El Consell debe al centro de discapacitados psíquicos 1,5 millones y 300.000 euros a la plantilla

El centenar de trabajadores de Asprodis no cobra desde febrero y CGT advierte de que la entidad "está entrando en quiebra"

 La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (Asprodis) lleva desde enero sin cobrar de la Generalitat Valenciana y, gracias a las pólizas de seguros que tiene contraídas la entidad, los trabajadores pudieron percibir sus salarios hasta febrero, por lo que ya acumulan dos meses de impagos mientras que la deuda que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con la dirección de Asprodis se eleva a 1,5 millones de euros correspondientes al primer cuatrimestre del año.

El Consell otorga 180 euros de ayuda a la mujer sin piernas

Bienestar Social recorta su asignación y aclara que se valora "la autonomía" de la vecina de Quart pese a que el conseller se indignó al conocer el caso   

Aunque el conseller Jorge Cabré se indignó al conocer su caso, de nada le ha servido a Angustias Cobo, la mujer sin piernas de Quart de Poblet a la que la Generalitat Valenciana rebajó el grado de dependencia como si hubiese mejorado hasta dejarlo en uno sin asignación económica (anteriormente cobraba 416 euros al mes). 

Tras una nueva revisión -Angustias presentó recurso de alzada contra el dictamen del Consell-, la valoración del estado de la mujer ha vuelto a cambiar y, ahora, la conselleria le reconoce una dependencia de "grado 1 y nivel 2", de las consideradas "moderadas" y por la que recibirá 180 euros mensuales, según consta en la nueva resolución.

Para su marido, Eladio, se trata de una actuación "deleznable" de la Conselleria de Bienestar Social, ya que su esposa "no ha experimentado mejoría de ningún tipo", sino todo lo contrario: "Si acaso, ha empeorado por la osteoporosis que padece y por los achaques de la edad". Angustias tiene ya 67 años y un brazo "prácticamente inútil" -casi sin movilidad- "por el desgaste de los huesos"

Nuevo parón en la incorporación al sistema de dependientes moderados

El plan de reformas enviado a Bruselas advierte que se revisará el copago y las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores

Los recortes en dependencia, que ya se han llevado 283 millones vía Presupuestos Generales del Estado, no van a acabar ahí. El Gobierno, en su plan de reformas contra el déficit presentado a Bruselas, tiene previsto también modificar el copago de los usuarios y “revisar las cuantías de las ayudas económicas” que reciben los beneficiarios. Además, el documento recoge un nuevo aplazamiento, hasta 2014, de la entrada en el sistema de protección a los dependientes moderados, los más leves, que ya habían sufrido el parón del calendario.

Además, el Gobierno prevé “avanzar en el papel del sector privado en la prestación de servicios, eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley”. Desde hace tiempo, los responsables de la dependencia en el Ejecutivo vienen hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el Estado por cada cuidador familiar que se da de alta en esta tarea. Eso, dicen, también se “revisará”. Ninguna de estas medidas, aunque apenas están esbozadas, está libre de riesgos para los usuarios.

El Consell privatiza la gestión de los hospitales públicos valencianos

La Generalitat anuncia un nuevo modelo sanitario basado en el sueco a partir de 2013 para ahorrar 440 millones - Se externaliza la prestación de servicios y las adjudicatarias pagarán un canon anual, aunque Sanidad mantiene las competencias de personal e inversiones - Císcar: "Hay que intensificar el grado de colaboración público-privado"

La gestión privada de la sanidad se extenderá al área asistencial

El mismo día y en el mismo acto en que anunció un mayor protagonismo del sector privado en la sanidad pública, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, estableció las líneas rojas de ese nuevo modelo: el área asistencial quedará en manos de la Administración pública. Sin embargo, fuentes de una consultora madrileña próxima al diseño del proyecto indican que la intención que subyace en este cambio es abrir también las puertas de la parte asistencial al sector privado. “Todo esto”, aseguraron a EL PAÍS, “no se hace para ahorrar en seguridad, limpieza, cocina o lavandería, que también, sino para abordar cuestiones de más calado como la medicina ambulatoria o las prótesis, con gastos crecientes todos los años”, explica.

Castilla-La Mancha eleva el copago en dependencia y luego rectifica

Se mandó un mensaje a las residencias para que contabilizasen la renta de las familias

Las personas dependientes de Castilla-La Mancha ya tienen otra cosa más de la que preocuparse. Un comunicado enviado por correo electrónico el martes 24 de abril a los centros de día y las residencias indica que a partir de hoy deberán calcular de nuevo las aportaciones económicas de los usuarios de estos centros y tener en cuenta esta vez la renta de las familias: “Las pagas extras, ayudas de dependencia, prestaciones no contributivas, ayuda a tercera persona, etcétera, de todos los miembros de la unidad familiar, por lo que deberéis recalcular las aportaciones de todos los usuarios”, dice textualmente.

