RECORTE DEL 0,6% DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA-40 MILLONES DE €

Valoración por parte de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de las medidas adoptadas por el Gobierno mediante Real Decreto-ley 20/2011 en lo que afecta a la atención a la dependencia.Tras el sobresalto que produjo el anuncio de medidas de recorte del déficit que afectaban a las personas dependientes debido a lo contradictorio y poco detallado de las informaciones proporcionadas por Moncloa tras el Consejo de Ministros del día 30 de diciembre, hemos analizado más pausadamente, la redacción dada en el RDL 20/2011 a esta cuestión.

Canarias, C.Valenciana, Asturias, Ceuta, Melilla y Madrid, suspenden en Dependencia

Canarias, con 0,5 puntos, Comunidad Valenciana, con 2 puntos, Asturias (2,5), Ceuta y Melilla (3) y la Comunidad de Madrid (4) acaban 2011 con un suspenso en el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, según el VIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que analiza semestralmente la aplicación de la norma en todas las comunidades autónomas.

Por el contrario, según los mismos parámetros establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León y País Vasco alcanzan una nota de 10 por ser las comunidades que "mejor" implantación han hecho de la norma en 2011, en base a los parámetros de eficiencia, inversión, gestión de la lista de espera, gasto por habitante, innovación, buenas prácticas, integración de los servicios sociales, entre otros, basados en los datos oficiales del Imserso y Ministerio de Hacienda.

COMUNICADO DE PRENSA 1 DE ENERO DE 2012

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, colectivos y entidades sociales: AAVV, Colegios Trabajadores Sociales, Sindicatos, y ciudadanía en general, consideramos que las medidas de ajuste económico adoptadas por el nuevo Gobierno del señor Rajoy, son totalmente injustas, muy graves e inaceptables por las personas en situación de dependencia, porque ataca a uno de los colectivos más débiles, niega los derechos reconocidos por Ley de Dependencia a los dependientes moderados y no suponen tanto ahorro: a nivel estatal unos 100 millones sobre los 6.000 que cuesta la dependencia anualmente. En la Comunidad Valenciana, supone unos 10 millones.

165.125 dependientes moderados en toda España, 11.779 de ellos valencianos, deberán esperar hasta 2013 para recibir sus derechos. En la Comunitat Valenciana la gran mayoría tienen su reconocimiento de dependencia mediante dictámenes oficiales desde hace más de 2 años, pero se les comunicó que tenían que esperar a 2011 para disfrutar de sus derechos. Pero a día de hoy ninguno de estos dependientes moderados ha recibido servicio o prestación económica alguna.

Si tenemos en cuenta que la Ley además de Atención a la Dependencia lo es también de PROMOCIÓN de la AUTONOMIA PERSONAL, en nuestra Comunidad solamente una persona tiene reconocido este derecho. Esperábamos que en el 2011 estos 11.779 dependientes moderados tuvieran los recursos suficientes para alargar en el tiempo su Autonomía personal y alejar las situaciones de dependencia, sobre todo sabiendo que el 80% son personas mayores que requieren de ayudas para realizar muchas de sus actividades diarias. Desgraciadamente no ha sido así.

La Ley de Dependencia YA ESTÁ PARALIZADA desde hace meses en la Comunidad Valenciana:

Hay menos solicitudes: No hay información sobre la Ley

Han disminuido las prestaciones económicas para cuidador no profesional, las vinculadas a Servicios, las plazas residenciales.

Hay menos dependientes en el Sistema de Atención a la Dependencia: no se cubre la Tasa de Reposición, ya que fallecen pero no entran otros que están esperando.

Hay menos gasto (o más ahorro): los que fallecen son Grandes Dependientes que reciben un prestación económica mayor o están en Centros de Día o Residencias

Se mantiene el LIMBO de la Dependencia: 31.295 personas dependientes tienen derecho reconocido mediante dictamen oficial, pero no disfrutan de la Ley.

Las últimas Resoluciones firmadas por la Conselleria son de Marzo de 2011 y prácticamente todas corresponden a solicitudes presentadas en el 2008-2009. Por tanto, ninguna es de dependientes moderados.

En junio de 2011 se suspendieron los contratos de todos los valoradores de la Comunitat, paralizándose la incorporación de las nuevas solicitudes.

¿Qué CONSECUENCIAS traerán estas medidas de ajuste económico contra las personas en situación de dependencia?.

