Directores de Servicios Sociales denuncian que Hacienda "pone contra las cuerdas" la atención a miles de dependientes

La asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que el Ministerio de Haciencia, al tratar con "fiereza" a las comunidades autónomas, está "poniendo contra las cuerdas" la atención a cientos de miles de personas en situación de dependencia en España, lo que considera una muestra de "alarmante deslealtad" del Estado.

 En un comunicado, la organización denuncia la "deslealtad" del Gobierno con "todas" las comunidades autónomas, a las que "exige cumplir con la legalidad vigente atendiendo a más de un millón de personas dependientes con un derecho reconocido al tiempo que se elimina el nivel acordado de financiación".
   "Los brutales objetivos de déficit unidos a la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en partidas tan necesarias como la del Nivel Acordado de financiación de la Dependencia (283 Millones) no sólo impiden el desarrollo del sistema, sino que provocan que las atenciones que ya se han puesto en funcionamiento peligren seriamente", afirma la organización.

Un total de 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España

El Gobierno estudia subir la ‘nota’ para acceder a la dependencia

El Gobierno estudia subir la "nota de corte" para acceder a la dependencia  

El Imserso y las autonomías debaten medidas de ahorro

Habrá menos tramos según la gravedad

Las distintas ayudas dejarán de ser compatibles

Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por elImserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.

Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo.

Los recortes y hachazos al Estado de Bienestar disparan las alarmas en Inglaterra", dice la Plataforma Ley de Dependencia

"Los recortes y hachazos al Estado de Bienestar disparan las alarmas en Inglaterra", dice la Plataforma Ley de Dependencia 

Los recortes y hachazos que se estàn produciendo en España y más concretamente en Castilla-La Mancha hacen que el prestigioso diario Wall Street Journal haya desplazado a una de sus principales redactoras, Sara Scheafer, para cubrir todos los acontecimientos que se estàn produciendo y para conocer de primera mano la situaciòn actual de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha", dice la Plataforma Ley de Dependencia en un comunicado. 

Condenan al Consell a pagar a un dependiente 7.000 euros por el retraso en el abono de las ayudas

El TSJ reconoce el derecho a recibir el dinero desde que se presenta la solicitud y no a partir de cuando es aprobada

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Conselleria de Bienestar Social a pagar 6.961 euros a un dependiente de Alicante en concepto de retrasos en el pago de las ayudas contempladas en la Ley de la Dependencia.

V FORO DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES

Viernes 18 de mayo de 2012

Programa

Lugar

Auditorio/Sala de Conferencias del Palacio de Exposiciones y Congresos ( C/ Plocia s/n 11006 Cádiz )

Horario

09:00 - 16:30

Teléfono de contacto

915415776

Email de contacto

consejo@cgtrabajosocial.es

MANIFIESTO EN APOYO A LA INSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES

La Sindicatura de Greuges es una institución heredera de nuestros históricos Jutges de Greuges (1409) y recuperada en el marco del autogobierno valenciano.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana define (art. 38) al Síndic de Greuges como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos de las personas. También dispone (art. 44.5) que su desarrollo legislativo requiere una mayoría de tres quintas partes de la Cámara para su aprobación. El art. 81.1 señala que la modificación o reforma del propio Estatuto exige el acuerdo de dos terceras partes de los miembros de las Cortes.

La Sindicatura de Greuges viene funcionando desde hace casi 20 años. Concretamente, el primer titular fue nombrado el 28 de julio de 1993. Tiene como misión fundamental controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Es una institución defensora y garantista. No es un adorno legal sino una institución de gran importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto a la buena conducta -legal y transparente- de los poderes públicos.

Su libertad y autonomía vienen recogidas en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que establece expresamente la independencia de criterio del Síndic y su inviolabilidad por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones; le permite el libre acceso a los archivos y registros administrativos en el ámbito valenciano y sus actividades no se verán interrumpidas aunque haya una declaración de los estados de excepción o de sitio. Hay que recordar que todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Administración valenciana están obligados a auxiliarle con carácter prioritario y urgente, y puede ser constitutivo de delito de desobediencia la actuación del funcionario que obstaculice la investigación del Síndic.

