miércoles, 30 de mayo de 2012

Un informe revela que Alcoy tiene 4.546 familias por debajo del umbral de la pobreza

Un estudio elaborado por cinco asociaciones de vecinos y la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de l'Alcoià y El Comtat ha evidenciado que, en la actualidad, hay 4.546 familias en Alcoy que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, lo que puede suponer un total de 14.000 personas.

Estos colectivos han presentado una moción al pleno municipal -que se debate esta tarde- en la que plantean un refuerzo al máximo posible de los fondos municipales para apoyar a los más desfavorecidos. Esta iniciativa de la referida plataforma y las asociaciones vecinales de Batoy, Viaducto, Santa Rosa, Ensanche y Zona Norte se justifica en un informe elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Fundación Foessa, dependiente de Caritas, que reflejan la situación de la ciudad.

martes, 29 de mayo de 2012

Un informe vaticina la salida de los 'dependientes moderados' del SAAD

Un informe de The Family Watch señala que "es posible" que la moratoria aprobada por el Gobierno el pasado noviembre para retrasar la entrada de los 'dependientes moderados' al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) hasta 2013 "se haga definitiva"   y que se"excluya" a este colectivo.

  "Parece difícil que la Ley de Dependencia pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los 'dependientes moderados', que son los de nivel 1", indica esta estudio titulado 'La familia como agente de salud' y presentado este lunes en Madrid.

lunes, 28 de mayo de 2012

Empleados de centros de discapacidad protestan por los impagos del Consell


Empleados de centros de discapacidad protestan por los impagos del Consell 

En la plaza de Manises de Valencia, ante la puerta del Palau de la Generalitat, han coincidido esta mañana dos manifestaciones que han puesto de manifiesto el malestar por la política de recortes del Consell de Alberto Fabra. Por un lado, trabajadores de los centros de atención a la discapacidad se han concentrado para denunciar el impago de salarios debido a la deuda que mantiene con ellos el Gobierno valenciano. Y, por otro, los trabajadores de RTVV han manifestado una vez más su rechazo al ERE que plantea la Generalitat y que implica más de un millar de despidos en el ente público.

MANIFIESTO EN APOYO A LA INSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES


La Sindicatura de Greuges es una institución heredera de nuestros históricos Jutges de Greuges (1409) y recuperada en el marco del autogobierno valenciano.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana define (art. 38) al Síndic de Greuges como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos de las personas. También dispone (art. 44.5) que su desarrollo legislativo requiere una mayoría de tres quintas partes de la Cámara para su aprobación. El art. 81.1 señala que la modificación o reforma del propio Estatuto exige el acuerdo de dos terceras partes de los miembros de las Cortes.
La Sindicatura de Greuges viene funcionando desde hace casi 20 años. Concretamente, el primer titular fue nombrado el 28 de julio de 1993. Tiene como misión fundamental controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Es una institución defensora y garantista. No es un adorno legal sino una institución de gran importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto a la buena conducta -legal y transparente-de los poderes públicos.
Su libertad y autonomía vienen recogidas en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que establece expresamente la independencia de criterio del Síndic y su inviolabilidad por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones; le permite el libre acceso a los archivos y registros administrativos en el ámbito valenciano y sus actividades no se verán interrumpidas aunque haya una declaración de los estados de excepción o de sitio. Hay que recordar que todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Administración valenciana están obligados a auxiliarle con carácter prioritario y urgente, y puede ser constitutivo de delito de desobediencia la actuación del funcionario que obstaculice la investigación del Síndic.
La función de la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que aspiran a perfeccionar la manera de gobernar: aumento de la transparencia (procesos comprensibles de toma de decisiones, resoluciones claramente motivadas, información accesible al público, reuniones de los órganos públicos abiertas y públicas , propuestas sometidas a debate público); normas de buena conducta administrativa (para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y para que los funcionarios sepan qué se espera de ellos); garantías respecto al estado de derecho, etc.
En definitiva, no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la Generalitat Valenciana.
Por otra parte, el funcionamiento del Síndic y el Defensor del Pueblo estatal no supone una duplicidad, ya que ambas instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diferentes Comunidades Autónomas. La hipotética supresión del Síndic no supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la
necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto público seguiría siendo exactamente el mismo.
A la vista de las informaciones aparecidas sobre el futuro de la Sindicatura de Greuges dentro del contexto de acciones contra la crisis económica actual, y de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, manifestamos:
-Los datos oficiales que disponemos avalan la importancia de la labor realizada por la Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las consultas y actuaciones efectuadas por el personal de la Sindicatura (10.309 en 2009, 21.246 en 2010,
28.688 en 2011 ).
-Prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático. Es el único cargo nombrado en su totalidad por los 2/3 de las Cortes y es el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana.
-Nos oponemos radicalmente a su desaparición o reducción. Pedimos que se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.
-La crisis y los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País Valencià, no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las Administraciones valencianas.
AL PAÍS VALENCIÀ, MAYO DE 2012.

