Sindicatura de Greuges recibe unas 4.000 quejas en 2008, la mayoría sobre la Ley Dependencia

El Síndic ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.

La Sindicatura de Greuges recibió cerca de 4.000 quejas en 2008, la mayoría de las cuales estaban relacionadas con los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia, según ha afirmado el titular de la institución, José Cholbi.
El Síndic, quien ocupa el cargo desde marzo, presentó el pasado viernes a la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, el informe correspondiente al año pasado, realizado bajo el mandato de su antecesora, Emilia Caballero, quien ocupó el cargo en funciones durante casi tres años.
Ha lamentado que el mayor número de quejas estén relacionadas con la Ley de Dependencia y ha instado a las Administraciones a acelerar las valoraciones a los dependientes, aunque también ha dicho comprender "la avalancha" de solicitudes que existen para percibir estas ayudas.

REUNION CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y CON EL DIPUTADO JOAN TARDA

Valencia, 16 de septiembre de 2009

LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EL AMPARO

Los representantes de la plataforma se reúnen el 16 de septiembre en Madrid con el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, para expresarle el desamparo en la que se encuentra la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, en comparación con el resto del Estado Español respecto a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia.
Las Plataformas ante la indefensión de los dependientes y familiares con la Administración de la Generalitat Valenciana, y agotadas la vía de negociación con la Sindicatura de Agravios, Consejería de Bienestar Social, Delegado del Gobierno y partidos políticos. Presentan al Defensor del pueblo un dossier de todo el movimiento ciudadano en la CV. y las quejas y denuncias que han realizado desde que se constituyeron.
QUEJAS PRESENTADAS
1. La puerta de entrada al sistema deben ser las instancias de la administración pública con experiencia en la gestión de los recursos que se reconocen en el catálogo (art.15 de la ley), los servicios sociales municipales de base. Instamos, por tanto, a eliminar las estructuras paralelas que no pueden desempeñar directamente funciones propias de la administración pública, como el caso de la mercantil AVAPSA s.a. a la que actualmente se le tiene encomendadas las funciones de valoración y propuesta del PIA. Por tanto, se considera indispensable el refuerzo de las ratios profesionales de los servicios sociales municipales mediante la correspondiente oferta pública de empleo, para desarrollar todo el procedimiento de reconocimiento, valoración, y prescripción de recursos, manteniendo la lógica coordinación con la administración autonómica.
2. Aplicación de mecanismos de información ágiles, útiles y veraces, para divulgar la Ley 39/2006 entre la ciudadanía valenciana. Considerando que la administración local debe tener especial protagonismo en la participación sobre estos mecanismos de información y divulgación. En este sentido es intolerable que la información sobre los expedientes administrativos de los/as ciudadanos/as se ejerza a través de un teléfono de información (900) que no depende directamente de una Administración Pública y que no corresponde a la necesidad de información de los ciudadanos y profesionales.
3. Cumplimiento de plazos legales establecidos para el proceso de reconocimiento del derecho y de las consiguientes prestaciones económicas, o en su caso, de servicios. El plazo admisible debería considerarse como el de 9 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se otorga resolución del Plan Individual de Atención (PIA).
4. Eliminación del silencio administrativo negativo. No tiene sentido cuando se presenta solicitud de valoración. La Ley de Presupuesto para 2008, en su Disposición Adicional Undécima establece: Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
a. En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo.
b. A los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, no se aplicará el régimen de silencio administrativo previsto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
5. Garantizar al ciudadano/a la elección mediante la verdadera puesta en marcha del catálogo. Con este fin resulta imprescindible la inversión pública; refuerzo de ratios profesionales en los servicios; ampliación de plazas en centros de día y residencias; el desarrollo de la norma autonómica sobre acreditación de centros y su aplicación.
6. Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, o en su caso, prestado desde servicios de la red pública (públicos o privados concertados y debidamente acreditados) pero en ningún caso mediante la Prestación Vinculada al Servicio que supone el nivel de privatización más salvaje y la indefensión total del/la ciudadano/a.
7. Garantizar el carácter de excepcionalidad de las prestaciones económicas frente a los servicios, tal y como expresaba el texto legal en su artículo 14. El Gobierno Valencia está haciendo de la Prestación al Cuidador en el Entorno Familiar y de la Prestación Vinculada al Servicio, los productos estrellas de la Ley, favoreciendo poco la generación de empleo de calidad.
8. Eliminar el régimen estricto de incompatibilidades regulado en norma valenciana (orden 5 de diciembre del 2007) que está provocando el retroceso, incluso, en derechos sociales que muchas familias y personas ya tenían adquiridos. Resulta inconcebible que se homologuen servicios de promoción de la autonomía (centros ocupacionales) con servicios de atención a situaciones de dependencia (centro de día), y que los/as ciudadanos/as se vean obligados a optar con la consiguiente perdida de derechos.
9. Solicitamos la retroactividad, tal y como expresa la propia norma valenciana a través del Decreto 171/2007 en su artículo 10: “4. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones o servicios se entenderá producido a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación; no obstante, si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo ningún servicio de los previstos en el catálogo en el momento de la solicitud, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
10. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la CV.
11. Exigir la creación del Comité Consultivo con la participación de los agentes sociales y colectivos ciudadanos/as como la Plataforma en Defensa de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a situaciones de Dependencia.
Ante la falta de respuesta y de implicación solicitan el amparo del Defensor del Pueblo y la amonestación al gobierno de la GV. Para que reconsidere su actitud ante los dependientes y familiares y ponga en marcha los recursos humanos y económicos necesarios, de carácter público para la correcta aplicación de la Ley.

