Plataformas: La desidia del Consell deja en el limbo a 30.000 dependientes

Las plataformas en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat Valenciana han denunciado hoy que la "desidia e impericia" de la Generalitat en la gestión del sistema de atención de la Dependencia hace que 30.000 valencianos "estén en el limbo de la dependencia".
"Es la situación en la que se encuentran aquellas personas que teniendo reconocido el derecho, no se les dice que prestación o servicio les corresponde", aseguran las plataformas en un comunicado.

El Gobierno excluye de la Dependencia a 30.000 personas con derecho a una ayuda

Ya se conoce la cifra exacta: 29.838 personas con dependencia moderada reconocida no recibirán la ayuda a la que tienen derecho. El decreto de Rajoy del 30 de diciembre paralizó la Ley de Dependencia para estas personas durante todo 2012, pero no se sabía qué iba a ocurrir con los que ya tenían reconocido ese derecho durante este año. El Gobierno ha decidido que solo percibirán su ayuda los que tenían los trámites más avanzados, o sea, el documento donde se señala la ayuda que recibirán y aquellos que lo hayan solicitado y la comunidad haya excedido en seis meses el plazo para atenderlos. Si alguien lo solicita después del 1 de julio pierde el derecho porque la comunidad puede retrasarse seis meses sin ser penalizada

COMUNICADO DE PRENSA

Valencia, 24 de febrero de 2012

Las “Plataformas en defensa de la Ley de la Dependenci

a de la Com

unidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia)”formadas por las personas en situación de dependencia, sus familiares, profesionales, y ciudadanas/nos que nos apoyan, manifestamos:

Un dependiente valenciano tiene la mitad de posibilidades de ser atendido que cualquier otro dependiente español.La desidia e impericia del Gobierno Valenciano en la gestión del sistema de atención de la Dependencia hace que 30.000 dependientes valencianos (más del 40%) estén en el limbo de la dependencia situación en la que se encuentran aquellas personas que teniendo reconocido el derecho, no se les dice que prestación o servicio les corresponde. Los plazos del procedimiento en Valencia son de los más largos de toda España, llegando en algunos casos a superar los 3 años.Desde mayo de 2011 en la Comunidad Valenciana ni siquiera se mantiene la tasa de reposición, es decir, cuando un beneficiario que recibe un servicio se fallece, ese servicio ni siquiera se le da a nadie de la lista de espera. A fecha de hoy, en Valencia, hay 2500 dependientes atendidos menos que en abril del 2011.

Unos 20.000 dependientes valencianos se verán afectados por la moratoria que acaba de aprobar el gobierno de la nación.

En materia de servicios sociales la Comunidad valenciana ocupa la última posición y no tiene marco normativo que garantice derechos ciudadanos.

En esta materia y en esfuerzo económico sus indicadores están muy por debajo de la media estatal. Su gasto por habitantes en materia de servicios sociales es de 129,6 € menos de la mitad de la media estatal que es de 280€,

El porcentaje del PIB que dedica a Servicios Sociales es del 0,65 % también la mitad de la media estatal que es del 1,25%.

En estos cinco años unos 20.000 dependientes valencianos que se les reconoció el derecho a ser atendidos, han fallecido antes de recibir la prestación o servicio que les correspondía.

El País Valencià está a la cola en gasto en servicios sociales

El desarrollo de los servicios sociales en el País Valencià deja mucho que desear, según el análisis que ha hecho la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez, denunció ayer que la autonomía ocupa la última posición en el desarrollo de su sistema de servicios sociales. "Carece de instrumentos de planificación y ordenación del sector",..

Por ejemplo, la asociación denuncia que el gasto por habitante en servicios sociales es de 129,6 euros anuales, muy por debajo de la media estatal, de 280 euros...

Nuevas fórmulas para evitar la quiebra familiar

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales plantea al Gobierno trasladar el modelo de protección jurídica de las empresas a las familias
"La cohesión social está en peligro. Las familias ya no pueden aguantar el peso de la crisis". Con esta denuncia del presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, la organización entregó ayer a la Comisión de Justicia del Congreso su propuesta para que la quiebra no castigue siempre a los más indefensos.
La asociación ya ha planteado al Gobierno trasladar el modelo de protección jurídica de las empresas a las familias. "En el resto de países de la OCDE hay fórmulas para tratar la quiebra de las familias. Un profesional media entre estas y sus acreedores", defendió Luis Barriga, miembro de la asociación. Los trabajadores sociales cuentan con los conocimientos y experiencia para hacerlo. Sólo si esta fase falla, se acudiría a los tribunales.
La experiencia en otros países, explicaron, muestra que "de tres a cinco años", muchas familias consiguen salir del hoyo. Embargarles la casa, los bienes y deshauciarles sólo empeora la situación, denunciaron. "Lo que el Estado no gaste ahora en protección social, lo gastará en seguridad ciudadana", advirtió Ramírez. Porque empujar a la gente a la calle, a la pobreza, no tiene vuelta atrás. Salir de la exclusión es muy difícil. Una de cada cinco personas corre este riesgo en España.