viernes, 25 de mayo de 2012

Obligan al Consell a pagar una ayuda a un dependiente desde que la pidió


La Conselleria entendía que debía abonarla a partir de que se concede y no cuando se solicita y dejó pasar 16 meses

 Un dependiente de Orihuela ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dé la razón y se la quite a la Generalitat, a la que obliga a pagarle la ayuda para un cuidador no profesional desde el momento en que la pidió y no a partir del día en que el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia firmó favorablemente. Eso suponía en este caso concreto una diferencia a su favor de 5.740 euros porque desde que el enfermo solicitó la ayuda que le concede la ley hasta que resolvieron su solicitud en la Conselleria pasaron un año y cuatro meses. 
La sentencia que firma el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección V sienta un precedente al que se pueden agarrar a partir de ahora numerosos dependientes de la Vega Baja y de toda la Comunidad que siempre, a través de asociaciones, han defendido que se debían dar las ayudas con retroactividad. 

jueves, 24 de mayo de 2012

Las CCAA no mantienen la tasa de reposición de grandes dependientes

 La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la “paralización y el recorte encubierto” de la Ley 

“La Ley de Dependencia ha pasado de estar en el frigorífico a estar en el congelador”, ha lamentado el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Redacción Médica, a la luz de los últimos datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) según los cuales a 1 de mayo 275.330 personas se encuentran en el llamado 'limbo de la dependencia' en España, es decir, con derecho reconocido a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero sin percibir ninguna ayuda.
 El problema va más allá de los números, y es que, según explica Ramírez, “ha cambiado la tendencia y ya la mayor parte de las autonomías no mantienen ni siquiera la tasa de reposición”. Así, según un estudio que la propia Asociación está ultimando, en el último año se detecta una merma de los grandes dependientes. “Desde las últimas elecciones autonómicas se han perdido 70.000 grandes dependientes”, asegura Ramírez, que señala que “está habiendo una paralización y un recorte encubierto de la Ley”, puesto que estos 70.000 grandes dependientes han sido sustituidos por dependientes con otros grados de valoración.

lunes, 21 de mayo de 2012

Los servicios sociales deberían tener carácter prioritario"


El V Foro Estatal del Observatorio Nacional de Servicios Sociales alerta sobre los recortes en la Ley de Dependecia

Cuando los servicios sociales parecen más un lujo que una necesidad, es el momento de pararse a reflexionar. Por eso ayer se celebró en el Palacio de Congresos el V Foro Estatal del Observatorio Nacional de Servicios Sociales, bajo el título de El derecho a la felicidad común: garantía y defensa del Estado de Bienestar

Organizado por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y el Consejo General del Trabajo Social, reunió a profesionales de esta disciplina para discutir acerca del presente de la profesión, de las carencias cada vez más patentes del Sistema Público de Servicios Sociales y sobre las soluciones para seguir garantizando al usuario una atención adecuada. 

