viernes, 20 de julio de 2012

El personal encargado de la dependencia está contratado de forma irregular



Todo el personal encargado de gestionar las ayudas a la dependencia está contratado de forma irregular. Así lo establece una sentencia que pone en la picota el sistema de selección a dedo de los directivos y empleados de las empresas públicas de la Generalitat. La resolución contradice el argumento del Consell de que, al tratarse de contratos privados, no están sujetos a los requisitos de publicidad y concurrencia. La teoría de los actos separables, en la que se basa la sentencia prevé que las empresas públicas, aunque se rijan por las normas de derecho privado, lo harán por las del derecho administrativo en las fases de preparación y adjudicación del contrato.

jueves, 19 de julio de 2012

El TSJ reconoce a una gran dependiente el derecho a cobrar la ayuda desde que la pidió y no desde cuando se le concedió


La Generalitat sólo quería abonarle la pensión desde el día de la resolución que aprobaba la prestación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha reconocido a un gran dependiente, E. R. M., el derecho a cobrar la prestación económica que se le concedió con efectos desde el día que la solicitó y no desde el día en que se aprobó la resolución, como pretendía la Generalitat. La sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo condena a la Generalitat a pagar los atrasos, más los intereses, a la reclamante. La cantidad podría ascender a los 10.000 euros