La función de la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que aspiran a perfeccionar la manera de gobernar: aumento de la transparencia (procesos comprensibles de toma de decisiones, resoluciones claramente motivadas, información accesible al público, reuniones de los órganos públicos abiertas y públicas , propuestas sometidas a debate público); normas de buena conducta administrativa (para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y para que los funcionarios sepan qué se espera de ellos); garantías respecto al estado de derecho, etc.

En definitiva, no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, el funcionamiento del Síndic y el Defensor del Pueblo estatal no supone una duplicidad, ya que ambas instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diferentes Comunidades Autónomas. La hipotética supresión del Síndic no supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la

necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto público seguiría siendo exactamente el mismo.

A la vista de las informaciones aparecidas sobre el futuro de la Sindicatura de Greuges dentro del contexto de acciones contra la crisis económica actual, y de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, manifestamos:

- Los datos oficiales que disponemos avalan la importancia de la labor realizada por la Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las consultas y actuaciones efectuadas por el personal de la Sindicatura (10.309 en 2009, 21.246 en 2010, 28.688 en 2011 ).

- Prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático. Es el único cargo nombrado en su totalidad por los 2/3 de las Cortes y es el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana.

- Nos oponemos radicalmente a su desaparición o reducción. Pedimos que se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.

- La crisis y los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País Valencià, no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las Administraciones valencianas.

AL PAÍS VALENCIÀ, MAYO DE 2012.

ONG denuncian ante ONU que España incumple compromisos en derechos sociales

Una veintena de ONG denunciarán ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que España está incumpliendo una serie de compromisos internacionales, principalmente por las políticas adoptadas en respuesta a la crisis económica, "que derogan garantías legales de los derechos sociales".

España va a ser evaluada el próximo lunes por este organismo de Naciones Unidas, integrado por 19 expertos independientes, encargados de redactar recomendaciones a los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cumplimiento de sus compromisos.

El Consell debe al centro de discapacitados psíquicos 1,5 millones y 300.000 euros a la plantilla

El centenar de trabajadores de Asprodis no cobra desde febrero y CGT advierte de que la entidad "está entrando en quiebra"

 La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (Asprodis) lleva desde enero sin cobrar de la Generalitat Valenciana y, gracias a las pólizas de seguros que tiene contraídas la entidad, los trabajadores pudieron percibir sus salarios hasta febrero, por lo que ya acumulan dos meses de impagos mientras que la deuda que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con la dirección de Asprodis se eleva a 1,5 millones de euros correspondientes al primer cuatrimestre del año.

El Consell otorga 180 euros de ayuda a la mujer sin piernas

Bienestar Social recorta su asignación y aclara que se valora "la autonomía" de la vecina de Quart pese a que el conseller se indignó al conocer el caso   

Aunque el conseller Jorge Cabré se indignó al conocer su caso, de nada le ha servido a Angustias Cobo, la mujer sin piernas de Quart de Poblet a la que la Generalitat Valenciana rebajó el grado de dependencia como si hubiese mejorado hasta dejarlo en uno sin asignación económica (anteriormente cobraba 416 euros al mes). 

Tras una nueva revisión -Angustias presentó recurso de alzada contra el dictamen del Consell-, la valoración del estado de la mujer ha vuelto a cambiar y, ahora, la conselleria le reconoce una dependencia de "grado 1 y nivel 2", de las consideradas "moderadas" y por la que recibirá 180 euros mensuales, según consta en la nueva resolución.