Trabajadores sociales analizan en la UJA la repercusión de la crisis en la atención de las necesidades básicas

Los participantes en el IX Congreso Estatal de Facultades de Trabajo Social que se celebra desde este miércoles y hasta el próximo jueves en la Universidad de Jaén (UJA), analiza la repercusión de la crisis en la atención a las necesidades sociales.

Tras la inauguración, el profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Tomás Fernández García, ha intervenido en la sesión inaugural para referirse a la necesidad de mantener el estado de bienestar "creado tras la aprobación de la Constitución en 1978, que ha permitido durante muchos años tener unos niveles de bienestar prácticamente homologables al resto de la Europa occidental" a través de los pilares básicos como son los sistemas públicos de salud, educación y de rentas y pensiones junto a los servicios sociales, que "no se han universalizado en su totalidad".
En opinión del experto, frente al actual panorama de crisis, se hace "necesario no reducir los gastos sociales, sino apoyar el estado de bienestar para proteger a la gente que más lo necesite", según ha incidido

La Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha responde con extrema dureza a José Miguel Benito

La Plataforma de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha respondido con extrema dureza a unas declaraciones que miércoles ofreció José Miguel Benito, secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en las que aseguraba que no aceptaría chantajes en la aplicación de la Ley . Por su interés, reproducimos de forma íntegra la carta abierta que nos ha hecho llegar la Plataforma

Ante las declaraciones en prensa realizadas por el secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, José Miguel Benito, manifestamos lo siguiente: 1º.- El señor José Miguel Benito nos acusa de chantajistas como si fuéramos delincuentes, obviando que dicho calificativo se le atribuye a aquel que incumple con la ley, como por ejemplo, "el no cumplir con los pagos mensuales que exige la ley de dependencia". Por lo que, si en todo esto hay algún delincuente, habría que empezar a buscar por los altos cargos de la Junta, incluyéndole a él, que son los responsables directos de no cumplir con la ley de dependencia y de que muchas personas, entre ellos niños y niñas, lo estén pasando realmente mal...

Dirigentes de Plataforma Dependencia son "francotiradores"

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha señalado que los dirigentes de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha son "francotiradores" que se están dedicando a "entorpecer y emponzoñar las relaciones con el tejido asociativo", y además representan "a muy poca gente".

“Nos sentimos engañados, ya no sé que más nos queda por hacer”

La Plataforma de la Ley de Dependencia de C-LM exige el cumplimiento de la ley. Denuncian que ayer no se produjo la reunión prometida con el director general del área. Varios miembros de la plataforma estuvieron en Fuensalida el jueves más de dos horas. La Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, integrada por 1.200 personas de toda la región, sigue reclamando los pagos a la Junta. Cuando llevaban dos meses sin cobrar, la pasada semana el Gobierno regional ingresó la prestación correspondiente al mes de diciembre. “Cuando van a llegar los tres meses te pagan uno para callarte o te pagan dos, pero la ley no dice eso, dice que nos tienen que abonar el dinero para nuestros cuidadores todos los meses”, remarca Antonio Sánchez Hijón, portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Reivindica una regularidad en los pagos, “estamos cansados de esa rutina que se ha convertido pagarnos con retraso”, o que suspendan definitivamente la prestación económica y la justicia determine, “aunque aquí seríamos muchos los que perderíamos, tenemos enfermedades degenerativas, no podemos esperar a que la justicia nos de la razón”.Apunta que desde que se creó la citada plataforma, en el mes de septiembre cuando la Junta comenzó a deber dos meses a las personas dependientes, “hemos hecho dos manifestaciones y cada vez que hemos salido a la calle hemos cobrado”.

"Corremos el riesgo de volver a la sopa boba"

José Manuel Ramirez está sufriendo la mano dura del gobierno de Marbella, porque no les gusta lo que se pública sobre la Ley de la Dependencia desde... la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que él preside y que hace un seguimiento exhaustivo de la Ley de Dependencia. Han metido el dedo en un avispero y a muchos políticos no les ha hecho gracia. "Nuestra gente está sufriendo represalias en el trabajo por criticar la gestión de esta ley",...