LA PLATAFORMA SOCIAL EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS


MANIFIESTO SOCIAL Y SINDICAL CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO
Manifestación 19 de julio.
Una agresión sin precedentes al
Estado de bienestar y los derechos sociales
La Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por 55
asociaones, RECHAZA el nuevo Plan de recortes aprobado por el gobierno de Rajoy, porque supone
una agresión sin precedentes a la democracia, a las personas y a sus derechos, y llama al conjunto
de la ciudadanía y trabajadores a manifestarse el próximo día 19 de julio para exigir políticas
sociales y económicas más justas, al servicio de las personas y del interés general.
La Plataforma social rechaza el Plan de recortes por ser una agresión brutal a las personas, a la
economía y a la democracia, por ser medidas netamente antisociales e injustas. Se vuelve a eximir
de responsabilidades y compromisos al sector financiero, al sector empresarial y a las rentas más
altas de este país, mientras se carga contra las personas en paro, pensionistas, personas con
dependencia, enfermos, empleadas y empleados públicos, trabajadores y ciudadanía en general,
reduciendo derechos y prestaciones sociales. La imposición de estas reformas sociales y laborales
acelera el desmantelamiento del Estado de Bienestar y quiebran el pacto constitucional, los
fundamentos que hicieron posible la Constitución, y la propia democracia.
Desde el primer día, el Gobierno Rajoy, sumiso y entregado a los mercados, no ha parado de
decretar recortes, de despreciar la negociación, el consenso y el diálogo social. Un diálogo social
que ha sido una herramienta muy valiosa para defender el Estado de bienestar y el equilibrio de las
relaciones laborales. Ha gobernado a golpe de decreto y no ha parado imponer recortes a los
derechos de la ciudadanía y los trabajadores. El decretazo publicado en el BOE el pasado 14 de
julio constituye un gravísimo ataque a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, que
merece una rotunda y masiva respuesta social.
Estas medidas vienen a sumarse a una reforma laboral que vulnera el acuerdo de negociación
colectiva, recorta derechos y facilita aún más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice
hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero esta sigue
estancada y la recesión más fuerte que nunca. “Con estas medidas, la economía se agravará y el
paro superará a finales de 2012, los seis millones de personas”.
Denunciamos el camino elegido por el Gobierno, y compartido por la UE, que es el de la
confrontación sin límites, el de la demolición del Estado social y de las políticas públicas. Una
espiral de recortes y agresiones que presenta un día después de reunirse con los principales
empresarios y banqueros del país, y tras rescates millonarios a las entidades financieras, a las que
ha concedido cantidades ingentes de dinero público.
Las medidas aprobadas por el Gobierno quieren arruinar el país. El esfuerzo que se exige es
desigual e injusto:
 A las entidades financieras se les inyecta 100.000 millones de euros, mientras se les niega
a las cuencas mineras 200 millones para su reactivación contemplados en el Plan del
Carbón.
 Se reduce la tributación a las rentas más altas y a las rentas del capital y se produce una
amplia y generosa amnistía fiscal; se sube espectacularmente el IVA, poniendo en riesgo la
evolución del consumo; se sube el recibo de la luz; se castiga a los jóvenes, uno de los
colectivos más perjudicados, reduciéndoles la Renta Básica de Emancipación; se rebajan las
prestaciones por desempleo; se hurta la paga de Navidad de 2012 de las empleadas y
empleados públicos.
 Se incrementa el copago en farmacia, en educación y en dependencia y se recortan las
prestaciones sociales. Se paraliza la implantación del Sistema de atención a la Dependencia
que dejará a cientos de miles de personas sin protección, y se destruirán miles de empleos
públicos.
 Anuncia ajustes inmediatos en el sistema público de pensiones, pero, al mismo tiempo, se
bajan las cotizaciones sociales a los empresarios. Esto significa que en 2013 y 2014, la
reducción de cotizaciones sociales privará al Estado de ingresar cerca de 8.000 millones de
euros, lo que pone en peligro el sistema público de pensiones, justo cuando se anuncia una
revisión para garantizar su viabilidad futura.
 Se desmantelan las empresas públicas.
Estos recortes vienen a sumarse a los ya realizados sobre otros derechos sociales como la sanidad,
la educación, la vivienda, la justicia…, que a su vez se han visto reducidos y afectados seriamente
por el incremento de tasas y fórmulas de repago y privatización, vulnerando los principios de
universalidad, suficiencia e igualdad de acceso y cobertura que deben garantizar los servicios
públicos.
La destrucción de miles de empleos públicos se traducirá, como ya viene sucediendo, en menos
prestación de servicios públicos esenciales, con el único objetivo de aprovechar la crisis para
imponer su modelo ideológico, que no es otro que mercantilizar las necesidades sociales y el
desmantelamiento de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar.
Argumentan que las medidas son inevitables. NO ES CIERTO. HAY ALTERNATIVAS.
La Plataforma se ratifica en que otras políticas para salir de la crisis son posibles. El balance entre
ingresos y gastos no se puede ajustar únicamente reduciendo los gastos, porque cada medida que
se toma debilita la economía y el consumo, y por tanto, reduce los ingresos, lo que lleva al
Gobierno a decretar nuevos recortes que volverán a provocar menos ingresos. Un círculo vicioso al
que más pronto que tarde hay que poner fin. A ello se suman las políticas que ponen
el déficit público por encima de las personas y el pago de la mal llamada deuda pública y que en
realidad, no es sino un gran negocio de la banca privada Europea en general y alemana en
particular.
La crisis no puede llevarse por delante el futuro, no puede sumir a la población en la regresión social
y en el empobrecimiento. El Gobierno se ha sacado de la manga un programa oculto con el que no
acudió a las elecciones y ha engañado a la ciudadanía. A este paso el Estado, como redistribuidor
de riqueza, queda reducido a su mínima expresión. El bienestar es algo a eliminar en Europa y
cuenta con demasiadas complicidades. La crisis no puede llevarse por delante nuestro futuro y el
de nuestros hijos. La lucha y la rebelión, el sí podemos, está al alcance de nuestras manos.
HAY QUE PARARLO. Y por eso realizamos un llamamiento a todos los ciudadanos a mostrar en la
calle el rechazo de la sociedad a las políticas del Gobierno y su empeño por empequeñecer la
democracia, anular el estado de bienestar y suprimir los servicios públicos.
La convocatoria del día 19 de julio será un paso más para la Plataforma social, antes de la
convocatoria de futuras movilizaciones y actuaciones, si no hay rectificación por parte del Gobierno.
El movimiento sindical ha respondido con firmeza a estas medidas. En la función pública han salido
a la calle nada más conocer la tropelía del Gobierno, y prepara acciones de mayor alcance. Y en el
ámbito confederal se trabaja, a partir de una amplia red de convergencia social, sindical y cultural,
por activar diversas iniciativas de movilización con carácter permanente, también en julio y agosto,
que después del verano podrían concretarse en convocatorias generales más ambiciosas,
contundentes y acordes a la gravedad de los recortes aprobados.
Sobran los motivos para una masiva movilización ciudadana contra los recortes sociales y laborales.
En defensa de nuestros derechos, en defensa de los servicios públicos, en defensa del Estado de
bienestar. Todos y todas a la calle el día 19.


martes, 17 de julio de 2012

Derogación encubierta de la Ley de dependencia


Atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de España.

