El Consell paga miles de euros de dependencia antes de llegar la resolución

La conselleria lo achaca a la lentitud de los servicios de correos

La Conselleria de Bienestar Social no para de sorprender a los peticionarios de la ley de la dependencia. Si antes, la noticia era la demora en el pago, ahora es el excesivo celo en abonar a algunos beneficiarios la cuantía de las ayudas, con tanto empeño que ahora llega antes el dinero que la resolución que notifica que la prestación ha sido autorizada.

MURIÓ ESPERANDO

La Ley de Dependencia no se ha aplicado por igual en todas las comunidades autonómicas. La lenta implantación de la ley en la Comunidad Valenciana provoca en muchos casos que el dependiente muera antes derecibir la prestación.
"Este es el caso de mi padre, que con una enfermedad degenerativa, presentó la solicitud en la Consellería de Bienestar Social, el 18 de diciembre de 2007, y falleció el 4 de febrero de 2010 sin recibir ninguna ayuda a pesar de tener reconocida su condición de dependiente.
Trabajador incansable hasta que le llegó la jubilación, pasó sus últimos años viendo y sufriendo como la enfermedad le modificaba la calidad de vida. Hace año y medio su situación personal se agravó, por lo que ingresó en una residencia privada, y como su pensión no daba para pagarla, se echó mano de los ahorros.
Durante más de 2 años, he sentido frustración, indignación y cansancio por las numerosas trabas y la lentitud en resolver su expediente. Me he quejado por teléfono y por escrito a la Consellería, he participado en manifestaciones a favor de la ley y hoy lloro su muerte. Para cuando llegue la notificación de la ayuda que le corresponde, mi padre llevará meses enterrado en el cementerio de Alicante.
Gracias por publicar esta carta

María José Tercero Guijarro

Gracias María José por tu testimonio, porque prueba la dejadez y desidia de los gobernantes y responsables valencianos de aplicar la ley

Familiares de dependientes critican que les exigen un contrato

La Conselleria exige la acreditación mediante un contrato laboral entre dependiente y cuidador familiar

P.A. La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado "el aumento de los recursos de alzada, reclamando la retroactividad de las prestaciones desde el día siguiente a la presentación de la solicitud", un trámite al que la Conselleria está contestando "que es necesario acreditar mediante contrato laboral la relación entre la persona dependiente y el cuidador familiar". De esta forma, asegura Miquel Martorell, portavoz de la plataforma, "se niega la retroactividad del pago a los hijos que están dedicando su tiempo a sus padres dependientes o a los padres que durante años están cuidando de sus hijos". Por otro lado, "la Conselleria raramente contesta los recursos contra las resoluciones de grado y nivel, por lo que se hace necesario acudir a la vía contencioso-administrativa ante el TSJ en Valencia, lo que retrasa el proceso".Éste y otros problemas fueron expuestos por miembros de la plataforma durante una reciente reunión con Emilia Caballero, primera adjunta del Síndic de Greuges. Este encuentro sirvió "para expresarle nuestra preocupación por la actitud sistemática del Gobierno valenciano de retrasar la aplicación de la Ley". La Plataforma denuncia, además, que "se están rescindiendo contratos a trabajadores sociales que tramitan los expedientes en los ayuntamientos porque la Conselleria no quiere invertir más dinero". Como consecuencia, "estos expedientes se acumulan y recargan el trabajo de los pocos que quedan".Además, Martorell asegura que "durante el pasado enero, Bienestar Social ingresó a los dependientes cantidades correspondientes a la prestación, sin haberles notificado previamente la resolución del Programa Individual de Atención". Esta situación, que la plataforma tacha de "irregular", genera "indefensión, porque el dependiente no sabe a qué meses corresponde la cantidad, ni qué tipo de servicio o prestación se le ha reconocido". Caballero ofreció a la plataforma "su apoyo en la tramitación de las quejas que presenten las personas dependientes y que a día de hoy son más de 2.000 relacionadas con la Ley". La plataforma ha decidido recorrer los pueblos de la provincia recogiendo las quejas para hacerlas llegar al Síndic.

