Las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia os deseamos una Feliz Navidad

Las personas que formamos parte de las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia os deseamos una Feliz Navidad y que el 2012 No RECORTEN UN SOLO DERECHO A LA CIUDADANIA

El Consell acumula 40 sentencias por impagos de la Ley de Dependencia

. L. LLAGÜES VALENCIA El 30 de noviembre de 2006 el Congreso aprobó -por amplia mayoría- la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España. Ayer -cinco años y 17 días después- la plataforma que vela por el correcto desarrollo de la normativa en la Comunitat salió a la calle en la ciudad de Valencia para protestar por los impagos y retrasos protagonizados por el Consell.

Denuncian que Bienestar Social tardó dos años en aplicar el reglamento y que "cuando lo ha hecho lo ha hecho mal". Así lo atestiguan las aproximadamente 40 sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido en contra de la Generalitat por el "incorrecto" pago de las prestaciones. Los dictámenes pueden ser consultados en el centro de documentación judicial del TSJCV. S. C. M. -abogada de la plataforma- ha estudiado las resoluciones y explicó que "éstas son las que conocemos por ser públicas, pero seguro que hay muchos procedimientos en curso". En el sector se habla de 900 juicios pendientes.

Se homenajeó a los 30.000 valencianos fallecidos antes de recibir las ayudas

Suspenso en la aplicación de la Dependencia.

La Comunitat Valenciana sólo obtiene un dos sobre diez, la segunda peor calificación de todas las autonomías

La Ley de Dependencia está paralizada

La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera

El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.

La dependencia se hunde en Canarias y Valencia

MANIFIESTO DEL 5º ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LEY DE LA DEPENDENCIA