Suponen un gran paso atrás: se suspenden los derechos reconocidos por Ley y con pretenden llevarnos a incorporar de nuevo iniciativas caritativas, propias de tiempos ya lejanos. Y a seguir esclavizando a las mujeres en el cuidado se sus familiares dependientes, impidiéndoles entrar, y en muchos casos permanecer, en el mercado laboral.

Al no PROMOCIONAR LA AUNTONOMIA PERSONAL, el deterioro de las personas dependientes moderadas será más rápido y aumentarán los dependientes severos y grandes dependientes, con el consecuente incremento de los gastos bien para las familias o para las Administraciones Públicas.

No atender a los dependientes moderados supone tomar una sutil medida que posibilitará la PRIVATIZACIÓN de los servicios que ellos necesitan, como la estimulación, la rehabilitación, etc.

Lamentamos que el Sr. Rajoy haya tomado como modelo de aplicación de la Ley de Dependencia a la Comunidad Valenciana, exponente claro de paralización de esta Ley y siempre a la cola en relación a otras Comunidades Autónomas. Ojalá hubiera mirado hacia Castilla-León, gobernada por el Partido Popular, pero con una buena gestión.

Por todo ello, EXIGIMOS:

Que los nuevos gobernantes CAMBIEN LA MENTALIDAD para que consideren las dotaciones a la dependencia no como un gasto, sino como una inversión, que hace posible la creación de nuevos puestos de trabajo, tan necesarios actualmente, y al mismo tiempo reinvierten ingresos.

Que todas las personas dependientes que tienen reconocido su Grado I de Dependencia Moderada con Nivel 2 con anterioridad a estas nuevas medidas de ajuste, se les otorgue cuanto antes las prestaciones que les pertenecen.

Que en los próximos presupuestos se aumenten las dotaciones para asegurar la atención de las personas en situación de dependencia de acuerdo con sus necesidades, de forma que se otorguen más plazas en Residencias, en Centros de Día, en Centros Ocupacionales y las ayudas a Domicilio.

Que de una vez por todas desaparezca el LIMBO de la dependencia y se reconozca sus derechos a las 31.295 personas dependientes que están esperando disfrutar de la Ley desde hace muchos meses.

Que el Sr. Jorge Cabré cumpla con su palabra, acabe con el IMPAGO y abone a 27.413 dependientes las prestaciones económicas de los meses Noviembre y Diciembre para poder pagar a sus cuidadores o los servicios que reciben. No queremos promesas huecas, sino hechos.

Que el Gobierno Valenciano se ponga al día en los pagos a las Asociaciones y Organizaciones que atienden a miles de personas dependientes, que no tienen porqué pagar las consecuencias de una pésima gestión de los gobernantes de la Comunitat.

Sr. Rajoy, Sr. Fabra: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las situaciones de dependencia ES VIABLE. Sólo requiere tener voluntad política para su aplicación y suficiente imaginación, porque perjudicar a los de siempre, a los más desprotegidos es lo más fácil, lo más recurrente y lo que menos posibilita conseguir el ahorro que se pretende. La aplicación correcta de la Ley de dependencia supone más justicia, más derechos, más puestos de trabajo y más cohesión social.

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia os deseamos una Feliz Navidad

Las personas que formamos parte de las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia os deseamos una Feliz Navidad y que el 2012 No RECORTEN UN SOLO DERECHO A LA CIUDADANIA

El Consell acumula 40 sentencias por impagos de la Ley de Dependencia

. L. LLAGÜES VALENCIA El 30 de noviembre de 2006 el Congreso aprobó -por amplia mayoría- la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España. Ayer -cinco años y 17 días después- la plataforma que vela por el correcto desarrollo de la normativa en la Comunitat salió a la calle en la ciudad de Valencia para protestar por los impagos y retrasos protagonizados por el Consell.

Denuncian que Bienestar Social tardó dos años en aplicar el reglamento y que "cuando lo ha hecho lo ha hecho mal". Así lo atestiguan las aproximadamente 40 sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido en contra de la Generalitat por el "incorrecto" pago de las prestaciones. Los dictámenes pueden ser consultados en el centro de documentación judicial del TSJCV. S. C. M. -abogada de la plataforma- ha estudiado las resoluciones y explicó que "éstas son las que conocemos por ser públicas, pero seguro que hay muchos procedimientos en curso". En el sector se habla de 900 juicios pendientes.