Compromiso adquirido del Defensor del Pueblo con la Plataforma:

Recopilar información para realizar un estudio sobre el grado de aplicación de la ley en la CV. porque encuentra que no hay igualdad ante esta ley en los diferentes territorios del estado español, así como estudiar todas las quejas que se presenten ante el DP

Reunión en Congreso de Diputados con Joan Tardá

Las Plataformas también se reunieron en el Congreso de los Diputados, con uno de los redactores de la ley de Autonomía Personal, el Diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, Le Expusieron la situación vivida por los dependientes y familiares en la CV. Y le entregaron un dossier informativo realizado por la plataforma

El Diputado Tardá les comunica que en breve recibirá un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el grado de aplicación de las diferentes comunidades autónomas. Y reconoce que la CV. Está a la cola en la aplicación de la ley comprometiéndose a instar al gobierno de España que pese a la crisis mantenga los dineros adscritos a la dependencia en los presupuestos del estado de 2010, que en estos momentos se están negociando. Contribuir a denunciar esta situación e instar al gobierno español a hacerlo partiendo del informe realizado. Pedir la comparecencia de la ministra a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y ser altavoz de la problemática de la dependencia en la CV. También se comprometió que hablaría con el grupo parlamentario del PSOE para crear una subcomisión de seguimiento de la implantación y aplicación de la ley.

El PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes

El grupo socialista alertó ayer de que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento y en la Generalitat 7.135 solicitudes de vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y ayudas de la ley de dependencia. El concejal Julio Such señaló que sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, y lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los vecinos se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar. «Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes»,

LA PRIMERA DEMANDA POR LA LEY DE DEPENDENCIA SE JUZGARÁ EN OCTUBRE

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007

ÁFRICA PRADO: El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.
El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.
"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.
A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.

Tres consejeros para una ley atascada

La consejera Angélica Such es la tercera responsable de Bienestar Social encargada de aplicar la Ley de la Dependencia, una norma que no funciona -como apuntan diversos estudios- y que se ha convertido en un problema para el Consell.

Such acaba de aterrizar en un departamento que figura a la cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo de la ley. En la última tabla, a fecha 1 de septiembre, sólo Madrid estaba por debajo en número de solicitudes presentadas (el 0,87% de la población en la Comunidad Valenciana frente al 0,69 de Madrid y el 3,67% de Andalucía, en el otro extremo).

Such sabe a qué se enfrenta, señalan desde su departamento: "La consejera considera una prioridad el desarrollo de la ley, es consciente de que es una demanda social de primer nivel". De hecho, las mismas fuentes indican que ya se ha reunido con responsables del sector en su primera semana como responsable de Bienestar Social. Palmira Castellano, de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, no lo tiene tan claro: "Yo creo que no va a cambiar nada, porque la falta de actividad responde más a la actitud de un partido político que a la de los consejeros".

Veinte meses esperando

Desde el día 17 de julio de 2009 no puedo cerrar los ojos de asombro al leer un artículo en este diario cuyo titular era: «El bloqueo a la Ley de Dependencia reduce en 60 millones la financiación del Consell». Paso a relatar mi caso particular. Mi padre está evaluado y declarado «gran dependiente» desde noviembre de 2007, repito, noviembre de 2007 y punto final, es decir desde esta fecha no hemos tenido noticias del Consell, ni buenas ni malas, todo lo que se nos ha proporcionado han sido informaciones, cuando las hay, turbias, escasas y contradictorias, nos hemos dejado la piel en averiguaciones, intentos nulos de recabar algún dato que nos haga ver el final de este oscuro túnel... Entonces ¿me puede aclarar alguien qué ha querido decir el señor Gerardo Camps cuando dice que: «Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra Comunidad», porque claro, si lo aplicamos al caso particular mi padre ya está siendo «menos» que los enfermos dependientes de cualquier otra Comunidad y, fíjese qué cosas, precisamente por culpa de su mala gestión. Señor conseller: ¿no es injusto que mi padre lleve la friolera de 20 meses esperando recibir una ayuda que le corresponde por ley sólo porque ustedes no han gestionado bien los recursos?, ¿no es insolidario que una persona como mi padre tenga que emplear el 80% de su pensión en un centro de día que no subvenciona la Generalitat y que lleve 20 meses esperando una «ayuda» para poder costearlo? ¿Y no es desigual, señor Camps, el trato que recibe mi padre en relación a un enfermo dependiente de la Comunidad catalana? Señor Camps: ¿es que mi padre es menos que los demás? Por favor agilicen la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana ya. Porque a lo mejor para el próximo reparto de financiación mi padre ya no será una cifra más que les sirva para pedir dinero para «vete tú a saber qué». Piénselo como solución práctica, como les gusta a ustedes... Ojalá se pudieran transmitir con palabras los sentimientos de rabia e impotencia. Nuria Pérez Antón