Él mismo acaba de perder su plaza fija desde hace 18 años en el Ayuntamiento de Marbella, después de un tortuoso proceso por presunto acoso laboral que aún sigue en los tribunales. El caso ha merecido sanciones de la Inspección de Trabajo para el Ayuntamiento marbellí y el "reproche moral, abierto y sin ambages" del Defensor del Pueblo Andaluz, quien recomendó "el cese de la hostilidad hacia un empleado público sin tacha alguna en su carrera y sí, en cambio, una acreditada y reconocida valía profesional en servicios sociales y dependencia".

El Consell reconoce 12.000 expedientes de la dependencia sin resolver

Los afectados piden que el presupuesto de la empresa pública que gestiona las ayudas se destine a resolver las solicitudes atrasadas desde 2009

Los últimos ajustes del Consell en Sanidad y Educación han causado que las primeras alarmas ya se hayan encendido entre los agentes sociales de la C. Valenciana. Vienen tiempos duros y la poda de entidades dependientes de capital público planeada por la Generalitat alcanza a un total de 46 sociedades. Muchos son los ciudadanos afectados que no saben cómo ni dónde canalizarán sus peticiones en el futuro. Más aún son los que desconocen si recibirán las ayudas aprobadas.Sin embargo, algunas sociedades se salvan de la quema. Tal es el caso de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), cuya continuidad fue ayer asegurada por fuentes de la conselleria de Bienestar Social a Levante-EMV. Desde la Generalitat definieron como "rentable" a la firma que se encarga de gestionar las resoluciones de la ley de Dependencia y confirmaron que en junio del año pasado se llevó un ajuste de personal que "garantiza el futuro". En 2010 contaba con 181 empleados, que acarrearon un gasto de 6,1 millones de euros a las maltrechas arcas de la Generalitat y su encomienda de gestión cuesta cerca de dos millones.

La plataforma pide agilizar el pago a los dependientes

La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana exigen al Consell que agilice el pago de las mensualidades a los afectados. Esta fue una de las principales conclusiones que los representantes de estos colectivos alcanzaron ayer en una reunión celebrada en Crevillent.El coordinador de la entidad, Jaime Esteban, señaló que salvado el escollo del mes de noviembre, que el Consell pagó a principios de enero, “el abono de diciembre se está realizando ya”. “Pero nuestro objetivo es que se adelante el pago dentro de los cinco días del mes siguiente al vencido”, explicó.

Los dependientes reclaman a la Generalitat las ayudas con carácter retroactivo

Todos somos José Manuel Ramirez Navarro. Él es la cara de todos y todas las personas con dependencia

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere hacer pública su indignación por el despido (amortización del puesto –el único entre más de tres mil) de José Manuel Ramírez Navarro, presidente de esta Asociación y laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella con más de 18 años de antigüedad…
Este hecho podría ser visto como conflicto entre trabajador y empresario sujeto a dicho ámbito, si no fuera porque existen fundadas razones que nos llevan a pensar que se ha podido tratar de una persecución sistemática y programada vinculada, en todo o en parte, a las actividades y opiniones de la propia Asociación, cuyo portavoz es el Sr Ramírez.

D. José Manuel Ramírez lleva sufriendo más de tres años aislamiento y hostigamiento por parte de los responsables municipales, destinado a dependencias sin las más elementales condiciones, separado del resto de la plantilla, sin ser convocado a reunión alguna y privado de todo cometido acorde a su puesto de Director Técnico. Inmerso en varios procesos judiciales, recientemente la Inspección de Trabajo, ha sancionado al Ayuntamiento de Marbella por “falta MUY GRAVE por los actos del empresario que fueren contrarios a (…) la consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.

El mismísimo Defensor del Pueblo Andaluz consideró que la actuación municipal: “merece el reproche moral abierto y sin ambages de esta Institución… y recomendar el cese de los comportamientos hostiles hacia esa persona, y ello a pesar de tratarse de un empleado público sin tacha alguna en su carrera administrativa, y si en cambio una acreditada y reconocida valía profesional en la temática de servicios sociales y dependencia circunstancias que le hacen acreedor del máximo respeto y consideración”; efectuando la siguiente recomendación a la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella: “Que con carácter inmediato se cursen las órdenes precisas en orden a preservar el derecho a la dignidad y la integridad moral del empleado público…”

Lejos de atender la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento siguió manteniendo y agravando su situación, dando lugar a que la salud física y psíquica de esta persona se haya ido resintiendo.
Finalmente, en una actuación que solo puede calificarse de cruel ensañamiento, un mes antes del despido, se le denegó la compatibilidad para poder optar a plaza de profesor asociado de Universidad de Málaga, algo realmente excepcional en la Administración.

