miércoles, 13 de noviembre de 2013
La Comunitat cierra 300 plazas de dependientes y 140 centros están en riesgo
El bloqueo de miles de expedientes de afectados y la deuda de la Generalitat dejan en números rojos al sector y la pérdida de 150 puestos de trabajo
La deuda de la Generalitat ha subido a 106 millones de euros tras «incumplir» de nuevo el pago
correspondiente al mes octubre, según denunció la patronal. Y la directora general, María José Mira, aseguró que hay 140 centros que están en claro riesgo de desaparición. Se trata de unos recursos exclusivamente privados y sus usuarios son principalmente beneficiarios del sistema bono o de las prestaciones vinculadas al servicio de la dependencia, que no reciben ningún otro tipo de financiación pública por parte de la Administración.
martes, 12 de noviembre de 2013
NOTA DE PRENSA: REUNIÓN CON LA CONSELLERA DE BIENESTAR PARA RECLAMAR LA DEUDA CON LOS DEPENDIENTES VALENCIANOS Y EXIGIR EL CUMPLIMENTO DE LA LEY.
Las Plataformas del País Valencià en defensa de la Ley
39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia nos reunimos ayer lunes 11 de noviembre con la
consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para exigir el cumplimiento de la deuda pendiente
con los dependientes valencianos correspondiente a este año 2013 y que se
refiere al pago de la retroactividad y los dos meses de retraso en el pago de
las prestaciones. A la reunión también estaba convocado el conseller de
Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien finalmente no acudió por encontrarse en
Madrid, aunque sí lo hizo el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó.
Según fuimos informados, el Gobierno valenciano contaba con
los 900 millones del FLA que se recibirá el próximo 16 de noviembre para saldar
el pago de la retroactividad de este año 2013 y que asciende a 22 millones de
euros, algo que ya no será posible, puesto que de acuerdo a lo establecido en
el RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, dichas ayudas no pasarán por la tesorería del gobierno valenciano,
sino que se destinarán directamente desde las arcas del gobierno central a los
proveedores que hayan acreditado su deuda con el gobierno valenciano. Puesto
que los dependientes no somos proveedores, estamos excluidos de dicha
relación. Ante tales circunstancias, y
posiblemente por la presión de las Plataformas exigiendo el pago de la
retroactividad, que según lo prometido tanto por la consellera Sánchez Zaplana
como por el mismo President Fabra había de haberse realizado el pasado mes de
abril, el conseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, se desplazó ayer a Madrid
para solicitar del gobierno de Rajoy una línea de crédito que le permita pagar
a los dependientes valencianos. Los resultados de dicha gestión no los
conoceremos hasta el día 12 de diciembre cuando retomaremos las negociaciones.
Las Plataformas de la Dependencia del País Valencià no
podemos más que mostrar nuestra más profunda indignación y frustración. Hasta
el mes de febrero, el coste total de las prestaciones por cuidados en el
entorno familiar era de 11´5 millones de euros. Tras la entrada en vigor del
copago en dependencia el pasado mes de febrero esta cantidad se redujo a 7
millones de euros. Con lo cual sólo a expensas de la dependencia, el gobierno
valenciano ha estado ahorrándose 4,5 millones de euros todos los meses, lo que
nos lleva a un total de 45 millones de euros en lo que va de año ¿dónde está
todo ese dinero? ¿por qué ahora no hay 22 millones de euros para pagar la
retroactividad? Eso sin contar con el ahorro que supondría dejar de pagar
infraestructuras inútiles como el aeropuerto de Castelló, cuyo gasto asciende a
17 millones de euros anuales, o los 3,6 millones de euros que se pagan a un empresario
“amigo” por la gestión de la torre de control”,
para invertirlos en la vida, la salud y el bienestar de las personas.
Aun así, y pese a no saber todavía ni siquiera de dónde
saldrá el dinero y a falta de mes y medio para finalizar el año, los representantes
del gobierno valenciano continúan asegurando que cumplirán con su compromiso.
