El Ministerio baraja que sea el profesional que valora la dependencia quien decida el tipo de prestación

La intención es rebajar el total de prestaciones para cuidados en el entorno familiar que se conceden       

El Gobierno ha decidido dar un paso adelante y llevar a cabo una serie de cambios en la Ley de Dependencia para, sostienen fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mejorar su eficacia y asegurar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Entre estos factores, una de las claves es mejorar el sistema de valoración de los distintos grados y niveles de dependencia, así como el carácter de la prestación que se ofrece. En este sentido, según ha podido saber Redacción Médica, el Ministerio baraja que sea el propio profesional que realiza la valoración el que decida qué prestación recibe el dependiente, tratando de evitar así una mayor extensión de los cuidados no profesionales en el ámbito familiar, un aspecto que la Ley consideraba como excepcional y que sin embargo ha alcanzado un volumen excesivo.

“Un 30 por ciento de las personas con el derecho reconocido a recibir la prestación no la están recibiendo”, han explicado a Redacción Médica fuentes del SAAD, que señalan que se ha observado que “estaban entrando en el sistema dependientes moderados antes que grandes dependientes”. Es precisamente este extremo el que explica la decisión del Gobierno de retrasar la incorporación de dependientes moderados al sistema, primero hasta 2013 y después a 2014.

COMUNICADO DE PRENSA, 17 Junio 1012

¡¡¡SALVEM LA LLEI DE DEPENDÈNCIA!!!

Las “Plataformas en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia)”, constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, colectivos y entidades sociales,

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODA LA SOCIEDAD VALENCIANA PARA SALVAR LA LEY DE DEPENDENCIA (LAPAD).

LOS DATOS PUBLICADOS POR EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) A 1 DE JUNIO DE 2012, Y EL IX DICTAMEN DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA, NOS DAN LA RAZÓN:

Desde la publicación en el DOGV de 2 de marzo de 2011, del Decreto18/2011, de 25 de febrero, de procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia:

• La Tasa de Reposición es negativa (Cuando un beneficiario que recibe un servicio fallece, ese servicio ni siquiera se le da a nadie de la lista de espera; es decir, entran menos personas que las que salen del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia Valenciano):

+ Disminuyen las personas con derecho adquirido: en 3.312 personas.

+ Disminuyen las personas beneficiarias con prestación: en 4.839 personas.

• Un dependiente valenciano tiene la mitad de posibilidades de ser atendido que cualquier otro dependiente español.

• Siguen 25.921 personas en la lista de espera (Limbo de la Dependencia), con derecho adquirido sin percibir la prestación.

• La Comunitat Valenciana, según el IX DICTAMEN del Observatorio Estatal de la Dependencia, está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia (LAPAD), con un 0’4 (muy deficiente).

• Más de 20.000 valencianas y valencianos en situación de dependencia, con el derecho reconocido, han fallecido antes de recibir la prestación o servicio que les correspondía por Ley.

TODO ESTO SUPONE UN RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, FAMILIARES, TRABAJADORAS/ES, TERCER SECTOR, Y CIUDADANÍA EN GENERAL, CON UN ATAQUE FRONTAL A UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE CREA EMPLEO E INNOVACIÓN Y PROVEE DE CALIDAD DE VIDA Y FELICIDAD A TODAS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY.

EN VALENCIA A 17 DE JUNIO DE 2012.

Más de cien centros de discapacitados cerrarán a partir de julio si no cobran

Algunos proveedores de alimentos han dejado de fiar porque ni los bancos dan préstamos a estas entidades sin ánimo de lucro

Más de 4.000 afectados
El conflicto afecta a cerca de 4.000 dependientes de toda la Comunitat Valenciana, repartidos entre más de cien centros de día, residencias, centros de ocupación, centros de atención temprana, viviendas tuteladas y centros de enfermos mentales. Todos ellos son privados, creados por asociaciones sin ánimo de lucro que nacieron hace décadas para hacerse cargo de sus enfermos. Ahora, la mayoría de estas entidades, colectivos y ONG subsisten gracias a subvenciones, aunque otras mantienen un concierto con la Generalitat. Ambos, concertados y subvencionados, tendrían que haber cobrado el 60% del presupuesto de 2012 hace meses. Los primeros en febrero, los segundos en abril.

Valencia, Canarias y Baleares suspenden ruidosamente en dependencia

Castilla y León, País Vasco y Andalucía aguantan el vendaval que está paralizando la implantación del sistema

• Tres comunidades, la valenciana, Canarias y Baleares tienen la dependencia “a nivel del bono basura”. Su nota no llega ni al tres sobre 10, según las calificaciones que otorga cada semestre el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el otro extremo de la tabla, Castilla y León, País Vasco y Andalucía, con notables y sobresalientes, están conteniendo el desastre que se cierne sobre esta ley, ahora prácticamente paralizada, si nadie pone remedio.
  
