VALORACIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA RESPECTO AL INFORME DEL COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL IMPACTO DE LOS RECORTES

“El Consejo de Europa asegura que la reforma de Mato socava los derechos humanos”.

La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de  Dependencia (COES-LAPAD) acoge con preocupación, aunque desgraciadamente no con sorpresa, el informe presentado por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, sobre el impacto de la crisis y las medidas de austeridad fiscal en materia de discapacidad y dependencia en España, realizado el pasado mes de junio.

Todo un varapalo a las inhumanas y crueles medidas, que desde la llegada del Partido Popular al Gobierno en diciembre de 2011, se están adoptando y que las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de toda España venimos denunciando.

Exigimos del Gobierno, que haga caso de este informe del Consejo de Europa y que rectifique, comenzando por la derogación del  Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Dicho informe resulta demoledor para la ministra Ana Mato , cuya reforma sanitaria, iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, es duramente criticada por socavar los derechos humanos de las personas con discapacidad y dependencia.

El Comisario expresa su inquietud por las repercusiones, sumamente desfavorables, que los recortes presupuestarios han tenido en las condiciones de vida de estas personas y en su inclusión social.

Hasta la fecha, no se ha realizado todavía ninguna evaluación de los devastadores efectos que están produciendo los recortes presupuestarios en las personas con discapacidad y dependencia.

También le preocupan los inconvenientes de la aplicación de la Ley, tales como la estricta clasificación de las personas dependientes en función de sus niveles de discapacidad diagnosticada.

Por otro lado se lamenta de que la crisis económica y las restricciones financieras, hayan socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, incluidas las medidas orientadas a mejorar la accesibilidad a los servicios generales, así como al empleo y los programas de formación. 

Expresa su malestar e inquietud ante medidas como la exclusión del sistema hasta 2015 de los dependientes moderados, que afecta a 280.000 personas, y los excesivos plazos de tramitación a causa de los procedimientos administrativos tan largos y onerosos a los que se tiene que someter el solicitante.

El Comisario también considera, con muy buen criterio, que los copagos del 15% a nivel estatal y los autonómicos, de hasta el 90%, se traducen en una pérdida alarmante de autonomía para estas personas y siente, sobre todo, que la prestación de servicios haya sido concebida con demasiada frecuencia como un medio para prestar asistencia y no para permitir,  que tanto las personas con discapacidad como dependientes, gocen plenamente de sus derechos  humanos, lo que podría dar lugar a que este colectivo se muestre sumamente vulnerable a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones presupuestarias.

En conclusión:

Mientras se piense que la aplicación de la Ley de la Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos abocando a la exclusión social, a la caridad, a la indigencia y a la beneficencia a las personas dependientes y a sus familias.

Y ya no solo se lo decimos desde España. Ahora también se lo están diciendo desde Europa.