Las personas que solicitan una ayuda por la Ley de Dependencia no lo tienen fácil si han de acudir a los tribunales por desacuerdo con el grado de discapacidad que la Administración les ha atribuido; o con la prestación asignada. La jurisdicción competente para estos litigios es el contencioso administrativo, donde los procesos se alargan una media de cinco años y son más costosos porque requieren la intervención de abogado y procurador.
El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.
La fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de esta ley por parte del Tribunal de Cuentas se hace a propuesta del consejero Ciriaco de Vicente, que está al frente del Departamento Sociolaboral y de la Seguridad Social, pero también contará con la participación del departamento de Comunidades Autónomas, a cargo del presidente del Tribunal, Manuel Núñez Pérez, según ha sabido este periódico.
Desde el Tribunal de Cuentas creen que es conveniente analizar "la aplicación de la ley desde su aprobación hasta ahora" en lo que se refiere a la correcta utilización de los fondos previstos para su desarrollo así como del cumplimiento de los plazos establecidos para el beneficio de los ciudadanos.
La institución pide que se resuelva el "brutal stock" de solicitudes acumuladas en la Comunidad Valenciana desde 2007