Para su marido, Eladio, se trata de una actuación "deleznable" de la Conselleria de Bienestar Social, ya que su esposa "no ha experimentado mejoría de ningún tipo", sino todo lo contrario: "Si acaso, ha empeorado por la osteoporosis que padece y por los achaques de la edad". Angustias tiene ya 67 años y un brazo "prácticamente inútil" -casi sin movilidad- "por el desgaste de los huesos"

Nuevo parón en la incorporación al sistema de dependientes moderados

El plan de reformas enviado a Bruselas advierte que se revisará el copago y las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores

Los recortes en dependencia, que ya se han llevado 283 millones vía Presupuestos Generales del Estado, no van a acabar ahí. El Gobierno, en su plan de reformas contra el déficit presentado a Bruselas, tiene previsto también modificar el copago de los usuarios y “revisar las cuantías de las ayudas económicas” que reciben los beneficiarios. Además, el documento recoge un nuevo aplazamiento, hasta 2014, de la entrada en el sistema de protección a los dependientes moderados, los más leves, que ya habían sufrido el parón del calendario.

Además, el Gobierno prevé “avanzar en el papel del sector privado en la prestación de servicios, eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley”. Desde hace tiempo, los responsables de la dependencia en el Ejecutivo vienen hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el Estado por cada cuidador familiar que se da de alta en esta tarea. Eso, dicen, también se “revisará”. Ninguna de estas medidas, aunque apenas están esbozadas, está libre de riesgos para los usuarios.

El Consell privatiza la gestión de los hospitales públicos valencianos

La Generalitat anuncia un nuevo modelo sanitario basado en el sueco a partir de 2013 para ahorrar 440 millones - Se externaliza la prestación de servicios y las adjudicatarias pagarán un canon anual, aunque Sanidad mantiene las competencias de personal e inversiones - Císcar: "Hay que intensificar el grado de colaboración público-privado"

La gestión privada de la sanidad se extenderá al área asistencial

El mismo día y en el mismo acto en que anunció un mayor protagonismo del sector privado en la sanidad pública, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, estableció las líneas rojas de ese nuevo modelo: el área asistencial quedará en manos de la Administración pública. Sin embargo, fuentes de una consultora madrileña próxima al diseño del proyecto indican que la intención que subyace en este cambio es abrir también las puertas de la parte asistencial al sector privado. “Todo esto”, aseguraron a EL PAÍS, “no se hace para ahorrar en seguridad, limpieza, cocina o lavandería, que también, sino para abordar cuestiones de más calado como la medicina ambulatoria o las prótesis, con gastos crecientes todos los años”, explica.

Castilla-La Mancha eleva el copago en dependencia y luego rectifica

Se mandó un mensaje a las residencias para que contabilizasen la renta de las familias

Las personas dependientes de Castilla-La Mancha ya tienen otra cosa más de la que preocuparse. Un comunicado enviado por correo electrónico el martes 24 de abril a los centros de día y las residencias indica que a partir de hoy deberán calcular de nuevo las aportaciones económicas de los usuarios de estos centros y tener en cuenta esta vez la renta de las familias: “Las pagas extras, ayudas de dependencia, prestaciones no contributivas, ayuda a tercera persona, etcétera, de todos los miembros de la unidad familiar, por lo que deberéis recalcular las aportaciones de todos los usuarios”, dice textualmente.

 El mensaje, enviado a los centros de la provincia de Toledo por orden de una jefa de servicio, fue desmentido y desautorizado rotundamente por la secretaria general de Asuntos Sociales de la región, Paloma Leis. “Esto lo ha enviado una funcionaria que pone en boca del director general cosas que no son correctas ni en forma ni en contenido”, dijo ayer. De paso, dejó claro que el director general es un cargo inferior al suyo.

