Por otro lado, critican que el decreto no elimine la mediación de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (AVAPSA), una entidad semipública que -aseguran- es la "principal" responsable de la ralentización de las tramitaciones y de las valoraciones de nivel de dependencia inadecuadas.
Por último, acusan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, de ser responsables de que los valencianos sean discriminados con respecto a otras comunidades autónomas a la hora de acceder a las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia.
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