La semana pasada conocíamos, por medio de la publicación en el BOE del 19 de septiembre de la resolución del 10 de septiembre de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que el Ministerio de Sanidad establecerá a partir del 1 de octubre, un copago del 10% sobre el PVP hasta un máximo de 4,20 euros para una lista de 50 medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital para dolencias graves o crónicas.
La medida ha sido rechazada frontalmente por varias CCAA. En el País Valencià, la Conselleria de Sanitat, ha declarado que "no es posible" poner en marcha para el 1 de octubre el copago de algunos fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización por falta de tiempo para habilitar los mecanismos de pago, por lo que no se establece fecha de implantación de esta medida, ya que "tampoco se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema".
Las Plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia del País Valencià expresamos nuestra satisfacción ante esta postura de la Conselleria, y esperamos que jamás llegue a ejecutarla, por considerarla una medida injusta, inhumana, peligrosa para la salud de las personas, y que penaliza nuevamente a las personas enfermas.
Sin embargo, nos sorprenden los argumentos esgrimidos por la Conselleria, en tanto en cuanto, hace unos meses, tras derogar el artículo 16 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad que garantizaba la gratuidad de las prestación farmacéutica y ortoprotésica a las personas con discapacidad, el conseller LLombart se declaraba incapaz de hacer nada al respecto dado que se trataba de una “medida impuesta desde Madrid”, argumento radicalmente falso que fue rotundamente desmontado por un informe jurídico de las Plataformas de la Dependencia, que exponía justamente lo contrario: precisamente la normativa estatal admite como excepción al pago de medicamentos “a las personas con su discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica”. Derogando la normativa específica valenciana, pues, la Generalitat quedaba exenta de cumplir con esta excepcionalidad.
En resumen, mientras que en el caso del copago de los medicamentos hospitalarios, la Conselleria decide ignorar por el momento la “imposición de Madrid”, en el caso del copago de los productos farmacéuticos para las personas con discapacidad, la Conselleria esgrime justamente que se trata de “una imposición de Madrid”, -cuando realmente es una decisión autonómica-, tras la que se escuda inmisericordemente para implantar una medida brutal e injusta sin atender a las peticiones de los colectivos de la discapacidad y la dependencia, ni de los partidos de la oposición en sede parlamentaria. Queremos, pues, aprovechar la ocasión para exigir nuevamente al Gobierno valenciano el restablecimiento de la gratuidad farmacéutica para las personas con discapacidad.
También recordamos que el gobierno del Consell sigue cometiendo un fraude y violando la ley cada vez que aplica el copago farmacéutico a un menor discapacitado, puesto que a día de hoy continua en vigor el artículo 20 de la Ley 8/2008, de 20 de junio, sobre los Derechos de la Salud de Niños y Adolescentes, donde se sigue reconociendo a éstos la gratuidad de la prestación farmacéutica. Queremos poner de relieve la gravedad de lo que suponen estas medidas hasta el punto de que discapacitados y dependientes –también enfermos crónicos- tengan que elegir entre medicarse o comer. Debemos tener en cuenta que el copago en el caso de los menores es del 40 ó 50% lo que se traduce en muchos casos en un gasto de hasta varios centenares de euros inasumible para muchas familias. Nos negamos a que el Gobierno valenciano siga cebándose con las personas con discapacidad y dependencia, castigando y empobreciendo a los más vulnerables, y poniendo en peligro sus vidas.
Dignidad, Respeto y Justica Social.
Valencia, a 24 de Septiembre de 2013.
Derechos Humanos, Nils Muižnieks, en el que critica duramente la reforma sanitaria iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Real Decreto 16/2012. Tras su visita a España entre el 3 y el 7 de junio de este año, Muižnieks ha presentado sus conclusiones en Estrasburgo. Un severo tirón de orejas este informe, en el que se advierte de que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales “tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humanos” de los ciudadanos residentes en España.
