La ´doctrina Gürtel´ de opacidad se extiende por el Consell "Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos"

LEVANTE 29/06/09
Cotino (Bienestar Social) niega a las Corts 11 expedientes que suman 7 millones con la misma fórmula del Ejecutivo para no informar sobre los contratos con la trama Correa. El PSPV recurrirá a los jueces
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
"Esto no va de trajes y corrupción. ¡Es la gestión ordinaria del Consell!" Lo afirma indignado el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres, al denunciar que la Conselleria de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente tercero, Juan Cotino, acaba de negarle el acceso a once expedientes de contrataciones que había reclamado y que suman un importe de 7,2 millones de euros. Cotino ha despachado las negativas con un texto de varias líneas que reproduce casi literalmente la argumentación empleada por el Consell para rechazar cualquier información sobre los contratos con las empresas de la trama Correa. Las adjudicaciones, afirma el titular de Bienestar Social, "aparecen publicadas en la plataforma de contratación a la que se accede a través de la web de la Generalitat". "Asimismo, se puede obtener información de los contratos por medio de la consulta al Registro de Contratos de la Generalitat", remata.
Sin embargo, de la misma forma que no es posible saber qué contratos se han suscrito con las firmas de la trama, tampoco en la web se obtiene ninguna información sobre los servicios pagados y los trabajos realizados por contratistas. "No tiene ningún sentido que Cotino se ampare en el paraguas de Gürtel para evitar que se pueda hacer un seguimiento de su gestión, que es muy sospechosa", asevera Torres.
Entre los expedientes requeridos, figuran los de sendas campañas de publicidad para difundir la ley de la Dependencia por importe de 1.340.374 y 1.349.578 euros. Además hay otros 300.000 euros para desarrollo de la ley y 750.000 en acciones formativas. "¿Cómo es posible que la mayoría de la población esté en el desconocimiento total de la ley de la Dependencia y se hayan gastado más de 3 millones en publicidad y formación?", se pregunta. Por eso quiso saber en qué han consistido los trabajos. Pues nada. No hay forma. Y eso que, tal como explica, la Comunitat no alcanza ni la mitad de las solicitudes de ayuda que en el conjunto de España. Si a nivel estatal ha presentado la petición el 1,7% de la población, en la Comunitat es el 0,72%. Sólo supera a Madrid, el 0,62%. "Se nos impide ejercer las funciones de control que nos han encomendado los ciudadanos", se lamenta.
"Un favor a la empresa"
Otro caso: El parlamentario pidió el expediente de unas obras para reparar unos desperfectos en un centro de Moncada, que costaron 120.000 euros. "¿Por qué los gastos los paga la Generalitat cuando la empresa que tiene la gestión del centro, según los pliegos, está obligada a tener un seguro, tanto de las instalaciones como de las personas?", se pregunta Torres, para contestarse: "Es un favor que le está haciendo a la empresa".
Antonio Torres también quiso saber qué han hecho los dos carísimos bufetes contratados por 29.800 y 26.666 euros, respectivamente, con el fin de "actuar contra los ciudadanos que recurran para reclamar las ayudas por la Dependencia". En contraposición, los dependientes "han tenido que mendigar en los Colegios de Abogados provinciales para que en el turno de oficio haya cursos que preparen a los letrados para este tipo de casos".
"Están utilizando el propio dinero de los ciudadanos para atacar a los ciudadanos", se enfada Torres. El parlamentario avanzó que llegarán hasta el final. Primero, recurrirán ante la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, pero si ésta hace caso omiso, acudirán a la vía judicial para que se reconozca en el Constitucional el derecho a acceder a los contratos, que han sido adjudicados casi todos a dedo (por procedimiento negociado).