Se homenajeó a los 30.000 valencianos fallecidos antes de recibir las ayudas

Suspenso en la aplicación de la Dependencia.

La Comunitat Valenciana sólo obtiene un dos sobre diez, la segunda peor calificación de todas las autonomías

La Ley de Dependencia está paralizada

La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera

El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.

La dependencia se hunde en Canarias y Valencia

MANIFIESTO DEL 5º ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LEY DE LA DEPENDENCIA

Buenos días a todas y todos, valencianas y valencianos de bien.Nos hemos reunido hoy aquí, personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, personas con trastornos mentales, familias, vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores del sector de Servicios Sociales, y ciudadanía en general, para, de alguna manera, celebrar el 5º aniversario de la aprobación, el 14 de diciembre de 2006, por mayoría absoluta en las Cortes Generales, de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia” (LAPAD).Esta Ley supuso un impulso en la protección social y la ampliación de las prestaciones en el ámbito del cuarto pilar del Estado de Bienestar, creando un derecho subjetivo que ha empezado a garantizar, aunque sea modesta e irregularmente, la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia.Estamos indignad@s porque nuestros gobernantes y responsables del desarrollo de las políticas de Bienestar Social, y en concreto del cuarto pilar, de las que afectan a los Servicios Sociales, y entre ellas de la aplicación de la LAPAD, no se han preocupado de las personas y sí del CIRCO MEDIÁTICO, desplazadas por la priorización en grandes eventos, con la excusa de poner a la Comunidad Valenciana en el llamado “mapa mundial”, olvidándose de que la prioridad son las personas.La situación actual de la aplicación de la LAPAD en la Comunidad o País Valenciano,, más que de parálisis, es de REGRESIÓN O RETROCESO, según los datos oficiales del IMSERSO, refrendados por la administración valenciana (son los que tenemos). Y esto afecta igualmente a todas las prestaciones incluidas en el Catálogo de Servicios de la Ley.Señor Fabra, presidente de tod@s l@s valencian@s, le pedimos valentía política para relanzar la implementación de la Ley y atender a todas las personas en situación de dependencia. Consideramos que la Ley sí es viable y sólo depende para impulsarla de la voluntad política de quien nos gobierna y del acuerdo con los grupos políticos de la oposición. Vd. es responsable de marcar las prioridades de inversión y gasto en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Le pedimos que priorice la inversión y el gasto en políticas de Bienestar Social y Servicios Sociales, garantizando su sostenibilidad y la atención de las necesidades básicas de las valencianas y valencianos, la protección social y la no discriminación de las personas, como establece la Constitución Española.Anunciamos nuestra integración en la “Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”, consolidada ya a nivel estatal y en fase de constitución en el País Valencià.Nos solidarizamos con todas las personas, trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales y Entidades que, con su compromiso y esfuerzo, están llevando a cabo un gran trabajo, en muchos casos poniendo su salud y patrimonio en riesgo. Todo ello en defensa del desarrollo y autonomía personal y la dignidad de las personas con diversidad funcional, personas con enfermedad mental, centros especiales de empleo y otros del sector de la discapacidad en la Comunidad Valenciana (centros ocupacionales, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, centros formativos y educativos, etc.).La estrategia de superación de la crisis actuando sobre el "gasto" que está elaborando Europa, el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos, está demostrando que afecta directamente a los 4 pilares del bienestar social: pensiones, educación, sanidad y los servicios sociales. Los servicios sociales, como pilar esencial del estado de bienestar de una sociedad, están así atravesando momentos complicados. Las políticas de servicios sociales: la atención a la discapacidad, a los menores, a la juventud, a nuestros mayores, a las personas en situación de dependencia, a las personas en riesgo de exclusión social o excluidas, a las toxicomanías, a las personas con enfermedad