PLATAFORMAS
EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA CV/PV,
17 JULIO DE 2014.
Las
políticas de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, dirigidas por la Consellera
Asunción Sánchez Zaplana y con la complicidad del presidente Alberto Fabra, han
agravado más aun la calidad de vida de las personas en situación de
dependencia, personas cuidadoras en el entorno familiar, familiares y
trabajadoras y trabajadores del sector.
Hace dos años el gobierno de Mariano Rajoy asaltó
derechos básicos de la ciudadanía española, mediante un DECRETAZO, Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que destrozaba la sanidad, la educación, los
servicios sociales, y la ya maltratada
Ley de Dependencia. Dos años más tarde nos encontramos a la gran mayoría de
personas dependientes con míseras ayudas, con muchas de sus familias abocadas a
la pobreza y la exclusión social, con residencias y centros cerrados o bajo
mínimos y al límite del cierre, perdiendo usuarios por el COPAGO (REPAGO) establecido
por el gobierno valenciano (Orden 21/2012 de 25 octubre y Decreto 113/2013 de 2
de agosto), provocando que muchas personas dependientes no puedan acudir a sus
Centros (residencias, centros de día/noche, centros ocupacionales, etc.), que
sus trabajadores y trabajadoras lleven meses sin cobrar e incluso muchos hayan
sido despedidos por los impagos de la administración, en definitiva el sector de la atención a la dependencia está colapsado
y al borde de la desaparición.
La
mayoría de las personas cuidadoras se han visto obligadas a dejar de cotizar a
la Seguridad Social, de 16.000 cotizantes en julio de 2012 a menos de 1.200 en
julio de 2014,
lo que conlleva a no poder acceder a una jubilación digna.
El reciente XIII DICTAMEN del OBSERVATORIO ESTATAL DE
LA DEPENDENCIA, publicado el 15 de julio de 2014, viene a corroborar el estado crítico de la aplicación de la Ley de
Dependencia en la Comunidad Valenciana:
-
La
Comunidad Valenciana se sitúa en el último lugar de todas las CCAA del estado
español en la Escala de valoración con un 1,3 sobre 10, igual que Canarias.
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El
gasto público en dependencia por habitante y año en la CV es de 59,82 €, siendo la media de 109,60 €,
estando a la cabeza Cantabria con 180,13 €.
-
Cada
mes se pierden un promedio de 100 usuarios atendidos, 3 a 4 diarios.
En
la Comunidad Valenciana,
seguimos a la cola en la aplicación de
la Ley de Dependencia: en
solicitudes, dictámenes, personas beneficiarias con derecho a la prestación y
personas beneficiarias que reciben la prestación.
Hay
16.870 personas grandes dependientes esperando su Resolución PIA (nuestro permanente y sufrido
LIMBO DE LA DEPENDENCIA), hace dos años, había 23.642 personas dependientes, se
ha reducido en dos años en 8.772 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Han resuelto los expedientes
de estas personas? NO, la gran mayoría han ido engrosando de la manera más
cruel la LARGA LISTA DE FALLECIDOS:
calculamos que en la Comunidad Valenciana en estos 7 años hay más
de 35.000 personas dependientes que han
fallecido y han sido olvidados por esta camarilla de esquilmadores de
derechos subjetivos, como son estos gobernantes del Partido Popular,
insensibles, prepotentes y
despreciables.
Por
lo que es, fácil de entender que el año 2013 se hayan presentado ante la Sindicatura de Greuges más de 1.758 quejas
relacionadas con la Dependencia pidiendo la intermediación y el amparo ante las
Administración valenciana.
Queremos manifestar nuestra más
profunda indignación por las repugnantes conversaciones entre Enrique Ortiz (Caso
Brugal ) y el sobrino del actual
Presidente de la Cortes Valencianas, Juan Cotino, declaraciones que a las
personas dependientes y sus familiares nos suenan vomitivas, repulsivas y
nauseabundas. En ellas no solo se reflejaba el mangoneo y las actuaciones
mafiosas para beneficiar a las empresas de gestión de residencias. Sino que
también, se reflejaba un desprecio inhumano hacia las personas dependientes y
sus familias, tratándolas como trozos de carne con las que comerciar.
Desde las Plataformas de la
Dependencia vamos a exigir a la Fiscalía Anticorrupción, a tenor de los hechos que se han conocido a
través de las grabaciones telefónicas, que inicie una investigación de oficio,
por si fueran constitutivas de delito. Así como exigimos al Presidente de la
Cortes Valencianas, Juan Cotino, que presente su dimisión inmediata y al Honorable
President Alberto Fabra que lo cese de manera fulminante de su puesto, pues
dicha persona no es digna de ostentar el cargo que representa ante las
instituciones valencianas.
Por
la derogación del Decreto de COPAGO (REPAGO) y la Orden dictadas por el
Gobierno Valenciano, por ser INJUSTAS E ILEGALES.
EN VALENCIA A 17 DE JULIO DE
2014