Buenos días a todas y todos, valencianas y valencianos de bien.Nos hemos reunido hoy aquí, personas en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, personas con trastornos mentales, familias, vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores del sector de Servicios Sociales, y ciudadanía en general, para, de alguna manera, celebrar el 5º aniversario de la aprobación, el 14 de diciembre de 2006, por mayoría absoluta en las Cortes Generales, de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia” (LAPAD).Esta Ley supuso un impulso en la protección social y la ampliación de las prestaciones en el ámbito del cuarto pilar del Estado de Bienestar, creando un derecho subjetivo que ha empezado a garantizar, aunque sea modesta e irregularmente, la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia.Estamos indignad@s porque nuestros gobernantes y responsables del desarrollo de las políticas de Bienestar Social, y en concreto del cuarto pilar, de las que afectan a los Servicios Sociales, y entre ellas de la aplicación de la LAPAD, no se han preocupado de las personas y sí del CIRCO MEDIÁTICO, desplazadas por la priorización en grandes eventos, con la excusa de poner a la Comunidad Valenciana en el llamado “mapa mundial”, olvidándose de que la prioridad son las personas.La situación actual de la aplicación de la LAPAD en la Comunidad o País Valenciano,, más que de parálisis, es de REGRESIÓN O RETROCESO, según los datos oficiales del IMSERSO, refrendados por la administración valenciana (son los que tenemos). Y esto afecta igualmente a todas las prestaciones incluidas en el Catálogo de Servicios de la Ley.Señor Fabra, presidente de tod@s l@s valencian@s, le pedimos valentía política para relanzar la implementación de la Ley y atender a todas las personas en situación de dependencia. Consideramos que la Ley sí es viable y sólo depende para impulsarla de la voluntad política de quien nos gobierna y del acuerdo con los grupos políticos de la oposición. Vd. es responsable de marcar las prioridades de inversión y gasto en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Le pedimos que priorice la inversión y el gasto en políticas de Bienestar Social y Servicios Sociales, garantizando su sostenibilidad y la atención de las necesidades básicas de las valencianas y valencianos, la protección social y la no discriminación de las personas, como establece la Constitución Española.Anunciamos nuestra integración en la “Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”, consolidada ya a nivel estatal y en fase de constitución en el País Valencià.Nos solidarizamos con todas las personas, trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales y Entidades que, con su compromiso y esfuerzo, están llevando a cabo un gran trabajo, en muchos casos poniendo su salud y patrimonio en riesgo. Todo ello en defensa del desarrollo y autonomía personal y la dignidad de las personas con diversidad funcional, personas con enfermedad mental, centros especiales de empleo y otros del sector de la discapacidad en la Comunidad Valenciana (centros ocupacionales, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, centros formativos y educativos, etc.).La estrategia de superación de la crisis actuando sobre el "gasto" que está elaborando Europa, el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos, está demostrando que afecta directamente a los 4 pilares del bienestar social: pensiones, educación, sanidad y los servicios sociales. Los servicios sociales, como pilar esencial del estado de bienestar de una sociedad, están así atravesando momentos complicados. Las políticas de servicios sociales: la atención a la discapacidad, a los menores, a la juventud, a nuestros mayores, a las personas en situación de dependencia, a las personas en riesgo de exclusión social o excluidas, a las toxicomanías, a las personas con enfermedad mental, a las mujeres víctimas de violencia, etc. se encuentran en un momento crucial. Los presupuestos de la GV mantienen aparentemente su compromiso con estas políticas, pero la realidad de impago por las prestaciones destinadas a estos colectivos nos dicen otra cosa.El 90% de las prestaciones en servicios sociales están externalizadas por parte de la GV. Es decir, las realizan empresas o entidades con o sin ánimo de lucro. Estas entidades y empresas están atravesando periodos insufriblemente largos en los que no reciben el dinero comprometido con ellas para poder realizar esta prestación. A final de 2011 serán cientos las entidades o empresas que dejen de prestar sus servicios a la atención a estos colectivos por el impago de la GV. Y entonces, ¿quién atenderá a las personas con discapacidad? ¿quién se hará cargo de las mujeres maltratadas o de los menores o de los mayores o de las personas en situación de dependencia o con enfermedad mental?Por último, pero no menos importante, si estas empresas o entidades cierran, más de 40.000 trabajadores y trabajadoras engrosarán las listas del paro.EXIGIMOS:- A la Generalitat Valenciana, y al Sr. Fabra, el pago adeudado a las empresas y entidades del sector de los Servicios Sociales, de los atrasos de ayudas del ejercicio 2010 y 2011, así como un compromiso que garantice la pervivencia del sector a partir de 2012.- El pago de las prestaciones económicas a l@s cuidadoras/es familiares (PECEFS) dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al vencido.- La creación de una comisión de seguimiento y mejora de la implementación de la LAPAD, en las cortes generales (Congreso y/o Senado), donde nos personaremos todos los sectores implicados.- La mejora de la financiación de la LAPAD, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las CCAA., con cambios en el modelo de financiación: que mejoren las aportaciones a las prestaciones de servicios sin dejar de adaptarse al coste real de los mismos.- El cambio urgente de la gestión de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y el cumplimiento de los plazos previstos por la Ley, desde la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención (PIA); o sea, una resolución del expediente con la adjudicación de las prestaciones correspondientes en seis meses, sin esperar a la generación del derecho por ley de la retroactividad. - Acabar con la discriminación de l@s valencian@s con el resto de ciudadan@s español@s. Debemos salir ya de la cola en la aplicación de la LAPAD, dónde estamos como indican las estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).- La integración de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia (SMADs) en la red de Servicios Sociales de los Ayuntamientos.- Incrementar el número de personas beneficiarias de la Ley en la Comunidad Valenciana respecto a la población general (2’13 %), hasta llegar al menos a la media nacional (3’40 %).- Que todas las personas que tienen derecho a la aplicación de la Ley (Dictamen Grado y nivel) reciban las prestaciones en un plazo no superior a los tres meses, acabando con el “Limbo de la Dependencia” (31.295 personas en situación de dependencia). Una persona en situación de dependencia que viva en la CV tiene la mitad de posibilidades de recibir una prestación por la LAPAD.- El desarrollo del Catálogo de Servicios previsto en la Ley, con la creación de una Red Pública de Atención a la Dependencia; lo cual llevaría consigo la creación de puestos de trabajo cualificados, la liberación de la carga para la mujer que supone tradicionalmente el cuidado familiar, su integración al mercado de trabajo, etc.- La realización de los cursos específicos y obligatorios según dice la Ley para cuidadores no profesionales en el entorno familiar, buscando la mejora en la calidad del cuidado de las personas dependientes.- La mejora del Baremo de Valoración actual, para las personas con diversidad funcional y con enfermedad mental.- La puesta en marcha urgentemente del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave , construido y equipado en Valencia desde hace más de un año pero sin haber entrado en funcionamiento.- La modificación por la vía de urgencia de la disposición final 7ª párrafo 2º, de la Ley 39/2011 de Jurisdicción Social, con objeto de que entre en vigor en el menor plazo posible para las denuncias judiciales que afectan a las personas en situación de dependencia.

