El tijeretazo en servicios sociales afectará a miles de familias

El Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública

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• Adiós a la conciliación familiar

Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.

Los profesionales de los servicios sociales han recibido como un puñetazo esta merma en sus ya magros recursos. “Somos nosotros los que tenemos que ver la cara y atender a los millones de personas que vienen a nuestras oficinas solicitando desesperadamente una ayuda. ¿Cómo les explicamos que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están pasando?”, pregunta Ramírez. Advierten de que una situación como esta, “con las altas tasas de paro, los niveles de pobreza derivando peligrosamente hacia la exclusión social y los exhaustos recursos de las familias, no puede sino poner en peligro la paz y la cohesión sociales, mantenidas milagrosamente hasta ahora”.

Los recortes de la crisis dicen adiós a la conciliación familiar

El Gobierno no va a dejar ni un capítulo sin recorte. Incluidos los sociales, aunque afecten a sus ofertas del programa electoral y a sus planteamientos de defensa a ultranza de la familia y la maternidad. El proyecto de las cuentas públicas rebaja los presupuestos de servicios básicos para favorecer un compromiso estrella del programa electoral PP en bienestar: la conciliación de la vida laboral y familiar.

LA ATENCIÓN A LOS DEPENDIENTES
La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia. Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral. Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.

Los servicios sociales básicos sufren el mayor recorte en décadas

PRESUPUESTOS: HACIA EL SUICIDIO SOCIAL

Con casi la mitad de la población española en riesgo de exclusión (inclusión precaria), una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada 3 familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,22% de los hogares españoles sin ningún ingreso, el brutal recorte de los presupuestos dedicados a la protección social más básica (Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Dependencia), además de mostrar una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias, pone en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar.

La dependencia pierde otro 5,7% y los recursos para Ayuntamientos 40 millones

El presupuesto para la atención a la dependencia sufre un nuevo recorte, un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. Pero a esos 1.326 millones en que se queda la atención a la dependencia, dice el Gobierno, han de sumársele 81 millones para gastos de funcionamiento y operaciones de capital, con lo que la cifra total sería de 1.407 millones. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes pasado se supo que caía entera la partida de 283 millones que el Gobierno repartía entre las comunidades autónomas para la gestión de esta ley. Por tanto, el recorte es inapelable.

El gobierno perdona el fraude fiscal y liquida las ayudas a la Dependencia

Los dependientes valencianos se quedan sin 25 millones tras el ajuste presupuestario de Rajoy
Las malas noticias se acumulan para las personas en situación de Dependencia. Hace unos meses el Gobierno de Mariano Rajoy ya decidió paralizar la incorporación de los dependientes moderados dentro de los grupos de beneficiados por esta ley. El pasado viernes, y en el contexto del mayor ajuste presupuestario de la democracia, llegó el segundo varapalo: el Gobierno anunciaba la supresión de una línea de financiación para la Dependencia de 283 millones. Esto supone que los dependientes valencianos contarán para 2012 con 25 millones menos que 2011.


El Gobierno deja a mil asturianos sin ayudas al recortar ocho millones a la dependencia

Los servicios sociales valencianos son los más atrasados de España

La red de servicios sociales de la Comunidad Valenciana es la peor de España. De 0 a 10, la nota de desarrollo de estos recursos asistenciales no llega ni al 1: se queda en un paupérrimo 0,8.

A la cola en ayuda

Servicios sociales de ámbito local. En la Comunidad Valenciana hay un trabajador por cada 6.537 habitantes, frente a los 3.858 de media estatal.

Cobertura en la dependencia. Con datos de final de 2011, solo un 0,86% de la población contaba con algún recurso, mientras que en España la tasa era de 1,59%.

Renta Mínima de Inserción. Esta ayuda destinada a personas en riesgo de exclusión la recibe uno de cada 567 valencianos, cuando la proporción estatal es de uno por 147 personas.

Servicio de ayuda a domicilio. Existe una “baja cobertura” pero, además, el servicio es de “muy baja intensidad”, ya que se ofrece de media 10,8 horas mensuales por casi 17 de media estatal.

