Una agresión sin precedentes al
Estado de bienestar y los derechos sociales
La Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, compuesta por 55
asociaones, RECHAZA el nuevo Plan de recortes aprobado por el gobierno de Rajoy, porque supone
una agresión sin precedentes a la democracia, a las personas y a sus derechos, y llama al conjunto
de la ciudadanía y trabajadores a manifestarse el próximo día 19 de julio para exigir políticas
sociales y económicas más justas, al servicio de las personas y del interés general.
La Plataforma social rechaza el Plan de recortes por ser una agresión brutal a las personas, a la
economía y a la democracia, por ser medidas netamente antisociales e injustas. Se vuelve a eximir
de responsabilidades y compromisos al sector financiero, al sector empresarial y a las rentas más
altas de este país, mientras se carga contra las personas en paro, pensionistas, personas con
dependencia, enfermos, empleadas y empleados públicos, trabajadores y ciudadanía en general,reduciendo derechos y prestaciones sociales. La imposición de estas reformas sociales y laborales
acelera el desmantelamiento del Estado de Bienestar y quiebran el pacto constitucional, los
fundamentos que hicieron posible la Constitución, y la propia democracia.
Desde el primer día, el Gobierno Rajoy, sumiso y entregado a los mercados, no ha parado de
decretar recortes, de despreciar la negociación, el consenso y el diálogo social. Un diálogo social
que ha sido una herramienta muy valiosa para defender el Estado de bienestar y el equilibrio de las
relaciones laborales. Ha gobernado a golpe de decreto y no ha parado imponer recortes a los
derechos de la ciudadanía y los trabajadores. El decretazo publicado en el BOE el pasado 14 de
julio constituye un gravísimo ataque a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, que
merece una rotunda y masiva respuesta social.
Estas medidas vienen a sumarse a una reforma laboral que vulnera el acuerdo de negociación
colectiva, recorta derechos y facilita aún más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice
hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero esta sigue
estancada y la recesión más fuerte que nunca. “Con estas medidas, la economía se agravará y el
paro superará a finales de 2012, los seis millones de personas”.
Denunciamos el camino elegido por el Gobierno, y compartido por la UE, que es el de la
confrontación sin límites, el de la demolición del Estado social y de las políticas públicas. Una
espiral de recortes y agresiones que presenta un día después de reunirse con los principales
empresarios y banqueros del país, y tras rescates millonarios a las entidades financieras, a las que
ha concedido cantidades ingentes de dinero público.
Las medidas aprobadas por el Gobierno quieren arruinar el país. El esfuerzo que se exige es
desigual e injusto:
A las entidades financieras se les inyecta 100.000 millones de euros, mientras se les niega
a las cuencas mineras 200 millones para su reactivación contemplados en el Plan del
Carbón.
Se reduce la tributación a las rentas más altas y a las rentas del capital y se produce una
amplia y generosa amnistía fiscal; se sube espectacularmente el IVA, poniendo en riesgo la
evolución del consumo; se sube el recibo de la luz; se castiga a los jóvenes, uno de los
colectivos más perjudicados, reduciéndoles la Renta Básica de Emancipación; se rebajan las
prestaciones por desempleo; se hurta la paga de Navidad de 2012 de las empleadas y
empleados públicos.
Se incrementa el copago en farmacia, en educación y en dependencia y se recortan las
prestaciones sociales. Se paraliza la implantación del Sistema de atención a la Dependencia
que dejará a cientos de miles de personas sin protección, y se destruirán miles de empleos
públicos.
Anuncia ajustes inmediatos en el sistema público de pensiones, pero, al mismo tiempo, se
bajan las cotizaciones sociales a los empresarios. Esto significa que en 2013 y 2014, la
reducción de cotizaciones sociales privará al Estado de ingresar cerca de 8.000 millones de
euros, lo que pone en peligro el sistema público de pensiones, justo cuando se anuncia una
revisión para garantizar su viabilidad futura.
Se desmantelan las empresas públicas.
Estos recortes vienen a sumarse a los ya realizados sobre otros derechos sociales como la sanidad,
la educación, la vivienda, la justicia…, que a su vez se han visto reducidos y afectados seriamente
por el incremento de tasas y fórmulas de repago y privatización, vulnerando los principios de
universalidad, suficiencia e igualdad de acceso y cobertura que deben garantizar los servicios
públicos.
La destrucción de miles de empleos públicos se traducirá, como ya viene sucediendo, en menos
prestación de servicios públicos esenciales, con el único objetivo de aprovechar la crisis para
imponer su modelo ideológico, que no es otro que mercantilizar las necesidades sociales y el
desmantelamiento de los Servicios Públicos y el Estado de Bienestar.
Argumentan que las medidas son inevitables. NO ES CIERTO. HAY ALTERNATIVAS.
La Plataforma se ratifica en que otras políticas para salir de la crisis son posibles. El balance entre
ingresos y gastos no se puede ajustar únicamente reduciendo los gastos, porque cada medida que
se toma debilita la economía y el consumo, y por tanto, reduce los ingresos, lo que lleva al
Gobierno a decretar nuevos recortes que volverán a provocar menos ingresos. Un círculo vicioso al
que más pronto que tarde hay que poner fin. A ello se suman las políticas que ponen
el déficit público por encima de las personas y el pago de la mal llamada deuda pública y que en
realidad, no es sino un gran negocio de la banca privada Europea en general y alemana en
particular.
La crisis no puede llevarse por delante el futuro, no puede sumir a la población en la regresión social
y en el empobrecimiento. El Gobierno se ha sacado de la manga un programa oculto con el que no
acudió a las elecciones y ha engañado a la ciudadanía. A este paso el Estado, como redistribuidor
de riqueza, queda reducido a su mínima expresión. El bienestar es algo a eliminar en Europa y
cuenta con demasiadas complicidades. La crisis no puede llevarse por delante nuestro futuro y el
de nuestros hijos. La lucha y la rebelión, el sí podemos, está al alcance de nuestras manos.
HAY QUE PARARLO. Y por eso realizamos un llamamiento a todos los ciudadanos a mostrar en la
calle el rechazo de la sociedad a las políticas del Gobierno y su empeño por empequeñecer la
democracia, anular el estado de bienestar y suprimir los servicios públicos.
La convocatoria del día 19 de julio será un paso más para la Plataforma social, antes de la
convocatoria de futuras movilizaciones y actuaciones, si no hay rectificación por parte del Gobierno.
El movimiento sindical ha respondido con firmeza a estas medidas. En la función pública han salido
a la calle nada más conocer la tropelía del Gobierno, y prepara acciones de mayor alcance. Y en el
ámbito confederal se trabaja, a partir de una amplia red de convergencia social, sindical y cultural,
por activar diversas iniciativas de movilización con carácter permanente, también en julio y agosto,
que después del verano podrían concretarse en convocatorias generales más ambiciosas,
contundentes y acordes a la gravedad de los recortes aprobados.
Sobran los motivos para una masiva movilización ciudadana contra los recortes sociales y laborales.
En defensa de nuestros derechos, en defensa de los servicios públicos, en defensa del Estado de
bienestar. Todos y todas a la calle el día 19.
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