 El mensaje, enviado a los centros de la provincia de Toledo por orden de una jefa de servicio, fue desmentido y desautorizado rotundamente por la secretaria general de Asuntos Sociales de la región, Paloma Leis. “Esto lo ha enviado una funcionaria que pone en boca del director general cosas que no son correctas ni en forma ni en contenido”, dijo ayer. De paso, dejó claro que el director general es un cargo inferior al suyo.

De tener intenciones el Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar el cómputo por el que establece el copago de los beneficiarios de la dependencia en el servicio que reciben, han de tener en cuenta que eso es ilegal, porque la ley es inequívoca al respecto: para calcular el dinero que deben aportar los beneficiarios se tendrá en cuenta únicamente su “capacidad económica personal”. En ningún caso los ingresos familiares.
“Por supuesto, por supuesto. No hay ninguna instrucción para aumentar el copago y desde luego, nunca teniendo en cuenta la renta familiar”, dice Leis.
En todo caso, la aportación de los dependientes al servicio que reciben está discutiéndose a nivel nacional. Los usuarios tendrán que esperar para despejar el susto por completo. “Ha sido un error haber emitido ese correo”, zanjó Paloma Leis.

Cantabria cobrará 30 euros por revisar la valoración del dependiente

Pero el mensaje llegó a todos los centros de Toledo desde la delegación territorial de la consejería y los responsables de esos establecimientos no sabían ayer qué hacer. “Hemos llamado para decir qué es lo que pasaba y desde luego no haremos nada hasta no tener instrucciones precisas”, aseguró Francisco García Galán, el alcalde de Sonseca, cuyo centro de día depende del Ayuntamiento. “Nos contestaron, también por correo electrónico, que ya enviarían más instrucciones”, añadió García Galán.
Y también la oposición socialista en la región convocó ayer por la mañana una rueda de prensa. La diputada por Toledo en el Congreso Guadalupe Martín advirtió de que con esa instrucción se estaba modificando “ilegalmente” el copago de los usuarios de tal forma que “deberían pagar más o algunos perderían su plaza”. Era cierto, hasta que, por la tarde, la consejería lo desmintió.
Pero los castellanomanchegos siguen inquietos. Martín también se refirió a “las noticias conocidas este fin de semana, según las cuales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está comunicando a determinados pacientes en tratamiento oncológico de Cuenca que, a partir de ahora, serán trasladados a Albacete a más de una hora de viaje para continuar con esos mismos tratamientos”. Y añadió: “Nos consta que se les está llamando por teléfono para decirles que el transporte entre Cuenca y Albacete corre por su cuenta”.
Los dependientes tendrán que acostumbrarse a muchos cambios en los próximos meses. Cantabria, por ejemplo, ha anunciado una tasa de 30 euros para aquellos que soliciten la revisión de su valoración de dependencia, un trámite que costó al Ejecutivo de la comunidad 210.000 euros el año pasado. De haber implantado esa tasa hubiesen recaudado 169.000 euros, según una memoria económica a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.

Solicitar la revisión de la valoración de dependencia se tasará con 30 euros

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros (de los 58,88 euros que le cuesta al Ejecutivo este trámite) y hacer lo mismo con la prestación que se recibe, 14 euros, el importe íntegro de lo que cuesta el servicio.

   Es una medida de carácter disuasorio ante los costes de un servicio que el año pasado obligó al Ejecutivo a gastar unos 210.000 euros, y que, de haberse implantado en 2011, hubiera supuesto la recaudación de 169.290 euros, tal y como argumenta el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la memoria económica-financiera de la tasa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
   La tasa a la revisión de las valoraciones y prestaciones de la dependencia, cuando es iniciativa del propio usuario, es una medida que viene incluida en la Ley que recoge los ajustes del Gobierno de Cantabria, el denominado anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
 Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros

Plataforma Defensa Dependencia: los recortes del PP ponen en riesgo la ley

300.000 PERSONAS EN EL 'LIMBO DE LA DEPENDENCIA'

COMUNICADO DE PRENSA 19 DE ABRIL DE 2012

LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD), formadas por personas en situación de dependencia, sus familias y cuidadores; así como por asociaciones, colectivos, profesionales, sindicatos y ciudadanía en general, integradas en la “COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA (LAPAD)” queremos manifestar lo siguiente:

Con la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD) nace un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población que así lo requiera, con garantía pública, estableciéndose la cooperación de todas las administraciones implicadas en el sistema.