España suspende en inversión y desarrollo de los Servicios Sociales

Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia tienen resultados muy deficientes

La primera conclusión del estudio es que tenemos un sistema de protección social débil. La nota media es un suspenso, un 4,7, sobre una calificación máxima de diez, con tendencia negativa. Y hay dos comunidades autónomas con resultados desastrosos: Valencia con un 0,8 y Canarias con un 1,8. En el furgón de cola se sitúan también Madrid y Murcia.

Segunda conclusión: las enormes diferencias en inversión y cobertura que están provocando inequidad y desigualdad en el acceso. Hay comunidades que gastan 773 euros por habitante al año en servicios sociales mientras que otras apenas llegan a los 120 euros anuales.

Y tercera conclusión: el gasto en servicios sociales no es determinante en el déficit presupuestario ni las comunidades más endeudadas tienen mejores prestaciones. Las autonomías con mayor desarrollo en la materia como Castilla y León o el País Vasco no son las que tienen un mayor déficit. Con un nivel medio figuran también La Rioja y Navarra. Por el contrario, las que presentan un desarrollo irrelevante, los casos de la Comunidad Valenciana y Canarias, exhiben un mayor déficit en sus cuentas públicas.

Un estudio 'desmonta' el intento de 'culpar al gasto en servicios sociales' del déficit

La red valenciana de servicios sociales es la peor calificada de toda España

Un estudio del sector asegura que es la segunda autonomía que menos dinero destina por habitante

La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-,

“Cospedal aboca a la región a la zona de peligro en la Ley de la Dependencia”

Hace tan sólo nueve meses en C-LM había 5.941 solicitudes más que ahora

Matilde Valentín ofreció los últimos datos que confirman que Cospedal está desmantelando la red regional de servicios sociales. “Hay miles de familias en Castilla-La Mancha esperando a ser valoradas y de quienes ya lo han sido, hay 16.172 esperando a recibir la prestación o el servicio".

16.000 manchegos, a la espera

COMUNICADO DE PRENSA INFORMATIVO 15 DE MARZO DE 2012

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, denunciamos la grave e injusta situación que están sufriendo las personas en situación de dependencia, sus familiares y las cuidadoras y cuidadores de la CV. INDIGNADAS/OS Y CABRÉ(ADAS/OS).

1º) El miércoles 29 febrero fuimos convocados de manera urgente a una reunión con el secretario autonómico Dn. Joaquín Martínez, en la sede de la Secretaría Autonómica de Autonomia y Dependencia, Colón 80. Asistimos Palmira Castellano, pta de AVADEC- Asociación Valenciana de Cuidadoras y cuidadoras no profesionales y portavoz de la Plat. de Valencia, y yo mismo (Jaime-Esteban García) como coordinador.

La reunión fue meramente de carácter informativo. En primer lugar nos pidió disculpas y que las trasladáramos a los miembros de las Plataformas por el retraso que se iba a producir de 15 días más (total un mes y medio) en el pago de las prestaciones económicas del mes de enero, sabiendo que el conseller J. Cabré se había comprometido a pagar dentro del mes siguiente (antes del 29 de febrero).

El Sr. Joaquín Martínez se comprometió a que la prestación económica de cuidador/a (PECEF) de enero se cobraría el 15 de marzo; todo el retraso debido a "una incidencia en la gestión administrativa causada por la apertura del ejercicio presupuestario en días recientes", señalando que Hacienda ya tenía a su disposición el dinero para ello.

Las nóminas del mes de febrero se abonarían el 25 de marzo (diez días después), y las de marzo el 25 de abril; tras lo cual volverían a abonarse dentro del mes siguiente.

2º) Las 24.800 personas en situación de dependencia de esta Comunidad, con prestaciones económicas de cuidadoras/es en el entorno familiar (PECEFS), venimos soportando todos los meses el retraso en el pago de las mismas de un mes o más, como la situación actual. A las que hay que sumar 4.038 dependientes con prestaciones económicas vinculadas al servicio. En total son 28.838 personas en situación de dependencia las que reciben prestaciones económicas.

3º) El día ocho de marzo se procedió al pago de las PECEFS de enero, retraso de un mes y ocho días, en las provincias de Alicante y Valencia.

4º) En Castellón a día de hoy (15 de marzo) todavía no se ha efectuado el pago de dichas prestaciones correspondientes al mes de ENERO, por lo que acumulan un retraso de UN MES Y MEDIO.

