lunes, 21 de septiembre de 2009

REUNION CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y CON EL DIPUTADO JOAN TARDA


Valencia, 16 de septiembre de 2009

LAS PLATAFORMAS DE LA DEPENDENCIA PIDEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EL AMPARO

Los representantes de la plataforma se reúnen el 16 de septiembre en Madrid con el Defensor del Pueblo Enrique Múgica, para expresarle el desamparo en la que se encuentra la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, en comparación con el resto del Estado Español respecto a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia.
Las Plataformas ante la indefensión de los dependientes y familiares con la Administración de la Generalitat Valenciana, y agotadas la vía de negociación con la Sindicatura de Agravios, Consejería de Bienestar Social, Delegado del Gobierno y partidos políticos. Presentan al Defensor del pueblo un dossier de todo el movimiento ciudadano en la CV. y las quejas y denuncias que han realizado desde que se constituyeron.
QUEJAS PRESENTADAS
1. La puerta de entrada al sistema deben ser las instancias de la administración pública con experiencia en la gestión de los recursos que se reconocen en el catálogo (art.15 de la ley), los servicios sociales municipales de base. Instamos, por tanto, a eliminar las estructuras paralelas que no pueden desempeñar directamente funciones propias de la administración pública, como el caso de la mercantil AVAPSA s.a. a la que actualmente se le tiene encomendadas las funciones de valoración y propuesta del PIA. Por tanto, se considera indispensable el refuerzo de las ratios profesionales de los servicios sociales municipales mediante la correspondiente oferta pública de empleo, para desarrollar todo el procedimiento de reconocimiento, valoración, y prescripción de recursos, manteniendo la lógica coordinación con la administración autonómica.
2. Aplicación de mecanismos de información ágiles, útiles y veraces, para divulgar la Ley 39/2006 entre la ciudadanía valenciana. Considerando que la administración local debe tener especial protagonismo en la participación sobre estos mecanismos de información y divulgación. En este sentido es intolerable que la información sobre los expedientes administrativos de los/as ciudadanos/as se ejerza a través de un teléfono de información (900) que no depende directamente de una Administración Pública y que no corresponde a la necesidad de información de los ciudadanos y profesionales.
3. Cumplimiento de plazos legales establecidos para el proceso de reconocimiento del derecho y de las consiguientes prestaciones económicas, o en su caso, de servicios. El plazo admisible debería considerarse como el de 9 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se otorga resolución del Plan Individual de Atención (PIA).
4. Eliminación del silencio administrativo negativo. No tiene sentido cuando se presenta solicitud de valoración. La Ley de Presupuesto para 2008, en su Disposición Adicional Undécima establece: Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
a. En los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo.
b. A los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, no se aplicará el régimen de silencio administrativo previsto en la misma, rigiéndose por la normativa anterior.”
5. Garantizar al ciudadano/a la elección mediante la verdadera puesta en marcha del catálogo. Con este fin resulta imprescindible la inversión pública; refuerzo de ratios profesionales en los servicios; ampliación de plazas en centros de día y residencias; el desarrollo de la norma autonómica sobre acreditación de centros y su aplicación.
6. Exigir que el Servicio Público de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusivamente municipal, o en su caso, prestado desde servicios de la red pública (públicos o privados concertados y debidamente acreditados) pero en ningún caso mediante la Prestación Vinculada al Servicio que supone el nivel de privatización más salvaje y la indefensión total del/la ciudadano/a.
7. Garantizar el carácter de excepcionalidad de las prestaciones económicas frente a los servicios, tal y como expresaba el texto legal en su artículo 14. El Gobierno Valencia está haciendo de la Prestación al Cuidador en el Entorno Familiar y de la Prestación Vinculada al Servicio, los productos estrellas de la Ley, favoreciendo poco la generación de empleo de calidad.
8. Eliminar el régimen estricto de incompatibilidades regulado en norma valenciana (orden 5 de diciembre del 2007) que está provocando el retroceso, incluso, en derechos sociales que muchas familias y personas ya tenían adquiridos. Resulta inconcebible que se homologuen servicios de promoción de la autonomía (centros ocupacionales) con servicios de atención a situaciones de dependencia (centro de día), y que los/as ciudadanos/as se vean obligados a optar con la consiguiente perdida de derechos.
9. Solicitamos la retroactividad, tal y como expresa la propia norma valenciana a través del Decreto 171/2007 en su artículo 10: “4. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones o servicios se entenderá producido a partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación; no obstante, si la persona beneficiaria no estuviera recibiendo ningún servicio de los previstos en el catálogo en el momento de la solicitud, la fecha de efectos será aquella en la que comience a prestarse el servicio.
10. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de manera inmediata el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, para posibilitar la coordinación, cooperación, comunicación e información entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la CV.
11. Exigir la creación del Comité Consultivo con la participación de los agentes sociales y colectivos ciudadanos/as como la Plataforma en Defensa de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a situaciones de Dependencia.
Ante la falta de respuesta y de implicación solicitan el amparo del Defensor del Pueblo y la amonestación al gobierno de la GV. Para que reconsidere su actitud ante los dependientes y familiares y ponga en marcha los recursos humanos y económicos necesarios, de carácter público para la correcta aplicación de la Ley.