De tener intenciones el Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar el cómputo por el que establece el copago de los beneficiarios de la dependencia en el servicio que reciben, han de tener en cuenta que eso es ilegal, porque la ley es inequívoca al respecto: para calcular el dinero que deben aportar los beneficiarios se tendrá en cuenta únicamente su “capacidad económica personal”. En ningún caso los ingresos familiares.
“Por supuesto, por supuesto. No hay ninguna instrucción para aumentar el copago y desde luego, nunca teniendo en cuenta la renta familiar”, dice Leis.
En todo caso, la aportación de los dependientes al servicio que reciben está discutiéndose a nivel nacional. Los usuarios tendrán que esperar para despejar el susto por completo. “Ha sido un error haber emitido ese correo”, zanjó Paloma Leis.

Cantabria cobrará 30 euros por revisar la valoración del dependiente

Pero el mensaje llegó a todos los centros de Toledo desde la delegación territorial de la consejería y los responsables de esos establecimientos no sabían ayer qué hacer. “Hemos llamado para decir qué es lo que pasaba y desde luego no haremos nada hasta no tener instrucciones precisas”, aseguró Francisco García Galán, el alcalde de Sonseca, cuyo centro de día depende del Ayuntamiento. “Nos contestaron, también por correo electrónico, que ya enviarían más instrucciones”, añadió García Galán.
Y también la oposición socialista en la región convocó ayer por la mañana una rueda de prensa. La diputada por Toledo en el Congreso Guadalupe Martín advirtió de que con esa instrucción se estaba modificando “ilegalmente” el copago de los usuarios de tal forma que “deberían pagar más o algunos perderían su plaza”. Era cierto, hasta que, por la tarde, la consejería lo desmintió.
Pero los castellanomanchegos siguen inquietos. Martín también se refirió a “las noticias conocidas este fin de semana, según las cuales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está comunicando a determinados pacientes en tratamiento oncológico de Cuenca que, a partir de ahora, serán trasladados a Albacete a más de una hora de viaje para continuar con esos mismos tratamientos”. Y añadió: “Nos consta que se les está llamando por teléfono para decirles que el transporte entre Cuenca y Albacete corre por su cuenta”.
Los dependientes tendrán que acostumbrarse a muchos cambios en los próximos meses. Cantabria, por ejemplo, ha anunciado una tasa de 30 euros para aquellos que soliciten la revisión de su valoración de dependencia, un trámite que costó al Ejecutivo de la comunidad 210.000 euros el año pasado. De haber implantado esa tasa hubiesen recaudado 169.000 euros, según una memoria económica a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.

Solicitar la revisión de la valoración de dependencia se tasará con 30 euros

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros (de los 58,88 euros que le cuesta al Ejecutivo este trámite) y hacer lo mismo con la prestación que se recibe, 14 euros, el importe íntegro de lo que cuesta el servicio.

   Es una medida de carácter disuasorio ante los costes de un servicio que el año pasado obligó al Ejecutivo a gastar unos 210.000 euros, y que, de haberse implantado en 2011, hubiera supuesto la recaudación de 169.290 euros, tal y como argumenta el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la memoria económica-financiera de la tasa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
   La tasa a la revisión de las valoraciones y prestaciones de la dependencia, cuando es iniciativa del propio usuario, es una medida que viene incluida en la Ley que recoge los ajustes del Gobierno de Cantabria, el denominado anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
 Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros

Plataforma Defensa Dependencia: los recortes del PP ponen en riesgo la ley

300.000 PERSONAS EN EL 'LIMBO DE LA DEPENDENCIA'

COMUNICADO DE PRENSA 19 DE ABRIL DE 2012

LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD), formadas por personas en situación de dependencia, sus familias y cuidadores; así como por asociaciones, colectivos, profesionales, sindicatos y ciudadanía en general, integradas en la “COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA (LAPAD)” queremos manifestar lo siguiente:

Con la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD) nace un nuevo sistema de prestaciones públicas sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población que así lo requiera, con garantía pública, estableciéndose la cooperación de todas las administraciones implicadas en el sistema.

El informe elaborado por el anterior Gobierno para la evaluación de la Ley 39/2006, presentado en noviembre de 2011:,

1º.-El crecimiento del número de personas beneficiarias con prestaciones ha ido creciendo desde la aplicación de la Ley.