Obviamente, y a estas alturas, ni que decir cabe, que su palabra apenas nos
merece ninguna credibilidad, y que pone de manifiesto su incapacidad de cumplir
con lo prometido.
En otro orden de cosas, las Plataforma queremos mostrar
nuestra satisfacción al conseguir que la conselleria de Benestar rectifique y
comience a partir del 1 de enero a calcular la capacidad económica del
dependiente para aplicarle el copago en función de su renta, y no en función de
la renta de la unidad familiar, como venía haciéndose desde febrero. Con esta
medida, se recalcularán de nuevo los copagos. En el caso de los menores, al
carecer de rentas, quedarán pues, exentos del mismo. Sólo no se tendrá en
cuenta la capacidad económica del beneficiario, cuando este sea el cabeza de
familia y no se cuenten con más ingresos.
La consellera Sánchez Zaplana quiso apuntarse como un tanto
personal el haber conseguido blindar en los presupuestos
de la Generalitat Valenciana las partidas para la dependencia, cosa que agradecemos,
a la vez que pedimos transparencia en su gestión así como acceso al
conocimiento de las transferencias del Estado para el Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia del País Valencià. También negó haber dado
instrucciones políticas para las frecuentes
revisiones a la baja en la valoración de los dependientes y se
comprometió a colaborar en otras cuestiones técnicas que ayuden a mejorar el
proceso de valoración.
Las Plataformas seguimos defendiendo es inmoral e inhumano
someter la vida y el bienestar de las personas con discapacidad y dependencia a
ajustes presupuestarios. Que no se trata de gastar menos, sino de gastar
mejor. Después de 20 años de despilfarro
y con la Generalitat Valenciana en quiebra, el gobierno valenciano sigue sin
querer entender que la prioridad somos las personas. O esa es la sensación que
nos transmitieron.
Respeto, Dignidad y Justicia Social.
Valencia,
a 12 de Noviembre de 2013.
lunes, 11 de noviembre de 2013
Duros impagos para el colectivo más frágil
Los empleados de la educación especial concertada no cobran a causa de la deuda del Consell
Una especial acampada tenía lugar el pasado viernes en la plaza del Ayuntamiento de Paterna. Las
tiendas correspondían a centros que atienden a personas con discapacidad y a los que la Generalitat millones de euros. Al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, por ejemplo, le debe la Consejería de Educación 433.000 euros y Bienestar Social, 393.000 euros. El Colegio La Unión de Torrent, que atiende 30 alumnos desde segundo de Infantil a los 16 años no tiene concierto y depende de un convenio con Educación que acaba de renovar tras protestar con el alumnado a la puerta de la consejería; la deuda es de 760.000 euros. A Torrepins, también de Torrent, le debe el Consell 300.000 euros.
viernes, 8 de noviembre de 2013
COTINO CENSURÓ INFORMACIONES SOBRE LA DEPENDENCIA EN CANAL 9
Las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia queremos manifestar nuestra más profunda indignación ante las revelaciones del editor de informativos de Canal 9, Frederic Ferri, en las que afirma que el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, en la época, conseller de Benestar Social ordenó censurar y silenciar en los informativos de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) la voz de los dependientes y de sus familiares, llegando a vetar con un "eso no sale en Canal 9" informaciones que hacían referencia a la muerte de un dependiente que había estado pidiendo la ayuda.
Consideramos estas declaraciones de extrema gravedad por lo que exigimos una inmediata aclaración por parte del Consell así como también la DIMISIÓN de Juan Cotino. Queremos también recordar que según informaciones aparecidas en el diario El País en 2010, antes de abandonar la Conselleria de Benestar Social, el ahora presidente de Les Corts, utilizó la Ley de la Dependencia para beneficiar a la empresa Centros Residenciales Savia, ligada a su familia y cuyos dos principales accionistas estarían implicadas en la trama Gürtel. El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social. La mayoría absoluta del PP ha impedido que Cotino jamás diera información de sus supuestos negocios a costa de los dependientes valencianos en sede parlamentaria.