Jaime Esteban García Villar, representante de la Coordinadora Estatal de las Plataformas LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) alertó sobre la supresión de 283 millones de euros que el Gobierno aprobó del pasado 30 de marzo para financiar la Ley de Dependencia, cantidad que probablemente se duplicará porque según García Villar, las comunidades autónomas estaban obligadas a aportar una partida igual a la del Estado, pero si se suman a este recorte la cantidad total sería de 566 millones de euros. 

Denuncian "deslealtad" del Gobierno con las CCAA en materia de dependencia

Denuncian "deslealtad" del Gobierno con las CCAA en materia de dependencia

El freno a los dependientes leves no ha servido para atender a los graves

La Ley de la Dependencia está estrangulada por los dos extremos. El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo: en los últimos cuatro meses, de diciembre a abril, se han perdido 15.877 dependientes graves y severos, lo que quiere decir que el saldo entre los que entran al sistema y los que mueren es negativo. Los beneficiarios que mueren no se ven sustituidos por otros que precisan ayuda. Esto, que ya venía ocurriendo con los grandes dependientes, se ha extendido a los severos (el grado intermedio de gravedad). Así pues, el sistema crece ficticiamente, porque la mayoría de los que entran son dependientes leves, que no tienen derecho a prestación hasta 2014. Sin necesidad de un decreto anticrisis, la ley está prácticamente muerta.

Directores de Servicios Sociales denuncian que Hacienda "pone contra las cuerdas" la atención a miles de dependientes

 En un comunicado, la organización denuncia la "deslealtad" del Gobierno con "todas" las comunidades autónomas, a las que "exige cumplir con la legalidad vigente atendiendo a más de un millón de personas dependientes con un derecho reconocido al tiempo que se elimina el nivel acordado de financiación".
   "Los brutales objetivos de déficit unidos a la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en partidas tan necesarias como la del Nivel Acordado de financiación de la Dependencia (283 Millones) no sólo impiden el desarrollo del sistema, sino que provocan que las atenciones que ya se han puesto en funcionamiento peligren seriamente", afirma la organización.

Un total de 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España

sábado, 19 de mayo de 2012

El Gobierno estudia subir la ‘nota’ para acceder a la dependencia


El Gobierno estudia subir la "nota de corte" para acceder a la dependencia  

El Imserso y las autonomías debaten medidas de ahorro

Habrá menos tramos según la gravedad

Las distintas ayudas dejarán de ser compatibles

Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por elImserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.
Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo.

viernes, 18 de mayo de 2012

Los recortes y hachazos al Estado de Bienestar disparan las alarmas en Inglaterra", dice la Plataforma Ley de Dependencia


"Los recortes y hachazos al Estado de Bienestar disparan las alarmas en Inglaterra", dice la Plataforma Ley de Dependencia 

Los recortes y hachazos que se estàn produciendo en España y más concretamente en Castilla-La Mancha hacen que el prestigioso diario Wall Street Journal haya desplazado a una de sus principales redactoras, Sara Scheafer, para cubrir todos los acontecimientos que se estàn produciendo y para conocer de primera mano la situaciòn actual de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha", dice la Plataforma Ley de Dependencia en un comunicado. 

Condenan al Consell a pagar a un dependiente 7.000 euros por el retraso en el abono de las ayudas

El TSJ reconoce el derecho a recibir el dinero desde que se presenta la solicitud y no a partir de cuando es aprobada

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Conselleria de Bienestar Social a pagar 6.961 euros a un dependiente de Alicante en concepto de retrasos en el pago de las ayudas contempladas en la Ley de la Dependencia.

