miércoles, 29 de julio de 2009

Veinte meses esperando

Desde el día 17 de julio de 2009 no puedo cerrar los ojos de asombro al leer un artículo en este diario cuyo titular era: «El bloqueo a la Ley de Dependencia reduce en 60 millones la financiación del Consell». Paso a relatar mi caso particular. Mi padre está evaluado y declarado «gran dependiente» desde noviembre de 2007, repito, noviembre de 2007 y punto final, es decir desde esta fecha no hemos tenido noticias del Consell, ni buenas ni malas, todo lo que se nos ha proporcionado han sido informaciones, cuando las hay, turbias, escasas y contradictorias, nos hemos dejado la piel en averiguaciones, intentos nulos de recabar algún dato que nos haga ver el final de este oscuro túnel... Entonces ¿me puede aclarar alguien qué ha querido decir el señor Gerardo Camps cuando dice que: «Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra Comunidad», porque claro, si lo aplicamos al caso particular mi padre ya está siendo «menos» que los enfermos dependientes de cualquier otra Comunidad y, fíjese qué cosas, precisamente por culpa de su mala gestión. Señor conseller: ¿no es injusto que mi padre lleve la friolera de 20 meses esperando recibir una ayuda que le corresponde por ley sólo porque ustedes no han gestionado bien los recursos?, ¿no es insolidario que una persona como mi padre tenga que emplear el 80% de su pensión en un centro de día que no subvenciona la Generalitat y que lleve 20 meses esperando una «ayuda» para poder costearlo? ¿Y no es desigual, señor Camps, el trato que recibe mi padre en relación a un enfermo dependiente de la Comunidad catalana? Señor Camps: ¿es que mi padre es menos que los demás? Por favor agilicen la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana ya. Porque a lo mejor para el próximo reparto de financiación mi padre ya no será una cifra más que les sirva para pedir dinero para «vete tú a saber qué». Piénselo como solución práctica, como les gusta a ustedes... Ojalá se pudieran transmitir con palabras los sentimientos de rabia e impotencia. Nuria Pérez Antón

jueves, 9 de julio de 2009

Cartas al director > Protección a los que lo necesitan

Ayer, día 3 de julio, ha salido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la ley de Francisco Camps sobre la protección a la maternidad.
En su preámbulo hace referencia al artículo 39 de la Constitución española que establece que los «poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley independientemente de su filiación y de su madre, sea cuál sea su estado civil».
También se cita el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la que entre otros se centrará primordialmente a la «defensa integral de la familia, la protección específica y tutela social del menor, la asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión o discriminación social».
Esta ley, que en definitiva viene a contestar la ley de Gobierno central sobre el aborto, que yo no voy a entrar a valorar porque este tema es muy serio e importante y habría que tratarlo en profundidad, lo que quiero es hacerle al señor Camps, con todos mis respetos, una reflexión: ¿Qué defensa, protección social, económica y jurídica, defensa integral de la familia ejerce don Francisco Camps con los niños, jóvenes y adultos, grandes dependientes y sus familias que están ahí, aquí y ahora y que no han sido valorados tan siquiera para disfrutar de los derechos de la Ley de Dependencia, que en esta Comunidad usted y su gobierno están incumpliendo, han boicoteado desde un principio -con fines partidistas-? En definitiva, es una desvergüenza en toda su extensión? ¿Qué hacemos los grandes dependientes y sus familias?, ¿nos arreglamos como podamos?
Mire, señor Camps, no ejerza una doble moral, no tenga dos varas de medir, nuestros grandes dependientes y sus familias le exigimos prontitud en la resolución de nuestras solicitudes presentadas en el 2007, familias en muchos casos como dice el artículo 10.3 del Estatuto sufren marginación, ansiedad y depresión. Mercedes Pastor Bardisa

Miembro de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y Comarca

Viernes 03 de julio de 2009

miércoles, 1 de julio de 2009

´Me quitan la pensión y la ayuda de mi hija no llega´

La joven de Burjassot tiene un grado de minusvalía del 89% y lleva 8 años postrada en una cama.