2º.- La Ley ha impulsado la INVERSIÓN en atención a la dependencia.

3º.- Los EMPLEOS vinculados a la atención a la dependencia durante 2009 y 2010 han supuesto un total de 248.000, y se han creado 165.000 empleos nuevos como resultado resultado de la nueva inversión económica.

4º.- Se han incorporado al sistema de la seguridad social 149.565 personas como cuidadores familiares.

5º.- Un 80’7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, media de notable (3’4 sobre 5).

Además, el mismo informe plantea una serie de medidas dirigidas a avanzar

1.- Sistema de financiación garantista y sostenible.

2.- Cartera de servicios común de obligado cumplimiento.

3.- Consejo Territorial con efectos vinculantes.

4.- Mejorar la transparencia e información a la ciudadanía.

5.- Estrategias de coordinación socio-sanitaria.

Todas estas medidas, definen lo que durante estos años hemos venido denunciando sobre la incorrecta aplicación y desarrollo de la Ley desde su implantación.

Además de las deficiencias de estos años las actuaciones y decisiones del Sr. Rajoy, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y del gobierno del PP, han devenido en una situación de mayor desconcierto, desinformación, angustia, intranquilidad y enfado en las personas en situación de dependencia, familiares, cuidadoras/es, profesionales del tercer sector y ciudadanía en general, que ven cómo puede desaparecer un sistema de protección fundamental para asegurar el cuidado de estas personas.

La voluntad expresada en la reunión del Consejo Interterritorial del SAAD, el jueves 12 de abril, bajo la presidencia de Ana Mato, con la creación de cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los "aspectos económicos" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, no se corresponde con las siguientes medidas tomadas por el gobierno:

1.- El Real Decreto-Ley 20-2011, de 30 de diciembre, anunciando la “MORATORIA de un año en la entrada en el SAAD, para los dependientes moderados, Grado I Nivel 2 (enero de 2013) y Nivel 1 (enero de 2014)”,

2.- RECORTES con la eliminación de las partidas de FINANCIACIÓN DEL NIVEL ACORDADO: En el Consejo de Ministros de 30 de marzo, el gobierno decidió, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, suprimir la aportación que la Administración General del Estado (AGE) hacía a la financiación de la Ley de la Dependencia por el concepto de Nivel Acordado para toda España por un valor de 283 millones de euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de las aportaciones de la AGE.

Esta medida va a traducirse en un empeoramiento de la gestión y una disminución o casi desaparición de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las CCAA:

- Retrasando la resolución de todos los expedientes pendientes

- Continuarán más de 300.000 españolas y españoles en las listas de espera del “Limbo de Dependencia”.

- Afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90 % de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la conciliación de la vida familiar y laboral.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.

Denunciamos que el empeoramiento y la reducción de las inversiones, ponen en riesgo el derecho subjetivo que suponen las prestaciones a las personas en situación de dependencia y, por tanto, la total desprotección de miles de ciudadanas y ciudadanos necesitadas/os de una atención especializada.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación.

Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas.

Organicaciones sociales y sindicales amenazan con movilizaciones

Los dependientes siguen sin cobrar los atrasos que les debe el Consell

Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana denuncian el impago de los atrasos que la Consejería de Bienestar Social correspondientes al mes de marzo. También añaden que la directora general de Acción Social, Pilar Albert, no ha cumplido con una resolución por las que se comprometía a satisfacer los efectos retroactivos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Los representantes de las Plataformas reconocen que resulta difícil estimar el número de dependientes que siguen a la espera de ese pago, porque no todos los beneficiarios de las 8.876 resoluciones firmadas en marzo de 2011 han recibido la notificación de dicho acuerdo. La resolución reconocía el derecho al pago de la retroactividad que deberían haber percibido en periodos fraccionados hace algo más de un mes.

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la C. Valenciana advierten de que reclamarán "vía administrativa o judicial"