La
Sindicatura de Greuges es una institución heredera de nuestros históricos
Jutges de Greuges (1409) y recuperada en el marco del autogobierno
valenciano.
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La
Sindicatura de Greuges viene funcionando desde hace casi 20 años.
Concretamente, el primer titular fue nombrado el 28 de julio de 1993. Tiene
como misión fundamental controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento
efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que
asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Es una institución
defensora y garantista. No es un adorno legal sino una institución de gran
importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción
democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto
a la buena conducta -legal y transparente-de los poderes públicos.
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Su libertad y
autonomía vienen recogidas en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic
de Greuges, que establece expresamente la independencia de criterio del
Síndic y su inviolabilidad por los actos que realice en el ejercicio de sus
funciones; le permite el libre acceso a los archivos y registros
administrativos en el ámbito valenciano y sus actividades no se verán
interrumpidas aunque haya una declaración de los estados de excepción o de
sitio. Hay que recordar que todas las autoridades públicas, funcionarios y
organismos oficiales de la Administración valenciana están obligados a
auxiliarle con carácter prioritario y urgente, y puede ser constitutivo de
delito de desobediencia la actuación del funcionario que obstaculice la
investigación del Síndic.
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La función de
la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que
aspiran a perfeccionar la manera de gobernar: aumento de la transparencia
(procesos comprensibles de toma de decisiones, resoluciones claramente
motivadas, información accesible al público, reuniones de los órganos
públicos abiertas y públicas , propuestas sometidas a debate público); normas
de buena conducta administrativa (para que los ciudadanos sepan cuáles son
sus derechos y para que los funcionarios sepan qué se espera de ellos);
garantías respecto al estado de derecho, etc.
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En
definitiva, no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y
participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las
bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el
ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la
Generalitat Valenciana.
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Por otra parte, el funcionamiento del Síndic y el
Defensor del Pueblo estatal no supone una duplicidad, ya que ambas
instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni
actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja, en
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que
regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares en
las diferentes Comunidades Autónomas. La hipotética supresión del Síndic no
supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la
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necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones
que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del
Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e
incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto
público seguiría siendo exactamente el mismo.
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A la vista de
las informaciones aparecidas sobre el futuro de la Sindicatura de Greuges
dentro del contexto de acciones contra la crisis económica actual, y de
acuerdo con todo lo expresado anteriormente, manifestamos:
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-Los datos
oficiales que disponemos avalan la importancia de la labor realizada por la
Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las
consultas y actuaciones efectuadas por el personal de la Sindicatura (10.309
en 2009, 21.246 en 2010,
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28.688 en
2011 ).
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-Prescindir
del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit
democrático. Es el único cargo nombrado en su totalidad por los 2/3 de las
Cortes y es el único órgano independiente encargado de velar por los derechos
de la ciudadanía valenciana.
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-Nos oponemos
radicalmente a su desaparición o reducción. Pedimos que se mantenga y se le
dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre
e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía.
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-La crisis y
los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País
Valencià, no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la
población y además la institución que garantiza su defensa ante las
Administraciones valencianas.
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AL PAÍS VALENCIÀ, MAYO DE 2012.
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