Nos parece obsceno y execrable que semejantes personajes sigan viviendo a cuenta de los impuestos de todas las valencianas y valencianos, mientras a los dependientes se les recortan sus prestaciones hasta un 90%, cuando dependientes y discapacitados tienen que pagar por su medicación, o cuando encima de la mesa de la consellera de Bienestar Social hay 11.000 expendientes retenidos a la espera de que sus solicitantes vayan muriendo para no tener que incorporarlos al sistema. Han pretendido taparnos la voz como en las peores de las dictaduras pero no lo han conseguido. La podredumbre del gobierno valenciano ha llegado a unos extremos realmente insoportables e insostenibles. Y mientras el President Fabra siga encubriendo a personajes miserables como Juan Cotino, se estará convirtiendo también en cómplice.
jueves, 31 de octubre de 2013
lunes, 28 de octubre de 2013
La dependencia acelera su caída
Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 2011Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
El sistema de dependencia echó a andar en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Los expertos alertan de más pobreza y de la “demolición de los servicios sociales”
miércoles, 23 de octubre de 2013
Derechos de los niños con discapacidad
Los niños con discapacidad son iguales al resto de niños. De
acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los menores con
discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño.
Además del derecho
a la no discriminación previamente mencionado, es necesario destacar que los
niños con discapacidad deben disfrutar no sólo de los derechos garantizados por
la Convención, sino también de los derechos que se mencionan a continuación.
Derecho a un
tratamiento adecuado
El segundo párrafo
del Artículo 23 de la CDN, dedicado a los niños con discapacidad, garantiza su
derecho a obtener una asistencia especial y a solicitar la concesión de una
subvención del gobierno que se ajuste en función del país del niño y de la
situación financiera de sus padres o tutor.
Resulta obvio que
los niños con discapacidad tengan derecho a un tratamiento especial pero, en la
práctica, la mayoría de ellos son privados incluso de un tratamiento médico
adecuado. Sus posibilidades de recuperación, o de vivir al menos con un
sufrimiento menor, se reducen por lo tanto a cero.
Derecho a la
educación
Debido a la falta
de infraestructuras, medios, conocimiento y, sobre todo, de buena voluntad, la
mayoría de los niños con discapacidad no recibe ninguna educación; en realidad,
ni siquiera una educación primaria. De hecho, de acuerdo con una serie de
estadísticas internacionales, solo el 2% de los niños con discapacidad tiene el
privilegio de asistir a la escuela. Se trata, por lo tanto, de una violación
grave de la CDN, que garantiza el derecho de todos los niños a asistir a la
escuela.
Derecho al ocio
En ocasiones, las
personas que rodean a los niños con discapacidad están tan involucradas en su
asistencia que olvidan que éstos, antes que nada, son niños; niños que
necesitan divertirse, jugar, expresarse de forma artística, practicar deportes,
etc. Asimismo, el derecho al ocio es un derecho contenido en la Convención
sobre los Derechos del Niño (Artículo 31), y que indudablemente atañe de igual
forma a los niños con capacidades diferentes.
Derecho a la opinión
Se trata de una de
las necesidades fundamentales de un niño con discapacidad, aunque
desafortunadamente, también es una de las más ignoradas. De acuerdo con el Artículo
12 de la CDN, los niños minusválidos, al igual que el resto de niños, tienen
derecho a expresar su opinión sobre cualquier medida que les afecte.
El derecho a la
opinión se extiende del mismo modo a todos los ámbitos de la vida social, en la
que el niño debería contar con la oportunidad de expresar su opinión, ser
consultado e informado y tener la oportunidad de participar. Sin embargo, se
considera a menudo que, debido a sus discapacidades, estos niños no son capaces
de expresar una idea de forma coherente, por lo que se toman las decisiones sin
escuchar su opinión.
Producto de su
vulnerabilidad, los niños que sufren alguna discapacidad son particularmente
susceptibles a la hora de expresar su opinión, ya que en algunas ocasiones la
comunicación con ellos conlleva numerosos obstáculos (dificultades en la
comunicación, pensamiento lento, falta de comprensión). Por lo tanto, se
debería considerar a los niños minusválidos como parte integral de la toma de
decisiones en los asuntos que les afecten. De este modo, la erradicación de los
obstáculos que dificultan su camino hacia la integración social debería ser
inmediata.