En espera de poder realizar un análisis más pormenorizado del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado hoy 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia y tras la primera revisión del mismo, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiere manifestar lo siguiente:
1º.- El contenido del Real Decreto-ley supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias, incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006. Se trata, por tanto, de una derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española.
2º.- Las medidas que contiene son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como "mejorar" o "sostenibilidad" son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
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"SALVEM LA LLEI DE DEPENDÈNCIA"


COMUNICAD0 DE PRENSA:  VIERNES NEGRO, 13 DE JULIO DE 2012:
“SALVEM LA LLEI DE DEPENDÈNCIA”
Con la excusa de la crisis el Partido Popular insiste que para salir de ella hay que reducir el gasto social. Ha empezado destrozando la Sanidad y la Educación y ahora pretende eliminar prácticamente la Ley de Dependencia minorando drásticamente los derechos que en ella se reconcen a las personas en situación de dependencia.
A principios de año el Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin derechos a más de 60.000 dependientes MODERADOS. Además, eliminó 283 millones de euros, una parte muy importante en la financiación de la Ley
Hoy, en el Consejo de Ministros, el  Gobierno del Partido Popular va aprobar un R.Decreto-Ley con el  que quiere  poner en la UCI  a la Ley de Dependencia, con  unas medidas muy perjudiciales
1.       Una de estas medidas es que el Estado “dejará de cotizar por las cuidadoras con el único objetivo de ahorrarse al año unos millones de euros. Y además, con ello consigue este Gobierno que estas mujeres se queden en un futuro sin pensión, ya que la mayoría no han cotizado nunca y muchas de ellas han  tenido que abandonar su trabajo porque tienen que atender a su familiar dependiente durante las 24 horas del día.
2.       Quieren que “la cuidadora tenga que vivir con el dependiente”. Es decir, necesariamente debe ser un familiar, que no es otro que una  mujer porque el 95% de los cuidadores son mujeres entre 55 y 65 años. Esta exigencia junto con la anterior (eliminación de las cotizaciones) manifiesta a las claras la ideología del  PP: quieren que la mujer siga siendo la cuidadora del familiar  dependiente, sin  retribución ninguna y no se plantee ingresar en el mercado laboral.  Así se consigue que haya menos demandantes de empleo. Negocio redondo.
 3.       Quiere REDUCIR LAS PRESTACIONES ECONOMICAS entre  un 15% y un 30%  y  PRIMAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES. Si no hay plazas en Residencias y no  tienen  dinero para crear nuevas

4.       Otra medida es el COPAGO: Si el dependiente recibe una plaza en Residencia  o en un Centro de Día deberá pagar parte de su coste, pudiendo llegar hasta el 90% en  función  de su capacidad económica e incluso podría tener que hipotecar su vivienda en un 5% de su valor catastral, siempre y cuando en el domicilio no vivan personas a su cargo.