V FORO DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES

Viernes 18 de mayo de 2012
Programa
Lugar
Auditorio/Sala de Conferencias del Palacio de Exposiciones y Congresos ( C/ Plocia s/n 11006 Cádiz )
Horario
09:00 - 16:30
Teléfono de contacto
915415776
Email de contacto
consejo@cgtrabajosocial.es

miércoles, 16 de mayo de 2012

MANIFIESTO EN APOYO A LA INSTITUCIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES


La Sindicatura de Greuges es una institución heredera de nuestros históricos Jutges de Greuges (1409) y recuperada en el marco del autogobierno valenciano.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana define (art. 38) al Síndic de Greuges como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos de las personas. También dispone (art. 44.5) que su desarrollo legislativo requiere una mayoría de tres quintas partes de la Cámara para su aprobación. El art. 81.1 señala que la modificación o reforma del propio Estatuto exige el acuerdo de dos terceras partes de los miembros de las Cortes.
La Sindicatura de Greuges viene funcionando desde hace casi 20 años. Concretamente, el primer titular fue nombrado el 28 de julio de 1993. Tiene como misión fundamental controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Es una institución defensora y garantista. No es un adorno legal sino una institución de gran importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto a la buena conducta -legal y transparente- de los poderes públicos.
Su libertad y autonomía vienen recogidas en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que establece expresamente la independencia de criterio del Síndic y su inviolabilidad por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones; le permite el libre acceso a los archivos y registros administrativos en el ámbito valenciano y sus actividades no se verán interrumpidas aunque haya una declaración de los estados de excepción o de sitio. Hay que recordar que todas las autoridades públicas, funcionarios y organismos oficiales de la Administración valenciana están obligados a auxiliarle con carácter prioritario y urgente, y puede ser constitutivo de delito de desobediencia la actuación del funcionario que obstaculice la investigación del Síndic.
La función de la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que aspiran a perfeccionar la manera de gobernar: aumento de la transparencia (procesos comprensibles de toma de decisiones, resoluciones claramente motivadas, información accesible al público, reuniones de los órganos públicos abiertas y públicas , propuestas sometidas a debate público); normas de buena conducta administrativa (para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y para que los funcionarios sepan qué se espera de ellos); garantías respecto al estado de derecho, etc.
En definitiva, no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la Generalitat Valenciana.
Por otra parte, el funcionamiento del Síndic y el Defensor del Pueblo estatal no supone una duplicidad, ya que ambas instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diferentes Comunidades Autónomas. La hipotética supresión del Síndic no supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la
necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto público seguiría siendo exactamente el mismo.
A la vista de las informaciones aparecidas sobre el futuro de la Sindicatura de Greuges dentro del contexto de acciones contra la crisis económica actual, y de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, manifestamos:
- Los datos oficiales que disponemos avalan la importancia de la labor realizada por la Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las consultas y actuaciones efectuadas por el personal de la Sindicatura (10.309 en 2009, 21.246 en 2010, 28.688 en 2011 ).
- Prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático. Es el único cargo nombrado en su totalidad por los 2/3 de las Cortes y es el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana.
- Nos oponemos radicalmente a su desaparición o reducción. Pedimos que se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.
- La crisis y los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País Valencià, no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las Administraciones valencianas.
AL PAÍS VALENCIÀ, MAYO DE 2012.

lunes, 7 de mayo de 2012

ONG denuncian ante ONU que España incumple compromisos en derechos sociales


España va a ser evaluada el próximo lunes por este organismo de Naciones Unidas, integrado por 19 expertos independientes, encargados de redactar recomendaciones a los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cumplimiento de sus compromisos.







miércoles, 2 de mayo de 2012

El Consell debe al centro de discapacitados psíquicos 1,5 millones y 300.000 euros a la plantilla


El centenar de trabajadores de Asprodis no cobra desde febrero y CGT advierte de que la entidad "está entrando en quiebra"

 La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (Asprodis) lleva desde enero sin cobrar de la Generalitat Valenciana y, gracias a las pólizas de seguros que tiene contraídas la entidad, los trabajadores pudieron percibir sus salarios hasta febrero, por lo que ya acumulan dos meses de impagos mientras que la deuda que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con la dirección de Asprodis se eleva a 1,5 millones de euros correspondientes al primer cuatrimestre del año.