Solo queda pensar que todo este hostigamiento ha de estar relacionado con la comprometida y reconocida labor en defensa de los derechos de las personas y del sistema público de servicios sociales y con las denuncias de incumplimiento de algunas administraciones que como presidente y portavoz de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, fuera del ámbito laboral, lleva a cabo el Sr. Ramírez. En más de una ocasión nuestros análisis, comprometidos con la verdad, en concreto sobre la marcha de la Ley de Dependencia, nos han supuesto recibir veladas amenazas por parte responsables políticos de diferente signo, alguna de estas “recomendaciones” se produjo casualmente inmediatamente antes del inicio del hostigamiento al Sr. Ramírez por parte del Ayuntamiento al que servía como empleado público.

Exigimos al Ayuntamiento de Marbella y, en especial, a su alcaldesa, Dña. María Ángeles Muñoz, que rectifique este inadmisible ataque a los derechos de un servidor público, y proceda a su readmisión.

Comunidad Valenciana: nuestra Grecia

En la Comunidad Valenciana, no hay dinero para la Dependencia y los políticos que han ido pasando por la Consellería de Bienestar Social, son responsables de la NO aplicación y desarrollo de la ley de la dependencia, despreciando a la ciudadanía valenciana. La Generalitat paga 20'5 millones de canon para la Formula 1

En la Comunidad Valenciana no hay dinero para la ciencia. La Generalitat ha recortado 4,4 millones de euros al Príncipe Felipe, uno de los centros de investigación punteros de España, que ha tenido que despedir a más de la mitad de sus científicos. Sí hubo dinero, eso sí, para pagar 15 millones a Santiago Calatrava por la maqueta y el proyecto de unas torres jamás construidas. O para darlecinco millones al talonmanista Urdangarin.

En Valencia no hay dinero para la educación. Hay 450 colegios al borde del cierre porque la Generalitat les debe 50 millones. Sí hubo dinero, eso sí, para construir el único aeropuerto peatonal del mundo, el de Castellón: ha costado 150 millones de euros y aún espera su primer avión.

En Valencia tampoco hay dinero para que funcione la administración más arruinada de España, gobernada desde 1995 por el PP, y la que Rajoy ya ha tenido que rescatar. Según FEDEA, la Comunidad Valenciana es la mayor responsable de la desviación del déficit público: sólo ella se lleva el 21% del agujero imprevisto de todas las autonomías. Sí hubo dinero, eso sí, para faraónicos estudios de cine, carreras de Fórmula 1 o ruinosos parques de atracciones.

En Valencia no hay dinero, y por eso quebró la CAM, quebró el Banco de Valencia y Caja Madrid tuvo que rescatar a Bancaja. Sí hubo dinero, eso sí, para pagar sueldos millonarios a quienes arruinaron estas cajas: gestores políticos nombrados por el PP.

En Valencia no hay dinero, y por eso han bajado los sueldos a los funcionarios, han gravado con 4,8 céntimos cada litro de gasolinay han subido el IRPF. Sí hay dinero, eso sí, para perdonar a las grandes fortunas el impuesto de Patrimonio: son 75 millones de euros al año que les deben de sobrar.

Más de 300.000 dependientes están sin atender, pese a haber menos beneficiarios

LA MORTALIDAD REDUCE 60.0000

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que unas 305.000 personas con derecho reconocido a recibir atención por estar en situación de dependencia están sin atender en España y eso, aunque en el año 2011 la mortalidad redujo la cifra de beneficiarios en 60.000 personas, unas vacantes que no se han cubierto.

En un informe, la organización señala que de estas 305.000 personas con derecho a una prestación o servicio, más de la mitad (166.413) son grandes dependientes (Grado I, Nivel 2), es decir, los que se encuentran en una situación más delicada.

El PP abre la puerta a cambiar la financiación de la Dependencia

La renegociación del sistema es una reivindicación histórica de las comunidades

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, ha accedido a la reivindicación histórica de las comunidades autónomas de que el Gobierno central cambie el sistema de financiación de la Ley de Dependencia. Desde poco después de la puesta en marcha de la norma, los Gobiernos autonómicos reclaman que el Estado no les pague en función del grado y nivel de las personas a las que atiende el sistema, sino en función de la prestación que se les otorga.