Compromiso adquirido del Defensor del Pueblo con la Plataforma:

Recopilar información para realizar un estudio sobre el grado de aplicación de la ley en la CV. porque encuentra que no hay igualdad ante esta ley en los diferentes territorios del estado español, así como estudiar todas las quejas que se presenten ante el DP

Reunión en Congreso de Diputados con Joan Tardá

Las Plataformas también se reunieron en el Congreso de los Diputados, con uno de los redactores de la ley de Autonomía Personal, el Diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, Le Expusieron la situación vivida por los dependientes y familiares en la CV. Y le entregaron un dossier informativo realizado por la plataforma

El Diputado Tardá les comunica que en breve recibirá un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre el grado de aplicación de las diferentes comunidades autónomas. Y reconoce que la CV. Está a la cola en la aplicación de la ley comprometiéndose a instar al gobierno de España que pese a la crisis mantenga los dineros adscritos a la dependencia en los presupuestos del estado de 2010, que en estos momentos se están negociando. Contribuir a denunciar esta situación e instar al gobierno español a hacerlo partiendo del informe realizado. Pedir la comparecencia de la ministra a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y ser altavoz de la problemática de la dependencia en la CV. También se comprometió que hablaría con el grupo parlamentario del PSOE para crear una subcomisión de seguimiento de la implantación y aplicación de la ley.

jueves, 17 de septiembre de 2009

El PP bloquea las ayudas a 7.000 dependientes

El grupo socialista alertó ayer de que el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento y en la Generalitat 7.135 solicitudes de vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y ayudas de la ley de dependencia. El concejal Julio Such señaló que sólo el 12% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, y lamentó que la estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los vecinos se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar. «Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7.135 restantes»,

lunes, 7 de septiembre de 2009

LA PRIMERA DEMANDA POR LA LEY DE DEPENDENCIA SE JUZGARÁ EN OCTUBRE

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante fija la vista oral para el caso de la familia de una joven paralítica cerebral que reclama sus derechos desde abril de 2007

ÁFRICA PRADO: El retraso y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, que en noviembre de 2008 llegó a los tribunales con la primera demanda de una familia alicantina contra la Conselleria de Bienestar Social, se juzgará el próximo mes de octubre en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Alicante.
Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, paralítica cerebral de 26 años con una discapacidad del 85% y necesitada de atención de una tercera persona, que en junio de 2007 presentaron la solicitud para que su hija recibiera la prestación o servicio que, como dependiente, le corresponde según la nueva ley. Año y medio después de que no obtuvieran respuesta de la Conselleria de Bienestar Social, el padre, Javier Méndez, presentó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante en noviembre del pasado año.
El abogado de la familia, David Gandía, amplió la demanda este año, después de que el pasado mes de febrero, casi dos años después, la Conselleria de Bienestar Social resolviera su solicitud y le reconociera un grado de dependencia menor -grado III nivel 1- del que la familia consideraba -grado III nivel 2, el máximo-. Tampoco la prestación concedida se adecuaba a las expectativas, ya que se le autorizó acudir a un centro de día, algo que ya hace desde hace años en el centro de paralíticos cerebrales Infanta Elena, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Al necesitar la ayuda constante de una tercera persona, sus padres reclamaban precisamente una prestación de cuidador profesional o familiar para aquellas horas en las que no está en el centro: a partir de las 5 de la tarde, los fines de semana, las vacaciones.
"Hemos pedido el cambio en su valoración como dependiente y en el plan individualizado de atención (PIA) porque lo que le dan es lo que tiene. Después de todo el tiempo que ha pasado, sería necesario su ingreso en una residencia o que se le conceda una prestación de cuidador proporcional al tiempo que no está atendida en el centro de día", apunta el abogado, que añade, sin embargo, que la orden que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana considera incompatible ambas prestaciones o servicios, algo que no ocurre en otras autonomías.
A la espera de que se resuelva definitivamente su solicitud, el juzgado alicantino ha fijado la vista de su caso el 16 de octubre próximo.
A diferencia de lo que ha ocurrido con otras demandas posteriores sobre dependencia -que han sido derivadas desde Alicante al Tribunal Superior de Justicia en Valencia, donde los casos tardan una media de dos años en resolverse, alegando falta de competencia territorial- en este caso se ha dado un paso más, ya que la demanda no fue rechazada y el juicio se celebrará en un juzgado de Alicante.

Tres consejeros para una ley atascada

La consejera Angélica Such es la tercera responsable de Bienestar Social encargada de aplicar la Ley de la Dependencia, una norma que no funciona -como apuntan diversos estudios- y que se ha convertido en un problema para el Consell.
Such acaba de aterrizar en un departamento que figura a la cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política Social sobre el desarrollo de la ley. En la última tabla, a fecha 1 de septiembre, sólo Madrid estaba por debajo en número de solicitudes presentadas (el 0,87% de la población en la Comunidad Valenciana frente al 0,69 de Madrid y el 3,67% de Andalucía, en el otro extremo).
Such sabe a qué se enfrenta, señalan desde su departamento: "La consejera considera una prioridad el desarrollo de la ley, es consciente de que es una demanda social de primer nivel". De hecho, las mismas fuentes indican que ya se ha reunido con responsables del sector en su primera semana como responsable de Bienestar Social. Palmira Castellano, de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència, no lo tiene tan claro: "Yo creo que no va a cambiar nada, porque la falta de actividad responde más a la actitud de un partido político que a la de los consejeros".

El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana
Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

Dos años después y siguen esperando
Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.