Su implantación es parte necesaria del Estado de Bienestar. La atención a las situaciones de dependencia, a las que todas las personas estamos expuestos, es un derecho ciudadano que debe ser convenientemente provisto por el Estado con las prestaciones y servicios adecuados, no con ayudas graciables fundamentadas en consolidar la hipoteca social de mantener a las mujeres en el hogar asumiendo más trabajo no remunerado. El Derecho a una vida digna no prescribe con la edad ni con las situaciones de dependencia, su atención adecuada es un deber público.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
Al cumplirse tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, denunciamos su lenta aplicación y nos dirigimos al Gobierno Valenciano, responsable de su desarrollo, para constatar y denunciar que:
Existe un gran retraso en su implantación: La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente.
El funcionamiento administrativo es lento y confuso: Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
No hay transparencia en una gestión nada participativa. Ausencia de interlocución: Hasta hace dos meses no tuvo lugar la primera entrevista con la administración después de años de solicitarla.
Interés de negar derechos regulando el silencio administrativo negativo.
Las solicitudes, que en realidad son personas, están amontonadas en una desordenada lista de espera, sin plazos de gestión ni sistema de comunicación sobre su tramitación, que son derechos, no lo olvidemos, de las personas en situación de dependencia.
2 comentarios:
Todas y todos juntos, podemos!!, aunque nos quieran hacer creer que no existimos, que no tenemos derechos...
¿En ninguna otra comunidad autónoma ha habido el descontento que hay aquí... y en Madrid. ¡No nos callarán. ¡Que nos oigan en todo el estado! ¡Qué contraste más grande señor mío, tanta tontería de regata pijotera y tan poca atención a la ciudadanía que reclama un derecho reconocido!!
Verguenza de consejería de secretarios, subsecretarios y altos cargos, que viven de nosotros para hacer política de partido en contra de los intereses públicos ¿hasta cuando esta mascarada? Digem no!!
En las fechas que estamos, y aun, no se ha publicado la subvención para el mantenimiento de los Servicios municipales de atención a la dependencia.
Unos cuantos profesionales van a quedarse sin trabajo, unos cientos de usuarios van a quedarse sin servicio.
Má retraso.
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