mental, a las mujeres víctimas de violencia, etc. se encuentran en un momento crucial. Los presupuestos de la GV mantienen aparentemente su compromiso con estas políticas, pero la realidad de impago por las prestaciones destinadas a estos colectivos nos dicen otra cosa.El 90% de las prestaciones en servicios sociales están externalizadas por parte de la GV. Es decir, las realizan empresas o entidades con o sin ánimo de lucro. Estas entidades y empresas están atravesando periodos insufriblemente largos en los que no reciben el dinero comprometido con ellas para poder realizar esta prestación. A final de 2011 serán cientos las entidades o empresas que dejen de prestar sus servicios a la atención a estos colectivos por el impago de la GV. Y entonces, ¿quién atenderá a las personas con discapacidad? ¿quién se hará cargo de las mujeres maltratadas o de los menores o de los mayores o de las personas en situación de dependencia o con enfermedad mental?Por último, pero no menos importante, si estas empresas o entidades cierran, más de 40.000 trabajadores y trabajadoras engrosarán las listas del paro.EXIGIMOS:- A la Generalitat Valenciana, y al Sr. Fabra, el pago adeudado a las empresas y entidades del sector de los Servicios Sociales, de los atrasos de ayudas del ejercicio 2010 y 2011, así como un compromiso que garantice la pervivencia del sector a partir de 2012.- El pago de las prestaciones económicas a l@s cuidadoras/es familiares (PECEFS) dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al vencido.- La creación de una comisión de seguimiento y mejora de la implementación de la LAPAD, en las cortes generales (Congreso y/o Senado), donde nos personaremos todos los sectores implicados.- La mejora de la financiación de la LAPAD, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las CCAA., con cambios en el modelo de financiación: que mejoren las aportaciones a las prestaciones de servicios sin dejar de adaptarse al coste real de los mismos.- El cambio urgente de la gestión de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y el cumplimiento de los plazos previstos por la Ley, desde la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención (PIA); o sea, una resolución del expediente con la adjudicación de las prestaciones correspondientes en seis meses, sin esperar a la generación del derecho por ley de la retroactividad. - Acabar con la discriminación de l@s valencian@s con el resto de ciudadan@s español@s. Debemos salir ya de la cola en la aplicación de la LAPAD, dónde estamos como indican las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).- La integración de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMADs) en la red de Servicios Sociales de los Ayuntamientos.- Incrementar el número de personas beneficiarias de la Ley en la Comunidad Valenciana respecto a la población general (2’13 %), hasta llegar al menos a la media nacional (3’40 %).- Que todas las personas que tienen derecho a la aplicación de la Ley (Dictamen Grado y nivel) reciban las prestaciones en un plazo no superior a los tres meses, acabando con el “Limbo de la Dependencia” (31.295 personas en situación de dependencia). Una persona en situación de dependencia que viva en la CV tiene la mitad de posibilidades de recibir una prestación por la LAPAD.- El desarrollo del Catálogo de Servicios previsto en la Ley, con la creación de una Red Pública de Atención a la Dependencia; lo cual llevaría consigo la creación de puestos de trabajo cualificados, la liberación de la carga para la mujer que supone tradicionalmente el cuidado familiar, su integración al mercado de trabajo, etc.- La realización de los cursos específicos y obligatorios según dice la Ley para cuidadores no profesionales en el entorno familiar, buscando la mejora en la calidad del cuidado de las personas dependientes.- La mejora del Baremo de Valoración actual, para las personas con diversidad funcional y con enfermedad mental.- La puesta en marcha urgentemente del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave , construido y equipado en Valencia desde hace más de un año pero sin haber entrado en funcionamiento.- La modificación por la vía de urgencia de la disposición final 7ª párrafo 2º, de la Ley 39/2011 de Jurisdicción Social, con objeto de que entre en vigor en el menor plazo posible para las denuncias judiciales que afectan a las personas en situación de dependencia.