Un largo camino por
recorrer
La palabra
minusválido a menudo contiene una connotación peyorativa: un minusválido sufre
una incapacidad, lo que invita a considerarle del mismo modo que a una persona
incompetente. Sin embargo, un niño con discapacidad es capaz de involucrarse en
acciones de tipo constructivo y, sobre todo, es capaz de progresar.
Desgraciadamente, rara vez cuentan con la oportunidad de hacerlo.
A nivel mundial,
existe un largo camino por recorrer en lo que a los derechos de los niños con
discapacidad se refiere. El cambio del término ‘niños con discapacidad’ por
‘niños con capacidades diferentes’ ha supuesto un avance en este aspecto.
De hecho, es
indispensable un cambio de mentalidad para garantizar los derechos de los niños
con capacidades diferentes. Además, las autoridades de todo el mundo deberían
llevar a cabo las reformas necesarias para crear una estructura jurídica e
institucional que asegure la protección de los niños con capacidades
diferentes, de forma que estos puedan abandonar los tétricos lugares en los que
se encuentran y, consecuentemente, disfrutar de condiciones de vida adecuadas y
de las oportunidades que merecen.
martes, 22 de octubre de 2013
El Consell baja el grado de discapacidad a la mitad de las revisiones de este año
Bienestar Social rechaza que pretenda reducir ayudas tras valorar a la baja a 5.252 de 12.057 afectados
En la C. Valenciana hay 400.000 personas reconocidas con un grado de discapacidad superior al 33%. De ellas, este año se ha reconocido al 2,37%, concretamente a 12.057 personas con discapacidad temporal. Tras estas revisiones se evaluó que habían mejorado, y por tanto tenían menos grado de discapacidad, 5.252 personas. Según estos datos, el 43,5% de las personas revisadas han evolucionado positivamente lo que conlleva una disminución de las prestaciones sociales y económicas que reciben.
lunes, 21 de octubre de 2013
EL DOCUMENTO ENVIADO A LA COMISIÓN EUROPEA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONFIRMA LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA.
La mitad de los importes de ahorro de la reforma local proviene de la supresión de servicios. LEER MAS
Hasta ahora, habíamos calculado lo que suponía en términos económicos la actuación de las entidades locales en materia de servicios sociales en España (nada menos que una tercera parte de la gestión y una cuarta parte del gasto nacional equivalente a un 1,5% del PIB) y habíamos denunciado las irracionalidades e incertidumbres que nos suscitaba el Proyecto de Ley que se debate en estos días en el Parlamento y que extirpará –si nadie lo remedia- las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles. Tan solo les quedará como función residual la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. (extremo este muy confuso y que habrá de ser definido por Ley, pero que apunta a conocer el caso y derivarlo para su atención en la Comunidad Autónoma, además de atender –eso sí- las situaciones de extrema necesidad... suponemos que procurando alimentos, albergues o cosas así...). LEER MAS
jueves, 17 de octubre de 2013
DATOS INÉDITOS SOBRE EL GASTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES EN ESPAÑA
· 5.118 millones en servicios sociales, 2.410 en educación y 802 en sanidad
· De cada tres euros que se gastaron en servicios sociales en España en 2012 uno fue gestionado por Administraciones Locales
567 RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES, CON 30.000 PLAZAS, Y LA AYUDA A
DOMICILIO, CON 650.000 BENEFICIARIOS, SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE SE
CONSIDERARÁN IMPROPIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LA REFORMA
PROPUESTA POR EL GOBIERNO Leer mas
567 RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES, CON 30.000 PLAZAS, Y LA AYUDA A
DOMICILIO, CON 650.000 BENEFICIARIOS, SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE SE
CONSIDERARÁN IMPROPIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LA REFORMA
PROPUESTA POR EL GOBIERNO Leer mas
La Sindicatura de Greuges acepta requerir a la Consellería de Bienestar Social sobre las evaluaciones del grado de DISCAPACIDAD
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El 15 de
octubre de 2013 los representantes de las asociaciones de usuarios de la
sanidad (AVUSAN), de familiares y enfermos mentales (ASIEM) y de las
Plataformas por la Ley de Dependencia y del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante han expuesto a la Sindicatura
de Greuges en su sede alicantina su preocupación por la reducción de cuantía de
valoraciones para grados de discapacidad que reciben de distintas fuentes y por
la falta de estadísticas e información en la materia, en una situación que se
ha puesto de manifiesto desde 2012 con la relativa confusión en todos los
niveles entre dicho grado de discapacidad y el baremo ligado a la
dependencia y a su normativa.