La fundación fantasma del Consell gastó 80.560 euros en tres consultoras

En apenas dieciséis líneas liquidó la fundación pública Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) el relato de todas las actividades que acometió en el año 2008, el primer ejercicio íntegro desde que se puso en marcha esta entidad semiclandestina, el 12 de junio de 2007. En este proyecto de la Conselleria de Economía no se cumplió la costumbre de arrancar con mucha energía para perder fuelle después. Nació ya al ralentí. Pagó los 100.000 euros a sus dos empleadas (una gerente y una técnica) y poco más. La única actividad reseñada en un documento interno -una memoria de actividades muy "sui generis"- al que ha tenido acceso este diario fue la elaboración de estudios sobre el funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. Son empresas con un régimen jurídico y tributario distinto a las mercantiles convencionales, que viene dado por el hecho de que al menos un 70% de su plantilla tiene discapacidad. La labor de "diagnóstico y análisis de la situación económico-empresarial y de gestión" de esos centros se adjudicó a consultoras externas, que recibieron tres contratos por 80.560 euros.

El PSPV denuncia que más de 62.000 dependientes no reciben prestación

El PSPV denunció ayer que la Comunidad Valenciana está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Según datos aportados por el secretario de Sanidad de la Ejecutiva provincial del grupo socialista, Luis Briñas, las solicitudes registradas hasta el 1 de febrero son 88.794, "de las cuales sólo se da prestación a 26.411 dependientes, lo que supone que faltan por recibir ayuda 62.383 dependientes". Estos datos revelan "que estamos los cuartos por la cola en solicitudes aprobadas en relación a la población de la Comunidad, con un 1,74%, mientras que Andalucía está en 4,11% y la media de España es de 2,49%". El secretario socialista de Sanidad asegura "que también estamos a la cola con respecto a los dictámenes, con un 1,68%, siendo la media de 2,24%"."Todo esto, sumado a que sólo se dedica el 3,92% del presupuesto de la Generalitat a políticas de Bienestar Social en los presupuestos de 2010 y que llevamos más de 2.000 muertos en la provincia y más de 8.500 en la Comunidad, así como que faltan más de 62.000 valencianos sin recibir respuesta a sus solicitudes, nos lleva a la conclusión", según Briñas, "de que al PP lo que menos le interesan son los problemas de los valencianos y, sobre todo, los problemas de los dependientes".

Más conciertos para los centros de mayores vinculados a Sedesa.

El paso por la Consejería de Bienestar Social del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (junio 2007-agosto de 2009) no solo dejó a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la ley de la Dependencia en España. También se tradujo en un aumento del volumen de negocio de la red de residencias de la tercera edad vinculada a su familia. Esta empresa, Savia Centros Residenciales -nombre comercial de Gerocentros del Mediterráneo, SL, participada por Sedesa Concesiones, del Grupo Sedesa que dirige el sobrino del consejero, Vicente Cotino Escrivá- se vio favorecida por varias medidas adoptadas durante la etapa de Cotino en Bienestar Social. Un acuerdo del pleno del Consell de 2008 propició un aumento del 170% de las plazas subvencionadas por la Generalitat con esta firma a final de ese año respecto a las concertadas en 2006 al pasar de 716 a 1.938.

Hay dependientes que son rehenes de la batalla política"

ENTREVISTA: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ Presidente de Directoras de Servicios Sociales

Es el hombre que ha sacado los colores a las comunidades autónomas que suspenden en su aplicación de la Ley de Dependencia. José Manuel Ramírez (Villanueva de Huerva, Zaragoza, 1962) preside la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un privilegiado observatorio que evalúa el desarrollo de la ley en cada región y pone nota: el examen más temido por los responsables autonómicos de la Dependencia. En la actualidad es director técnico de un organismo municipal de atención a drogodependientes en Marbella, pero en los ochenta participó en los gobiernos que pusieron en marcha los servicios sociales en España. Hoy lamenta que "se especule con el sufrimiento de las personas más necesitadas" con el fin único de batallar en la arena política.