5º) Siendo que el conseller Jorge Cabré se comprometió a pagar, como mucho, antes del mes vencido, le instamos a que ordene de forma inmediata y urgente el pago de enero a las personas en situación de dependencia de la provincia de Castellón, para que puedan pagar sus nóminas a sus cuidadoras y cuidadores.

6º) El Sr. Joaquín Martínez no ha cumplido su palabra de pagar las nóminas correspondientes a las PECEFS, en la fecha comprometida del 15 de marzo, en toda la CV.

7º) Asimismo, pedimos al Sr. Cabré que acabe con la discriminación que supone haber pagado las PECEFS de febrero de Valencia y provincia, y no haberlo hecho con Alicante y Castellón.

8º) Exigimos se paguen las nóminas de las PECEFS, los días cinco del mes siguiente al vencido.

PD: Finalmente, invitamos a los consellers y altos cargos del gobierno Valenciano a que se apliquen ellos la medida, y retrasen el cobro de sus emolumentos hasta pagar a la personas en situación de dependencia para que puedan abonar sus nóminas a las y los cuidadores, ya que no es muy razonable que para cuadrar las cuentas sólo lo tengamos que pagar los dependientes y con ellos las personas que los están atendiendo.

Retiran la pensión de dependencia a una mujer sin piernas porque ha mejorado mucho

Angustias Cobo, una mujer de 67 años que vive sin piernas desde que se las amputaron a los 23, ha visto reducida su pensión de dependencia porque ha mejorado mucho, según la Generalitat Valenciana.

Hace 11 años le reconocieron “grado de minusvalía del 75%” y cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, la Conselleria de Bienestar Social estableció que tenía una dependencia de “grado 3 y nivel 1″, de las consideradas “severas”. Desde entonces cobra 416 euros al mes, según informa el diario Levante .

“Siguen sin crecerme las piernas”, bromea Angustias. Pero la Administración valenciana ha decidido retirarle la pensión con el argumento de que su situación ha mejorado de forma notable, bajando su dependencia a una de “grado 1 y nivel 1″, pasando de “severa” a “moderada”.

En realidad lo que ha hecho la usuaria en más de una década es empeorar, “por la edad” y por “otros achaques” como la osteoporosis, que le ha provocado la pérdida de gran parte de la movilidad del brazo izquierdo, del que incluso ha tenido que ser intervenida.

Angustias, que vive en el municipio de Quart de Poblet, se desplaza por su casa en un pequeño taburete con ruedas y no puede salir a la calle si no está su marido: “Hay tres escalones en el portal que no puedo salvar si no me bajan en el carro”, cuenta.

Modelo de queja al Sindic de Greuges CV

A/A. Síndic de Greuges de la Comunidat Valenciana
C/ Pascual Blasco, 1 - 03001 ALICANTE
D/ña ……………………………………………………mayor de edad, con DNI: …………….., con domicilio en la calle…………………………………..…, municipio………………, CP:..……., teléfono…………….E-mail……………….., como ciudadana/o interesada/o, comparece y como mejor proceda en derecho
DICE:
Que, por medio del presente escrito, vengo a interponer QUEJA contra el DECRETO 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.
Dicho Decreto entró en vigor el día 3 de marzo de 2011, sin que hasta la fecha y después de un año en funcionamiento se haya resuelto ningún expediente.
Que la formulación de la presente QUEJA, se fundamenta en lo siguiente:
PRIMERO: Que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social publicó en el DOGV de 2 de marzo de 2011, el 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia. Dicho Decreto venia a sustituir al Decreto 171/2007, de 28 de septiembre.
SEGUNDO: Que en el preámbulo del nuevo Decreto 18/2011, de 25 de febrero, se justificaba la modificación del anterior decreto con la finalidad de obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, y que con el presente Decreto, la duración máxima de todo el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación del Programa Individual de Atención no excederá de seis meses.
· Que no es cierto que la Conselleria de Bienestar Social en el año que está en vigor dicho decreto haya resuelto ni un solo expediente por cuanto que las 8.900 resoluciones firmadas en el mes de marzo de 2011, por la Directora General de Acción Social, Mayores y Dependencia eran solicitudes correspondientes a los años 2.008 esencialmente y algunas de 2009 y unas cuantas de 2.010.
TERCERO: Que tras un año de vigor de dicho decreto, y para su conocimiento, le hago saber que la Conselleria de Justicia y Bienestar social:
· Por su mala gestión, no ha cumplido con los plazos de resolver en seis meses los expedientes de dependientes que están en el llamado “Limbo de la Dependencia” y que en su día fueron valorados en grado III, Nivel 1 y 2 y dependientes en Grado II, Nivel 1 y 2 de Solicitudes de los años 2007, 2008, 2009 y 2.010. Dichos expedientes que siguen sin resolverse en plazo y afecta a 33.000 dependientes según los datos del Imserso.
CUARTO: Que la Conselleria está obligada a resolver los más de 12.000 expedientes de grado I, Nivel 2 que llevan más de un año con la resolución de Grado y Nivel y que a día de hoy desde Conselleria no se ha dado la Orden de realizar la propuesta PIA.
Que en la mayoría de ocasiones, la Conselleria se limita a contestar a los dependientes con el siguiente escrito, sin dar posteriores órdenes a los SMADs para que realicen la correspondiente PIA:
QUINTO: Para su conocimiento, las Plataformas tienen la suficiente información para saber que desde la Conselleria sólo se van a dictar resoluciones PIA, una ver al año, lo que significa que la propia Conselleria no va a cumplir con su obligación legal de resolver en el Plazo fijado en el DECRETO 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.