El Consell otorga 180 euros de ayuda a la mujer sin piernas


Bienestar Social recorta su asignación y aclara que se valora "la autonomía" de la vecina de Quart pese a que el conseller se indignó al conocer el caso   

Aunque el conseller Jorge Cabré se indignó al conocer su caso, de nada le ha servido a Angustias Cobo, la mujer sin piernas de Quart de Poblet a la que la Generalitat Valenciana rebajó el grado de dependencia como si hubiese mejorado hasta dejarlo en uno sin asignación económica (anteriormente cobraba 416 euros al mes). 
Tras una nueva revisión -Angustias presentó recurso de alzada contra el dictamen del Consell-, la valoración del estado de la mujer ha vuelto a cambiar y, ahora, la conselleria le reconoce una dependencia de "grado 1 y nivel 2", de las consideradas "moderadas" y por la que recibirá 180 euros mensuales, según consta en la nueva resolución.
Para su marido, Eladio, se trata de una actuación "deleznable" de la Conselleria de Bienestar Social, ya que su esposa "no ha experimentado mejoría de ningún tipo", sino todo lo contrario: "Si acaso, ha empeorado por la osteoporosis que padece y por los achaques de la edad". Angustias tiene ya 67 años y un brazo "prácticamente inútil" -casi sin movilidad- "por el desgaste de los huesos"

Nuevo parón en la incorporación al sistema de dependientes moderados

El plan de reformas enviado a Bruselas advierte que se revisará el copago y las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores

Los recortes en dependencia, que ya se han llevado 283 millones vía Presupuestos Generales del Estado, no van a acabar ahí. El Gobierno, en su plan de reformas contra el déficit presentado a Bruselas, tiene previsto también modificar el copago de los usuarios y “revisar las cuantías de las ayudas económicas” que reciben los beneficiarios. Además, el documento recoge un nuevo aplazamiento, hasta 2014, de la entrada en el sistema de protección a los dependientes moderados, los más leves, que ya habían sufrido el parón del calendario.
Además, el Gobierno prevé “avanzar en el papel del sector privado en la prestación de servicios, eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley”. Desde hace tiempo, los responsables de la dependencia en el Ejecutivo vienen hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el Estado por cada cuidador familiar que se da de alta en esta tarea. Eso, dicen, también se “revisará”. Ninguna de estas medidas, aunque apenas están esbozadas, está libre de riesgos para los usuarios.

martes, 1 de mayo de 2012

El Consell privatiza la gestión de los hospitales públicos valencianos



La Generalitat anuncia un nuevo modelo sanitario basado en el sueco a partir de 2013 para ahorrar 440 millones - Se externaliza la prestación de servicios y las adjudicatarias pagarán un canon anual, aunque Sanidad mantiene las competencias de personal e inversiones - Císcar: "Hay que intensificar el grado de colaboración público-privado"


La gestión privada de la sanidad se extenderá al área asistencial

El mismo día y en el mismo acto en que anunció un mayor protagonismo del sector privado en la sanidad pública, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, estableció las líneas rojas de ese nuevo modelo: el área asistencial quedará en manos de la Administración pública. Sin embargo, fuentes de una consultora madrileña próxima al diseño del proyecto indican que la intención que subyace en este cambio es abrir también las puertas de la parte asistencial al sector privado. “Todo esto”, aseguraron a EL PAÍS, “no se hace para ahorrar en seguridad, limpieza, cocina o lavandería, que también, sino para abordar cuestiones de más calado como la medicina ambulatoria o las prótesis, con gastos crecientes todos los años”, explica.

Castilla-La Mancha eleva el copago en dependencia y luego rectifica

Se mandó un mensaje a las residencias para que contabilizasen la renta de las familias
Las personas dependientes de Castilla-La Mancha ya tienen otra cosa más de la que preocuparse. Un comunicado enviado por correo electrónico el martes 24 de abril a los centros de día y las residencias indica que a partir de hoy deberán calcular de nuevo las aportaciones económicas de los usuarios de estos centros y tener en cuenta esta vez la renta de las familias: “Las pagas extras, ayudas de dependencia, prestaciones no contributivas, ayuda a tercera persona, etcétera, de todos los miembros de la unidad familiar, por lo que deberéis recalcular las aportaciones de todos los usuarios”, dice textualmente.
 El mensaje, enviado a los centros de la provincia de Toledo por orden de una jefa de servicio, fue desmentido y desautorizado rotundamente por la secretaria general de Asuntos Sociales de la región, Paloma Leis. “Esto lo ha enviado una funcionaria que pone en boca del director general cosas que no son correctas ni en forma ni en contenido”, dijo ayer. De paso, dejó claro que el director general es un cargo inferior al suyo.