Las autonomías atienden a 58.000 grandes dependientes menos

Las autonomías atienden a 58.000 grandes dependientes menos
Las ayuda registran su primer gran recorte que afecta a los más desvalidos y caros de asistir
Unas 147.000 personas de gravedad considerable esperan
La Ley de Dependencia está paralizada

El año pasado por estas fechas las estadísticas oficiales registraban 58.439 grandes dependientes más que el día 1 de este mes. De los tres grados considerados -que incluyen los leves y los moderados- son los más graves, generalmente ancianos de avanzada edad y escasa autonomía. La mortalidad de este grupo es alta, pero se da por hecho que esas cifras no descienden, sino que unas personas se van sustituyendo por otras, porque los grandes dependientes no se acaban, todo el mundo llega más tarde o más temprano a condiciones semejantes.

Down España pide al Gobierno que desarrolle la Ley de Dependencia

El presidente de la Federación española de Síndrome de Down, José Fabián Cámara, ha celebrado el 20 cumpleaños de la asociación, al mismo tiempo que ha pedido al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que desarrolle la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias porque el colectivo de personas con trisomía 21 o Síndrome de Down (SD) "ya no es invisible" para la sociedad.

La Generalitat solo ha resuelto un 20% de las peticiones para acogerse a la Ley de Dependencia en Alcoy

La Generalitat Valenciana solo ha resuelto un 20% de las solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia tramitadas en Alcoy a lo largo de los últimos cinco años. Esta situación ha sido denunciada por la concejalía de Bienestar Social, que acusa al gobierno autonómico de bloquear el trabajo que están haciendo los ayuntamientos para tramitar las ayudas.

Uno de cada tres dependientes tiene derecho a la prestación pero no la cobra

Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tiene derecho a cobrar una prestación por dependencia pero no la cobra, una proporción que se agrava en el caso de Canarias (el 57,9 % de los afectados), Galicia (45,4 %) y Comunidad Valenciana (42,1 %).

La situación no es mejor en Baleares, donde el 38,7 % de los dependientes no recibe atención, seguida de Cataluña, con el 34,7 %; de Aragón y Extremadura, ambas con el 33,3 %; de Murcia (31 %), Asturias (30,6 %) y Castilla-La Mancha (30 %).

Por debajo del 30 % están Andalucía (28,8 %), Navarra (24,8 %), Madrid (17,5 %), País Vasco (15,4 %), Cantabria (14,4 %), La Rioja (13,4 %), Ceuta y Melilla (9,1 %) y Castilla y León (7,5 %).

Según el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, estos "vergonzosos porcentajes" son un reflejo de lo que se conoce como el "limbo de la dependencia", es decir, el número de beneficiarios que tienen derecho a estas ayudas pero que aún están esperando a que sus autonomías aprueben el Plan Individualizado de Atención (PIA), requisito necesario para recibir estas prestaciones.

Las ayudas se reducen por segundo mes consecutivo

El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia volvió a bajar en el mes de noviembre.