Por todo ello y en atención a lo anteriormente expuesto,
SOLICITA:
Que me preste su colaboración y haga las actuaciones oportunas ante la Conselleria de Justicia i Bienestar Social para llegar a la resolución de los puntos expuestos en esta Queja ya que, como informan las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la CV, tengo la certeza de que la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia ha empeorado por la mala gestión de la Conselleria y su empecinamiento de no resolver en los plazos. Y para que conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud

Fdo.………………………..…

En…..……………………..…a…….de …………….……de 2012.

El Consell paga a los farmacéuticos pero no a los dependientes

La Conselleria de Sanidad cumplió ayer su palabra y abonó 136 millones de euros a los farmacéuticos para saldar facturaciones pendientes del último trimestre de 2011, lo que supone la desconvocatoria de la huelga de tres días que, de no haberse efectuado el pago, hubiera comenzado hoy.Pero la alegría de unos se convierte en tiempo de paciencia para los dependientes que tendrán que esperar quince días para percibir la prestación por cuidador personal del mes de enero, cuya cuantía en muchos casos es de 337 euros, como explicó Elvira, una de las afectadas que no tiene confianza alguna en que el dinero llegue a su cuenta en esa fecha.

COMUNICADO DE PRENSA 4 DE MARZO DE 2012

ANTE LA NOTICIA APARECIDA EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN LA WEB DE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL, Y LAS MANIFESTACIONES DE JOAQUÍN MARTÍNEZ, SECRETARIO AUTONÓMICO PARA LA AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA DE LA CV (CONSELLERIA DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL)
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, colectivos y entidades sociales, y ciudadanía en general, queremos hacer las siguientes aclaraciones para informar a la ciudadanía valenciana de la realidad de la aplicación de la ley:
1º) Las 24.800 personas en situación de dependencia de esta Comunidad, con prestaciones económicas de cuidadoras/es en el entorno familiar (PECEFS), venimos soportando todos los meses el retraso en el pago de las mismas de un mes o más, como la situación actual. A las que hay que sumar 4.038 dependientes con prestaciones económicas vinculadas al servicio. En total son 28.838 personas en situación de dependencia las que reciben prestaciones económicas.
De la cantidad total de 22'2 millones de euros en concepto de PECEF y vinculadas al servicio, 11. 1 millones corresponden a lo que tenían que haber percibido los dependientes de enero y los otros 11, 1 millones restantes de febrero.
El retraso en el pago de las prestaciones de enero (un mes y cinco días) y febrero de 2012, pensamos se debe a que las arcas de la Generalitat están vacías por las políticas de gasto y despilfarro en el Circuito de la Formula 1 de Valencia, el Aeropuerto sin aviones de Castellón y la inactividad de la Ciudad de la Luz de Alicante, etc, etc, y no a "una incidencia en la gestión administrativa causada por la apertura del ejercicio presupuestario en días recientes", como se ha señalado desde la propia Conselleria.
2º) De los más de 17 millones de euros en concepto de retroactividad de los 8.676 expedientes de dependencia resueltos en 2011 corresponden a resoluciones firmadas en marzo del año pasado, por lo que entendemos que una vez más la Generalitat valenciana ha estado jugando con el dinero de los dependientes durante más de un año.
3º) A lo afirmado por Joaquín Martínez de que abonará en el mes de marzo más de 39'3 millones de euros en concepto de prestaciones por dependencia, manifestar que corresponde a resoluciones PIA que tenían que estar resueltas hace más de dos años y que por la mala gestión de la Conselleria habiendo incumplido ampliamente la obligación legal de resolver, procede ahora a resolverlas incumpliendo sistemáticamente la normativa vigente en materia de dependencia. En este sentido manifestar que aun firmando dichas resoluciones en el mes de marzo, para cuidadores no profesionales y vinculadas al servicio, y que asciende a 11.101.049 euros, el pago se empezara hacer efectivo a partir del mes de mayo/junio próximo.