JESSICA F. PEÑA BURJASSOT
A Francisca Ruiz no le da ninguna vergüenza decir que está viviendo "dignamente, pero como una miserable" ya que su situación económica y familiar es "muy dramática". Lo que sí le daría vergüenza "es que la gente viera que no tengo a mi familia atendida, porque para mí ellos son lo primero".
Esta mujer lleva al cuidado de su hija Alicia desde que ésta sufrió un accidente y quedó postrada en una cama en su casa de Burjassot. Desde entonces sólo se separa de ella las horas que la chica acude a un centro de día desde hace un año. Pero las desgracias no han parado de llegar a esta familia desde hace más de una década.
Y es que a Francisca le diagnosticaron un cáncer de mama hace diez años y tuvo que someterse a un duro tratamiento de quimioterapia y a una mastectomía de la cual le ha quedado una gran cicatriz. Además, tiene artrosis en las manos, lumbago y un grado de minusvalía del 58%. Por ello, hasta el año pasado le pagaban cerca de 300 euros, que dejó de percibir porque cambiaron los baremos que rigen este tipo de ayudas no contributivas. Ahora no cobra nada.
Así que su familia sobrevive con los menos de 500 euros que el Estado paga por la discapacidad de Alicia. Pero las ayudas que Francisca solicitó para la Ley de Dependencia hace dos años no han llegado. Ni siquiera le han confirmado que se la vayan a dar a pesar de que su hija tiene un grado de discapacidad de 89%. "No se puede levantar, lleva paquete, le tenemos que dar de comer, de beber, la bañamos entre dos o tres porque es muy grande y no podemos con ella", recalcó esta vecina de Burjassot.
"Es una gran injusticia. Me quitan la pensión y la ayuda para mi hija no llega. No tenemos prácticamente ni para comer", manifestó.

Solidaridad de vecinos y ayuntamiento
Los vecinos conocen bien la situación de Francisca y su familia. Y son muchos los que se vuelcan con ella. El hecho de tener en acogimiento a los dos nietos también le reporta unas ayudas mensuales que, la mayoría de veces, no llegan ni a los 100 euros por cada uno. Y si no tiene leche para que desayunen, su vecina Carmen Collado le da dos vasos. Lo mismo que hace Francisca cuando alguien la necesita. Algunas tiendas del barrio donde vive, las 613 viviendas de Burjassot, fían a esta mujer para poder alimentar a su familia. Y es que el dinero que corresponde a su hija Alicia por su dependencia iría a parar al centro de día de Ivadis donde acude a diario y continuará pagando de su bolsillo otros 120 euros. El consistorio paga a la eléctrica.
j. f. p. burjassot

La ´doctrina Gürtel´ de opacidad se extiende por el Consell "Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos"

LEVANTE 29/06/09
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos",
se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).

El Supremo reconoce el derecho del dependiente a escoger la ayuda

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana

pregusta a la Consellera y responsable sobre dependencia en la Comunidad Valenciana
Angélica Such

El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados

El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas".

Dos años después y siguen esperando

Dos años después y siguen esperando
Miguelito y Jorge

Cotino da la espalda a los dependientes y sus familias.

El martes dia 24 de marzo, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Camp de Morvedre organizó una mesa redonda para tratar el desarrollo de la ley en la Comunidad Valenciana. Fueron invitados representantes de los sindicatos, el subdelegado del gobierno y el CERMI, pero la silla del representante de la Consellería de Bienestar Social estuvo vacia, demostrando así una vez mas el poco interés que tiene el gobierno de Francisco Camps en el desarrollo de la ley de la Dependencia.
Los dependientes y familiares que asistieron al acto mostraron su indignación por este desaire.
La Plataforma comunicó a los asistentes que el día 7 de mayo abrá una concentración y el 23 de mayo una manifestación.

LA LARGA ESPERA DE MIGUELITO

UN DÍA ESTRESANTE. '20 minutos' pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (izq), como Mercedes (dcha) no pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que "siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde". (Imagen: JORGE PARÍS)
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para la dependencia.
Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras dos años

Denuncian escasez recursos,lentitud y falta transparencia Gobierno valenciano

Confidencial 11 de marzo
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha denunciado hoy la escasez en la dotación de recursos, la "descarada lentitud" administrativa y la "falta de transparencia y sensibilidad" por parte del Gobierno valenciano para atender a los miles de ciudadanos dependientes que precisan estos servicios.