Por segundo mes consecutivo, el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia bajó en noviembre. Según los últimos datos de gestión del sistema, del 1 de diciembre, al finalizar el mes pasado 741.713 personas recibían una prestación, 742 menos que al finalizar el mes de octubre. El descenso en el número de beneficiarios, que ya se produjo en octubre en Aragón, País Valencià y Navarra, se ha dado también ahora en Andalucía, Asturias, Balears, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Denuncian que los usuarios canarios, gallegos y valencianos son los más desatendidos

Mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas

El número de beneficiarios baja al frenar las autonomías el desarrollo de la ley pese a la lista de espera - Solo en seis regiones el saldo de atendidos es positivo

Ya está. La dependencia ha entrado en números negativos: mueren más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema. Los últimos datos muestran 742 personas atendidas menos que el mes anterior, así que no se está cubriendo ni la tasa de reposición. Esto, que ocurría en cuatro comunidades hace un mes, ahora alcanza a 11 de ellas, hasta llevar a saldo negativo las cifras nacionales. La parálisis que ya se observaba en la implantación de la ley muestra ahora síntomas de agonía. Los beneficiarios tienen una alta dependencia y la mayoría son personas mayores de 80 años, así que no cabe pensar en que hayan causado alta por mejoras en su salud.

El Consell adeuda 300 millones para atención a discapacitados

La deuda que la Generalitat mantiene con las entidades especializadas en la atención a las personas con problemas físicos y psíquicos ya supera los 300 millones. Así lo confirmaron ayer desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi) durante la celebración del Día Europeo de las personas con Discapacidad. La agrupación —que integra a 14 asociaciones en total— concentró ayer en la Plaza de la Virgen de Valencia a 5.000 personas, entre especialistas, usuarios y familiares.

Los enfermos mentales de Alcoi, sin atención por los impagos del Consell

Un centenar de personas con enfermedad mental crónica de la comarca de L'Alcoià-Comtat dejaron de recibir desde ayer los servicios y cuidados diarios que prestaba la Asociación de Familiares para la Integración del Enfermo Mental (Afiem), que acordó suspender la atención rehabilitadora que realiza desde 1993 ante los "impagos injustificados" del Gobierno valenciano, que "no permiten mantener la calidad mínima necesaria" a las personas que atienden en sus centros, según informaron desde esta asociación.

La medida comporta el cierre del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), con 50 plazas diarias, y otro servicio de prevención de recaídas, con otros 50 pacientes. De manera indirecta son más de 200 las personas afectadas. "El único responsable de esta situación es el Gobierno valenciano por los impagos injustificados, que no permiten mantener la calidad mínima necesaria hacia las personas que atendemos en nuestros centros",

Protesta de los dependientes frente al PP

En un ambiente de rabia contenida y desesperación, los representantes de los dependientes valencianos se manifestaron ante la sede autonómica del PP. En una acción ideada y publicitada con sólo unas horas de antelación, los afectados decidieron acudir al edificio de los conservadores para protestar contra las declaraciones de Mariano Rajoy del pasado miércoles en la cadena Ser, en las que afirmaba que la Ley de Dependencia no es viable y anunciaba cambios sustanciales si gana las elecciones.

Formaciones políticas que han suscrito el documento-contrato con las plataformas el la Comunidad Valenciana

Listado de las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales y han suscrito el DOCUMENTO-CONTRATO con las Plataformas en la CV/PV. En algunos casos, de las tres cirsunscripciones electorales: Alicante, Castellón y Valencia, y en otros del Senado u otr@s responsables.

PSPV-PSOE
EUPV
COMPROMÍS-EQUO
UPyD
ERPV
Agradecemos a estas formaciones el compromiso adquirido con las Plataformas, y esperamos de ellas que en su trabajo en el Congreso y Senado, allí donde obtengan representación parlamentaria, defiendan el DECÁLOGO propuesto y ayuden a que la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) llegue a implementarse de la manera más justa, en todos sus términos, para las personas en situación de dependencia, familiares, trabajadoras/es, tercer sector y ciudadanía en general.