La
representación de la Sindicatura, encabezada por el Sindic Sr. José Cholbi, la Adjunta
1ª al Síndic Sra.Emilia Caballero, el Director del Gabinete y un técnico
experto en la materia, ha aceptado priorizar esta cuestión dentro del creciente
número de peticiones que recibe actualmente, requiriendo a la Consellería de
Bienestar Social para que facilite la información solicitada en la materia y
que permita así cumplir los objetivos que los demandantes han buscado en
numerosas reuniones para obtener directa o indirectamente dicha información:
reducir la preocupación social por la situación, obteniendo una información
fiable y contrastable para que no perdure la intranquilidad existente y puedan
corregirse en su caso las reducciones inexplicables.
lunes, 14 de octubre de 2013
VALORACIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA RESPECTO AL INFORME DEL COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL IMPACTO DE LOS RECORTES
“El Consejo de Europa asegura que la reforma
de Mato socava los derechos humanos”.
La Coordinadora
Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de
Dependencia (COES-LAPAD) acoge con preocupación, aunque desgraciadamente
no con sorpresa, el informe presentado por el Comisario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa, Nils Muiznieks, sobre el impacto de la crisis y las medidas
de austeridad fiscal en materia de discapacidad y dependencia en España,
realizado el pasado mes de junio.
Todo un varapalo a
las inhumanas y crueles medidas, que desde la llegada del Partido Popular al
Gobierno en diciembre de 2011, se están adoptando y que las Plataformas en
Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de toda España venimos denunciando.
Exigimos del
Gobierno, que haga caso de este informe del Consejo de Europa y que
rectifique, comenzando por la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
Dicho informe
resulta demoledor para la ministra Ana Mato , cuya reforma sanitaria, iniciada
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la puesta en
marcha del Real Decreto 16/2012, es duramente criticada por socavar los
derechos humanos de las personas con discapacidad y dependencia.
El Comisario
expresa su inquietud por las repercusiones, sumamente desfavorables, que los
recortes presupuestarios han tenido en las condiciones de vida de estas
personas y en su inclusión social.
Hasta la fecha, no
se ha realizado todavía ninguna evaluación de los devastadores efectos que
están produciendo los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad
y dependencia.
También le
preocupan los inconvenientes de la aplicación de la Ley, tales como la estricta
clasificación de las personas dependientes en función de sus niveles de
discapacidad diagnosticada.
Por otro lado se
lamenta de que la crisis económica y las restricciones financieras, hayan
socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la
inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los
demás, incluidas las medidas orientadas a mejorar la accesibilidad a los
servicios generales, así como al empleo y los programas de formación.
Expresa su malestar
e inquietud ante medidas como la exclusión del sistema hasta 2015 de los
dependientes moderados, que afecta a 280.000 personas, y los excesivos plazos
de tramitación a causa de los procedimientos administrativos tan largos y
onerosos a los que se tiene que someter el solicitante.
El Comisario
también considera, con muy buen criterio, que los copagos del 15% a nivel
estatal y los autonómicos, de hasta el 90%, se traducen en una pérdida
alarmante de autonomía para estas personas y siente, sobre todo, que la
prestación de servicios haya sido concebida con demasiada frecuencia como un
medio para prestar asistencia y no para permitir, que tanto las personas con discapacidad como
dependientes, gocen plenamente de sus derechos
humanos, lo que podría dar lugar a que este colectivo se muestre
sumamente vulnerable a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones
presupuestarias.