Cartas al director > Protección a los que lo necesitan

Ayer, día 3 de julio, ha salido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la ley de Francisco Camps sobre la protección a la maternidad.
En su preámbulo hace referencia al artículo 39 de la Constitución española que establece que los «poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley independientemente de su filiación y de su madre, sea cuál sea su estado civil».
También se cita el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros se centrará primordialmente a la «defensa integral de la familia, la protección específica y tutela social del menor, la asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión o discriminación social».
Esta ley, que en definitiva viene a contestar la ley de Gobierno central sobre el aborto, que yo no voy a entrar a valorar porque este tema es muy serio e importante y habría que tratarlo en profundidad, lo que quiero es hacerle al señor Camps, con todos mis respetos, una reflexión: ¿Qué defensa, protección social, económica y jurídica, defensa integral de la familia ejerce don Francisco Camps con los niños, jóvenes y adultos, grandes dependientes y sus familias que están ahí, aquí y ahora y que no han sido valorados tan siquiera para disfrutar de los derechos de la Ley de Dependencia, que en esta Comunidad usted y su gobierno están incumpliendo, han boicoteado desde un principio -con fines partidistas-? En definitiva, es una desvergüenza en toda su extensión? ¿Qué hacemos los grandes dependientes y sus familias?, ¿nos arreglamos como podamos?
Mire, señor Camps, no ejerza una doble moral, no tenga dos varas de medir, nuestros grandes dependientes y sus familias le exigimos prontitud en la resolución de nuestras solicitudes presentadas en el 2007, familias en muchos casos como dice el artículo 10.3 del Estatuto sufren marginación, ansiedad y depresión. Mercedes Pastor Bardisa

Miembro de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca

Viernes 03 de julio de 2009

´Me quitan la pensión y la ayuda de mi hija no llega´

La joven de Burjassot tiene un grado de minusvalía del 89% y lleva 8 años postrada en una cama.

JESSICA F. PEÑA BURJASSOT
A Francisca Ruiz no le da ninguna vergüenza decir que está viviendo "dignamente, pero como una miserable" ya que su situación económica y familiar es "muy dramática". Lo que sí le daría vergüenza "es que la gente viera que no tengo a mi familia atendida, porque para mí ellos son lo primero".
Esta mujer lleva al cuidado de su hija Alicia desde que ésta sufrió un accidente y quedó postrada en una cama en su casa de Burjassot. Desde entonces sólo se separa de ella las horas que la chica acude a un centro de día desde hace un año. Pero las desgracias no han parado de llegar a esta familia desde hace más de una década.
Y es que a Francisca le diagnosticaron un cáncer de mama hace diez años y tuvo que someterse a un duro tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía de la cual le ha quedado una gran cicatriz. Además, tiene artrosis en las manos, lumbago y un grado de minusvalía del 58%. Por ello, hasta el año pasado le pagaban cerca de 300 euros, que dejó de percibir porque cambiaron los baremos que rigen este tipo de ayudas no contributivas. Ahora no cobra nada.
Así que su familia sobrevive con los menos de 500 euros que el Estado paga por la discapacidad de Alicia. Pero las ayudas que Francisca solicitó para la Ley de Dependencia hace dos años no han llegado. Ni siquiera le han confirmado que se la vayan a dar a pesar de que su hija tiene un grado de discapacidad de 89%. "No se puede levantar, lleva paquete, le tenemos que dar de comer, de beber, la bañamos entre dos o tres porque es muy grande y no podemos con ella", recalcó esta vecina de Burjassot.
"Es una gran injusticia. Me quitan la pensión y la ayuda para mi hija no llega. No tenemos prácticamente ni para comer", manifestó.

Solidaridad de vecinos y ayuntamiento
Los vecinos conocen bien la situación de Francisca y su familia. Y son muchos los que se vuelcan con ella. El hecho de tener en acogimiento a los dos nietos también le reporta unas ayudas mensuales que, la mayoría de veces, no llegan ni a los 100 euros por cada uno. Y si no tiene leche para que desayunen, su vecina Carmen Collado le da dos vasos. Lo mismo que hace Francisca cuando alguien la necesita. Algunas tiendas del barrio donde vive, las 613 viviendas de Burjassot, fían a esta mujer para poder alimentar a su familia. Y es que el dinero que corresponde a su hija Alicia por su dependencia iría a parar al centro de día de Ivadis donde acude a diario y continuará pagando de su bolsillo otros 120 euros. El consistorio paga a la eléctrica.
j. f. p. burjassot

La ´doctrina Gürtel´ de opacidad se extiende por el Consell "Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos"

LEVANTE 29/06/09
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos", se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).