Muchas gracias a tod@s por vuestra colaboración.
Jaume Esteban García, coordinador

COMUNICADO EN LA CONCENTRACIÓN 18 noviembre 2011

Las Plataformas en defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) de la Comunitat Valenciana, junto con la Coordinadora Estatal de Plataformas consideramos un desacierto las valoraciones realizadas por Rajoy según las cuales no es viable desde un punto de vista económico el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, por lo que anuncia reformas sustanciales.

La ley de la Dependencia es un derecho subjetivo y universal, de la misma manera que lo es el derecho a la educación o la sanidad. El Partido Popular votó a favor de la aprobación de la ley en el Parlamento hace ya cinco años.

Las palabras de Rajoy han despertado la preocupación de las Plataformas, las familias y de los ciudadanos que hemos venido denunciando los incumplimientos y la opacidad seguida en la puesta en marcha de la Ley en distintas comunidades autónomas.

Sería muy interesante conocer en qué basa esa afirmación. La protección a las personas en situación de dependencia tiene un coste. Como toda política social y, en consecuencia, todos quienes tenemos alguna responsabilidad en estas políticas, como gobernantes o como gestores, estamos obligados a procurar tanto la calidad en la atención, como la eficiencia para se lleve a cabo con el menor coste posible.

Nosotros somos un colectivo muy débil, un colectivo silencioso, porque nos han silenciado culturalmente durante muchos años. Ahora, desde hace 5 años, con la Ley de Dependencia hemos salido del túnel del olvido, hemos visto la luz de la integración laboral y social, hemos palpado la igualdad de oportunidades que nos ha dado esta Ley.
Por eso no podemos permitir estas declaraciones que pueden eliminar nuestros derechos.

Podíamos esperar una cierta insensibilidad pero no tanta insensatez. Esa afirmación supone mucho más que el anuncio de un gravísimo recorte presupuestario; es, sobre todo, un recorte de derechos sociales que no nos gustaría se convirtiera en el modus operandi de un presunto futuro gobierno del Sr. Rajoy.

Adela Cortina, filosofa de la ética, dice que “Quien lleve a cabo estos recortes camina hacia el suicidio por falta de justicia y por falta de prudencia”, “El Estado de Bienestar…es una conquista a la que no podemos renunciar”.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y la atención a las personas en situación de dependencia que la Ley les reconoce como derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional de Estado Social, trasladando la cobertura de algunas de las necesidades más básicas de los ciudadanos y ciudadanas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía, en lugar de asumir la responsabilidad pública mediante la garantía de derechos ciudadanos. Sería retornar a las prácticas benéficas y asistenciales pre-democráticas ya superadas y que hasta hace unas décadas marcaban el retraso de España respecto al resto de países europeos en protección social.

Si se cuestiona la viabilidad de la Ley de la Dependencia, se cuestiona el futuro de casi 200.000 puestos de trabajo actuales y un potencial de creación neta de otros tantos.
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha registrado más de 1.600.000 solicitudes, cerca de 745.000 prestaciones y 1.050.000 personas beneficiarias con derechos a prestación, aproximadamente.

Por ello, exigimos una rectificación inmediata, debido en parte a la inexistencia de razones económicas que justifican tal declaración de intenciones, pero principalmente porque el reconocimiento de un derecho social como el que nos ocupa nunca puede someterse a la lógica del cálculo coste-beneficio.

Declaraciones como esta nos indigna. Sí, estamos indignados pero no resignados. No podemos ahora ser pesimistas ni conformistas. Después de cuatro años luchando contra el boicot, la insensibilidad y el desastre en la aplicación de la Ley por parte del Gobierno Valenciano del Partido Popular, estamos ya curtidos y somos corredores de fondo capaces de seguir dando la batalla ante tanta insensateces, tanta desvergüenza y tantos atropello.

¡¡¡ EXIGIMOS LA APLICACIÓN DE LA LEY EN TODOS SUS TÉRMINOS”

PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (LAPAD)