Las personas dependientes de Castilla-La Mancha ya tienen otra cosa más de la
que preocuparse. Un comunicado enviado por correo electrónico el martes 24 de
abril a los centros de día y las residencias indica que a partir de hoy deberán
calcular de nuevo las aportaciones económicas de los usuarios de estos centros y
tener en cuenta esta vez la renta de las familias: “Las pagas extras, ayudas de
dependencia, prestaciones no contributivas, ayuda a tercera persona, etcétera,
de todos los miembros de la unidad familiar, por lo que deberéis recalcular las
aportaciones de todos los usuarios”, dice textualmente.
El mensaje, enviado a los centros de la provincia de Toledo por orden de una
jefa de servicio, fue desmentido y desautorizado rotundamente por la secretaria
general de Asuntos Sociales de la región, Paloma Leis. “Esto lo ha enviado una
funcionaria que pone en boca del director general cosas que no son correctas ni
en forma ni en contenido”, dijo ayer. De paso, dejó claro que el director
general es un cargo inferior al suyo.
De tener intenciones el Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar el cómputo por el que establece el copago de los beneficiarios de la dependencia en el servicio que reciben, han de tener en cuenta que eso es ilegal, porque la ley es inequívoca al respecto: para calcular el dinero que deben aportar los beneficiarios se tendrá en cuenta únicamente su “capacidad económica personal”. En ningún caso los ingresos familiares.
“Por supuesto, por supuesto. No hay ninguna instrucción para aumentar el copago y desde luego, nunca teniendo en cuenta la renta familiar”, dice Leis.
En todo caso, la aportación de los dependientes al servicio que reciben está discutiéndose a nivel nacional. Los usuarios tendrán que esperar para despejar el susto por completo. “Ha sido un error haber emitido ese correo”, zanjó Paloma Leis.
Pero el mensaje llegó a todos los centros de Toledo desde la delegación territorial de la consejería y los responsables de esos establecimientos no sabían ayer qué hacer. “Hemos llamado para decir qué es lo que pasaba y desde luego no haremos nada hasta no tener instrucciones precisas”, aseguró Francisco García Galán, el alcalde de Sonseca, cuyo centro de día depende del Ayuntamiento. “Nos contestaron, también por correo electrónico, que ya enviarían más instrucciones”, añadió García Galán.
Y también la oposición socialista en la región convocó ayer por la mañana una rueda de prensa. La diputada por Toledo en el Congreso Guadalupe Martín advirtió de que con esa instrucción se estaba modificando “ilegalmente” el copago de los usuarios de tal forma que “deberían pagar más o algunos perderían su plaza”. Era cierto, hasta que, por la tarde, la consejería lo desmintió.
Pero los castellanomanchegos siguen inquietos. Martín también se refirió a “las noticias conocidas este fin de semana, según las cuales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está comunicando a determinados pacientes en tratamiento oncológico de Cuenca que, a partir de ahora, serán trasladados a Albacete a más de una hora de viaje para continuar con esos mismos tratamientos”. Y añadió: “Nos consta que se les está llamando por teléfono para decirles que el transporte entre Cuenca y Albacete corre por su cuenta”.
Los dependientes tendrán que acostumbrarse a muchos cambios en los próximos meses. Cantabria, por ejemplo, ha anunciado una tasa de 30 euros para aquellos que soliciten la revisión de su valoración de dependencia, un trámite que costó al Ejecutivo de la comunidad 210.000 euros el año pasado. De haber implantado esa tasa hubiesen recaudado 169.000 euros, según una memoria económica a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.
De tener intenciones el Gobierno de Castilla-La Mancha de modificar el cómputo por el que establece el copago de los beneficiarios de la dependencia en el servicio que reciben, han de tener en cuenta que eso es ilegal, porque la ley es inequívoca al respecto: para calcular el dinero que deben aportar los beneficiarios se tendrá en cuenta únicamente su “capacidad económica personal”. En ningún caso los ingresos familiares.
“Por supuesto, por supuesto. No hay ninguna instrucción para aumentar el copago y desde luego, nunca teniendo en cuenta la renta familiar”, dice Leis.
En todo caso, la aportación de los dependientes al servicio que reciben está discutiéndose a nivel nacional. Los usuarios tendrán que esperar para despejar el susto por completo. “Ha sido un error haber emitido ese correo”, zanjó Paloma Leis.
Pero el mensaje llegó a todos los centros de Toledo desde la delegación territorial de la consejería y los responsables de esos establecimientos no sabían ayer qué hacer. “Hemos llamado para decir qué es lo que pasaba y desde luego no haremos nada hasta no tener instrucciones precisas”, aseguró Francisco García Galán, el alcalde de Sonseca, cuyo centro de día depende del Ayuntamiento. “Nos contestaron, también por correo electrónico, que ya enviarían más instrucciones”, añadió García Galán.
Y también la oposición socialista en la región convocó ayer por la mañana una rueda de prensa. La diputada por Toledo en el Congreso Guadalupe Martín advirtió de que con esa instrucción se estaba modificando “ilegalmente” el copago de los usuarios de tal forma que “deberían pagar más o algunos perderían su plaza”. Era cierto, hasta que, por la tarde, la consejería lo desmintió.
Pero los castellanomanchegos siguen inquietos. Martín también se refirió a “las noticias conocidas este fin de semana, según las cuales, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está comunicando a determinados pacientes en tratamiento oncológico de Cuenca que, a partir de ahora, serán trasladados a Albacete a más de una hora de viaje para continuar con esos mismos tratamientos”. Y añadió: “Nos consta que se les está llamando por teléfono para decirles que el transporte entre Cuenca y Albacete corre por su cuenta”.
Los dependientes tendrán que acostumbrarse a muchos cambios en los próximos meses. Cantabria, por ejemplo, ha anunciado una tasa de 30 euros para aquellos que soliciten la revisión de su valoración de dependencia, un trámite que costó al Ejecutivo de la comunidad 210.000 euros el año pasado. De haber implantado esa tasa hubiesen recaudado 169.000 euros, según una memoria económica a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press.
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