El informe elaborado por el anterior Gobierno para la evaluación de la Ley 39/2006, presentado en noviembre de 2011:,

1º.-El crecimiento del número de personas beneficiarias con prestaciones ha ido creciendo desde la aplicación de la Ley.

2º.- La Ley ha impulsado la INVERSIÓN en atención a la dependencia.

3º.- Los EMPLEOS vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000, y se han creado 165.000 empleos nuevos como resultado resultado de la nueva inversión económica.

4º.- Se han incorporado al sistema de la seguridad social 149.565 personas como cuidadores familiares.

5º.- Un 80’7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, media de notable (3’4 sobre 5).

Además, el mismo informe plantea una serie de medidas dirigidas a avanzar

1.- Sistema de financiación garantista y sostenible.

2.- Cartera de servicios común de obligado cumplimiento.

3.- Consejo Territorial con efectos vinculantes.

4.- Mejorar la transparencia e información a la ciudadanía.

5.- Estrategias de coordinación socio-sanitaria.

Todas estas medidas, definen lo que durante estos años hemos venido denunciando sobre la incorrecta aplicación y desarrollo de la Ley desde su implantación.

Además de las deficiencias de estos años las actuaciones y decisiones del Sr. Rajoy, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y del gobierno del PP, han devenido en una situación de mayor desconcierto, desinformación, angustia, intranquilidad y enfado en las personas en situación de dependencia, familiares, cuidadoras/es, profesionales del tercer sector y ciudadanía en general, que ven cómo puede desaparecer un sistema de protección fundamental para asegurar el cuidado de estas personas.

La voluntad expresada en la reunión del Consejo Interterritorial del SAAD, el jueves 12 de abril, bajo la presidencia de Ana Mato, con la creación de cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, no se corresponde con las siguientes medidas tomadas por el gobierno:

1.- El Real Decreto-Ley 20-2011, de 30 de diciembre, anunciando la “MORATORIA de un año en la entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel 2 (enero de 2013) y Nivel 1 (enero de 2014)”,

2.- RECORTES con la eliminación de las partidas de FINANCIACIÓN DEL NIVEL ACORDADO: En el Consejo de Ministros de 30 de marzo, el gobierno decidió, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimir la aportación que la Administración General del Estado (AGE) hacía a la financiación de la Ley de la Dependencia por el concepto de Nivel Acordado para toda España por un valor de 283 millones de euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las aportaciones de la AGE.

Esta medida va a traducirse en un empeoramiento de la gestión y una disminución o casi desaparición de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las CCAA:

- Retrasando la resolución de todos los expedientes pendientes

- Continuarán más de 300.000 españolas y españoles en las listas de espera del “Limbo de Dependencia”.

- Afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90 % de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la conciliación de la vida familiar y laboral.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.

Denunciamos que el empeoramiento y la reducción de las inversiones, ponen en riesgo el derecho subjetivo que suponen las prestaciones a las personas en situación de dependencia y, por tanto, la total desprotección de miles de ciudadanas y ciudadanos necesitadas/os de una atención especializada.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación.

Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas.

Organicaciones sociales y sindicales amenazan con movilizaciones

Los dependientes siguen sin cobrar los atrasos que les debe el Consell

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana denuncian el impago de los atrasos que la Consejería de Bienestar Social correspondientes al mes de marzo. También añaden que la directora general de Acción Social, Pilar Albert, no ha cumplido con una resolución por las que se comprometía a satisfacer los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Los representantes de las Plataformas reconocen que resulta difícil estimar el número de dependientes que siguen a la espera de ese pago, porque no todos los beneficiarios de las 8.876 resoluciones firmadas en marzo de 2011 han recibido la notificación de dicho acuerdo. La resolución reconocía el derecho al pago de la retroactividad que deberían haber percibido en periodos fraccionados hace algo más de un mes.

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la C. Valenciana advierten de que reclamarán "vía administrativa o judicial"

El tijeretazo en servicios sociales afectará a miles de familias

El Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública

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• Adiós a la conciliación familiar

Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.

Los profesionales de los servicios sociales han recibido como un puñetazo esta merma en sus ya magros recursos. “Somos nosotros los que tenemos que ver la cara y atender a los millones de personas que vienen a nuestras oficinas solicitando desesperadamente una ayuda. ¿Cómo les explicamos que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están pasando?”, pregunta Ramírez. Advierten de que una situación como esta, “con las altas tasas de paro, los niveles de pobreza derivando peligrosamente hacia la exclusión social y los exhaustos recursos de las familias, no puede sino poner en peligro la paz y la cohesión sociales, mantenidas milagrosamente hasta ahora”.