4º) Existen en la CV 72.351 personas beneficiarias con derecho a prestación. Hay 44.723 personas en situación de dependencia que está siendo atendidas en la Comunitat Valenciana a través de prestaciones y servicios, pero son 27.628 las personas dependientes que malviven en el llamado “limbo de la Dependencia” (personas que tienen reconocida la situación de dependencia y no reciben aún la prestación económica o servicio a que tienen derecho por ley).
Por todo lo manifestado las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana entendemos que con estas cifras que se han proporcionado desde la Conselleria, se sigue incumpliendo ampliamente la aplicación de la Ley en nuestra comunidad. Seguimos siendo los penúltimos en la aplicación de la ley de dependencia, hoy tenemos 1.515 dependientes menos atendidos que en abril del 2011, Unos 11.656 dependientes con resolución de Grado I y Nivel 2 se están viendo afectados por la moratoria de la ley de dependencia ya que la Conselleria lleva más de un año sin resolver sus expedientes, la Generalitat Valenciana ve la Dependencia como un gasto y no como una inversión social que está generando empleo, por lo que no vemos por ningún lado "el esfuerzo del Consell por garantizar las prestaciones sociales y ofrecer la mejor atención a las personas en situación de dependencia de la Comunitat Valenciana".
•Finalmente, invitamos a los consellers y altos cargos del gobierno Valenciano a que se apliquen ellos la medida, y retrasen el cobro de sus emolumentos hasta pagar a la personas en situación de dependencia, ya que no es muy razonable que para cuadrar las cuentas solo lo tengamos que pagar los dependientes y con ellos las personas que los están atendiendo.
PD: Todos los datos están actualizados y tomados de las estadísticas del SAAD,a fecha 1 de febrero de 2012, publicados por el Imserso.

Plataformas: La desidia del Consell deja en el limbo a 30.000 dependientes

Las plataformas en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat Valenciana han denunciado hoy que la "desidia e impericia" de la Generalitat en la gestión del sistema de atención de la Dependencia hace que 30.000 valencianos "estén en el limbo de la dependencia".
"Es la situación en la que se encuentran aquellas personas que teniendo reconocido el derecho, no se les dice que prestación o servicio les corresponde", aseguran las plataformas en un comunicado.

El Gobierno excluye de la Dependencia a 30.000 personas con derecho a una ayuda

Ya se conoce la cifra exacta: 29.838 personas con dependencia moderada reconocida no recibirán la ayuda a la que tienen derecho. El decreto de Rajoy del 30 de diciembre paralizó la Ley de Dependencia para estas personas durante todo 2012, pero no se sabía qué iba a ocurrir con los que ya tenían reconocido ese derecho durante este año. El Gobierno ha decidido que solo percibirán su ayuda los que tenían los trámites más avanzados, o sea, el documento donde se señala la ayuda que recibirán y aquellos que lo hayan solicitado y la comunidad haya excedido en seis meses el plazo para atenderlos. Si alguien lo solicita después del 1 de julio pierde el derecho porque la comunidad puede retrasarse seis meses sin ser penalizada