De tener intenciones el Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar el cómputo por el que establece el copago de los beneficiarios de la dependencia en el servicio que reciben, han de tener en cuenta que eso es ilegal, porque la ley es inequívoca al respecto: para calcular el dinero que deben aportar los beneficiarios se tendrá en cuenta únicamente su “capacidad económica personal”. En ningún caso los ingresos familiares.
“Por supuesto, por supuesto. No hay ninguna instrucción para aumentar el copago y desde luego, nunca teniendo en cuenta la renta familiar”, dice Leis.
En todo caso, la aportación de los dependientes al servicio que reciben está discutiéndose a nivel nacional. Los usuarios tendrán que esperar para despejar el susto por completo. “Ha sido un error haber emitido ese correo”, zanjó Paloma Leis.
Cantabria cobrará 30 euros por revisar la valoración del dependiente
Pero el mensaje llegó a todos los centros de Toledo desde la delegación territorial de la consejería y los responsables de esos establecimientos no sabían ayer qué hacer. “Hemos llamado para decir qué es lo que pasaba y desde luego no haremos nada hasta no tener instrucciones precisas”, aseguró Francisco García Galán, el alcalde de Sonseca, cuyo centro de día depende del Ayuntamiento. “Nos contestaron, también por correo electrónico, que ya enviarían más instrucciones”, añadió García Galán.
Y también la oposición socialista en la región convocó ayer por la mañana una rueda de prensa. La diputada por Toledo en el Congreso Guadalupe Martín advirtió de que con esa instrucción se estaba modificando “ilegalmente” el copago de los usuarios de tal forma que “deberían pagar más o algunos perderían su plaza”. Era cierto, hasta que, por la tarde, la consejería lo desmintió.
Pero los castellanomanchegos siguen inquietos. Martín también se refirió a “las noticias conocidas este fin de semana, según las cuales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está comunicando a determinados pacientes en tratamiento oncológico de Cuenca que, a partir de ahora, serán trasladados a Albacete a más de una hora de viaje para continuar con esos mismos tratamientos”. Y añadió: “Nos consta que se les está llamando por teléfono para decirles que el transporte entre Cuenca y Albacete corre por su cuenta”.
Los dependientes tendrán que acostumbrarse a muchos cambios en los próximos meses. Cantabria, por ejemplo, ha anunciado una tasa de 30 euros para aquellos que soliciten la revisión de su valoración de dependencia, un trámite que costó al Ejecutivo de la comunidad 210.000 euros el año pasado. De haber implantado esa tasa hubiesen recaudado 169.000 euros, según una memoria económica a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.

Solicitar la revisión de la valoración de dependencia se tasará con 30 euros


SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
   Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros (de los 58,88 euros que le cuesta al Ejecutivo este trámite) y hacer lo mismo con la prestación que se recibe, 14 euros, el importe íntegro de lo que cuesta el servicio.
   Es una medida de carácter disuasorio ante los costes de un servicio que el año pasado obligó al Ejecutivo a gastar unos 210.000 euros, y que, de haberse implantado en 2011, hubiera supuesto la recaudación de 169.290 euros, tal y como argumenta el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en la memoria económica-financiera de la tasa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
   La tasa a la revisión de las valoraciones y prestaciones de la dependencia, cuando es iniciativa del propio usuario, es una medida que viene incluida en la Ley que recoge los ajustes del Gobierno de Cantabria, el denominado anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
 Solicitar la revisión de la valoración de la dependencia costará al usuario 30 euros

El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana
Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

Dos años después y siguen esperando
Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.