José Manuel Ramírez Navarro
Presidente de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales de España
NO es equiparable, ni mucho menos, la crisis que afecta a los banqueros o a los inversores y propietarios de los grandes grupos empresariales, que ven reducidos sus beneficios, que la que afecta a cada una de esas miles de personas y familias que sobreviven entre el paro y la protección social. Al hablar de crisis estamos acostumbrados a datos relacionados con el Íbex 35, Euríbor, deuda pública, diferencial con el bono alemán… Datos que reflejan una realidad estadística, pero que pueden hacernos olvidar la realidad de cientos de miles de seres humanos, personas y familias angustiadas por preocupaciones tan elementales como pagar el alquiler o alimentarse. Ese es el verdadero rostro humano de la realidad más cotidiana. Nadie cuestiona la necesidad de llevar a cabo políticas de reactivación económica en la situación actual, pero algunos se les olvidan hablar de la necesidad de desarrollar políticas sociales para atender las necesidades más básicas de las personas y familias más vulnerables. Resulta llamativo que, según estadísticas oficiales, el dato de casi 5 millones de parados se corresponde con casi 5 millones de personas que son usuarias de los servicios sociales de atención primaria. Es normal que estos servicios estén desbordados, más aun cuando en lugar de reforzarse, muchos de ellos han visto mermar sus recursos.
Uno de los mayores problemas de muchas personas que hoy acuden a los servicios sociales no solo es el paro y la consiguiente falta de recursos, sino la desmotivación por la falta de expectativas: ¿cómo llevar a cabo una intervención social con alguien que no ve horizontes de futuro, con alguien desmotivado? Una demanda que crece exponencialmente y unos recursos que no sólo no crecen, sino que, en ocasiones, menguan. Porque a la crisis del empleo se añade las severas reducciones del gasto público que afectan también a los espacios de la protección social ¡y lo que nos espera!, auguran o temen casi todos. En este contexto se está implementando la Ley de Dependencia, una nueva conquista de derechos de ciudadanía que tiene un anclaje desigual dependiendo del alma de los consejeros y presidentes autonómicos que la desarrollan. Más de 700.000 beneficiarios y casi 150.000 empleos son las cifras más evidentes del mayor avance en la protección social en los últimos tres lustros. La inversión social que representa solo el 0,5% del PIB en este sistema supone una rentabilidad incomparable.
Todas las personas en situación de dependencia son usuarias de los Servicios Sociales, pero no todos los usuarios de los Servicios Sociales son personas en situación de dependencia. La aberración conceptual de confundir el contenido (Ley 39/2006) y continente (sistema de servicios sociales) ha hecho que en algunas comunidades se permita que el contenido fagocite al continente, perdiendo lo estructural y poniendo en peligro las demás prestaciones y servicios sociales. Es indignante que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan o de que sean o no sean clasificados como dependientes. El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de los menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social. En época de crisis integrar prestaciones y centros en el sistema de servicios sociales supone un ahorro y con la racionalización y ordenación del sector se puede extender la protección social a más personas vulnerables. Hay que tomar la iniciativa y ofrecer las alternativas de inserción social que con la crisis se convierten en iniciativas masivas que afectan a miles de personas. En época de crisis no se puede recortar en política social ni despedir trabajadores sociales, es como si cerramos centros sanitarios o despedimos a médicos en medio de una epidemia.
En algunos territorios el desmantelamiento progresivo y sin retorno que están sometiendo al sistema y las amenazas sobre estrategias privatizadoras que pueden generar un sistema dual, hace necesaria una insurrección pacifica, un despertar de la ciudadanía que no permita un final como en la fábula de la rana hervida. Siempre se puede confiar en los políticos sin alma. Nunca cambian, no te defraudan jamás. Decía Machado en Juan de Mairena sobre los dirigentes: "Propio es de hombres de cabezas medianas el embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. A todos nos conviene, amigos queridos, que nuestros dirigentes sean siempre los más inteligentes y los más sabios."