Las autonomías atienden a 58.000 grandes dependientes menos

Las autonomías atienden a 58.000 grandes dependientes menos
Las ayuda registran su primer gran recorte que afecta a los más desvalidos y caros de asistir
Unas 147.000 personas de gravedad considerable esperan
La Ley de Dependencia está paralizada

El año pasado por estas fechas las estadísticas oficiales registraban 58.439 grandes dependientes más que el día 1 de este mes. De los tres grados considerados -que incluyen los leves y los moderados- son los más graves, generalmente ancianos de avanzada edad y escasa autonomía. La mortalidad de este grupo es alta, pero se da por hecho que esas cifras no descienden, sino que unas personas se van sustituyendo por otras, porque los grandes dependientes no se acaban, todo el mundo llega más tarde o más temprano a condiciones semejantes.

Down España pide al Gobierno que desarrolle la Ley de Dependencia

El presidente de la Federación española de Síndrome de Down, José Fabián Cámara, ha celebrado el 20 cumpleaños de la asociación, al mismo tiempo que ha pedido al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que desarrolle la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias porque el colectivo de personas con trisomía 21 o Síndrome de Down (SD) "ya no es invisible" para la sociedad.

La Generalitat solo ha resuelto un 20% de las peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia en Alcoy

La Generalitat Valenciana solo ha resuelto un 20% de las solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia tramitadas en Alcoy a lo largo de los últimos cinco años. Esta situación ha sido denunciada por la concejalía de Bienestar Social, que acusa al gobierno autonómico de bloquear el trabajo que están haciendo los ayuntamientos para tramitar las ayudas.

Uno de cada tres dependientes tiene derecho a la prestación pero no la cobra

Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tiene derecho a cobrar una prestación por dependencia pero no la cobra, una proporción que se agrava en el caso de Canarias (el 57,9 % de los afectados), Galicia (45,4 %) y Comunidad Valenciana (42,1 %).

La situación no es mejor en Baleares, donde el 38,7 % de los dependientes no recibe atención, seguida de Cataluña, con el 34,7 %; de Aragón y Extremadura, ambas con el 33,3 %; de Murcia (31 %), Asturias (30,6 %) y Castilla-La Mancha (30 %).

Por debajo del 30 % están Andalucía (28,8 %), Navarra (24,8 %), Madrid (17,5 %), País Vasco (15,4 %), Cantabria (14,4 %), La Rioja (13,4 %), Ceuta y Melilla (9,1 %) y Castilla y León (7,5 %).

Según el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, estos "vergonzosos porcentajes" son un reflejo de lo que se conoce como el "limbo de la dependencia", es decir, el número de beneficiarios que tienen derecho a estas ayudas pero que aún están esperando a que sus autonomías aprueben el Plan Individualizado de Atención (PIA), requisito necesario para recibir estas prestaciones.

Las ayudas se reducen por segundo mes consecutivo

El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia volvió a bajar en el mes de noviembre.

Por segundo mes consecutivo, el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia bajó en noviembre. Según los últimos datos de gestión del sistema, del 1 de diciembre, al finalizar el mes pasado 741.713 personas recibían una prestación, 742 menos que al finalizar el mes de octubre. El descenso en el número de beneficiarios, que ya se produjo en octubre en Aragón, País Valencià y Navarra, se ha dado también ahora en Andalucía, Asturias, Balears, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Denuncian que los usuarios canarios, gallegos y valencianos son los más desatendidos

Mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas

El número de beneficiarios baja al frenar las autonomías el desarrollo de la ley pese a la lista de espera - Solo en seis regiones el saldo de atendidos es positivo

Ya está. La dependencia ha entrado en números negativos: mueren más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema. Los últimos datos muestran 742 personas atendidas menos que el mes anterior, así que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. Esto, que ocurría en cuatro comunidades hace un mes, ahora alcanza a 11 de ellas, hasta llevar a saldo negativo las cifras nacionales. La parálisis que ya se observaba en la implantación de la ley muestra ahora síntomas de agonía. Los beneficiarios tienen una alta dependencia y la mayoría son personas mayores de 80 años, así que no cabe pensar en que hayan causado alta por mejoras en su salud.

El Consell adeuda 300 millones para atención a discapacitados

La deuda que la Generalitat mantiene con las entidades especializadas en la atención a las personas con problemas físicos y psíquicos ya supera los 300 millones. Así lo confirmaron ayer desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi) durante la celebración del Día Europeo de las personas con Discapacidad. La agrupación —que integra a 14 asociaciones en total— concentró ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia a 5.000 personas, entre especialistas, usuarios y familiares.

Los enfermos mentales de Alcoi, sin atención por los impagos del Consell

Un centenar de personas con enfermedad mental crónica de la comarca de L'Alcoià-Comtat dejaron de recibir desde ayer los servicios y cuidados diarios que prestaba la Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental (Afiem), que acordó suspender la atención rehabilitadora que realiza desde 1993 ante los "impagos injustificados" del Gobierno valenciano, que "no permiten mantener la calidad mínima necesaria" a las personas que atienden en sus centros, según informaron desde esta asociación.

La medida comporta el cierre del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), con 50 plazas diarias, y otro servicio de prevención de recaídas, con otros 50 pacientes. De manera indirecta son más de 200 las personas afectadas. "El único responsable de esta situación es el Gobierno valenciano por los impagos injustificados, que no permiten mantener la calidad mínima necesaria hacia las personas que atendemos en nuestros centros",