"La financiación es igual para todas las comunidades. No valen excusas"
Pregunta. ¿Cuál es su resumen de la aplicación de la Ley de Dependencia, tres años después de su entrada en vigor?
Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protección social en la última década. Más de medio millón de personas ya reciben alguna prestación, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido aún esperan.
En algunos territorios sí se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y cómo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.
P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ¿A qué las achaca? Se habló de boicot por parte de algunas comunidades.
R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la población española vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse aún de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables, y los hay, rehenes de la batalla política. No se puede especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas. Es una cuestión de dignidad humana, ante la que no debemos callar ni limitarnos a señalar discrepancias de modelo.
P. Las comunidades se quejan de falta de financiación y de un calendario de aplicación muy estrecho.
R. La financiación y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. No queremos creer que se haya tratado de un boicot por razones políticas o partidistas, pero sí se evidencia una preocupante falta de creencia en el sistema público de servicios sociales en algunas regiones.
P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no sólo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado más de lo que gastan en Dependencia.
R. Hicimos una estimación de los gastos que asume cada comunidad sólo en la parte de los servicios y las prestaciones económicas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clarísimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se venía prestando en esos territorios. La financiación de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiación debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ningún caso se puede tomar como una financiación territorial indefinida para asuntos inespecíficos.
P. Un informe de la Agencia de evaluación del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Política Social, ir a los tribunales contra aquellas autonomías que no aplicaban la ley.
R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hacía sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso órgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley.
P. ¿Está diciendo que las comunidades y el Gobierno se tapan las vergüenzas entre ellos?
R. Digamos que los apresurados plazos de implantación de la ley y la complejidad de los sistemas autonómicos, sí generaron una cierta comprensión mutua entre las administraciones al inicio. Pero esta política de paz permanente tiene que tener su límite cuando -transcurridos tres años- hay una dejadez evidente por parte de algunos dirigentes. Cada mes, los datos oficiales destapan las vergüenzas de esas cuatro o cinco comunidades en las que los porcentajes de atención al dependiente llegan a ser seis veces inferiores entre unas y otras. Canarias y Madrid tienen el porcentaje más bajo.
P. Y tiempos de espera excesivos, de casi dos años, hasta que el ciudadano recibe una ayuda.
R. La tramitación administrativa debe servir de garantía para los administrados y no para la Administración. Los sistemas de protección social no pueden entregar las ayudas basándose en resoluciones administrativas. ¿Se imagina que una intervención quirúrgica o una receta médica precisasen de un decreto de la autoridad competente?
P. En ocasiones han denunciado que la Ley de Dependencia esta desfondando los servicios sociales de siempre.
R. Estamos analizándolo y aún es pronto para afirmar algo rotundo. Siempre nos opondremos a que las políticas sociales se dirijan únicamente a la Dependencia.
P. ¿Se fía de los datos oficiales que ofrecen las comunidades? Algunos son raros.
R. Tengo que confiar en que son buenos. La financiación de la ley depende de ellos. Si se manipulan sería un fraude económico.
P. Su asociación, con representación en toda España, es temida por sus informes sobre Dependencia. Ustedes dicen que están sufriendo presiones, obligados a callar, a no mencionar nombres.
R. Nuestra asociación no está sometida a ningún criterio político ni está financiada por nadie, lo que nos da absoluta libertad para debatir y opinar desde hace más de 15 años. Nuestros dictámenes sobre la ley han provocado algunas reacciones poco elegantes por parte de ciertos responsables políticos y es cierto que en los últimos tiempos algunos de nosotros hemos empezado a percibir presiones personales en nuestro entorno más inmediato. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con todos y quien adopte posturas beligerantes y actúe intentando influir en nuestras opiniones se equivoca de estrategia.

UN CAMINO DE OBSTÁCULOS

La vida de cuatro familias con personas dependientes, dos años después

Frustración, papeleo, trabas, quejas, supervivencia, vacío, lentitud y cansancio, mucho cansancio. Son palabras que pronuncian cuatro familias de la provincia que corrieron a solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia poco después de abrirse el plazo. Entre los meses de mayo y junio de 2007 presentaron sus peticiones a la Generalitat y al finalizar el año contaron su situación a este diario. Si en medio año les dio tiempo a pasar de la euforia a la desilusión por la lentitud del proceso, aún en mantillas, dos años y medio más tarde reina la decepción, ...

El Consell rectifica y permite los cursos online para cuidadores

La Conselleria de Bienestar Social permitirá que los cuidadores de personas dependientes puedan realizar a distancia la formación obligatoria que les exige la Ley de Dependencia

Desde Bienestar Social precisaron ayer que ya se "está trabajando" en la herramienta que posibilite que esta formación se pueda dar, en su mayor parte, a través de la red y que "en breve" serán presentados estos nuevos cursos. Desde este departamento también se insistió ayer en que se intentará "ampliar el abanico de cursos" para que se adapten mejor a las necesidades de los cuidadores. Como se recordará, algunos de los cuidadores se quejaban de que las únicas alternativas que les ofrecían para la realización de los cursos coincidían con el periodo vacacional de sus hijos.

Dependientes sin asistencia por los cursos del Consell

Bienestar Social desoye el criterio del Ministerio de Sanidad que insta a las comunidades a ofertar una modalidad de formación a distancia en función de las necesidades personales

PINO ALBEROLA: Su jornada es de 24 horas durante los siete días de la semana. Sin embargo, muchos cuidadores con personas dependientes a su cargo tendrán que sacar tiempo de donde no lo tienen y dejar de atenderlos personalmente para asistir a un curso de formación presencial obligatorio.