5.       También se ELIMINAN LOS NIVELES: sólo quedarán los GRADOS III, y II. Con esta medida es muy posible que para ahorrarse unos euros  personas consideradas Grandes dependientes sean valorados como dependientes Severos, reduciéndoles así la prestación económica a recibir.
Rechazamos esta lectura y apuesta economicista de  la  Ley, privatizando todos los servicios, sin tener en cuenta las graves situaciones familiares de  las personas en situación de dependencia.
Nosotros calificamos estas medidas como un ataque  frontal a las  personas dependientes,  porque es un  claro intento de  desvirtuar la Ley.  No podemos aceptar estas medidas porque no llegamos a comprender cómo es posible que el Gobierno de Mariano Rajoy  rescate  con nuestro dinero a Bankia con 23.000 millones de uros y ahora quiere ahorrar unos cientos de millones con la  Ley de Dependencia. Nos es muy difícil comprender que el Gobierno del  PP nacionalice Bankia y otros bancos estafadores  y ahora quiera privatizar  los servicios que la  Ley reconoce a los dependientes. Con una  amnistía fiscal inmoral perdonan a los defraudadores, a los ladrones, a los traficantes de drogas y de armas, a sus amigos y sin embargo castigan sin rubor a los más débiles y con más necesidades.
Está claro que Mariano Rajoy y sus gobiernos autonómicos quieren que volvamos a los tiempos de la beneficencia y la caridad, ignorando los derechos de carácter subjetivo que reconoce la  Ley de Dependencia.
Por tanto, exigimos que si se cambia la Ley sea para mejorar, nunca para eliminar derechos.
Exigimos que se invierta más para el desarrollo de la  Ley de Dependencia, una  de las mejores leyes de la  democracia.
Que de una vez se den las resoluciones definitivas a las 258.952 personas dependientes que llevan años esperándolas, muchos de ellos desde el 2007.
Que se ponga en marcha la figura del Asistente Personal para la ayuda a los grandes dependientes
Que se  mantengan las cotizaciones a la S.S. de las  cuidadoras para que puedan tener derecho a la jubilación.
Que se elimine el Copago,  porque con pensiones bajas es muy difícil que las personas mayores dependientes puedan soportarlo.
Y sobre todo que NO obliguen a los dependientes a hipotecar su piso. Sería una medida usurera por parte de la administración tal cual  lo hacen actualmente los bancos con los desahucios.
Nosotros gritaremos siempre y con fuerza: “ES UNA INDECENCIA RECORTAR EN DEPENDENCIA
Muchas gracias.

viernes, 13 de julio de 2012


El Gobierno del Partido Popular (PP) dejará de cotizar a la Seguridad Social por aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente en su mayoría mujeres.

Se suspenden las cotizaciones a 178.300 personas Cuidadoras de dependientes

Desaparecen los niveles en los que se dividían los tres grados de gravedad

Solo habrá grado 3 y grado 2. El Gobierno no paga lo mismo a las comunidades por un dependiente grave que por uno severo. Ni las comunidades aportarán los mismo.

Se rebajara la cuantía máxima (520 euros para los dependientes más graves).

Se tendrá en cuenta la renta y su patrimonio, en el que se incluye un 5% del valor catastral de su vivienda,

Se tomará como referencia para el copago (repago) el 75% del IPREM y no el 100%. De esta forma se arañará más dinero del ciudadano.


domingo, 1 de julio de 2012

Personas afectadas por los recortes en derechos sociales relatan sus testimonios en una concentración

Personas afectadas por los recortes en derechos sociales han relatado este miércoles sus testimonios en una concentración, convocada por Aliança per a la Defensa del Sistema Públic de Serveis Socials, plataforma que agrupa a sindicatos, colectivos, asociaciones y ONG que intervienen en el ámbito social.

El acto, celebrado esta mañana en la plaza de la Virgen, ha consistido en el testigo de personas afectadas por los recortes sociales en diferentes ámbitos: dependencia, paro, desahuciados, renta garantizada de ciudadanía, inmigración y asilo, o por los recortes a las ONG, o en medidas tutelares de menores.
Aliança per a la Defensa del Sistema Públic de Serveis Socials ha hecho llegar a al Consell su "disconformidad" con el Proyecto de ley presentado por la Generalitat y que, según la entidad, "pretende institucionalizar una carta de derechos sociales de los ciudadanos valencianos".

Cae el cuarto pilar del Estado de Bienestar


Manuel Reyes, de Orihuela (Alicante), lleva dos meses de retraso en el cobro de los 337 euros mensuales que ingresa por cuidar de su madre, dependiente severa. Manuel, de 50 años, era albañil. Ahora su vida se centra en cuidar también de su padre, dependiente moderado, que aún deberá esperar unos años para poder beneficiarse de la ley. El retraso en el pago por parte de la Generalitat Valenciana le lleva a sudar para llegar a fin de mes.

El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana
Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

Dos años después y siguen esperando
Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.