  
  
  
  

• DESCARGABLE  Dictamen del Observatorio de la Dependencia (PDF)

Almería, provincia con mejor gestión de la Ley de Dependencia del país

Casi la mitad de las prestaciones son servicios · La Ley ha generado más de 4.000 puestos de trabajo en la provincia

Aunque a día de hoy la Ley de la Dependencia es junto con la economía lo que más preocupa a los colectivos de personas con discapacidad, estos pueden estar tranquilos con la gestión que se hace en esta provincia de la citada Ley, que sitúa a Almería a la cabeza en España en este terreno.

No es la crisis, es la política

La Plataforma por el Estado de Bienestar protesta por los ajustes en el Estado del bienestar y llama a la movilización

Los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención social, pero también los “retrocesos de décadas” en participación ciudadana, los problemas de empleo, la situación de los jóvenes, de las mujeres, del mundo rural han movilizado a los representantes de más de 55 organizaciones que han llamado a una protesta masiva que se concretará el día 20 con manifestaciones en toda España.

Confederación ASPACE solicita que la futura reforma de la Ley de Dependencia no recorte los servicios para quienes tienen más de un 65% de discapacidad

Confederación ASPACE,

En una reunión con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, Confederación ASPACE ha solicitado que la futura reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no recorte los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, especialmente en el caso de quienes tienen una discapacidad superior al 65%, y ha solicitado además que se invierta la tendencia actual de primar las prestaciones económicas sobre la oferta de servicios de atención.

El Gobierno lleva desde finales de 2011 anunciando la necesidad de reformar la conocida como Ley de Dependencia para hacerla “viable y sostenible en el tiempo”. Una Ley que afecta, directa o indirectamente, a casi cuatro millones de españoles con discapacidad y que establece los derechos y los servicios básicos que deben ser ofrecidos al colectivo: residencias, centro de días, tratamientos de fisioterapia, logopedia…

Dependencia: todo lo que pone el Gobierno se recupera vía impuestos

Gravámenes y cotizaciones equivalen a lo aportado por la Administración central, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

El modelo de financiación de la Ley de Dependencia, que se basa en el número de atendidos y no en el coste del servicio, está dando el resultado que se esperaba: adelgaza sin parar la aportación del Gobierno mientras crece la de las comunidades autónomas. Si además se tienen en cuenta los retornos fiscales de esta ley vía impuestos y cotizaciones (IRPF, IVA, cuota de la Seguridad Social, etcétera) lo que sale del Gobierno es similar a lo que entra a las arcas del Estado, entendido Estado como el total de las Administraciones, porque lo que se recauda por IRPF es compartido, por ejemplo. Serían 1.937 millones en 2011 los que habría gastado la Administración central frente a 1.862 millones recaudados, según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esto es así porque la dependencia tiene una importante parte privada, cuyo negocio revierte a las arcas estatales por los empleos que genera, ya sean trabajadores de las residencias o incluso aquellos que las familias contratan para los cuidados.

Afectados por la Ley de Dependencia piden la continuidad de síndic de Greuges

Miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) y simpatizantes se han concentrado hoy ante la sede del Síndic de Greuges, en Alicante, para mostrar su apoyo a esta institución por su defensa de los derechos de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos más desfavorecidos.

Durante el acto, en el que han participado alrededor de 80 personas, representantes de la plataforma han leído un manifiesto de apoyo a la Sindicatura de Greuges al que se han suscrito hasta 70 asociaciones ciudadanas, partidos políticos -PSPV-PSOE, EU y Compromís-, sindicatos y colectivos sociales de la Comunitat Valenciana.

Según han denunciado durante la lectura del mismo, la supuesta "supresión" de la institución del Síndic de Greuges "pretendida por el PP" en la Comunitat "no supondría ningún ahorro en gasto público".

También han destacado las 28.688 actuaciones que la institución ha realizado en el último año y el aumento de las mismas desde 2009, cuando hubo 10.309 quejas y consultas.

Un informe revela que Alcoy tiene 4.546 familias por debajo del umbral de la pobreza

Un estudio elaborado por cinco asociaciones de vecinos y la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de l'Alcoià y El Comtat ha evidenciado que, en la actualidad, hay 4.546 familias en Alcoy que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, lo que puede suponer un total de 14.000 personas.

Estos colectivos han presentado una moción al pleno municipal -que se debate esta tarde- en la que plantean un refuerzo al máximo posible de los fondos municipales para apoyar a los más desfavorecidos. Esta iniciativa de la referida plataforma y las asociaciones vecinales de Batoy, Viaducto, Santa Rosa, Ensanche y Zona Norte se justifica en un informe elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Foessa, dependiente de Caritas, que reflejan la situación de la ciudad.

Un informe vaticina la salida de los 'dependientes moderados' del SAAD

Un informe de The Family Watch señala que "es posible" que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los 'dependientes moderados' al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 "se haga definitiva"   y que se"excluya" a este colectivo.

  "Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los 'dependientes moderados', que son los de nivel 1", indica esta estudio titulado 'La familia como agente de salud' y presentado este lunes en Madrid.