Los recortes de la crisis dicen adiós a la conciliación familiar

El Gobierno no va a dejar ni un capítulo sin recorte. Incluidos los sociales, aunque afecten a sus ofertas del programa electoral y a sus planteamientos de defensa a ultranza de la familia y la maternidad. El proyecto de las cuentas públicas rebaja los presupuestos de servicios básicos para favorecer un compromiso estrella del programa electoral PP en bienestar: la conciliación de la vida laboral y familiar.

LA ATENCIÓN A LOS DEPENDIENTES
La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia. Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral. Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.

Los servicios sociales básicos sufren el mayor recorte en décadas

PRESUPUESTOS: HACIA EL SUICIDIO SOCIAL

Con casi la mitad de la población española en riesgo de exclusión (inclusión precaria), una tasa de pobreza del 21,8%, una de cada 3 familias con dificultades para llegar a fin de mes (30,6%) y un 3,22% de los hogares españoles sin ningún ingreso, el brutal recorte de los presupuestos dedicados a la protección social más básica (Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Dependencia), además de mostrar una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias, pone en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar.

La dependencia pierde otro 5,7% y los recursos para Ayuntamientos 40 millones

El presupuesto para la atención a la dependencia sufre un nuevo recorte, un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. Pero a esos 1.326 millones en que se queda la atención a la dependencia, dice el Gobierno, han de sumársele 81 millones para gastos de funcionamiento y operaciones de capital, con lo que la cifra total sería de 1.407 millones. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes pasado se supo que caía entera la partida de 283 millones que el Gobierno repartía entre las comunidades autónomas para la gestión de esta ley. Por tanto, el recorte es inapelable.

El gobierno perdona el fraude fiscal y liquida las ayudas a la Dependencia

Los dependientes valencianos se quedan sin 25 millones tras el ajuste presupuestario de Rajoy
Las malas noticias se acumulan para las personas en situación de Dependencia. Hace unos meses el Gobierno de Mariano Rajoy ya decidió paralizar la incorporación de los dependientes moderados dentro de los grupos de beneficiados por esta ley. El pasado viernes, y en el contexto del mayor ajuste presupuestario de la democracia, llegó el segundo varapalo: el Gobierno anunciaba la supresión de una línea de financiación para la Dependencia de 283 millones. Esto supone que los dependientes valencianos contarán para 2012 con 25 millones menos que 2011.


El Gobierno deja a mil asturianos sin ayudas al recortar ocho millones a la dependencia

Los servicios sociales valencianos son los más atrasados de España

La red de servicios sociales de la Comunidad Valenciana es la peor de España. De 0 a 10, la nota de desarrollo de estos recursos asistenciales no llega ni al 1: se queda en un paupérrimo 0,8.

A la cola en ayuda

Servicios sociales de ámbito local. En la Comunidad Valenciana hay un trabajador por cada 6.537 habitantes, frente a los 3.858 de media estatal.

Cobertura en la dependencia. Con datos de final de 2011, solo un 0,86% de la población contaba con algún recurso, mientras que en España la tasa era de 1,59%.

Renta Mínima de Inserción. Esta ayuda destinada a personas en riesgo de exclusión la recibe uno de cada 567 valencianos, cuando la proporción estatal es de uno por 147 personas.

Servicio de ayuda a domicilio. Existe una “baja cobertura” pero, además, el servicio es de “muy baja intensidad”, ya que se ofrece de media 10,8 horas mensuales por casi 17 de media estatal.

España suspende en inversión y desarrollo de los Servicios Sociales

Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia tienen resultados muy deficientes

La primera conclusión del estudio es que tenemos un sistema de protección social débil. La nota media es un suspenso, un 4,7, sobre una calificación máxima de diez, con tendencia negativa. Y hay dos comunidades autónomas con resultados desastrosos: Valencia con un 0,8 y Canarias con un 1,8. En el furgón de cola se sitúan también Madrid y Murcia.

Segunda conclusión: las enormes diferencias en inversión y cobertura que están provocando inequidad y desigualdad en el acceso. Hay comunidades que gastan 773 euros por habitante al año en servicios sociales mientras que otras apenas llegan a los 120 euros anuales.

Y tercera conclusión: el gasto en servicios sociales no es determinante en el déficit presupuestario ni las comunidades más endeudadas tienen mejores prestaciones. Las autonomías con mayor desarrollo en la materia como Castilla y León o el País Vasco no son las que tienen un mayor déficit. Con un nivel medio figuran también La Rioja y Navarra. Por el contrario, las que presentan un desarrollo irrelevante, los casos de la Comunidad Valenciana y Canarias, exhiben un mayor déficit en sus cuentas públicas.

Un estudio 'desmonta' el intento de 'culpar al gasto en servicios sociales' del déficit

La red valenciana de servicios sociales es la peor calificada de toda España

Un estudio del sector asegura que es la segunda autonomía que menos dinero destina por habitante

La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-,