Madrid 'burla' la Ley de Dependencia y ahora también pretende privatizar su aplicación

Es lo que denuncian los sindicatos a propósito del último invento del Gobierno de Esperanza Aguirre: la tarjeta-monedero. Está por ver si esta Comunidad, una de las que más incumplen la ley, aplica el acuerdo al que ha llegado el Consejo Territorial de Dependencia.> Las sombras que acechan a la Ley de Dependencia

Coincidiendo con esta reunión, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales ha hecho público un estudio en el que se revela que más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho. Es decir, estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que a juicio de los expertos es "excesiva, abusiva y sin explicación posible" y que va desde los 12 hasta los 18 meses.

Seis meses para dictaminar las ayudas a dependientes

Las Comunidades Autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las CCAA en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones.

Desde la Comunidad Valenciana, nuestros responsables políticos están haciendo caja, con los dineros de las ayudas que la ley les otorga a los dependientes, ya que los dependientes siguen recibiendo las mismas prestaciones, pero en vez de sufragarlos vía presupuestos de la Generalitat a través de los Servicios Sociales, (tiene las competencia exclusivas) ahora lo paga con los dineros que el gobierno de España les financia a través de la ley de La dependencia.

Moraleja: La ley le da unos derechos y dineros que el gobierno de la Generalitat utiliza para cubrir el deficit que le produce los grandes eventos.

¿Es el sector público excesivo?

Este artículo cuestiona la postura reflejada en el informe “El Coste de la Administración Pública en España” publicado por la EAE Business School que sostiene que el empleo público en España es excesivo, siendo una de las causas de la ralentización del crecimiento económico y de su escasa eficiencia. El artículo muestro los errores y manipulaciones de tal informe señalando que, en realidad, el sector público está poco desarrollado en España siendo el empleo público uno de los más bajos de la Unión Europea de los 15.

Camps invirtió en dos días en la F1 más que en un año en Castelló´

María José Salvador, denunció ayer la "marginación" que sufre esta provincia por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien "gasta más dinero en el circuito de Fórmula 1 en un fin de semana que en Castelló en un año".Así lo indicó la responsable socialista a través de un comunicado, en el que ha contrastado los 90 millones de las obras de acondicionamiento del circuito de Fórmula 1 con los 104 millones anunciados para Castelló entre todas las consellerias para el 2010.

Desde la Plataforma instamos a Camps a que dedique también 90 millones a los dependientes y sus familiares, porque harían que la vida diaria fuera un poco mejor y mas fácil a muchos ciudadanos y ciudadanas valencianos. Y se gasta 90 millones en un fin de semana, solo para unos pocos. ¿ Cómo pueden dormir tranquilos aunque vayan a que les bendigan todos los días?. Seguro que recibirán el castigo divino.

Los cinco retos de la Ley de Dependencia

1. RETRASO EN HACER LLEGAR LA AYUDA
Las ayudas tardan en llegar hasta 15 meses. Las autonomías han agilizado la evaluación de los dependientes, pero el siguiente paso, la determinación del tipo de prestación que se da, sigue estancado. Un 36% de las personas con derecho a ayuda aún la espera

2. LA PRESTACIÓN NO ES RETROACTIVA
La lenta implantación de la Ley provoca que en muchos casos el dependiente muera antes de recibir la prestación. La ley dice que es retroactiva y toma como referencia la solicitud, pero algunas autonomías han aprobado normas que restringen este derecho.

3. IMPLANTACIÓN DESIGUAL
La aplicación de la norma es desigual: en Balears sólo un 40% de los dependientes con derecho a ayuda la recibe; en Navarra, un 82%. Según la Asociación de Directores de Servicios Sociales, Canarias es la que peor la aplica y Andalucía la que mejor.

4. EXCESO DE AYUDA A FAMILIARES
La Ley establece que las ayudas económicas para los familiares son excepcionales, aunque los afectados suelen preferir estas prestaciones. Un 57% de las ayudas son de este tipo. Para las autonomías es más barato dar dinero que crear infraestructuras.

5. FALTA DE COORDINACIÓN
Para que la ley funcione correctamente, deben estar bien coordinados los servicios sociales locales y las autonomías. En la mayoría de territorios esto no ocurre. Ello retrasa la resolución de expedientes y merma la calidad de los servicios.