En conclusión:
Mientras se piense que la aplicación de la Ley de la
Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos
abocando a la exclusión social, a la caridad, a la indigencia y a la
beneficencia a las personas dependientes y a sus familias.
Y ya
no solo se lo decimos desde España. Ahora también se lo están diciendo desde
Europa.
viernes, 11 de octubre de 2013
MANIFIESTO: La Generalitat Valenciana atenta contra las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia
La
Generalitat Valenciana está atentando contra las personas con discapacidad y/o
en situación de dependencia (o en riesgo de padecerla), ya que incumple las
normativas superiores a las competencias que le han sido asignadas, comete
actos de barbarie que atentan directamente contra los derechos de las personas
más vulnerables de la sociedad, tratando a estos colectivos como ciudadanos de
segunda.
Por
todos estos motivos, la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia continuará
alzando la voz de aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, denunciando lo
impuesto, para que la sociedad sea conocedora de dichas atrocidades y actúe en
consecuencia.
Seguiremos
remarcando que es delito desatender a unos colectivos a los que se pretende
dejar al margen de una sociedad que es de todo menos inclusiva. Resaltaremos
que cualquier persona puede pasar a ser dependiente en cuestión de segundos y
que merece un trato digno, una atención
de calidad y una vida tan plena como le sea posible. Haremos hincapié en
lo vital de mantener abiertos y cubiertos los servicios y programas públicos que atienden cada día a una
cantidad de personas cuyas necesidades van más allá del mero asistencialismo, señalando
la importancia que las familias y
trabajadores/as tienen en su desarrollo personal.
Es
por ello que nos sumamos a esta maratón con las siguientes exigencias a la
Administración:
- - Pago inmediato de
lo adeudado a día de hoy de 2013 y 2012, tanto a las personas en situación de
dependencia como a las asociaciones que las atienden o les prestan servicios, y
establecimiento de un calendario estable de pagos
- - Modificación de
la Orden de Ayudas para los Centros Especiales de Empleo, dado que la propuesta
de dicha Orden continúa reduciendo las dotaciones destinadas al fomento del
empleo para personas con discapacidad. Igualmente, exigimos una vía de
financiación estable para el Empleo con Apoyo.
- - Cese de los recortes en los Centros Escolares, de los Profesores/as de Apoyo, así como las
dotaciones del Personal Especializado. Nuestro objetivo en este punto es
conseguir una Escuela Inclusiva para todos/as.
- - Reinstauración de
la gratuidad de los productos farmacológicos, ortoprotésicos y ayudas técnicas
para las personas con discapacidad, derogando el artículo 160 de la Ley 10/2012
de Medidas Fiscales de gestión Administrativa y Financiera.
- - Revocación del
Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se establece el
régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los
servicios sociales.
- - Retirada
inmediata del “Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio y el proyecto de PGE de
2013”; por considerarlo inconstitucional y
que vulnera los derechos de los discapacitados-dependientes.
- Eliminación
de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, del Consell, por la que se estable el
copago en dependencia.
Exigir
dignidad y respeto en su presente es garantizar su futuro, por ello estamos
aquí una vez más, para hacer visible a
un sector que no quiere estar encerrado, que no pretende “volver a las
sombras” (como han expresado las propias personas con discapacidad), que no
permitirá que se cierren sus recursos, que no quiere caridad, sino que exige
una atención de calidad..
Somos
profesionales, familias, simpatizantes, personas con discapacidad y/o en situación
de dependencia o en riesgo de padecerla, personas con enfermedad mental,
ciudadanos/as al fin y al cabo que conscientes en nuestra reivindicación, no
cesaremos en el hecho de exigir DIGNIDAD, RESPETO Y JUSTICIA SOCIAL para todas aquellas
personas que de una forma u otra somos parte de esta historia
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