Empleados de centros de discapacidad protestan por los impagos del Consell

Empleados de centros de discapacidad protestan por los impagos del Consell 

En la plaza de Manises de Valencia, ante la puerta del Palau de la Generalitat, han coincidido esta mañana dos manifestaciones que han puesto de manifiesto el malestar por la política de recortes del Consell de Alberto Fabra. Por un lado, trabajadores de los centros de atención a la discapacidad se han concentrado para denunciar el impago de salarios debido a la deuda que mantiene con ellos el Gobierno valenciano. Y, por otro, los trabajadores de RTVV han manifestado una vez más su rechazo al ERE que plantea la Generalitat y que implica más de un millar de despidos en el ente público.

MANIFIESTO EN APOYO A LA INSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES

La Sindicatura de Greuges es una institución heredera de nuestros históricos Jutges de Greuges (1409) y recuperada en el marco del autogobierno valenciano.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana define (art. 38) al Síndic de Greuges como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos de las personas. También dispone (art. 44.5) que su desarrollo legislativo requiere una mayoría de tres quintas partes de la Cámara para su aprobación. El art. 81.1 señala que la modificación o reforma del propio Estatuto exige el acuerdo de dos terceras partes de los miembros de las Cortes.

La Sindicatura de Greuges viene funcionando desde hace casi 20 años. Concretamente, el primer titular fue nombrado el 28 de julio de 1993. Tiene como misión fundamental controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Es una institución defensora y garantista. No es un adorno legal sino una institución de gran importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto a la buena conducta -legal y transparente-de los poderes públicos.

Su libertad y autonomía vienen recogidas en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que establece expresamente la independencia de criterio del Síndic y su inviolabilidad por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones; le permite el libre acceso a los archivos y registros administrativos en el ámbito valenciano y sus actividades no se verán interrumpidas aunque haya una declaración de los estados de excepción o de sitio. Hay que recordar que todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Administración valenciana están obligados a auxiliarle con carácter prioritario y urgente, y puede ser constitutivo de delito de desobediencia la actuación del funcionario que obstaculice la investigación del Síndic.

La función de la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que aspiran a perfeccionar la manera de gobernar: aumento de la transparencia (procesos comprensibles de toma de decisiones, resoluciones claramente motivadas, información accesible al público, reuniones de los órganos públicos abiertas y públicas , propuestas sometidas a debate público); normas de buena conducta administrativa (para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y para que los funcionarios sepan qué se espera de ellos); garantías respecto al estado de derecho, etc.

En definitiva, no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, el funcionamiento del Síndic y el Defensor del Pueblo estatal no supone una duplicidad, ya que ambas instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diferentes Comunidades Autónomas. La hipotética supresión del Síndic no supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la

necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto público seguiría siendo exactamente el mismo.

A la vista de las informaciones aparecidas sobre el futuro de la Sindicatura de Greuges dentro del contexto de acciones contra la crisis económica actual, y de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, manifestamos:

-Los datos oficiales que disponemos avalan la importancia de la labor realizada por la Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las consultas y actuaciones efectuadas por el personal de la Sindicatura (10.309 en 2009, 21.246 en 2010,

28.688 en 2011 ).

-Prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático. Es el único cargo nombrado en su totalidad por los 2/3 de las Cortes y es el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana.

-Nos oponemos radicalmente a su desaparición o reducción. Pedimos que se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.

-La crisis y los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País Valencià, no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las Administraciones valencianas.

AL PAÍS VALENCIÀ, MAYO DE 2012.

Obligan al Consell a pagar una ayuda a un dependiente desde que la pidió

La Conselleria entendía que debía abonarla a partir de que se concede y no cuando se solicita y dejó pasar 16 meses

 Un dependiente de Orihuela ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dé la razón y se la quite a la Generalitat, a la que obliga a pagarle la ayuda para un cuidador no profesional desde el momento en que la pidió y no a partir del día en que el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia firmó favorablemente. Eso suponía en este caso concreto una diferencia a su favor de 5.740 euros porque desde que el enfermo solicitó la ayuda que le concede la ley hasta que resolvieron su solicitud en la Conselleria pasaron un año y cuatro meses. 

La sentencia que firma el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección V sienta un precedente al que se pueden agarrar a partir de ahora numerosos dependientes de la Vega Baja y de toda la Comunidad que siempre, a través de asociaciones, han defendido que se debían dar las ayudas con retroactividad. 

Las CCAA no mantienen la tasa de reposición de grandes dependientes

 La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la “paralización y el recorte encubierto” de la Ley 

“La Ley de Dependencia ha pasado de estar en el frigorífico a estar en el congelador”, ha lamentado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Redacción Médica, a la luz de los últimos datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) según los cuales a 1 de mayo 275.330 personas se encuentran en el llamado 'limbo de la dependencia' en España, es decir, con derecho reconocido a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero sin percibir ninguna ayuda.

 El problema va más allá de los números, y es que, según explica Ramírez, “ha cambiado la tendencia y ya la mayor parte de las autonomías no mantienen ni siquiera la tasa de reposición”. Así, según un estudio que la propia Asociación está ultimando, en el último año se detecta una merma de los grandes dependientes. “Desde las últimas elecciones autonómicas se han perdido 70.000 grandes dependientes”, asegura Ramírez, que señala que “está habiendo una paralización y un recorte encubierto de la Ley”, puesto que estos 70.000 grandes dependientes han sido sustituidos por dependientes con otros grados de valoración.